s;,cM'lWER Y SENTENCIA NUMERO: M, re'"' a 7 c1 f) co. 0ñ:f;ºcij d de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los v,uevdías, ctefm.é's"e 0br, del año dos mil 0e,, .,uo.4-r-o, estando en la Sala de Acuerdos de Corte prerna de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, .: Ets :.G,.,STAVO SANTANDER DANS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y CÉSAR DIESEL JU ANNS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR DAN ALBERTO GONZALEZ VERA Y OTROS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "ALDO ROJAS MELGAREJO, JOSE REYES, GUSTAVO CASTILLO, JAVIER SALDIVAR Y DAN ALBERTO GONZALEZ VERA / H.P. C/ FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES IMPRESCINDIBLES - PERTURBACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y H.P. C/LA SEGURIDAD DE CONVIVENCIA. DE LAS PERSONAS - USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS - EN TOBA TI", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por los Sres. Dan Alberto González Vera, Aldo Javier Rojas Melgarejo, Javier Saldivar Ozuna, Gustavo Javier Castillo Giménez y Antonio Reyes Arrúa, por sus propios derechos y bajo patrocinio de DAN ALBERTO GONZALEZ VERA Y OTROS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "ALDO ROJAS MELGAREJO, JOSE REYES, GUSTAVO CASTILLO, JAVIER SALDIVAR Y DAN ALBERTO GONZALEZ VERA S/ H.P. C/ FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES IMPRESCINDIBLES - PERTURBACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y H.P. C/LA SEGURIDAD DE CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS - USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS - EN TOBATI". AÑO: 2019. Nº: 1105.- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala, Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.
A la cuestión planteada, el Ministro Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: Es mi opinión que debe hacerse lugar parcialmente. a la acción de inconstitucionalidad, por los l.os accio antes alegan la inconstitucionalidad del A.I. Nº 423 de fecha 08 de abril de 2019, Ictado p r el Juzgado Penal de Garantías de Caacupé y del A.I. Nº 61 de fecha 16 de e 2019, dictado por el Tribunal de Apelación Penal de la Circunscripción Judicial de relaci n al auto de apertura (A.I. Nº 423), el accionante alega que es inconstitucional itrari dad por reunir caracteres de las sentencias arbitrarias y por obviar el control a etapa intermedia, omitiendo corroborar la existencia o no de fundamentos para el lento público, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 347 del C.P.P.
ción al auto emanado del órgano de alzada (A.I. Nº 61), el accionant manifie ta es in onstitucional pues genera un agravio irreparable: el incidente de preju icialidad o e impide que las excepciones o incident an tanteados por los mism s / Celiíilr M. Oiesel--Jünghanns Mlnlstrg CSJ, Gustavo E. antander Dans Ministro 1eda V'ctol' ¡OS Ministro motivos), por lo que se vulnera el Art. 11 y 137 de la C.N. y el principio de la doble instancia Respecto a la acción de inconstitucionalidad planteada contra el Al. Nº 423 de fecha 08 de abril de 2019, dictado por el Juzgado Penal de Garantías de Caacupé, desde ya opino que la misma debe ser rechazada. Este razonamiento obedece a que , sí bien los accionantes han realizado una amplia exposición referente a las normas aplicables y a la manera en la que las interpretan, el agravio derivado de este auto impugnado resulta un desacuerdo con el criterio interpretativo realizado por el magistrado A qua, por lo que no se observa vulneración Ah ora bien, en relación a la impugnación del Al. Nº 61 de fecha 16 de mayo de 2019, dictado por el Tribunal de Apelación Penal de la Circunscripción Judicial de Cordillera, opino que debe hacerse lugar a la acción de inconstitucionalidad, por los motivos que a continuación de apertura a juicio cuando en realidad no existe «fundamento serio» (requerimiento del Art.
347 C.P.P.) en la acusación fiscal presentada? Si esto ocurre, el error puede ser corregido en el juicio oral por medio de la producción probatoria en el marco de una audiencia pública; es decir, si el juez de etapa intermedia yerra en su valoración del mérito de la investigación y ordena el sometimiento a juicio pese a que los elementos de convicción no eran en realidad suficientes, esto se volverá patente en la producción probatoria en el juicio oral, corrigiéndose el error por medio de una sentencia absolutoria. Es por este motivo que la prohibición de apelación sólo del auto de apertura contenida en el Art. 461 in fine C.P.P. no viola el derecho a la doble instancia consagrado en el Art. 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica, y Sin embargo, es importante dejar aquí bien en claro que la prohibición de apelación del auto de apertura contenida en el Art. 461 in fine C.P.P. no se extiende a todas las El auto de apertura es una resolución que tiene una decisión fija (elevación a juicio oral y público) y otras ocasionales. Las decisiones ocasionales son las que se refieren a otras cuestiones que puedan ser discutidas en la audiencia preliminar, como por ejemplo la intervención de algún querellante adhesivo, la aplicación de alguna salida alternativa, la falta de algún presupuesto procesal para la apertura del juicio, etc. Estas decisiones son ocasionales porque su inclusión en el auto de apertura no se da siempre, sino solo cuando son planteadas y discutidas en la audiencia preliminar. Asimismo, si estas cuestiones no son planteadas en la audiencia preliminar y por tanto su análisis y decisión no se incluye en el auto de apertura, de igual forma el auto de apertura sigue De las decisiones ocasionales que pueden ser tomadas en el auto de apertura hay muchas cuya apelación se encuentra expresamente permitidas en el C.P.P. Algunos ejemplos son la decisión sobre la suspensión condicional del procedimiento (Ver Art. 461 lnc. 2 C.P.P.), la decisión sobre alguna excepción (Ver Art. 461 lnc. 3 C.P.P.), la decisión sobre el rechazo de la querella (Ver Arts. 292 in fine y 461 lnc. 6 C.P.P.) y la decisión sobre la extinción de la La prohibición de apelación contenida en el Art. 461 in fine C.P.P. busca regular solo el supuesto general (el auto de apertura en sí, sin decisiones accesorias). En este entendimiento, al concebir el análisis y decisión en el auto de apertura de otras cuestiones planteadas por las partes como excepciones al supuesto de hecho general, entonces podemos interpretar que las reglas que permiten la apelación en estos supuestos particulares operan como excepciones a la regla general que prohíben la apelación. De acuerdo a esto, el resultado es ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR DAN ALBERTO GONZALEZ VERA Y OTROS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "ALDO ROJAS MELGAREJO, JOSE REYES, GUSTAVO CASTILLO, JAVIER SALDIVAR Y DAN ALBERTO GONZALEZ VERA 5/ H.P. C/ FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES IMPRESCINDIBLES - PERTURBACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y H.P. C/LA SEGURIDAD DE CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS - USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS - EN TOBATI". AÑO: 2019. Nº: 1105.- de apertura es inapelable a menos que se estudien y analicen en él ,.. , ......... e u ya a pela e i ó n está permitida Corresponde. poner énfasis en que este criterio rige también para permitir la apelación del rechazo de planteamientos realizados en la audiencia preliminar que cuestionan los presupuestos para la realización del juicio oral, como por ejemplo el cumplimiento del plazo de prescripción, el cumplimiento del plazo de extinción, la ilegalidad de la obtención de elementos de convicción que sustentan la acusación, etc. Si bien no existe una disposición que haga referencia específica a la apelación de la decisión de estos planteamientos, estos son normalmente planteados mediante el ropaje de una «excepción» o un «incidente», cuya apelación sí está expresamente prevista dentro del Art. 461 lnc. 3 C.P.P. Este criterio sin embargo no sirve para permitir la apelación del rechazo de solicitudes de sobreseimiento, ya que los pedidos de sobreseimiento realizados en la audiencia preliminar no son «incidentes», sino son contestaciones a la acusación y solicitud de apertura a juicio del Ministerio Público.- Una interpretación judicial realizada para sostener la inapelabilidad del auto de apertura y de sus decisiones accesorias establece que mediante un control horizontal que ejerce el tribunal de sentencias, todos los planteamientos realizados en la audiencia preliminar pueden volver a ser realizados en la etapa incidental del juicio oral. Sin embargo, este razonamiento es falso, no todo lo planteado en la audiencia preliminar puede volver a ser estudiado en el juicio oral. Tres ejemplos pueden ser citados: i. el CPP establece expresamente en sus Arts.
19 in fine y 21 in fine que la solicitud de aplicación de un criterio de oportunidad o de una suspensión condicional del procedimiento solo puede ser realizada hasta el momento de la audiencia preliminar, razón por la cual.estas solicitudes ya no pueden ser realizadas en el juicio oral; ii. el CPP establece en su Art. 329 in fine que el rechazo de una excepción impedirá que sea deducida nuevamente por los mismos motivos y luego en su Art. 365 sobre la preparación de juicio se refiere ya solo a las excepciones "que se funden en hechos nuevos", de lo cual surge que si se rechaza una excepción en el auto de apertura, esta misma excepción ya no podrá r planteada en el juicio oral; iii. finalmente hay que tener en cuenta que si se rechaza I que lla adhesiva, el querellante ya no intervendrá en el juicio, razón por la cual fácticarn nte la olicitud de intervención por medio de querella adhesiva ya no podrá volver a iendo n cuenta lo expuesto, corresponde estudiar si el referido A.I. Nº 61 de fecha ayo d 2019, dictado por el Tribunal de Apelación Penal de la Circunscripción Judicial ille ha vulnerado disposiciones de la Constitución Nacional.
Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos J Ministro en él, es decir, sin estudiar el incidente de prejudicialidad que ha sido objeto del recurso de apelación general, por encontrarse inserto en el referido auto.
: En materia convencional, la vulneración del Art. 8.2, Lit. h) de la Convención Americana de D.D.H.H. es explícita: la normativa dispone que toda persona procesada tiene garantías mínimas, una de las cuales es el derecho a recurrir las decisiones ante tribunales superiores. En el presente caso, al declarar un recurso como inadmisible, ocurrió exactamente lo contrario, por lo que es fehaciente que la garantía expresada ha sido suprimida: se negó el estudio por vía recursiva de cuestiones accesorias cuya apelación se encuentra expresamente permitida, que en el presente caso es el incidente de prejudicialidad que fuera rechazado en Finalmente, corresponde acotar que un fallo (o acto de autoridad) dictado en contravención a disposiciones legales, convencionales y de la propia constitución carecen de validez, de conformidad a la redacción del Art. 137 de la ley suprema. Uno de los fallos impugnados en el presente caso (Al. Nº 61 ), como se ha señalado anteriormente, reúne tales presupuestos, por lo que corresponde afirmar su carencia de validez.
Por todo lo expuesto, considero resolver: 1) NO HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad planteada por Dan Alberto González Vera, Aldo Javier Rojas Melgarejo, Javier Saldivar Ozuna, Gustavo Javier Castillo Giménez y Antonio Reyes Arrúa, todos por derecho propio y bajo patrocinio del Abg. Eugenio Giménez Torres en contra del A 1. Nº 423 de fecha 08 de abril de 2019, dictado por el Juzgado Penal de Garantías de Caacupé, y 2) HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad planteada por los mencionados contra el Al. Nº 61 de fecha 16 de mayo de 2019, dictado por el Tribunal de Apelación Penal de la Circunscripción Judicial de Cordillera, y en consecuencia, disponer la remisión del expediente al siguiente Tribunal de Apelación para resolver el recurso de apelación general promovido por aquellos, de conformidad al Art. 560 del C.P.C. Imponer costas a la parte vencida, de conformidad al Art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO.
1. La Acción de lnconstitucionalidad fue promovida por los Sres. Dan Alberto González Vera, Aldo Javier Rojas Melgarejo, Javier Saldivar Ozuna, Gustavo Javier Castillo Giménez y Antonio Reyes Arrúa, por derecho propio y bajo patrocinio del Abogado Eugenio Giménez Torres, contra el Al. Nº 423 de fecha 08 de abril de 2.019, dictado por el Juzgado Penal de Garantías del Primer Turno de Caacupé; y contra el Al. Nº 61 de fecha 16 de Mayo de 2.019, emanado del Tribunal de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Cordillera.--- 2. El Al. Nº 423 de fecha 08 de abril de 2.019, emanado del Juzgado Penal de Garantías del Primer Turno de Caacupé, resolvió entre otras cosas: "RECHAZAR el incidente de prejudicialidad impetrado por la defensa, por los fundamentos esgrimidos en el considerando de la presente resolución ... Ordenar la apertura de juicio oral y público ... ".
3. El Auto Interlocutorio Nº 61 de fecha 16 de mayo de 2.019, emanado del Tribunal de Apelación de Cordillera, que resolvió: "DECLARAR INADMISIBLE el Recurso de Apelación General interpuesto por la Defensa Técnica contra el A.I. Nº 423 de fecha 08 de abril de 4. Alegan con respecto al Al. Nº 423 de fecha 08 de abril de 2.019, que la misma es inconstitucional por arbitrariedad al no estar fundada en la Ley, al violar lo establecido en las caracteres de las sentencias arbitrarias y por obviar el control propio de la etapa intermedia omitiendo corroborar la existencia o no de fundamentos para el enjuiciamiento público, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 347 del C.P.P. Seguidamente, exponen los agravios que le provoca el Al. Nº 61 de fecha 16/05/2019, emanado del Tribunal de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Cordillera, refiriendo en apretada síntesis que, este auto ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR DAN ALBERTO GONZALEZ VERA Y OTROS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "ALDO ROJAS MELGAREJO, JOSE REYES, GUSTAVO CASTILLO, JAVIER SALDIVAR Y DAN ALBERTO GONZALEZ VERA S/ H.P. C/ FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES IMPRESCINDIBLES - PERTURBACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y H.P. C/LA SEGURIDAD DE CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS - USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS - EN TOBA TI". AÑO: 2019. Nº: 1105.- " i [12 interlocutor'o:-,.<(j inconstitucional pues declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto; y al ser recao el incidente de prejudicialidad no podrá ser planteado. nuevamente en la " , q?-Q,, i' e juicio oral y público, esto vulnera los artículos 11 y 137 de la C.N. y se conculca el- cipio de la doble instancia consagrado en el Art. 8.2 del Pacto de San José de Costa 5. En cuanto a la impugnación del Auto Interlocutorio Nº 61 de fecha 16 de mayo de 2.019, emanado del Tribunal de Apelación de Cordillera, considero que la misma es inconstitucional, basado en los fundamentos que paso a exponer a continuación:
5.1. El Tribunal de Apelación declaró inadmisible el recurso de apelación general interpuesto por parte de la defensa técnica de los procesados (accionantes) contra el Al. Nº 423 del 08/04/2019, basado en las disposiciones contenidas en el Art. 461 del Código Procesal 6. Siguiendo el trámite procesal de la acción promovida, la Fiscalía Adjunta contestó el traslado por medio del Dictamen Nº 1757 de fecha 16 de agosto de 2.021, solicitando que la acción de inconstitucionalidad planteada sea rechazada, por improcedente.
7. Entrando al análisis de la acción impetrada, se observa que el primer agravio del accionante respecto al auto interlocutorio dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Caacupé, se centra en el hecho que los juzgadores aplicaron el art. 461 in fine del Código Procesal Penal, el cual prescribe: "Resoluciones apelables. El recurso de apelación procederá contra las siguientes resoluciones: ... No será recurrible el auto de apertura ajuicio", al dictar el Al. Nº 61 de fecha 16 de mayo de 2019, por el cual se resolvió: "DECLARAR INADMISIBLE el Recurso de Apelación General interpuesto por la Defensa . 4 1 in fine del CPP es inconstitucional en la parte que dispone: "Resoluciones apelables. El rec rso de apelación procederá contra las siguientes resoluciones: " ... No será rec le el auto e apertura a juicio", pues con la excusa de la irrecurribilidad de la apertura a ici o al y pú lico se priva al justiciable de someter a revisión del órgano superior otras c estio s gene almente resueltas en el auto de elevación, las que en la práctica adquieren a torid de c sa juzgada. Como en el caso en estudio, pues el Juez Penal de Garantías, 1 1 CIDENTE OE PREJUDICIALIDAD impetrado por la defensa en la audiencia in on íonal, pues es violatoria de la garantía mínima del reexamen o de la doble instancia, nsagra a en el art. 8 inc. 2) literal. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o acto d San José de Costa Rica, aprobada y ratificada por la República del PJ.!:agu , por Ley Nº 1 /8 , pues al estar incorporado a nuestro ordenamiento positivo tiene prer1inenca en relación al rt. 461 del CPP, conforme a lo previsto en el art. 137 de la Constitución Nacio al.- 8.2. El art. 461 última parte, del Código Procesal Penal, establece: "Resoluciores apela les.
El rec o de ap ciotr procederá centre las siguientes resoluciones: ... No sejrecurrib el aut 'de apertura aj icio". Al respecto, el auto de apertura a l_Yj.cicíés la resolució que pon fin . vo E. Santas Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Ministro , o 1ecla Víctor Rros pr. Minitro a la etapa intermedia y habilita la etapa de juicio oral y público. Esta resolución resulta del control ejercido por el Juez de la etapa intermedia sobre la investigación fiscal y deriva en la admisión total o parcial de la acusación fiscal sustentada en la audiencia preliminar, contiene las decisiones sobre todos los planteamientos deducidos por las partes en dicha audiencia, delimita el objeto en torno al cual girará el juicio oral y público.
8.3. Si bien, a este respecto, existen posturas dividas, por lo general los Tribunales de Apelación utilizan el art. 461 del Código Procesal Penal de manera estricta, declarando la inadmisibilidad del recurso de apelación general interpuesto contra el auto de elevación a juicio, aunque en la misma se hayan resuelto otras cuestiones planteadas por las partes, las cuales, aparentemente, no refieren, directamente, a la decisión que ordena la apertura a juicio.- 8.4. En este sentido, considero que el art. 461 ultima parte del Código Procesal Penal que establece la inapelabilidad de la resolución que eleva la causa a juicio oral, infringe los 8.5. La conculcación del art. 16 de la Constitución Nacional -De la defensa en juicio-, se trasluce con la prohibición de interponer recurso contra un determinado acto procesal, situación que constituye una afectación del derecho a la defensa, pues si bien no existe una determinación normativa de cuáles son los supuestos constitutivos del derecho a la defensa, la doctrina procesal penal afirma que los elementos que conforman el derecho a la defensa son: el de ser oído, a participar de los actos del proceso, a ofrecer, controlar e impugnar las pruebas, de obtener una resolución fundada en los hechos probados y la norma aplicable al caso y la de interponer recursos para la revisión de la decisión judicial.
8.6. De este modo, la no admisión de recursos judiciales contra determinadas resoluciones, como en el caso de marras, constituye una afectación del derecho a la defensa en su dimensión del derecho a recurrir, y esta situación quebranta la garantía establecida en el art. 16 de la Constitución Nacional. El recurso implica el doble examen de la decisión judicial 9. Por otro lado la conculcación del art. 137 de la Constitución Nacional, que establece el orden de prelación de las normas jurídicas, queda demostrada desde que la resolución judicial emanada del Tribunal de alzada, hoy impugnada por esta vía, se funda en una norma legal que establece la prohibición de recurso contra un determinado acto procesal, y ello es así, porque existe una norma de rango superior que establece en forma expresa el derecho a la doble instancia de toda persona procesada que forma parte del orden jurídico nacional.
9.1. En efecto, el art. 8 inc. 2) literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobada y ratificada por la República del Paraguay, por Ley Nº 1/89, establece que toda persona procesada tiene derecho a la doble instancia y con la prohibición del recurso que se establece en la norma procesal penal que sirviera de base a la resolución atacada de inconstitucional se afecta este derecho a la doble instancia prevista a la normativa internacional que fuera incorporada a nuestro sistema.
