CORTÉ , SUPREMA. DEJl)STJC'IA Que, el recurrente promueve acción constitucional en contra de las resoluciones mencionadas. En la primera, el Juzgado de Primera Instancia resolvió rechazar, con costas, la demanda de cumplimiento de contrato, nulidad de pericia accidentológica e indemnización, promovida por DIVIPORTAS S.A. -hoy accionante- contra la empresa GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. En la segunda, el Tribunal de Alzada, resolvió desestimar el recurso de nulidad y confirmar la resolución apelada, y la imposición de las costas, en Que, se agravia el accionante señalando que las citadas resoluciones fueron dictadas en abierta transgresión a las disposiciones contenidas en los artículos 16, 17, 44, 47 numerales 1) y 2), 137 y 256 la Constitución Nacional. Manifiesta que los fallos impugnados denotan arbitrariedad, pues los juzgadores se apartaron de las disposiciones legales que rigen la materia y de las probanzas de autos. Afirma, que tanto el Juzgado como el Tribunal de Apelaciones se apartaron de lo dispuesto en el Art. 249 del C.P.C. Por tales motivos, solicita la declaración de inconstitucionalidad de las referidas resoluciones.
Que, el artículo 557 del C. P. C. dispone: "Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su petición.
El plazopara deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la Que, el artículo 12 de la Ley N2. 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, sentencia Que, para la procedencia de la Acción de Inconstitucionalidad, en el contenido del escrito en el que se plantea, la parte impugnante debe indicar la lesión concreta en forma clara, desarrollada de manera que se permita identificar la existencia de una vulneración de la normativa constitucional.
Que, en el escrito de promoción de la Acción se constata que, si bien la pretensión final de la parte accionante es la declaración de nulidad de los fallos mencionados, por supuesta arbitrariedad. Ella, se ha limitado a exponer hechos y actuaciones procesales ya analizados por los Magistrados intervinientes, sin justificar la conexión con las normas supuestamente conculcadas. Los argumentos argüidos por la actora resultan ser una mera discrepancia con la decisión del caso, pretendiendo imponer un criterio de interpretación distinto al sostenido por los Magistrados intervinientes, de tal forma á reeditar en esta instancia, cuestiones que han recibido oportuno estudio. : En virtud a lo manifestado, esta Sala, conforme a criterio asumido en reiterados fallos y ante la pretensión esgrimida por la parte accionante, considera que lo que se intenta es convertir a la Acción de Inconstitucionalidad en un recurso de revisión o apelación de la decisión judicial, lo cual está vedado en esta instancia extraordinaria. Ello, porque la esfera de la acción de inconstitucionalidad y la competencia de la Sala Constitucional son excepcionales, de interpretación restrictiva y no equivalen a una instancia ordinaria de revisión de decisiones judiciales o tercera instancia como se pretende en autos.
A su turno, el Ministro Víctor Ríos Ojeda, dijo: Me adhiero al voto emitido por el Ministro 1- La parte accionante esgrime como causal de inconstitucionalidad la conculcación a garantías constitucionales dispuestas en los artículos 16, 17, 44, 47 incs. 1) y 2), 137 y 256 de la CN, y los arts. 15 inc.
2- Puntualmente, al desarrollar sus argumentos expresa que las resoluciones atacadas son arbitrarias dictadas fuera de lo que dispone la ley, manifiesta que el juzgado intenta fundar su resolución amparado en la supuesta prueba pericial accidentológica producida de manera unilateral por parte de la demandada, ignorando el juzgador que el siniestro ocurrido durante la vigencia del contrato de seguro, cuya existencia se demuestra con la copia de la respectiva póliza de seguro agregada a los autos; sostiene que la sentencia dictada por el Tribunal contiene los mismos vicios que lo tornan inconstitucionales y por tanto inaplicables.
3- Analizadas las resoluciones impugnadas se desprende que, las cuestiones hoy atacadas fueron debatidas por los órganos jurisdiccionales al momento de dictar sus sentencias. Los juzgadores resolvieron rechazar la demanda de cumplimiento de contrato, nulidad de pericia accidentológica e indemnización, teniendo en consideración a lo dispuesto por el art. 1613 del CC, se tiene constancia de que la compañía demandada notificó oportunamente a su asegurada de la designación -operativa- de un perito, desde ese momento el asegurado pudo ejercer su derecho de participar en las operaciones técnicas, prefirió, sin embargo, mantenerse al margen sin cuestionar la validez o pertinencia del trabajo pericial; por otra parte el art. 83 de la Ley Nº 827/96 incorpora un derecho al asegurado a que pida a la compañía que la liquidación se haga por intermedio de un liquidador registrado, derecho que no fue ejercido por la actora , por lo que la alegación de falta de inscripción del perito en el registro de la Superintendencia de Seguros no es causal de nulidad del trabajo técnico que concluyó que la causa fundamental del accidente se debe al factor humano, atribuible al conductor, relacionado con mayor probabilidad al periodo de sueño y la velocidad con la que transitaba la 4- En el caso de autos y del análisis de la resolución atacada, se advierte que los juzgadores han fundado su decisión conforme a la norma jurídica aplicable al caso y sobre la plataforma fáctica obrante en juicio, de cuya circunstancia no se podría llegar a concluir conculcación alguna al deber de fundamentación. En efecto, no se observa una infracción al deber que exige el art. 256 de la CN, sobre todo cuando el juzgador expone acabadamente las circunstancias por las cuales invocan y aplican la norma referente al caso, la que, desde luego y conforme se desprende, se produce dentro del marco interpretativo admitido por la CN. Del contexto y del escrito presentado, no se observa la presencia de lesión constitucional alguna, circunstancia que conlleva al 5- Por lo manifestado precedentemente, considero que corresponde el rechazo de esta acción de A su turno, el Ministro Gustavo E. Santander Dans, dijo: Considero que corresponde rechazar in limine la acción promovida, por la siguiente razón: la parte accionante no logro establecer la manera en que las decisiones tomadas, vulneran las disposiciones constitucionales invocadas, salvo expresiones genéricas que no refieren de manera específica a las resoluciones en cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que el asunto ya tuvo tratamiento, discusión y resolución ante los órganos jurisdiccionales naturales del conflicto, motivos que encuentro suficientes para el rechazo in limine de la acción. Es mi voto.
POR TANTO, la
SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
TENER por reconocida la personería del recurrente en el carácter invocado y por constituido su RECHAZAR "in limine" la acción de inconstitucionalidad presentada por el Abg. René A. Aranda Cáceres, en representación de la empresa DIVIPORTAS S.., contra la S.D. Nº 923¡, de fecha 05 de diciembre del 2018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo, Civil y Comercial del Sxto Tumo de la Capital, y contra el Acuerdo y Sentencia Nº 52, pe fecha 05 deoctubre del 2020, dictado por e¡ ¡rribunal de elación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, por los f,undamentos expuestos en'el exordi de la resente Ante mí: 1 Cesar M. Diesel J nghanns , s OJe Víctor RtO 2