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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalCivil y Comercial

Acuerdo y Sentencia N° 1045/2024

14 de octubre de 2024

CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: R.H.P. 2DA INST. DEL ABG. VICTOR A. SILVERA EN LOS AUTOS "PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA C/ COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIA DE SERVICIO Y CONSUMO APERE'A LTDA S/ COBRO DE GUARANÍES ORDINARIO.". AÑO 2023. Nº568. --

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CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: R.H.P. 2DA INST. DEL ABG. VICTOR A. SIL VERA EN LOS AUTOS "PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA CI COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIA DE SERVICIO Y CONSUMO APERE'A L TDA SI COBRO DE GUARANÍES . ,,--.:Jpc 1('f} iudad de Asunción, Capital de la República del . Paraquay, -J-,--iola' Sala de Acuerd?s de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Sifill1 oe la Sala Constitucional, Doctores GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RÍOS OJEDA y CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: R.H.P. 2DA INST. DEL ABG. VICTOR A. SILVERA EN LOS AUTOS "PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA CI COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIA DE SERVICIO Y CONSUMO APERE'A L TDA SI COBRO DE GUARANÍES ORDINARIO", a fin de resolver la Consulta Constitucional elevada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIÉSEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.

A la cuestión planteada, el Ministro Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, dijo: Mediante A.I. Nº 92 de fecha 07 de marzo de 2023 (fs. 5/6), el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, de le! Capital, resuelve remitir estos autos a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de que la misma declare si el Art. 29. de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal" es Frente al imperativo de aplicar la ley que rige la materia, el Tribunal requirente considera que el referido Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 podría quebrantar la garantía constitucional de la iqualdad, y, considerando que la declaración de inconstitucionalidad puede producirse solamente en el seno de la Sala Constitucional o por decisión del pleno de la Corte, remite estos autos para que esta Sala se expida respecto de la constitucionalidad -o Gustavo E. Santander Dans Ministro 1 , Ojeda Víctor Rt0S de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el Artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas A pesar del uso, en la práctica tribunalicia, del término "consulta" para referirse a la vía procesal prevista en el citado Art. 18, inciso "a)", procediéndose -incluso- a usar el término en el caratulado del expediente respectivo (como se ve también en estos autos), dicha vía, por su naturaleza, lejos está de constituirse en una "consulta", en el sentido del requerimiento de una simple información, opinión o consejo. El trámite causa un pronunciamiento, por lo que mal podría admitirse que el uso cotidiano e impropio de un nombre para designar cierto trámite, tenga la virtualidad de cambiar su naturaleza y efectos.

Delimitada la procedencia y finalidad de ésta vía, corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Art. 18 del C.P.C. para la viabilidad de este planteamiento.

Ellos son: 1) La ejecutoriedad de la providencia de autos; y, 2) La mención por el requirente de la disposición normativa acerca de cuya constitucionalidad tiene duda, así como de los preceptos constitucionales que presume son vulnerados por aquella, expresando claramente Debe señalarse que al tratarse de la constitucionalidad de una disposición legal atinente a honorarios profesionales, no es dable exigir razonablemente el cumplimiento del primer requisito de viabilidad señalado más arriba -providencia de "autos" ejecutoriada dado que la solicitud de la regulación de los honorarios se resuelve directamente, sin Con respecto al segundo requisito -fundamentación suficiente de la duda-, el mismo se halla cumplido en la especie con los argumentos expuestos por los peticionantes de la regulación de honorarios acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada.

EI Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal", establece: "En los juicios en que el Estado Paraguayo y sus entes citados en el Artículo 3de la Ley Nº 1535/99 "De Administración Financiera del Estado", actúe como demandante o demandado, en cualquiera de los casos, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuado en su representación o en representación de la contraparte, sean en relación de dependencia o no, no podrán exceder del 50(cincuenta por ciento) del mínimo legal, hasta cuyo importe deberán atenerse los jueces de la República para regular los honorarios a costa del Estado.

Queda modificada la Ley Nº 1376188 "Arancel de Abogados y Procuradores", conforme a Considero que cuando las normas crean desigualdades ante casos similares, dando un tratamiento distinto a uno y otro, se infringe la garantía constitucional de igualdad, consagrada en el Art. 46 de la Carta Magna, que establece: "Todos /os habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios". Asimismo, el Art. 47, dispone: "El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes ... ".

CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: R.H.P. 2DA INST. DEL ABG. VICTOR A.

SIL VERA EN LOS AUTOS "PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA C/ COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIA DE SERVICIO Y CONSUMO APERE'A L TDA S/ COBRO DE GUARANÍES En relación con el tema sometido a consideración de esta Sala, se puede percibir que la disposición- legal objetada -Art. 29 de la Ley Nº 2421/04- lesiona ostensiblemente la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al establecer que en el caso en que las costas se impongan al Estado o a sus entes citados en el Art. 3º de la ley 1535/99, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de todos los abogados intervinientes, no podrá exceder el 50del arancel mínimo legal dispuesto por la Ley Nº 1376/88 de honorarios de Abogados y Procuradores, hasta cuyo importe deben Si el Estado como persona jurídica debe litigar con un particular, lo debe hacer en igualdad de condiciones, y el hecho de resultar perdidoso, mal puede constituir una razón para reducir las costas del juicio, en detrimento del derecho de los profesionales intervinientes a percibir la retribución que por ley les es debida.

Según Gregario Badeni: " ... la igualdad que prevé la Constitución significa que la ley debe ofrecer iguales soluciones pete todos los que se encuentran en igualdad de condiciones y circunstancias. Asimismo, que no se pueden establecer excepciones o privilegios que reconozcan a ciertas personas lo que, en iguales circunstancias, se desconozca respecto de otras ... " (Badeni, Gregario. Instituciones de Derecho Constitucional.

En esa misma. Ilnea, señala Zarini que el concepto de igualdad debe tomarse en sentido amplio. No solo la igualdad ante la ley como expresa textualmente el Art. 46, sino en la vasta acepción con que la emplea Bidart Campos: "igualdad jurídica". Es decir, que no es sólo la igualdad ante el legislador que sanciona la ley, sino también ante todo acto normativo (decreto, resolución, ordenanza, etc.). Se extiende, además, a los otros campos de actuación del Estado (igualdad ante la Administración y ante la jurisdicción) y comprende, asimismo, la esfera privada (igualdadante y entre particulares) ... ". (Zarini, Helio Juan, obra "Derecho Cesar M. Diesel Jungh; Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ministro , ojeda Víctor J{ios Dr- M.in'lstro Por los fundamentos que anteceden, considero que corresponde declarar la inconstitucionalidad del Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 en este caso, por ser violatorio de la garantía constitucional de la igualdad consagrada en los Arts. 46 y 47 de la Constitución.

1. Por A.I. Nº 92 de fecha 07 de marzo de 2023, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Segunda Sala de la Capital, ordenó la remisión de los autos "CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: R.H.P. 2DA INST. DEL ABG. VICTOR A. SILVERA EN LOS AUTOS "PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA C/ COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIA DE SERVICIO Y CONSUMO APERE'A L TDA S/ COBRO DE GUARANÍES ORDINARIO" a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

