Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.
A LA CUESTION PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: La
Sra. PATRICIA RAMO NA VALLEJOS, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA¡CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga d a on la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o esente caso, la Sra. PATRICIA RAMO NA VALLEJOS, se presenta ante esta ia a efe ctos de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa e ontra a contraria a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición , ada stablece una discriminación n contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer so o s funcionafios bancarios .que cuenten con un'a antigüedad superior a'diez años podrán r irar us aportes jubilatorios en caso de .desvincularse de la entidad en que presten servicios, o al es violatorio del principio de igµaldad y el derecho de propiedad privada. Funda la presejj cion en los Arts. 46 47 103 y: 109 de la Constitución Nacional.
se.cr !f,iO primer parágrafo otorga el derdcho a la1 devolución de 1ds aportes a los afiliados de a aja de.. ac1one Pensiones de Empleados ancarioquienes hubiren fung4º. 1calida de f c10 nos desped dos, cesados o qu;e se, hub;1eren retir , ente h, itándolo Cesar M. Diesel Jungh: Ministro CSJ. Gu;tavo E. Santander:Dans Ministro con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Cada Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá 'ser extendida a todos .los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines ' Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su .devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.- A :0-n de :complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra CartaMagna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y, cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.
88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamentecontemplado en el silencio enumerativo de tl normativa, la extensión del art. 45 -De i'oderechos y garantías no enunciados- permite intepretcones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todolos tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a, los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art: 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucio 1 : or tanto, para ograr.e reconoc1mientq, e a:prsona en sigru a y en smtegn a , con el objeto de lograr la objetivación de 1J ,igualdad¡ dlos trabaj 1a:dores en el ejercicio de sus dérechos en forma amplia e¡ integral resultasí nes,sc1-rio presciqqir la aplicación¡ del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2.856/06 al caso 1 eoncreto, en la parte dlíJ.de se exige una, antigüedad mínima de diez años para preceder al retiro de los aportes jubilatorios.
'---.:, En conclusión, de lo precedentemente expekt9 y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer gar a la 1acción de inconstitucionalidad promovida; y .en consecuencia declarar 1J inaplicabilida del p1"iner párrafo del rt. 41 de la Ley 2856/06 al 1o concreto, en la pare dopde se exige u antigüepad mínima de diez añs para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de confor idad al A:rt.! 555 del C.R .C. Es 1111 voto.L ;i :Tal y como lo Ha relajado lfl actora, la' misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46y 47º de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46De la .igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios ' "Artioulo 47" -De las garantias de la ifiualdad:. El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2la igualdadiante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y lacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacad delimi a la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensio es de E pleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del atrimoni ", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera pa e: "Dosfori.ds y rentas que se'obtengan-de.conformidad cori las disposiciones de esta Ley, ' i ' son d exc usiv propiedad de los' beneficiarios de la Caja". , ' ; En te punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: pr dad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las tab idas e(as leyes ... " (Cabanellas, G.: "Diccionario'Enciclopédico de Derecho E tori idsta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).
¡ Minist¡ro 1 qJ. 1,, Gustavo .
Ministro 101Ríos 1e Mi1ütitl"O proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados. a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas q,ue se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita !GJ transcripto con condicionamientos qve, bajo pena, de pérdida de esos derechos en caso dincumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios q 1ue ... ;todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de' sus disposiciones En las condiciones apuntadas sure evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que .implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como eel; caso del accionante ihayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución .sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, eri abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la; señora PATRICIA RAMO NA VALLEJOS, circunstancia que también colisiona con. la garantía constitucional contenida en el artículo 190 de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su funcián económica y social, a fin de Por las consideraciones expuestas y : en concordancia 'con el parecer del; Ministerio Público,. corresponde hacer lugar a la acción y 'en,consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios delParaguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. PATRICIA RAMO NA VALLEJOS, ello de conformidad a lo establecido 1.- La señora PATRICIA RAMO NA VALLEJOS, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 103 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción m,anifestando, entre otras cosas, que " ... La norma atacada por esta acción LESIONA GRAVEMENTE MIS DERECHOS Dt: IGUALDAD Y P ROP JEDAD- por ellos estoy debidamente legitimada pana su e'jeri'cio-.:. ".f
L 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice. "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la 1ubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar 5.-Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9º Y'I0 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTEN1BILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1 º dice: "Art.
9.- ( .. .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación1 aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVIIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nó J 626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, aiustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas, y subrayado son míos).
6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, !al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en ua total desigualdad ante funcionarios q'el Estado, en ;generl. Es, vdente que la ímedida cuestiona:da¡' atenta cbntra los principios consagrados en1 lds Artículos 46 "De la Igualdad dlas Personasl') 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a la dev lución de aportes presc 1ibirá 'desphls de tres años del retiro del afiliado de su traba", entie do que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, ctual ente ne esito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurtdi os objetos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sist a jurídi o la jurisprudencia no tiene caráter determinante 1:(;vinculante; esta característica per i e' ma r flexibilidad en la actuacióndel órgano jurisdiccional, quien puede rever un crit ri a erior, .siempre que exista mérito para 'ello. Dicho, esto, me permito exponer lo importante destacar que 'todo ;orqern¡.miento jur'idico reconoce a las; personas C os subjetivos, y en tal tentido, el poder ª'exigir el cumplimiento de la norma, actuando n liberta para sitisfacér sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela su dere 'ho, pero no lo sujeta al IibJe albedrío, sino a la obligación de respe rlo sea forma tiva (obligación de hacer) o pasiva (obligación µ! no hacer), po encontr rse delimitado or, el interés general. De lahí surge la figura de la "prescripción' creada po el e?isldr cmppilar fuddamentl dll :orden y. 11 asoial p 1el propóit? de antenr 1 calma entre lo erntrartanos. Suformación se debe a la inflúe ia cle figuras ro anas contemd s en la Ley e 'las Doce Tab s creada para're alar la' ' , eblo ro ano.
- Cesar M.
Miistro CSJ. '! Gustavo S?ntander Dans: Ministro 1 Dr. Vícto. Ministro 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripcíén", como un elemento creador.de derechos que permite adquirir el dominio de cosas.ajenas (prescripción adquisitiva o. usucapiónjo bien como, un medio dliberarse de una.carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de,la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivode una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo.jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.-.
, 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo eri su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durahte el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy! impugnada, reuniendo los dos requisitos. que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder¡ de actuación abandonando su 11.- Como podemos apreciar, la norma 'impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados .activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre elparticular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja; entre. los .que se encuentran "los jubilados'.', quienes se encuentran en una situación de'mayor '-vulner1bili,dad. L Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos: financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable v(: .. ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (. .. )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional ( Art. 12 8 C .N. ) 13. - Todo lo relativo a' la seguridad social es incmbencia1 ''exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta eiinstituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último ysoberano en lo que dispone e11 irtícúlb 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a1 solicitar la devolución de aportes por parte del ' CGION' DE I ICONSTITUCIONALIDAD I?ROMOV.IDA POR ¡ PATRICIA RAMONA co RT E I VAULEJÓS C/ ART. 40 DE LA LEY Nº 41 DE este tenia la doctrinas,peclizada tiene¡por ;aclarado que"( ... ) Por todo lo la jurisprL I encia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconsti 1-c, iilidad respeco de las nornas ¡1r'e establecen plazode prescripción, señalando receptos reposan en princip,ios de¡ orden público, no, afi¡ectando la intangibilidad de o ereo, y "": "" ª:fS1 r uintere 1,UP,Tnor co ectivo, sp tva e recamar os a quien 15.- De tal modo tencirrlos, que si el'¡istituto es de esiricto 1 orden público y de interés para la sociedad entera, entone, su aplicaciqnlsi.ycuentra aml?araa,p;or lo que dispdne el Art. 128 de la CN, cuando menci9na que "En niY¡lgún J'aso el inters de ¡los,particulares primará sobre el interés general". Si no?lubicamos en elleríirafe de la notrna pbdemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(..) Por lo demás, también dijo la Corte que, la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (..)" (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento tle que uno de los fines del: Estado debe ser el resguardo del mteres general .
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialf11ente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la señora PATRICIA RAMONA VALLEJOS, la inaplicabilidad del Artfculo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condicián para la devolución de los aportes el requisito de e n r con una an,tigüedad superior a 1 O añbs, tjéndose incólume lo demás en todos su Ministro . -, Dr. Víctor Ríos Ojeda M.ini¡¡tr9 Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: A o-zq Asunción, de de 202 '-t.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en cons encia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las le s Nº 3/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Par guay", e la parte que condiciona a una antigüedad super- a diez años a los efectos de a devoluc ón de aporte jubilatorio, con relación a la Seña a P A RICIA RAMO NA V AL JOS, ello e conformidad a lo establecido en el Art. 555 el C.P. Cesar M. Díesel.Jungh Ante mí: Ministro CSJ. ,usfavo E. Santanaer Dans -- Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro