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Auto InterlocutorioSala ConstitucionalCivil y Comercial

Auto Interlocutorio N° 1919/2024

14 de octubre de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR HUGO TOMAS PEÑA ARAUJO EN LOS AUTOS CARATULADOS: "JLSON VIANA OKUDA C/ ALDO LUIS LOUTEIRO ECHEVERJU A Y OTROS SI INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION". Nº 535 AÑO 2021.

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR HUGO TOMAS PEÑA ARAUJO EN LOS AUTOS CARATULADOS: "JLSON VIANA OKUDA C/ ALDO LUIS LOUTEIRO ECHEVERJU A Y OTROS SI INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION". Nº Asunción, 11 y ele O C., V' r. ele 20'2'¡- acción ele inconstitucionaliclacl promovida por el Abogado Hugo Tomás Peña

CONSIDERANDO

Que, la parte accionante impugna las resoluciones incliviclualizaclas más arriba, por las cuales se han resuelto, en lo medular, en el J uzgaclo ele Primera Instancia, hacer lugar a la demanda ele interdicto ele recobrar la posesión promovida por el Sr. Ilson Viana Okuda contra los Sres. Alelo Luis Louteiro Echeverría, Elías Antonio Dos Santos y Hugo Tomás Peña Araujo condenándolos a restituir inmediatamente la posesión ele los inmuebles objetos del litigio; en el Tribunal ele Apelación, tener por desistido al ahora accionante del recurso ele nulidad interpuesto y confirmar en La parte accionante sostiene en su escrito ele promoción ele la Acción ele Inconstitucionaliclacl, que la misma se dirige directamente a la no aplicación del derecho en ambas instancias, con relación a la posesión del inmueble a ser restituido, ya que su función en el desalojo fue solo como Oficial de Justicia, no teniendo por tanto la posesión efectiva del inmueble, requisito primordial para entablar dicha acción ele interdicto. Aduce que mal pueden exigirle que restituya un inmueble que en ningún momento estuvo en su poder, sino que su función terminó ese día labrando su acta y entregando al demandante y al abogado dicha posesión, como lo exige la ley. Señala la Que, el artículo 557 del C. P. C. dispone: "Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. , Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la - -..

resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su petición. El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción".

el artículo 12 de la Ley NC?. 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la no ma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley acto Que, e primer lugar, caber referir que el control ele constitucionalidad es una vía ele carácter exc p ional p ra salvaguardar principios y derechos consagrados en la Constitución Nacional. No está p evisto para ventilar cuestiones de fondo y ele forma que tienen su ámbito natural ele diluci ción en las instancias ordinarias, si no se demuestra lesión concreta a derechos ci ales, a través ele una crítica razonable de la decisión impugnada.

ue, en el escrito de promoción de la Acción se constata que la preteusij fin del ac ar te es la declaración de nulidad de los fallos mencionados, por supuesta arbi rarieclad. Sin bargo mismo se ha limitado a exponer hechos y actuaciones procesales, in justificar la . 01 , oI? arftln ;as spuestamente cnculcadas, pecndienclo imponer un riterio ele r'on 1st1nto al stenido por los Magistrados interv .tnt:estdc tal forma a reeditar en e ua Cesar M. Diesel J'unghanns Minitro CSJ, Gustavo E. Santander Dans Minístro / Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro instancia, cuestiones que han recibido oportuno estudio, motivo insuficiente e inconsistente para activar esta instancia de control de constitucionalidad. Ello, porque la esfera de la acción de inconstitucionalidad y la competencia- de la Sala Constitucional son excepcionales, de interpretación restrictiva y no equivalen a una instancia ordinaria de revisión de decisiones judiciales.

Que, en tal sentido, esta Sala viene sosteniendo en reiterados fallos, que es improcedente pretender una tercera instancia a través de la acción de inconstitucionalidad, a fin de reanudar el debate sobre cuestiones que han recibido oportuno tratamiento, ello debido a su carácter excepcional, que se encuentra sujeto a condiciones especiales y concretas, siendo viable únicamente cuando existen violaciones de principios, derechos y garantías establecidas en nuestra ley Que, al respecto, resulta importante citar al Prof. Dr. Osear Paciello Candia, que, en un voto ha expresado: "..//..las discrepancias subjetivas que cualquiera de las partes pudieran tener con la decisión impugnada no autorizan la promoción de una acción de inconstitucionalidad, puesto que ello implicaría la apertura de una tercera instancia que, legalmente, es imposible.i/Z,." (C.S.J Que, por otra parte, la viabilidad de la Acción de lnconstitucionalidad está supeditada a la inexistencia de vías ordinarias para la tutela del derecho que pudiere asistir al recurrente, es decir, la resolución cuestionada debe ser definitiva o causar un agravio irreparable por otros medios. En este caso, el Art. 63 7 del Código de Forma dispone: "La sentencia dictada en el juicio posesorio tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio del derecho que asiste a las partes litigantes de promover las acciones reales correspondientes". Por tanto, tratándose de juicio posesorio, en el que se analizan sólo situaciones de hecho, las partes pueden recurrir -en su caso- a las instancias ordinarias a fin de que se decida sobre sus derechos con los efectos de cosa juzgada material.

Que, en estas condiciones, y al no haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el Código de forma y la jurisprudencia de esta Sala, corresponde el rechazo de la acción sin más Opinión del Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda: Me adhiero al voto emitido por el Ministro preopinante, permitiéndome respetuosamente agregar cuanto sigue: i 1- La parte accionante esgrime como causal de inconstitucionalidad la conculcación a garantías constitucionales dispuestas en los artículos 47 y 256 de la CN.

2- Puntualmente, al desarrollar sus argumentos expresa que las resoluciones atacadas son arbitrarias por violación al principio constitucional del debido proceso y aplicación distorsionada de la ley que rige la materia, sostiene que los juzgadores no aplicaron lo dispuesto por el art. 643 del CPC con relación al segundo requisito de posesión del inmueble a ser restituido, dado que su función en dicho desalojo fue solo como Oficial de Justicia y por tanto no tuvo en ningún momento la posesión efectiva de dicho inmueble, requisito primordial para entablar dicha acción de los interdictos, por lo que mal podrían exigirle la restitución de un inmueble que en ningún momento estuvo en su poder, fundando la resolución solo por el hecho de que no he comparecido a la audiencia obligatoria de los interdictos, incurriendo los juzgadores en un error insalvable del presupuesto de sujeto pasivo en el juicio planteado por la adversa.

3- Analizadas las resoluciones impugnadas se desprende que, las cuestiones hoy atacadas fueron debatidas por los órganos jurisdiccionales al momento de dictar las sentencias. Los juzgadores resolvieron no hacer lugar al interdicto de retener la posesión, teniendo en consideración a que, de las probanzas arrimadas al expediente se ha comprobado la posesión invocada por el Sr.

Ilson Viana Okuda, consecuentemente, el primer presupuesto para la procedencia del interdicto de recobrar la posesión se debe tener por cumplido; en cuanto al segundo requisito para la procedencia, se tiene que los inmuebles objetos del presente interdicto encuentran individualizados en un mandamiento de desahucio de fecha 21 de agosto de 2014 de los autos: "A/do Luis Louterio Echeverria el Kever Okuda si desalojo", en esta tesitura, el mandamiento de desahucio fue ejecutado en predios distintos a los consignados en dicho mandamiento e igualmente contra persona distinta a la cual estaba dirigida, por ende, el desalojo se realizó de forma ilegítima, arbitraria y violenta, fuera de los límites establecidos en la orden judicial, por lo que se concluye que en estos autos se acreditó los extremos legislados en el art. 646 del CPC para la admisión de esta acción especial y sumaria.

4- En el caso de autos y del análisis de las resoluciones atacadas, se advierte que los juzgadores han fundado su decisión conforme a la norma jurídica aplicable al caso y sobre la .. ./// ...

ACCIÓN DE IN CONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR HUGO TOMAS PEÑA ARAUJO EN LOS AUTOS CARATULADOS: "ILSON VIANA OKUDA C/ ALDO LUIS o. LOUTEIRO ECHEVERRIA Y OTROS SI .. '!'.a):)Till' - enea o rante en JUICIO, . cuya circunstancia no se po nega, a conc urr ncul ción algtri, al deber de fundamentación. En efecto, no se observa una 111fracc1011 al deber qt.RPex,gel .ft/256 de la CN, sobre todo cuando el juzgador expone acabadamente las r s1tés"prende, se produce dentro del marco interpretativo admitido por la CN. Del contexto y de escrito presentado, no se observa la presencia de lesión constitucional alguna, circunstancia 5- Por lo manifestado precedentemente, considero que corresponde el rechazo de esta acción Coincido con el Ministro Diesel quien me precediera en que la acción debe ser rechazada. En . efecto, surge que la parte accionante se ha limitado a exponer los hechos y actuaciones procesales ya analizados por los Magistrados intervinientes, sin justificar la conexión con las normas supuestamente conculcadas. No se ha demostrado lesión concreta a normas constitucionales, en atención a que los agravios del accionante únicamente traducen el desacuerdo con la decisión del caso, pretendiendo imponer un criterio de interpretación distinto al sostenido por los Magistrados intervinientes; de tal forma a reeditar en esta Instancia, cuestiones que han recibido oportuno Que, en estas condiciones, y al no haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos por las normas legales -arts. 557 del Cód. Proc. Civ. y art. 12 de la Ley Nº 609/95, corresponde el

POR TANTO, la

SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

TENER por presentado al recurrente en el carácter invocado y por constituido su domicilio 0 R DEN AR la agregación ele las instrumentales presentaclas.

RECHAZAR "in limine" la acción de inconstitucionalidad presentada por el Abogado Hugo Tomás Peña Araujo, por sus propios derechos, contra la S.D. Nº 152, de fecha 1 de agosto del 2.016, dictada por el Juzgado ele Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Segundo Turno de Pedro Juan Caballero; y, contra el Acuerdo y Sentencia Nº 14, de fecha 22 de febr,r 2.021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civi rcial, Laboral y Penal, ele la Circunscri ción Judicial de Amambay, por los fundamentos ex uestos e el exordio de la presente 1olución.--- , Santander Dans Ante mí: Cesar M. Diél'Jung Ministro CSJ.