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Acuerdo y Sentencia N° 1016/2024

9 de octubre de 2024

CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: R.H.P DE HON. DELABG. GUSTAVO JAVIER VAZQUEZ EN EL JUICIO: BANCO NACIONAL DE FOMENTO C/ INDUSTRIAL COMERCIAL SAN FERNANDO S.A. S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA"AÑO: 2022. Nº: 2802.

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Y SENTENCIA NÚMERO: "CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: R.H.P DE HON. DELABG. GUSTAVO JAVIER VAZQUEZ EN EL JUICIO: BANCO COMERCIAL SAN FERNANDO S.A. SI EJECUCIÓN HIPOTECARIA"AÑO: 2022. Nº: wdli,.m'és de c.,, 6 del año dos mil v 12 1 " L<,, 't , estando en la Sala de Acuerdos de la uprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, F GUSTAVO SANTANDER DANS, . VÍCTOR RÍOS OJEDA y CÉSAR DIÉSEL HANNS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: R.H.P DE HON. DEL ABG. GUSTAVO JAVIER VAZQUEZ EN EL JUICIO: BANCO NACIONAL DE FOMENTO C/ INDUSTRIAL COMERCIAL SAN FERNANDO S.A. S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA", a fin de resolver la Consulta Constitucional elevada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIÉSEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.

A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Mediante A.I.

Nº340 de fecha 12 de julio de 2022 , el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigési rimer Turno de la Capital , resuelve remitir estos autos a la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de que la misma declare si el Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reorde amient Administrativo y de Adecuación Fiscal" es o no constitucional.

F ente al i perativo de aplicar la ley que rige la materia, el Juzgado requirente considera que I eferido rt. 29 de la Ley Nº 2421/04 podría quebrantar la garantía constitucional de la igua d , y, niendo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad puede producirse sola e te n el seno de la Sala Constitucional o por decisión del Pleno de la Corte, remite est s os para esta SaJa se expida respecto de la constitucionalidad -o no- del aludido , c.. supuestos como el sub examine, la ley prevé expresamente una vía, la indicad en s bre la c nstitucionalidad de la ley, decreto o disposición de que se trata, ya sea firmativ o negativam te. El texto del referido artículo dice, en el inciso señalado: "Art. 18. Faculta es ord;P_.atoria~s-e---i(lstructorias. Los jueces y tribunales podrán, aún sin requerimient de parte: a) remitir el expetitente a la Corte Suprema de Justi , e ec a la providenci de auto , a J Gustavo.E. Santander Dans Dr. Víct N1nistro Cesar M. Oiese1 JUnghanns Mlnitro CSJ, los efectos previstos por el Artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... ".

A pesar del uso, en la práctica tribunalicia, del término "consulta" para referirse a la vía procesal prevista en el citado Art. 18, inciso "a)", procediéndose -incluso- a usar el término en el caratulado del expediente respectivo (como se ve también en estos autos), dicha vía, por su naturaleza, lejos está de constituirse en una "consulta", en el sentido del requerimiento de una simple información, opinión o consejo. El trámite causa un pronunciamiento, por lo que mal podría admitirse que el uso cotidiano e impropio de un nombre para designar cierto trámite, Delimitada la procedencia y finalidad de ésta vía, corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Art. 18 del C.P.C. para la viabilidad de este planteamiento.

Ellos son: 1) La ejecutoriedad de la providencia de autos; y, 2) La mención por el requirente de la disposición normativa acerca de cuya constitucionalidad tiene duda, así como de los preceptos constitucionales que presume son vulnerados por aquella, expresando claramente Debe señalarse que al tratarse de la constitucionalidad de una disposición legal atinente a los honorarios profesionales, no es dable exigir razonablemente el cumplimiento del primer requisito de viabilidad señalado mas arriba -próvidencia de "autos" ejecutoriada- dada que la solicitud de la regulación de honorarios se resuelve directamente, sin llamarse "autos". Esto Con respecto al segundo requisito -fundamentación suficiente de la duda-, el mismo se halla cumplido en la especie, con los arqurnentos expuestos por el Juzgado acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Dicho esto, paso a tratar el tema que El Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal", establece: "En los juicios en que el Estado Paraguayo y sus entes citados en el Artículo 3de la Ley Nº 1535/99 "De Administración Financiera del Estado", actúe como demandante o demandado, en cualquiera de los casos, su rnsponsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuado en su representación o en representación de la contraparte, sean en relación de dependencia o no, no podrán exceder del 50(cincuenta por ciento) del mínimo legal, hasta cuyo importe deberán atenerse los jueces de la República para regular los honorarios a costa del Estado. Queda modificada la Ley Nº 1376188 "Arancel de Abogados y Procuradores", conforme a esta disposición".

Considero que cuando las normas crean desigualdades ante casos similares, dando un tratamiento distinto a uno y otro, se infringe la garantía constitucional de igualdad, consagrada en el Art. 46 de la Carta Magna, que establece: "Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios". Asimismo, el Art. 47, dispone: "El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará De tal garantía constitucional, se deduce que la igualdad jurídica consiste en que la ley debe ser igual para todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, y que no se "CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: RH.P DE HON. DELABG. GUSTAVO JAVIER VAZQUEZ EN EL JUICIO: BANCO COMERCIAL SAN FERNANDO S.A. SI EJECUCIÓN HIPOTECARIA"AÑO: 2022. Nº: En relación con el tema sometido a consideración de esta Sala, se puede percibir que la disposición legal objetada -Art. 29 de la Ley Nº 2421/04- lesiona ostensiblemente la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al establecer que en el caso en que las costas se irnponqanal Estado o a sus entes citados en el Art. 3º de la ley 1535/99, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de todos los abogados intervinientes, no podrá exceder el 50del arancel mínimo legal dispuesto por la Ley Nº 1376/88 de honorarios de Abogados y Procuradores, hasta cuyo importe deben atenerse los jueces al Si el Estado como persona jurídica debe litigar con un particular, lo debe hacer en igualdad de condiciones, y el hecho de resultar perdidoso, mal puede constituir una razón para reducir las costas del juicio, en detrimento del derecho de los profesionales intervinientes a Según Gregario Badeni: " ... la igualdad que prevé la Constitución significa que la ley debe ofrecer iguales soluciones para todos los que se encuentran en igualdad de condiciones y circunstancias. Asimismo, que no se pueden establecer excepciones o privilegios que reconozcan a ciertas personas lo que, en iguales circunstancias, se desconozca respecto de otras ... ". (Badeni, Gregario. Instituciones de Derecho esa misma línea, señala Zarini que el concepto de igualdad debe tomarse en senti o amph . No solo la igualdad ante la ley como expresa textualmente el Art. 46, sino en la va ta acepción con que la emplea Bidart Campos: "igualdad jurídica". Es ci , que no es sólo la igualdad ante el legislador que sanciona la ley, sino también an todo act normativo (decreto, resolución, ordenanza, etc.). Se extiende, además, a los tros ca pos de actuación del Estado (igualdad ante la Administración y ante la juns icció y comprende, asimismo, la esfera privada (igualdad ante y entre partí ul s) ... ". (Zarini, Helio Juan, obra "Derecho Constitucional", Editorial Astrea, Bs.

"........,. precedentes .citas doctrinales sustentan nuestra tesitura, en el sentido AUe la de igualdad ante ley debe ser observada también por el Estado y sus ntes n su 0 e-! fa1ción con IÓs particulares, no solo en el ámbito administrativo, sino también n el á bito ..,,,, f,1urisdicci nal. Contrariamente a lo dicho, la norma legal cuestionada propicia un rato privilegi . e:ra-:-f--av r del Estado y en perjuicio de los abo ados que intervienen n las ca sas en I que aquél e parte, ya sea como demandant emandado.

Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ, Ministro Por los fundamentos que anteceden, considero que corresponde declarar la inconstitucionalidad del Art. 29 de la Ley N.º 2421/04 en este caso, por ser violatorio de la garantía constitucional de la igualdad consagrada en los Arts. 46 y 47 de la Constitución. VOTO 1. Por A.I.Nº340 de fecha 12 de julio de 2022, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Primer Turno de la Capital, se ordenó la remisión de los autos "JUICIO: REGULACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO GUSTAVO JAVIER VÁZQUEZ EN EL JUICIO: BANCO NACIONAL DE FORMENTO C/ INDUSTRIAL COMERCIAL SAN FERNANDO S.A S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA" a la Corte Suprema de 2. La citada remisión, dice el fallo, fue realizada en virtud a lo establecido en el art. 18 inc.

a) del Código Procesal Civil, a efectos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la constitucionalidad o no del Art. 29 de la ley 2421/04, disposición que el Juzgado considera aplicable al caso de Regulación de honorarios arriba referido.

3. El artículo 18 del Código Procesal Civil, establece cuanto sigue: "Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicie, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... ".

4. En primer lugar, la norma de remisión contenida en el artículo 18 inciso a) del Código Procesal Civil, que faculta la elevación de los autos a la Corte a los efectos previstos en el Ahículo 200 de la Constitución, se refiere, en realidad, a la Constitución dictada en el año 1967 que a la fecha se encuentra total y absolutamente derogada. Cabe aclarar que el propio artículo 200 de la Constitución de 1967 tampoco hacía referencia a la vía de la consulta constitucional, contemplando únicamente la acción y excepción de inconstitucionalidad. Es decir, "el artículo 18 inciso a) hace una remisión a una Constitución derogada que en su propio contenido desconoce la existencia de la vía que motiva la remisión en primer lugar."1 5. En definitiva, las normas citadas en el punto anterior, aprobadas en plena dictadura, quedaron automáticamente sin el más mínimo sustento en nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho, a partir de la Constitución de 1992. Cabe apuntar que las leyes aprobadas en democracia tienen mayor legitimidad, o como bien señalaba Carlos Santiago 6. El Artículo 137 de la Constitución Nacional vigente, es claro en cuanto a la prelación de las normas jurídicas, y contundente al determinar que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en ella.

En la Carta Magna del año 1.967, encontramos por primera vez regulado de forma expresa el control constitucional, concretamente en su artículo 200. El mismo rezaba cuanto sigue: "La Corte Suprema de Justicia tendrá facultad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución, en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso. El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Corte Suprema de Justicia, y por excepción en cualquier instancia, ' se elevarán sus antecedentes a dicha Corte. El incidente no suspenderá el juicio, que proseguirá hasta el estado de sentencia". - Ortiz Rodríguez, J. F. (2017). Control Constitucional - la consulta constitucional. Revista Jurídica De La Universidad Americana, 5(1). Recuperado a partir de https :/ / revistaci entifi ca. u a me rica na. ed u. py /i ndex. ph p/ revista ju ridica u a/ a rticl e/vi ew /171.

Nino, Cs.- Etica y Derechos Humanos. Bs As., Astrea.1989. CORTE SUPREMA --,..'4 DEJUSTICIA sc-7)?:''.!,:E:--. o a la administración de justicia, el Artículo 247 de nuestra carta magna, al tiempo d, alar que el poder judicial en todas sus instancias es el custodio de la misma, s, t, 1'"" a función de interpretar, cumplir y hacerla cumplir. Es importante también agregar '' Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha precisado que los Estados no solo deben realizar el control de constitucionalidad, slno también el de convencionalidad, "evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes ... "3 , estableciendo, finalmente, que el control de convencionalidad recae en "cualquier autoridad pública y no solamente el Poder Judiciaf'4 RH.P DE HON. DEL ABG. GUSTAVO JAVIER VAZQUEZ EN EL JUICIO: BANCO COMERCIAL SAN FERNANDO S.A. S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA"AÑO: 2022. Nº: 8. Respecto al caso sometido a estudio - consulta constitucional, las leyes dictadas con posterioridad a la Constitución del año 1992, carecen de regulación sobre el tema. Establecida nuestra tesis de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control de constitucionalidad -mal denominada consulta constituciona/5 - cabe ahora preguntarse ¿qué camino debe seguir un juzgador ante la situación de tener que resolver un litigio al que resulta aplicable una norma que considera inconstitucional? La respuesta se encuentra establecida en la norma fundamental y es coherente con todo nuestro diseño constitucional. La interpretación de normas constitucionales y convencionales es una labor que compete a todos los órganos del Poder Judicial, y a todas las autoridades con competencia para aplicar normas jurídicas, no es competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, que sí tiene la facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones judiciales 9. Néstor Pedro Sagüés, enseña que la interpretación por parte de todos los miembros del Poder Judicial, se corresponde con la dimensión "constructiva" del Control de Constitucionalidad. En ese sentido, expresa que" ... en rigor de verdad, en este trabajo, todos los jueces son jueces constitucionales ... ningún juez podría darse el lujo de hacer funcionar una norma subconstitucional, prescindiendo del enfoque constitucionalista de esa misma norma. Es decir, que le toca, inevitablemente, interpretarla, adaptarla, conformarla, armonizarla, rescatar/a, reciclarla y aplicarla, seqún la Constitución"6 10. Juan Carlos Mendonca, concretamente afirmó: "Hoy día, bajo la viqenc) Constitución de 1992, la cuestión quedó resuelta en el sentido apuntado: a f, vor competencia de todos los órganos jurisdiccionales para hacer la interpret ción d Constitución, como integrantes del Poder Judicial. O sea que la facultad d contra es ? . prtda e 117 este caso por la Corte Suma de Justicia con los de ás órg nos Gustav - sDr. ' ' . los Ojeda PreliminarENl,ifii:md:l>aracion'es y ostas.

Corte IDH. Sentencia de 24 de feb ero de 2 l. Fondo y eparaciones y Costas. Caso Gelman vs. Uruguay. "No es una consulta que el Juez Tribunal ormula a a Corte Suprema de Justicia. Es un sometimiento oficioso de una cuestión constitucional; es decir, u sometí i nto de icio a la Corte Suprema de Justicia en una cuestión en que la norma aplicable a la solución del conflict puede e inc stituciono!" Mendonca, J.C. 2007). Cuestiones constitucionales p.86). nea. lntercontinental Editora. 201 l. Pág. 4 7. 11. Puntualmente, respecto de esta norma, también, Juan Carlos Mendonca, advertía que: " ... la norma consagra dos principios: 'el de la tex superior', al declarar que la Constitución es la ley suprema de la República; y el principio de Jerarquía', al establecer el orden de prelación de los instrumentos normativos, que lleva la consecuencia de que la norma más débil cede ante la norma más fuerte. En lo cual consiste finalmente, el principio de !ex supetior",

12. El principio de supremacía constitucional "postula que todo el complejo normativo jurídico se organiza en base a un orden de prelación de normas que necesariamente debe ser respetado a fin de evitar contradicciones internas que hagan colapsar el sistema. Según el modelo adoptado (o si se prefiere, adaptado) por la República del Paraguay, es la Corte Suprema de Justicia la encargada final de velar por el respeto y el mantenimiento de dicho orden". 9 13. Pablo Villalba Bernié, ha dicho de manera lúcida que "La noción de supremacía constitucional es uno de los puntos angulares sobre los que reposa el ordenamiento jurídico, implicando reconocer a la Constitución como norma fundamental del Estado, ubicada en la cima de la pirámide jurídica, todo el ejido legal estructurado alrededor del imperio de la Constitución, nada por sobre ella, todo dentro de ella. Trasluce erigir a la Constitución en fuente y fundamento del orden legal, cuya misión fundamental consiste en regular la vida humana en sociedad'1 14. Finalmente, el Dr. Manuel Ramírez Candia, sin duda, ya expresó con anterioridad la tesis que hoy sostenemos, al referir que: " ... para dejar de aplicar una norma que se considera inconstitucional no se requiere que previamente sea declarada su inconstitucionalidad, pues el magistrado tiene la obligación de fundar su fallo, en primer lugar, en la Constitución, por lo que de encontrar una antinomia entre la Constitución y la ley, debe proceder a la aplicación de la Constitución, en aplicación al criterio de jerarquía. Esto implica que el magistrado podrá dejar de aplicar la ley que reputa inconstitucional, por el criterio de jerarquía como mecanismo de resolución de antinomia, sin necesidad de requerir la declaración de inconstitucionalidad por vía de la Consulta "11 15. En definitiva, en todo proceso, el juzgador, cualquiera fuera su instancia, al advertir la incompatibilidad de un acto normativo cualquiera aplicable al caso, con principios, derechos y garantías constitucionales; deberá -por el principio de jerarquía- aplicar directamente la Constitución o los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados y ratificados por el Paraguay, es decir, todos los jueces y todas las juezas de la República deben ejercer los controles de constitucionalidad y convencionalidad de las leyes. Con ello se satisface igualmente el mandato del artículo 256 de la norma fundamental, que, con claridad y, en primer término, expresa: "Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución ... ". - 16. En consecuencia, ante la falta de normas que estipulen la vía de consulta como mecanismo de control de constitucionalidad y en atención a las facultades interpretativas y de aplicación con que cuentan todos los jueces de la República, la pretensión esbozada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Primer Turno de la Capital, A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: Comparto la opinión del Dr. Víctor Ríos La interpretación Literal en el Derecho. Juan Carlos Mendonca. lntercontinental. Afio 2016. Pág. 85.

Amaya, J. A. (2014). La Jurisdicción Constitucional. Asunción, Paraguay: La Ley Paraguaya. Pág.88. Villalba Bernié, Pablo, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, La Ley Paraguaya, Asunción, Control de Constitucionalidad. Manuel Ramírez Candia. Arandurá.2019. Pág. 75 "CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: RH.P DE HON. DEL ABG. GUSTAVO JAVIER VAZQUEZ EN EL JUICIO: BANCO COMERCIAL SAN FERNANDO S.A. SI EJECUCIÓN HIPOTECARIA"AÑO: 2022. Nº: .. ,Jtfqda, sostenemos la improcedencia de la pretendida consulta en razón de los sigútét!lt'Efü fupentos. En primer lugar; surge la discusión relacionada a la vigencia del art.

numerYa)?fel Código Procesal Civil. Respecto a la normativa aludida es preciso realizar ordenatorias e instructorias. Los Jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de ,Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... " (Sic). Ahora bien, convengamos que la remisión aludida se refiere a un artículo contenido en la Constitución de 1967 que ha sido derogado por la Ley Fundamental de 1992 vigente actualmente, entonces, evidentemente la normativa del ritual procesal que estriba en un artículo constitucional abolido ha quedado sin soporte. Sin embargo, sostenemos que la práctica anterior del rodaje procesal fue ocasionando el error de su remisión a una norma que evidentemente no contenía en su plexo facultativo evacuar la mentada consulta, incluso en el Abordando las disposiciones relacionadas a las potestades de la máxima instancia, el art.

259 de la Constitución Nacional donde establece los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, no se incluye la facultad de evacuar consultas constitucionales. También se descarta tal posibilidad en el art. 260 de la Carta Magna, reférida a los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional. En efecto, el artículo 259 de la Ley Fundamental, en disposición única referida a las cuestiones constitucionales, dispone en su numeral 5 el deber y la atribución de "conocer y resolver sobre inconstitucionalidad". A su vez, en el art. 260 la Carta Magna, con respecto a los deberes y atribuciones concretos y exclusivos de la Sala Constitucional menciona: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leves y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso; 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución ", agregando que el procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los , irna instancia judicial en reiterados pronunciamientos ha dejado sentado de que solo pu den i iciar la acción de inconstitucionalidad quienes se ven directamente afectados por la arma o resolución judicial qué reputan de inconstitucional, conforme al art. 550 del , dig Preces I Civil que dispone: "Toda persona lesionada en su legítimo derecho por leyes, de re os, regl mentas, ordenanzas municipeies, resoluciones u otros actos administrativos qu i frinjan n su aplicación, principios o normas de la Constitución, tendrá facultades de pro ver te la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo est b ci o por disposiciones de este Capítulo". Así también el art. 552 del mismo cuerpo legal es b ce: " Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de JusJ! ia, I actor ra claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridéf, imp nado, ls caso, la disposición inconstitucional. Citará además, la norma, der. cho, ex ción, ,, f1,-; 1 o tuia io que sostenga haberse infringido, fundando en términos ti ros y con retos S"'"t on" Sic). bre el punto, es importantieñ la promoción de una accf n de Gustavo E. Santander Dans Cesar M. Dier Junghanns Ministro cs.1. 7 inconstitucionalidad implica acreditar la titularidad de un interés particular y directo, en contrapartida, se han dado andamiaje a consultas constitucionales remitida por jueces y Tribunales, quienes no se encuentran legitimados para hacerlo.

En concreto, de las normas constitucionales transcriptas precedentemente no surge que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tenga como deber y atribución entender las consultas remitidas por los Jueces y Tribunales, pues su competencia está limitada a conocer y resolver la inconstitucionalidad de actos normativos y de resoluciones judiciales contrarios a la Carta Magna, únicamente por las vías procesales de la acción y excepción. En ese contexto, estando taxativamente establecidas por la Ley Fundamental las facultades de esta Sala y no encontrándose comprendida entre ellas la de evacuar consultas, dicha figura Los Jueces de cualquier rango, fuero y jurisdicción están obligados a fundar sus resoluciones en las disposiciones constitucionales y legales (Art. 256 CN y 15 inc. b CPC), y deberán hacerlo, conscientes de que sus fallos estarán sujetos a revisión por los superiores en cumplimiento del doble conforme, con advertencia de nulidad en caso de incumplimiento, en estricto mandamiento del art. 137 de la Carga Magna. Además, sería un contrasentido que los magistrados apliquen una norma reputada inconstitucional a sabiendas, siendo dicho control fundamental y obligatorio de la función jurisdiccional interpretar y aplicar el derecho positivo nacional vigente, inclusive el control de convencionalidad en cada proceso. Son las partes litigantes las que, eventualmente, han de objetar la constitucionalidad de las normas aplicadas en la decisión del caso que les ocupa e importa, para lo cual tienen los resortes Coincidente con nuestra línea de pensamiento un autorizado en la materia como Germán José Bidart Campos afirma: " ... en control de constitucionalidad hace parte esencial e ineludible de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso, y por eso debe efectuarse por el juez aunque no se le pida la parte, porque configura un aspecto del iura novit curia. El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene prioridad constitucional.

Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esa mala aplicación - derivada de no preferir la norma que por su rango preva/ente ha de regir el caso - no se purga por el hecho de que nadie haya cuestionado la inconstitucionalidad. Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la constitucionalidad dentro de lo más estricto de su función. Negar aplicación a una norma inconstitucional sin petición de parte es solo y exclusivamente cumplir con la obligación judicial de decidir un "conflicto de derecho" entre normas antagónicas y rehusar la utilización de la que ha quebrado la congruencia del orden jurídico. De aquí arranca el siguiente enunciado: cada vez que un juez al dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad, debe declararla por sí mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del "iure novit curia" y de la obligación de aplicar bien el derecho que rige la causa ... " (Bidart Campos, Germán. La interpretación y el control constitucional en la jurisdicción constitucional. Bs As, Ediar, 1º Ed. 1987, pág. 154).

Sostenemos que la Sala Constitucional carece de atribuciones para evacuar consultas, inclusive desde un punto de vista práctico, seguir haciéndolo desemboca en un prejuzgamiento evidente, y una disipación redundante de la actividad jurisdiccional.

En atención a las consideraciones que anteceden, la pretendida consulta debe ser rechazad a por improcedente. Es mi voto. : CO,RTE SUPREMA .L_ DEJUSTICIA u

.., (J( "CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: RH.P DE HON. DELABG. GUSTAVO JAVIER VAZQUEZ EN EL JUICIO: BANCO COMERCIAL SAN FERNANDO S.A. SI EJECUCIÓN HIPOTECARIA"AÑO: 2022. Nº: do SS.EE., todo por anti mí, d que tamente sigue: j_

Cesar M. Diesel Junghanns Ante mí:Gi ,z avo E. Santander Dans Minis'i:ro Dr. Víctor Ríos Ojeda Mitlistro SENTENCIA NÚMER : 11 oA b y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antebeden, la Excelentísima,