2. La citada remisión, dice el fallo, fue realizada en virtud a lo establecido en el art. 18 inc. a) del Código Procesal Civil, a efectos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la constitucionalidad o no del Art. 29 de la ley 2421/04, disposición que el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Segunda Sala de la Capital, considera aplicable al 3. El artículo 18 del Código Procesal Civil, establece cuanto sigue: "Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas 4. En primer lugar, la norma de remisión contenida en el artículo 18 inciso a) del Código Procesal Civil, que faculta la elevación de los autos a la Corte a los efectos previstos en el Artículo 200 de la Constitución, se refiere, en realidad, a la Constitución dictada en el año 1967 que a la fecha se encuentra total y absolutamente derogada. Cabe aclarar que el propio artículo 200 de la Constitución de 1967 tampoco hacía referencia a la vía de la consulta constitucional, contemplando únicamente la acción y excepción de inconstitucionalidad. Es decir, "el artículo 18 inciso a) hace una remisión a una Constitución derogada que en su propio contenido desconoce la existencia de la vía 5. En definitiva, las normas citadas en el punto anterior, aprobadas en plena dictadura, quedaron automáticamente sin el más mínimo sustento en nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho, a partir de la Constitución d€ 1992. Cabe apuntar que las leyes aprobadas en democracia tienen mayor legitimidad, o como bien señalaba Carlos Santiago N ino2 En la Carta Magna del año 1.967, encontramos por primera vez regulado de forma expresa el control constitucional, concretamente en su artículo 200. El mismo rezaba cuanto sigue: "La Corte Suprema de Justicia tendrá facultad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución, en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso. El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Corte Suprema de Justicia, y por excepción en cualquier instancia, y se elevarán sus antecedentes a dicha Corte, El incidente no suspenderá el juicio, que proseguirá hasta el estado de sentencia". - Ortiz Rodríguez, J. F. (2017), Control Constitucional - la consulta constitucional. Revista Jurídica De La Universidad Americana, 5(1), Recuperado a partir de https://revistacientifica .ua mericana.edu.p¡/index.ph p/revistajuridicaua/article/view/171.

Niño, C.S.- Ética y Derechos Humanos. Bs.As. Astrea, 1989 CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: R.H.P. 2DA INST. DEL ABG. VICTOR A. SIL VERA EN LOS AUTOS "PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA C/ COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIA DE SERVICIO Y CONSUMO APERE'A L TOA S/ COBRO DE GUARANÍES 7. En cuanto a la administración de justicia, el Artículo 247 de nuestra carta magna, al tiempo de señalar que el poder judicial en todas sus instancias es el custodio de la misma, le 8. Respecto al caso sometido a estudio -consulta constitucional-, las leyes dictadas con posterioridad a la Constitución del año 1992, carecen de regulación sobre el tema.

Establecida nuestra tesis de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control de constitucionalidad -mal denominada consulta constitucionai3- cabe ahora preguntarse que resulta aplicable una norma que considera inconstitucional? La respuesta se encuentra establecida en la norma fundamental y es coherente con todo nuestro diseño constitucional. La interpretación de normas constitucionales y convencionales es una labor quecompete a todos los órganos del Poder Judicial, y a todas las autoridades con competencia para aplicar normas jurídicas, no .es competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, que sí tiene la facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones judiciales (Artículos 259 numeral 5 y 260 de 9. Así mismo, cabe señalar que el control que deben ejercer los jueces no se limita al contraste de las leyes con las normas de máximo rango. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al respecto, ha precisado que los Estados no solo deben realizar el control de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad, "evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones P, esa/es correspondientes ... "4 , estableciendo, finalmente, que el control de convencion idad ecae en "cualquier autoridad pública y no solamente el Poder Judiciaf'5 1 O. Concretarnente, en el caso Ge/man vs. Uruguay, sentencia 24/02/201, Cort - DH ha ex esado: "Cuan un estado es parte de un tratado interna efectos de I , jeda a,vQ,¡L€l':lR1:1 '/)'rr;'rria "de Justicia. Es un som"JJttmienfot-R_(ff.,,f<y de una e oficiMitt,irle Suprema de Justicia en una cuestión eri que la norma nstitucionet" Mendonc;:a, J.C. (2007). Cuestiones constitucionales (p.86).

vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por Jo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un "control de convencionalidad" entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte lnteramericana, intérprete última de la Convención Americana" 7 11. En la misma línea, Néstor Pedro Sagüés, nos recuerda que la interpretación por parte de todos los miembros del Poder Judicial, se corresponde con la dimensión "constructiva" del Control de Constitucionalidad. En ese sentido, expresa que " ... en rigor de verdad, en este trabajo, todos los jueces son jueces constitucionales ... ningún juez podría darse el lujo de hacer funcionar una norma subconstitucional, prescindiendo del enfoque constitucionalista de esa misma norma. Es decir, que Je toca, inevitablemente, interpretar/a, adaptarla, conformarla, armonizarla, rescatar/a, reciclarla y aplicarla, según la Constituciort",

12. Juan Carlos Mendonca, concretamente afirmó: "Hoy día, bajo la vigencia de la Constitución de 1992, la cuestión quedó resuelta en el sentido apuntado: a favor de la competencia de todos los órganos jurisdiccionales para hacer la interpretación de la Constitución, como integrantes del Poder Judicial. O sea que la facultad de control es compartida en este caso por la Corte Suprema de Justicia con los demás órganos 13. Puntualmente, respecto de esta norma, también, Juan Carlos Mendonca, advertía que: " ... la norma consagra dos principios: 'el de la /ex superior', al declarar que la Constitución es la ley suprema de la República; y el principio de 'iererouie', al establecer el orden de prelación de los instrumentos normativos, que lleva la consecuencia de que la norma más débil cede ante la norma más fuerte. En lo cual consiste finalmente, el principio de /ex superior'1 14. El principio de supremacía constitucional "postula que todo el complejo normativo jurídico se organiza en base a un orden de prelación de normas que necesariamente debe ser respetado a fin de evitar contradicciones internas que hagan colapsar el sistema. Según el modelo adoptado (o si se prefiere, adaptado) por la República del Paraguay, es la Corte Suprema de Justicia la encargada final de velar por el respeto y el mantenimiento de dicho 15. Pablo Villalba Bernié, ha dicho de manera lúcida que "La noción de supremacía constitucional es uno de los puntos angulares sobre los que reposa el ordenamiento jurídico, implicando reconocer a la Constitución corno norma fundamental del Estado, ubicada en la cima de la pirámide jurídica, todo el eJido legal estructurado alrededor del imperio de la Constitución, nada por sobre ella, todo dentro de ella. Trasluce erigir a la Constitución en fuente y fundamento del orden legal, cuya misión fundamental consiste en Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos Nº 7: Control de Convencionalidad, (p.9) Empalmes entre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad. La "Constitución Convencionalizada". Néstor Pedro Sagüés. Librotecnia. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Santiago de Chile. 2014.

Algunos problemas constitucionales. Juan Carlos Mendonca. lntercontinental Editora. 2011. Pág. 47. La interpretación Literal en el Derecho. Juan Carlos Mendonca. lntercontinental. Año 2016. Pág. 85. Amaya, J. A. (2014). La Jurisdicción Constitucional. Asunción, Paraguay: a Ley Paraguaya. Pág.88. Villalba Bernié, Pablo, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, La Ley Paraguaya, Asunción, CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: R.H.P. 2DA INST. DEL ABG. VICTOR A. SIL VERA EN LOS AUTOS "PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA C/ COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIA DE SERVICIO Y CONSUMO APERE'A L TOA SI COBRO DE GUARANÍES 1 ,,Piht(lr.lent ., Dr. Manuel Ramírez Candia, sin duda, ya expresó con anterioridad la tesis ,... ; ,;:- .. qthf hoy,,s-enemas, al referir que: " ... para dejar de aplicar una norma que se considera z r_0:¡ir:ice,stit-t):eíonI no se requiere que pviamente sea declarada su inonstitucionalidad, plle:s>€1' magistrado tiene la ob/Jgac,on de fundar su fallo, en pnmer lugar, en la Constitución, por lo que de encontrar una antinomia entre la Constitución y la ley, debe proceder a la aplicación de la Constitución, en aplicación al criterio de jerarquía. Esto implica que el magistrado podrá dejar de aplicar la ley que reputa inconstitucional, por el criterio de jerarquía como mecanismo de resolución de antinomia, sin necesidad de requerir la declaración de inconstitucionalidad por vía de la Consulta" 13 17. En definitiva, en todo proceso, el juzgador, cualquiera fuera su instancia, al advertir la incompatibilidad de un acto normativo cualquiera aplicable al caso, con principios, derechos y garantías constitucionales; deberá -por el principio de jerarquía- aplicar directamente la Constitución o los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados y ratificados por el Paraguay, es decir, todos los jueces y todas las juezas de la República deben ejercer los controles de constitucionalidad y convencionalidad de las leyes. Con ello se satisface igualmente el mandato del artículo 256 de la norma fundamental, que, con claridad y, en primer término, expresa: "Toda sentencia judicial 18. En consecuencia, ante la falta de normas que estipulen la vía de consulta como mecanismo de control de constitucionalidad y en atención a las facultades interpretativas y de aplicación con que cuentan todos los jueces de la República, la pretensión esbozada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, debe ser A su turno, el MinistroDoctor SANTANDER DANS dijo: Acompaño la opinión del Dr.

Víctor Ríos Ojeda, por los mismos fundamentos, agregando cuanto sigue:

Antes que nada-sostenemos la improcedencia de la pretendida consulta en razón de los siguientes fundamentos. En primer lugar, surge la discusión relacionada a la vigencia del art. 18 numeral a) del Código Procesal Civil. Respecto a la normativa aludida es preciso realizar algunas puntualizaciones, y empezamos con lo que la misma preceptúa: Facultades ordenatorias e instructorias. Los Jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a .la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo de la Constitución, siempre que a su icio una ley, decreto u otra disposición normativ pu a ser contraria a reglas constitcnale .. " (Sic).

Ahora bien, convengamos que la emisió aludida se refiere a un artícul conteni en la Constituci rn 967. que;.... ha si o dero ado por la Ley Fundamental de 1992 gente actua ente, enton s, vide te ente la normativa del ritual procesal ue estriba n un artí lo constituciona ab lido h uedado in soporte. Sin embargo, som s del criterio e la prác ica anterior del rod je pro e al fue casionando e su re isión a una n CÓntMi'?Jtt'brffiucionalidad. R, Oieda Víctor 105 pr. Ministro que evidentemente no contenía en su plexo facultativo evacuar la mentada consulta, incluso Abordando las disposiciones relacionadas a las potestades de la máxima instancia, el art. 259 de la Constitución Nacional donde establece los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, no se incluye la facultad de evacuar consultas constitucionales.

También se descarta tal posibilidad en el art. 260 de la Carta Magna, referida a los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional. En efecto, el artículo 259 de la Ley Fundamental, en disposición única referida a las cuestiones constitucionales, dispone en su numeral 5 el deber y la atribución de "conocer y resolver sobre inconstitucionalidad". A su vez, en el art. 260 la Carta Magna, con respecto a los deberes y atribuciones concretos y exclusivos de la Sala Constitucional menciona: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso; 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución ", agregando que el procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los La máxima instancia judicial en reiterados pronunciamientos viene sosteniendo de que solo pueden iniciar la acción de inconstitucionalidad quienes se ven directamente afectados por la norma o resolución judicial que reputan de inconstitucional, conforme al art. 550 del Código Procesal Civil que dispone: "Toda persona lesionada en su legítimo derecho por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, principios o normas de la Constitución, tendrá facultades de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por disposiciones de este Capítulo ". Así también el art. 552 del mismo cuerpo legal establece: "Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionara claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad, impugnado, o en su caso, la disposición inconstitucional. Citará además, la norma, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la petición" (Sic). Sobre el punto, es importante señalar que la promoción de una acción de inconstitucionalidad implica acreditar la titularidad de un interés particular y directo, en contrapartida, se han dado andamiaje a consultas constitucionales remitidas por jueces y Tribunales, quienes no se encuentran legitimados para hacerlo.

En concreto, de las normas constitucionales transcriptas precedentemente no surge que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tenga como deber y atribución entender las consultas remitidas por los Jueces y Tribunales, pues su competencia está limitada a conocer y resolver la inconstitucionalidad de actos normativos y de resoluciones judiciales contrarios a la Carta Magna, únicamente por las vías procesales de la acción y excepción. En ese contexto, estando taxativamente establecidas por la Ley Fundamental las facultades de esta Sala y no encontrándose comprendida entre ellas la de evacuar consultas, Los Jueces de cualquier rango, fuero y jurisdicción están obligados a fundar sus resoluciones en las disposiciones constitucionales y legales (Art. 256 CN y 15 inc. b CPC), y deberán hacerlo, conscientes de que sus fallos estarán sujetos a revisión por los superiores en cumplimiento del doble conforme, con advertencia de nulidad en caso de incumplimiento, en estricto mandamiento del art. 137 de la Carga Magna. Además, sería un contrasentido que los magistrados apliquen una norma reputada inconstitucional a sabiendas, siendo dicho o .trol.,fuñcital y obligatorio de la función jurisdiccional interpretar y aplicar el derecho 'p'bsiHvó'''naqvigente, inclusive el control de convencionalidad en cada proceso. Son las p.rt__s)j l:J s las que, eventualmente, han de objetar la constitucionalidad de las normas /fi.cTu.d'la decisión del caso que les ocupa e importa, para lo cual tienen los resortes R.H.P. 2DA INST. DEL ABG. VICTOR A.

SIL VERA EN LOS AUTOS "PROCURADURÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA C/ COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIA DE SERVICIO Y CONSUMO APERE'A L TOA S/ COBRO DE GUARANÍES Coincidente con nuestra línea de pensamiento un autorizado en la materia como Germán José Bidart Campos afirma: " ... en control de constitucionalidad hace parte esencial e ineludible de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso, y por eso debe efectuarse por el juez aunque no se le pida la parte, porque configura un aspecto del iura novit curia. El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene prioridad constitucional. Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esa mala aplicación - derivada de no preferir la norma que por su rango preva/ente ha de regir el caso - no se purga por el hecho de que nadie haya cuestionado la inconstitucionalidad. Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la constitucionalidad dentro de lo más estricto de su función. Negar aplicación a una norma inconstitucional sin petición de parte es solo y exclusivamente cumplir con la obligación judicial de decidir un "conflicto de derecho" entre normas antagónicas y rehusar la utilización de la que ha quebrado la congruencia del orden jurídico. De aquí arranca el siguiente enunciado: cada vez que un juez al dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad, debe declararla por sí mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del "iure novit curia" y de la obligación de aplicar bien el derecho que rige la causa ... " (Bidart Campos, Germán. La interpretación y el control constitucional en la jurisdicción Sostenemos que la Sala Constitucional carece de atribuciones para evacuar consultas, inclusive desde un punto de vista práctico, seguir haciéndolo desemboca en un prejuzgamiento evidente, y una disipación redundante de la actividad jurisdiccional.

En atención a las consideracio s q anteceden, la pretendida cons Ita d e ser Cesar M. Diesel Juttghnns Ante mí: GusE. Santander Dans Ministro R, Oieda Víctor tos 1 Ministro Asunción, JI de O e,, -t,- ... b ve de 2.0- Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, Sala Constitucional

RESUELVE:

RECHAZAR la Consulta Constitucion ele da por el Tribunal de Apela 10n en o Civil y Comercial, Segunda Sala de la Ca tal, po improcedente.

Cesar M. Diesel Junghanns Ministro S Ante mí: