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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalCivil y Comercial

Acuerdo y Sentencia N° 1170/2024

20 de diciembre de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE C/ ROSALBA GONZALEZ VDA. DE SAMANIEGO Y STELLA SAMANIEGO DE CENTURIÓN S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA". AÑO: 2011. Nº: 738

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CORTE SUPREMA DI JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE C/ ROSALBA GONZALEZ VDA. DE SAMANIEGO Y STELLA SAMANIEGO DE CENTURIÓN S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA". AÑO: 2011. Nº -'-.l ,e .¿rU O Y SENTENCIA NÚMERO: ; cie"-to .., <-ce'ª Com.::>uprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, , úGENIO JÍMENEZ ROLÓN, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y VÍCTOR 'le!> --OJEDA, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE C/ ROSALBA GONZALEZ VDA. DE SAMANIEGO Y STELLA SAMANIEGO DE CENTURIÓN S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Juan Alberto Samaniego González, por sus propios derechos Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: JIMÉNEZ ROLÓN, RAMIREZ CANDIA y RÍOS OJEDA.

A la cuestión planteada, el Doctor EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN dijo: Como cuestión previa, debo resaltar que esta Acción de lnconstitucionalidad fue promovida en fecha 13 de junio de 2011 por Juan Alberto Samaniego González, bajo el patrocinio de los Abogados Daniel Francisco Varela Avalos, Fernando Barriocanal, y Ubaldo Centurión Morlnigo, contra resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelación "Autos para sentencia".

Desde esa fecha, se han sucedido una serie de recusaciones e inhibiciones que fueron detalladas cronológicamente en el informe del Actuario obrante a f. 100. En el año 2012, los Magistrados Maria Mercedes Buongermini y Neri Villalba aceptaron integrar esta Sala en reem de los Ministros Gladys Bareiro de Módica y Miguel Bajac Albertini (fs. 2024, el Ministro Víctor Ríos aceptó integrar estos autos (f. 147). La integraciGn fue notificada a las partes en fecha 06 de septiembre de 2024 (f. 149).

Las inhibiciones recaídas en el proceso nos advierten de antemano, que estamos ante uno de los juicios que por años deambularon por los tribunales en busca de integración, situación que, sin lugar a dudas, atenta contra el derecho a una tutela judicial efectiva, que implica la actuación del órgano jurisdiccional de "decir el derecho", y de poner fin al conflicto Además, es relevante mencionar que, por providencia de fecha 20 de mayo de 2021 (f. 50), se dispuso la suspensión de la tramitación del juicio debido al fallecimiento del accionante, Juan Alberto Samaniego González. Luego, mediante providencia de fecha 16 de mayo de 2024 (f. 146), se reanudaron los plazos procesales con la intervención de la Procuraduría General de la República, en nombre y representación del Estado Paraguayo, tras haberse declarado vacante la sucesión del accionante.

Lo expuesto es suficiente para demostrar que la demora en dicté';.r sentencia en este juicio, en estado resolutivo desde el 2 de noviembre de 2011, no puede atribuirse - obviamentea ninguno de los Magistrados que aceptamos integrar la Sala Constitucional.

Por último advierto que el Dr. Juan Carlos Mendon. con quien tengo causal de inhibición en virtud del art. 21 del Código Procesal Civil, ha patrocinado u1 escrito presentado por la parte demandada en el año 1.994 (fs. 68n4 del juicio agregado por cuerda). Sin embargo, el patrocinio señalado se ha dado en el proceso de ejecución hipotecaria y no en esta acción de inconstitucionalidad, que, recordemos, constituye una acción autónoma a la principal en el que se discuten cuestiones ajenas a las pretensiones de las instancias Esclarecidas estas cuestiones y sin más dilaciones, vayamos al caso concreto:- Las resoluciones judiciales impugnadas, dictadas por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala, de la Capital, en el juicio caratulado: uJcrge Miguel Brunotte Lange el Rosalba González Vda. de Samaniego si Ejecución Hipotecaria', son las siguientes: a)Al. Nº 357 de fecha 30 de mayo de 2011, (fs. 3/5), por el que se resolvió: "1.­ DECLARAR DESIERTO, los recursos de nulidad para ambas partes recutTentes.

2.-REVOCAR, in totum el A.I. Nº 92 dictado el 21 de febrero de 2011. 3.­ IMPONER, las costas, a la perdidosa en ambas instancias. - 4.-ANOTAR, registrar ... ". Por dicho auto interlocutorio, el Tribunal de Apelación revocó la resolución de primera instancia que declaró operada la caducidad en un juicio de ejecución hipotecaria, con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva.

b)A.I. Nº 609 de fecha 5 de agosto de 2011, (f. 31 vito), por el cual se resolvió: "1.­ HACER LUGAR, al recurso de aclaratoria planteado por el señor Juan Alberto Samaniego González, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, contra el 357 de fecha 30 de marzo de 2011, a /os efectos de aclararlo en los términos del Art.387, inciso "b" del C.P.C.- 2.-ANOTAR. .. ". Por dicho auto interlocutorio, el Tribunal de Apelación, en mayoría, aclaró os fundamentos del En los escritos obrantes a fs. 6/25 y fs. 33/36, el accionante manifestó que las resoluciones impugnadas son arbitrarias, por ser violatorias de los principios del debido proceso y de la defensa en juicio, consagrados en las disposiciones de los arts. 9, 16 y 256 IA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE C/ ROSALBA GONZALEZ VDA. DE SAMANIEGO Y STELLA SAMANIEGO DE CENTURIÓN S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA". AÑO: 2011. Nº término, señaló que la carátula del expediente fue adulterada para incluir en tta • ella Sama niego González, quien no fue parte demandada al inicio del juicio '""" .... ipotecaria. Dijo que el juicio se inició contra la única deudora, Rosalba !l . de Samaniego, pero que, sin embargo, se incluyó dentro del proceso -errónea r.y.!!."ta.t.14Jatentamentea quién no fue parte en el juicio.

En segundo término, expresó que se vio afectado por el razonamiento expuesto por Tribunal y por la decisión asumida: revocar la declaración de caducidad del juicio. Denunció que el pronunciamiento en ese sentido es ajeno a toda doctrina o razonamiento procesal.

Respecto a ello, señaló que el Tribunal omitió aplicar la norma jurídica que regía el caso concreto -art. 174 del Código Procesal Civil-sin dar al respecto una razón válida. Manifestó que dicha norma es clara y de orden público: la caducidad se opera de pleno derecho por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes, y no puede cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de las partes. Sostuvo que "de pleno derecho" significa "ministerio /egis", "por imperio de ley", es decir, sin necesidad de declaración judicial. Argumentó, por ende, que los jueces del colegiado se extralimitaron en sus funciones al señalar lo que la ley no dice, usurpando funciones del Poder L Mencionó además que se transgredió el principio de seguridad jurídica del debido proceso, refiriendo que el Tribunal debió confirmar el fallo de primera instancia al constatar que habían transcurrido más de seis meses de inactividad procesal antes del dictado de la sentencia definitiva. El accionante sostuvo que desde la apertura de la excepción a prueba por providencia de fecha 15 de noviembre de 1994, y su consecuente notificación en fecha 22 de junio de 1995, trascurrió el plazo de seis meses de inactividad procesal; específicamente 7 meses y 7 días. Agregó que todos los actos posteriores a la caducidad - institución que calificó de orden públicoson nulos, y no pueden producir efectos jurídicos. - En suma, alegó que la resolución impugnada es arbitraria por sus fundamentos normativos: soslayar la norma procesal aplicable al caso -art. 174-, aplicar disposición inaplicable -art. 103- , y por interpretar la ley de manera arbitraria.- ego, por escrito agregado a fs. 33/36, el accionante amplió la acción contra la acla toria, el Al. Nº 609 de fecha 5 de agosto de 2011 (f. 31 ). Alegó que la misma, al tratar xplicar o inexplicable, reforzó aún más la arbitrariedad contenida en la resolución ipal. Sol itó la nulidad de la aclaratoria, por tener los mismos vicios insanables del Al.

Po providencia de fecha 30 de agosto de 2011, se corrió traslado de la acción de ucionalidad y se dio intervención al Fiscal General del Estado.

su parte, el ustavo De Gásperi, representante convencional del Fabrice Mrbaux, contestó el traslado de la ión de los escritos obrantes a fs. 40/42 ó, en ició contra dos personas: Rosal a. de stela maniego de Centurión e rante la gar e en la ejecución, es un se Dr. M nuel Oejesús amírez Candi MINIST O 3 encuentra resuelta y en etapa de ejecución de sentencia, y es, por tanto peciférica al thema decidendum ante esta Corte. Dijo que el accionante pretende utilizar a la Corte para dilatar el juicio hipotecario. En segundo término, sostuvo que el fundamento de la cosa juzgada, de rango constitucional -art. 17 numeral "4" de la Constitución-no puede ceder ante el art. 17 4 del Código Procesal Civil. Por tanto, el razonamiento del Tribunal es correcto: un proceso no puede terminar dos veces; uno de manera normal con la sentencia definitiva, y otro de manera anormal con la caducidad. Argumentó que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya puso orden sobre este asunto, y mencionó las sentencias Nº -537 del 7-IX-2001, por las cuales, se declararon inconstitucionales resoluciones que juzgaron la caducidad de la instancia después de dictada la sentencia definitiva. Manifestó que debe aceptarse que la caducidad debe ser declarada en la misma instancia en que se produjo, porque si así no se hiciera, se estaría aumentando la inseguridad jurídica, intentanto caducidades -como ésta-despues de años de pleito, de actuaciones consentidas y preclusas, en juicios donde el derecho de las partes estuviera declarado mediante las sentencias dictadas. Argumentó que el fin jurídico que el instituto pretende cautelar es la seguridad jurídica y, para ello, castiga el abandono de la instancia, en cuanto sea muestra de desinterés de las partes por seguir adelante con el pleito. Finalmente, señaló que el accionante pretende utilizar a esta Corte como tercera instancia, y por ello, El Ministerio Público se presentó a contestar la vista de conformiaad con lo dispuesto en la Ley en los términos del Dictamen Nº Consideró improcedente la impugnación realizada por el accionante, y, en consecuencia, recomendó el rechazo de la acción de inconstitucionalidad.

Se trata de establecer la procedencia de una acción de inconstitucionalidad contra dos resoluciones judiciales - principal y aclaratoria-, por las que se revocó la declaración de caducidad de instancia en un juicio de ejecución hipotecaria.

Pero, antes de entrar al mérito, surge una circunstancia que el órgano debe examinar - y declarar-oficiosamente. El art. 557 del Código Procesal Civil establece: "Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada así como el juicio en que hubiese recaído Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundando en términos ciaras y concretos su petición. El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción.".

El articulo citado es categórico: el plazo para deducir la acción de inconstitucionalidad es de nueve días contados a partir de la notificación de 'la resolución i71pugnada. Este es, claramente, un plazo cuyo cumplimiento debe ser revisado de oficio por la Sala. La norma no distingue otra situación más que tomar conocimiento de la resolución reputada como inconstitucional, y la obligación de impugnarla dentro del plazo legal establecido.

En el caso, fueron impugnadas dos resoluciones judiciales en distintos momentos: en fecha 13 de junio de 2011 se impugnó el A.I. Nº 357 de fecha 30 de mayo de 2011, y luego, en fecha 25 de agosto de 2011, se amplió la acción contra su aclaratoria, el A.I. Nº fecha 5 de agosto Aquí debemos aclarar que la interposición de un recurso de aclaratoria no puede suspender el plazo para deducir la acción contra una resolución jucicial que se reputa inconstitucional por sí misma. La razón es sencilla: la acción de inconstitucionalidad no es un recurso ni ordinario, ni extraordinario. Aunque la acción esté dirigida contra una resolución CORTE -REMA "JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE CI ROSALBA GONZALEZ VDA. DE SAMANIEGO Y STELLA SAMANIEGO DE CENTURIÓN S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA". AÑO: 2011. Nº aíqa :e·n I receso judicial, no puede considerarse como un recurso, puesto que inicia 8-lJ;Jeva { ancia ante el único órgano jurisdiccional competente para declarar la nulidad ll(]e Por ello, no puede aplicarse la última parte del art. 388 del Código Procesal Civil, establece: "Plazo para pedirla y para resolver/a. La aclaratoria deberá pedirse dentro de tercero día de notíficada la resolución, y deberá resolverse, sin sustanciación alguna, en el plazo de tres días. Su interposición suspende el plazo para deducir otros recursos.".

Entonces, la decisión procesal del litigante de impugnar las resoluciones judiciales, una principal y otra accesoria, en dos momentos distintos, es correcta, pues la aclaratoria interpuesta contra la primera no suspendió el plazo para deducir la acción de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el cómputo para interponer la acción contra las resoluciones impugnadas, comenzaron a correr a partir de sus respectivas notificaciones. En definitiva, esa es la regla que surge del art. 557 del Código Procesal Civil, y así debe 357 de fecha 30 de mayo de 2011, es una resolución que revoca declaración de caducidad de instancia, y, por tanto, no se encuentra incursa dentro del régimen de notificaciones dispuesto por el art. 133 del Código Procesal Civil. Su notificación por cédula o personal tampoco fue dispuesta por el Tribunal, por lo que la misma fue notificada al accionante por imperio del art. 131 del Código Procesal Civil, el martes 31 de mayo de 2011. El plazo de nueve días para promover la acción contra el A.I. Nº 357, venció el martes 14 de junio de 2011, a las 09:00 hs., y la acción fue promovida el lunes 13 de La aclaratoria, sin embargo, no sigue igual suerte. El A.I. Nº 609 de fecha 5 de agosto de 2011, fue notificado el martes 9 de agosto de 2011, habiendo vencido el plazo en fecha 24 de agosto de 2011, a las 09:00 hs. La acción de inconstitucionalidad contra esta última resolución fue interpuesta al día siguiente al vencimiento, en fecha 25 de agosto de 2011, y ya de m extemporánea. Esta situación impide, naturalmente, que estudiemos la acción Entonce , el estudio de la acción de inconstitucionalidad procede únicamente contra 357, y olamente en cuanto a los agravios de índole constitucional. El accionante, sin emba o, a gó una violación a la defensa al haberse incluido en el proceso a una persona que i demandada en el juicio. Ello nos obliga a realizar un minucioso análisis de los _,___,___,, nto de las actuaciones nos ayudará a entender las circunstancias fácticas to que inició en el año 1994, y a ordenar el análisis sobre las c st10 s que ' Jorge Miguel Brunotte promo 1ó una eje ución ---"'"'-,,.,fba González Vda. de Samaniego en su carác er de nturió en su carácter de garant hipotecaria" por el

obro de la suma de USO. 251.825, equivalente -según el cambio de la fecha-a G.

El actor alegó que a través de un contrato de cesión adquirió los créditos hipotecarios que poseía la Sociedad American Holding lntemational Corporation (cedente) en contra de la parte demandada. La hipoteca fue constituida sobre la Finca Nº 11.164 del Distrito de Stma. Trinidad con Cta Cte. Catastral 15.0728.22, propiedad de Estela Samaniego de Centurión (f. 46 del expediente principal). El actor agregó copia de: a) la escritura de hipoteca otorgada por Stella Beatriz Samaniego Centurión a favor de American Holding lntemationa/ Corporation, en garantía de una línea de crédito otorgada a Rosalba González Vda. de Samaniego, hasta la suma de USO. 166.000 (fs. 1/10); b) pagaré a la orden de American Holding lntemational Corporation por USO. 166.000 con vencimiento 16/03/93, suscripto por Rosalba González Vda. de Samaniego y Stella Beatriz Samaniego de Centurión (f. 12); c) contrato de ampliación de línea de crédito otorgado por American f-lolding lntemational Corporation a favor de Rosalba González Vda. de Samaniego con am¡)liación de garantía hipotecaria otorgada por Stella Beatriz Samaniego de Centurión (fs. 16/28); d) pagaré a la orden de American Holding lnternational Corporation por USO. 34.000 con vencimiento 16/03/93 suscripto por Rosalba González Vda. de Samaniego y Stella Beatriz Samaniego de Centurión (f. 21); e) pagaré a la orden de American Holding /nternational Corporation por USO. 18.979 con vencimiento 28/08/93 suscripto por Rosalba González Vda. de Samaniego y Stella Beatriz Samaniego de Centurión (f. 31 ); f) contrato de cesión de crédito hipotecario otorgado por American Holding lntemational Corporation a favor de Joge Miguel Brunotte Lange (f. 33); y, g) telegramas colacionados comunicando la cesión e inlimando al pago (fs.

Por providencia de fecha 7 de julio de 1994 (f. 59), se tuvo por iniciada la demanda contra la Rosalba González Vda. de Samaniego (f. 59), quien opuso excepción de inhabilidad de título conforme a los términos del escrito agregado a fs. 68/74. Por S.O. Nº 584 de fecha 29 de junio de 2000, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno resolvió rechazar la excepción de inhabilidad de titulo y llevó adelante la ejecución promovida por Jorge Miguel Brunotte contra Rosalba González Vda de Samaniego (f.

100/102). La sentencia fue notificada a Rosalba González Vda. de Sama niego en fecha 4 de agosto de 2000, según cédula de notificación obrante a fs. 103, y a Stella Samaniego de Centurión en la misma fecha, según cédulas obrantes a fs. 104 y 105. No obra en autos constancia alguna que indique que esta sentencia fuera recurrida.

Por A.I. Nº 124 de fecha 16 de febrero de 2001, se aprobó la liouidación de capital, intereses y gastos presentada por la parte actora, en la suma de USO 574.847,69 en concepto de capital e intereses, y en la suma de G. 4.354.016 en concepto de gastos de justicia (f. 135). Dicha decisión fue notificada conforme a las cédulas agregadas a fs.

136/138. La resolución que aprueba la liquidación del juicio tampoco fue recurrida.

En fecha 21 de agosto de 2001, se presentó en juicio Stella Beatriz Samaniego de Centurión a solicitar la suspensión del remate judicial y a comunicar el fallecimiento de la parte demandada Rosalba González Vda. de Samaniego (fs. 157 y 159/162). En fecha 29 de noviembre se comunicó que el juicio sucesorio de la parte demandada se hallaba abierto ante el Juzgado del Undécimo Turno, Secretaria Nº 21 (f. 179), y luego por providencia de fecha 13 de junio de 2002, se ordenó la remisión del expediente al Juzgado de la sucesión (f.

En fecha 10 de mayo de 2002, el actor se presentó a solicitar la homologación de un acuerdo de cesión de derechos y acciones con el Abogado Fabrice Turbaux (f. 181). Por A.I. N· 1359 de fecha 20 de agosto de 2003, el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno resolvió homologar la cesión, y subrogar al Abogado Fabrice Turbaux en los derechos y acciones que pudieran corresponder a Jorge Brunotte Lange (f. 191 ). -- CORTE S PREMA "JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE C/ ROSALBA GONZALEZ VDA. DE SAMANIEGO Y STELLA SAMANIEGO DE CENTURIÓN S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA". AÑO: 2011. Nº iior · rte, fueron realizados algunos trámites en la etapa de ejecución de nti;¡éͧ,;-'entr as: a) por providencia de fecha 5 de mayo de 2005 se amplió el embargo ejeütib tra. en autos y se libró un mandamiento de embargo ejecutivo sobre la Finca Nº <¿ "'rhlhCl.ar, , y b) por providencia de fecha 8 de junio de 2005 se ordenó la apertura de Judicial a nombre del presente juicio y a la orden del Juzgado (f. 198 vito.). Estas resoluciones fueron recurridas por Stella Samaniego de Centurión. El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala, dictó el A.1. Nº 518 de fecha 10 de julio de 2006, por el que se resolvió: "1. DESESTIMAR el recurso de nulidad interpuesto en estos autos. 2.

REVOCAR, con costas, las providencias de fechas 5 de mayo de 2005 y 8 de junio del mismo año, dictadas por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del undécimo turno de esta Capital, por los fundamentos expuestos en el exordio de fa presente resolución". En la fundamentación de la resolución, el Tribunal aclaró que Stella Beatriz Samaniego de Centurión no es parte demandada en el juicio, y que las diligencias de dicho tipo - de ejecucióndebían ser tramitadas en el marco del juicio sucesorio de la causante (f.

247). El expediente volvió al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno, en cumplimiento del A.I. Nº A partir de la foja 264 hasta la 282 de autos, encontramos una anomalía procesal muy llamativa: el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala, resolvió dos veces los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra las providencias de fechas 5 de mayo y 8 de junio del 2005, una vez en el expediente principal y otra en las compulsas. Las constancias de la sustanciación de los recursos en las compulsas, y la segunda decisión fueron agregados al expediente principal por providencia de fecha 19 de Abril de 2007 (f.

adas las mismas, observamos que, por una resolución distinta, el A.I. Nº fech 4 de gosto de 2006, el mismo Tribunal resolvió: "1. DESESTIMAR el recurso de lid d interp esto en estos autos. 2. REVOCAR, con costas, las providencias de fechas 5 de ayo de 2 05 y 8 de junio del mismo año, dictadas por el Juzgado de Primera Instancia Civil y omercial del Undécimo turno de esta Capital, por los fundamentos expuestos exord' de la presente resolución". (f. 235). Esta decisión es copia íntegra del A.I. Nº lo c I confirma que el Tribunal de manera completamente anómala juzgó dos veces Devuel los autos al Juzgado de la sucesión, se presentó el Abogado Manuel Riera om z, en representación de Fabrice Turbaux, a solicitar la prosecución de la ejecución raz n de que la sentencia declaratoria de herederos de Rosalba González Vda. de amani go se encontraba firme. Y, en consecuencia, solicitó que se reanude la ejecución y se notifi ue a Juan Alberto Samaniego González, Stella Beatriz Samaniego González y Carlos Jo ge Samaniego González (f. 284). Por providencia de fecha 12 de agosto de 2009, se dispuso la reanudación de los plazos y se citó a los herederos a fin de que c arezcan a estar en juicio en el plazo de · 'as (f. 286). Por Al. Nº 759 de fecha 2e dici bre de 201 O, el Tribunal de Apela ·on modif có la providencia en el sentido de excluir de la c ación a la heredera Stla S aniego, q ien cedió sus derechos hereditari i a Juan Alberto S aniego (ver f. 5 25 de 1 ·a por apelación denegada agregad por cuerd ). fos rior t , uno e I eredero declarados de la dema dada, Jua s ojeda tor F.io pr. '1'w1,inhtro Samaniego, se presentó bajo patrocinio de los Abogados Raúl Fernando Barrocanal y Daniel Francisco Varela, a solicitar se declare la caducidad de la instancia que se produjo en el proceso antes del dictado de la sentencia definitiva. Específicamente, en el lapso de inactividad entre la providencia de fecha 15 de noviembre de 1994 (f. 84) y la notificación A raíz de este incidente, fue dictado el A.I. Nº 92 fecha 21 de febrero de 2011 (fs.

320/321), antecedente de la resolución impugnada por inconstitucionafjdad, por el que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno, resolvió declarar la Caducidad de la Instancia en el proceso. Recurrido este último fallo por el representante convencional del accionante, una vez en la alzada, el Tribunal de Apelación resolvió, por A.I. 357 de fecha 30 de mayo de 2011, revocar el auto interlocutorio impugnado, resolución que fue impugnada por inconstitucional por Juan Alberto Samaniego González, uno de los herederos declarados de Rosalba González Vda. de Samaniego.

Las partes de este proceso constitucional son: a) el accionante, Juan Alberto Samaniego González, heredero declarado de Rosalba González Vda. de Samaniego, deudora de la ejecución; y, b) el accionado, Fabrice Turbaux, cesionario de Jorge Brunotte Expuestos todos estos antecedentes, surge patente que esta Sala Constitucional no puede pronunciarse sobre la calidad -o node parte demandada de la garante hipotecaria y heredera declarada, Stella Beatriz Samaniego González, porque el único asunto resuelto por 357, y cuya motivación se reputa arbitraria, ha sido la revocación de la caducidad de instancia del juicio de ejecución hipotecaria. Tampoco podemos juzgar acerca de la anomalía que advertimos en el recuento de las actuaciones, pues ninguna de las partes se ha agraviado si quiera de ella, ni en las instancias ordinarias, ni en ésta.

La única cuestión constitucional que debe juzgarse salta de manera patente: en esencia debemos determinar si el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala, de la Capital, dictó una resolución arbitraria al momento de revocar la declaración de caducidad de instancia en el juicio de ejecución hipotecaria.

La arbitrariedad alegada ataca la motivación de las sentencias. Recordemos que ésta consiste en el deber funcional del órgano jurisdiccional de expresar los motivos, razones y fundamentos de su resolución. Su observancia se traduce en una garantía verdadera y eficaz para los litigantes, pues es uno de los medios de evitar la arbitrariedad. El objetivo último del instituto es mantener la confianza en la justicia y, al mismo tiempo, posibilitar el control de fundabilidad por el tribunal superior en instancias recursivas.

La fundamentación, a su vez, supone que la sentencia -definitiva o de otra índole­ debe ser dictada conforme con la letra de la Constitución y las leyes; el art. 15 del Código Procesal Civil así lo manda: "Son deberes de los j ueces, sin perjuicio de Jo establecido en el Código de Organización Judicial: ... b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la j erarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia baj Claramente, la fundamentación no consiste únicamente en enumerar una serie de preceptos jurídicos de determinado texto legal que se estimen aplicables a cada caso, sino que la labor de fundar requiere además que el juzgador exponga de modo lógico las razones por las que ha decidido aplicar dichos preceptos, vinculándolos a los datos fácticos tenidos Las arbitrariedades normativas -soslayar la disposición legal aplicable al caso, aplicar disposición legal inaplicable al caso, fallar sobre la base del mero capricho, etc.-y fácticas - ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE C/ ROSALBA GONZALEZ VDA. DE SAMANIEGO Y STELLA SAMANIEGO DE CENTURIÓN S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA". AÑO: 2011. Nº El análisis de la situación planteada, nos permite ver que la arbitrariedad alegada se relaciona íntimamente con la causal relativa a la interpretación irrazonable, incoherente, o ilógica de una ley. Dichas causales no siempre son fáciles de identificar, porque, como ya he sostenido en otras oportunidades, no toda interpretación errónea de una ley es arbitraria (vide: Acuerdo y Sentencia Nº 111 de fecha 11 de junio de 2020). Desde el momento en que existe una fundamentación razonable, desarrollada de modo inteligible, no se configura el vicio de inconstitucionalidad, pues el requisito que exige la Carta Magna en su art. 256 se halla presente. Además, no podemos olvidar que la corrección material o jurídica de una resolución, es cuestión de apelación y no de inconstitucionalidad.

Pues bien, tras un análisis exhaustivo de la resolución cuya inconstitucionalidad predica el accionante, observamos que, en la misma, el órgano jurisdiccional ordinario, analizó y desarrolló, fundadamente, la cuestión concreta planteada.

La decisión impugnada se encuentra suficientemente motivada. El Tribunal de Apelación realizó una fundamentación basada en los hechos expuestos por las partes, aplicando de manera razonada las normas pertinentes. En efecto, en su pronunciamiento el Tribunal estudió las dos normas mencionadas por el accionante: los arts. 174 y 103 del Código Procesal Civil. Consideró que ambas son de orden público e interesan a la seguridad jurídica, pero concluyó que, una vez dictada una sentencia definitiva, ya no puede declararse Expresó fundadamente porque ya no se podía aplicar el art. 174 del Código Procesal Civil: "el art. 174 es inaplicable al presente caso, pues dicha norma sólo es válida cuando .r--todavía hay juicio en trámite o sea cuando todavía hay instancia. En este último caso, la caducidad está por encima de la regla de la preclusión pero nunca sobre la cosa juzgada."

1 ualmente, argumentó que, una vez dictada una sentencia definitiva, esta queda amparada cio de la cosa juzgada, con protección constitucional en el art. 17 numeral cosa juzgada de un proceso no puede ser sobrepasada por la caducidad de Iterar la propia Constitución. Además, dijo que, una vez dictada la sentencia uez pierde competencia conforme lo establecido en el art. 163 del Código Expresó también que no pueden existir dos resoluciones diferentes y que concluyan el proceso; una sentencia definitiva y otra que declara la or último, argumentó que declarar la caducidad de instancia de un juicio tales consid urge en forma prístina que la res ada no en mod olución arbitraria. Es así, pues, en misma a I contenida en la demanda; a ión es ia nes jurídicas que el órgano sideró tampoco se verifican incongruencias, ni interpretación antojadiza de norma alguna que Más bien, lo que podemos percibir, a todas luces, es un desacuerdo con la forma en que la cuestión ha sido resuelta por el órgano de apelación, en sentido contrario a los intereses del accionante. Por lo demás, el accionante prácticamente reproduce los mismos agravios ya vertidos en instancias ordinarias, y que han merecido detenido y oportuno tratamiento por parte de los juzgadores. Absolutamente todos los agravios articulados en esta sede, referentes al orden público de la caducidad de instancia, fuero·, estudiados por los De este modo, al ser los fundamentos razonables y congruentes, además de no conculcar normas del máximo rango, la presente acción no puede prosperar. En estos términos, voto por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad incoada, con costas a la perdidosa en virtud del art. 192 del Código Procesal Civil. Es mi voto.

A su turno, el Doctor MANUEL RAMÍREZ CANDIA dijo: Antes del análisis de la cuestión sometida a estudio, considero pertinente señalar que el presente expediente ha quedado en autos para resolver en fecha 2 de noviembre de 2011 (fs. 65), ingresando a mi gabinete para su estudio y resolución en el mes de septiembre del año 2020, por lo que el exceso temporal para dictar resolución no es de mi responsabilidad. La excesiva demora para dlctar resolución en la presente acción, amerita la realización de una auditoría de gestión, a fin de deslindar responsabilidades, pues desde que la acción fue promovida (13 de Junio de 2011) han transcurrido más de 9 años sin que la Corte Suprema de Justicia se expida en relación al planteamiento del accionante.-- Por este motivo, corresponde la remisión de los antecedentes de l :1 presente acción a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional del Poder udicial.

En cuanto al estudio de la acción promovida, me adhiero a los fundamentos expuestos por el Ministro preopinante que rechaza la presente acción de inconstitucionalidad, pues los argumentos expuestos por la parte accionante únicamente constituyen una disconformidad con el fallo impugnado, siendo la acción de inconstitucionalidad una vía para preservar la constitucionalidad de las decisiones judiciales y no se percibe que el fallo impugnado haya incumplido en alguna causal que lo convierta en una sentencia arbitraria. Es mi voto.

A su turno, el Doctor VICTOR RÍOS OJEDA dijo:

1.Adhiero al voto del Ministro Eugenio Jiménez y agrego cuanto sigue: - 2.La caducidad de instancia que se declara en un proceso, luego de que en el mismo se haya dictado de una sentencia definitiva, a mi modo de ver, resulta absolutamente improcedente. Me permito justificar esta postura a partir de las siguientes consideraciones: --- 3.De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 del CPC, cuando se dicta una sentencia definitiva, opera el principio de preclusión, en tanto dicho artículo dispone que por la cosa juzgada el mismo se concretiza. A su vez, por el artículo 145 del mismo cuerpo legal, también opera ese principio, cuando no se han ejercido eventuales derechos dentro de los 4.Por otra parte una declaración de caducidad luego de dictada la sentencia definitiva, no consulta el principio de finalidad, pues debe tenerse presente que el objeto de la caducidad es poner fin al proceso y, del mismo modo, la sentencia definitiva tambié11 tiene esa finalidad, pues resuelve el derecho sustantivo causando cosa juzgada respecto a a cuestión sometida lA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: l· , "JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE C/ ROSALBA GONZALEZ VDA. DE SAMANIEGO Y STELLA SAMANIEGO DE CENTURIÓN S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA". AÑO: 2011. Nº , !Sult a paradójico por absurdo, que, so pretexto de la no eternización y liberación de lal ca udiciales de los juzgados, se decrete la caducidad de un juicio ya resuelto.

efinitiva, debe concluirse que la declaración de caducidad en primera instancia resultó desacertada por improcedente, cuando ya fue dictada una sentencia definitiva, por lo cual, la impugnación de la acertada revocación por parte del Tribunal -en esta acción de inconstitucionalidad-no encuentra justificación atendible.

7.Vale recordar que, en un caso similar, el Ministro Martínez Simón expresó: " ... la caducidad debe ser entendida tanto en una faz subjetiva como objetiva, de lo cual se deducía, en último caso, que el fin perseguido por dicha institución es la de liberar al Estado de la carga que conlleva la existencia de un proceso judicial. De ahí se sigue que, una vez que ya se ha dictado sentencia definitiva, carece de todo sentido práctico declarar operada la caducidad, pues, por un lado, ya ni siquiera existe instancia, dado que ésta se ha visto clausurada precisamente con el pronunciamiento de la sentencia, y, por otro, ya la ratio de la norma misma no subsiste, pues el Estado ya ha cumplido con el deber de pronunciarse sobre el litigio, que pesaba sobre él, y, por ende, ya ha cumplido con el fin tutelado por el instituto de la caducidad1 8.Por otra parte, no puede dejar de resaltarse que la sentencia dictada poseía las cualidades de estar consentida, firme y ejecutoriada, por tanto, un nuevo análisis del caso vulneraría el artículo 17 numeral 4 de la Constitución Nacional, en tanto no se pueden reabrir procesos 9.En tal sentido, Fenochietto recuerda que· "El respeto a la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional, y por ello no es susceptible de alteración ni aun por vía de la invocación de leyes de orden público, pues la estabilidad de las sentencias, en la m(¡;dida en que constituyen un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior2".

10.Finalmente, en los autos recurridos se aprecian razones normativas y fácticas correctamente desplegadas en la argumentación analitica, por lo cual tampoco se observan vicios que atenten contra los principios de igualdad y debido proceso, o el deber de los jueces de fundar sus decisiones en la Constitución y en la ley que merezcan, stre, una eventual declaración de n · astas a la perdidosa. Es mi voto.

ado el acto, firmando SS.EE., todo que enci inmediatamente sigue:

SENTENCIA NÚMERO: J f}o Asunción, 1,o de de 2024.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

RECHAZAR la Acción de lnconstitucionalidad promovida pcr el Señor JUAN ALBERTO SAMANIEGO GON · Z, conforme a los términos expues1 os en el exordio de e conformidad al art. 192 del C.P C. O SECRE7 AAIA :'.'!° JUDICIAL. l Dr. Víctor Ríos Ojeda Minbtro