10. En suma, la normativa prevista en el art. 461 ultima parte del C.P.P. que declara inadmisible el recurso de apelación general contra el auto de elevación a juicio oral y público es inconstitucional por afectar el derecho a la defensa prevista en el art. 16 de la Constitución Nacional y el derecho a la doble instancia previsto en el art. 8 inc. 2) literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
11. Por último, quiero señalar, primeramente, que como se advierte desde el inicio, los agravios expuestos por la parte accionante en el memorial respectivo de Segunda Instancia y que no fueron atendidos por el Tribunal, se tradujeron en causales de nulidad en sede ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR DAN ALBERTO GONZALEZ VERA Y OTROS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "ALDO ROJAS MELGAREJO, JOSE REYES, GUSTAVO CASTILLO, JAVIER SALDIVAR Y DAN ALBERTO GONZALEZ VERA S/ H.P. C/ FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES IMPRESCINDIBLES - PERTURBACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y H.P. C/LA SEGURIDAD DE CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS - USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS - EN TOBATI". AÑO: 2019. Nº: 1105.- 12. En las condiciones expuestas, por los motivos precedentemente indicados, voto por anular el fallo dictado en Segunda Instancia, A.I. Nº 61 del 16 de mayo de 2.019, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Cordillera; en atención a que los vicios aquí señalados, podrán, eventualmente, ser reparados por el Tribunal de Alzada que sigue en orden, de acuerdo a lo establecido en el artículo 560 del Código A su turno, el Ministro Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS dijo: La acción de inconstitucionalidad fue promovida por Dan Alberto González Vera, Aldo Javier Rojas Melgarejo, Javier Saldivar Ozuna, Gustavo Javier Castillo Giménez y Antonio Reyes Arrúa, por derecho propio y bajo patrocinio del Abg. Eugenio Giménez Torres, contra el A.I.Nº 423 del 08 de abril de 2019 dictado por el Juzgado de Garantías del Primer Turno de Caacupé, y contra el A.I.Nº 61 de fecha 16 de mayo de 2019 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de Respecto a las resoluciones impugnadas, se tiene que el A.I.Nº 423 de fecha 08 de abril de 2019 el Juzgado de Garantías resolvió entre otras cosas: RECHAZAR el incidente de prejudicialidad impetrado por la defensa, por los fundamentos esgrimidos en el considerando de la presente resolución ... Ordenar la apertura de juicio oral y público ... ". Por otro lado, el A.I.Nº 61 de fecha 16 de mayo de 2019 dictado por el Tribunal de Apelación de Cordillera resolvió cuanto sigue: DECLARAR INADMISIBLE el Recurso de Apelación General interpuesto Los accionantes fundamentan en el escrito presentado que las resoluciones impugnadas son inconstitucionales por arbitrariedad al no estar fundadas en ley, siendo violatorias de las normas d bido proceso, transgrediendo disposiciones del Código Procesal Penal, de la Constitu ión N cional, y el principio de la doble instancia consagrado en el art. 8.2 del Pacto sim ismo alegan que el fallo de Alzada es arbitrario al resolverse la inadmisibilidad del o de a lación general interpuesto, tomando como base la irrecurribilidad del auto de ra aicio oral y público conforme a lo dispuesto por el Art. 461 in fin del C.P.P.
Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. R, 01eda Víctor tos presentada? De acontecer esto, el error puede ser corregido en el juicio oral por medio de la producción probatoria en el marco de una audiencia pública, es decir, en el supuesto de que el órgano jurisdiccional de Garantías -en la etapa intermedia- errara en su valoración respecto al mérito de la investigación y ordenara el sometimiento a juicio pese a que los elementos de convicción no fueran en realidad suficientes, esto se tornaría patente en la producción probatoria en el juicio oral, corrigiéndose entonces el error por medio de una sentencia absolutoria. Es por tal motivo, que la prohibición de apelación sólo del auto de apertura contenida en el Art. 461 in fine C.P.P. no viola el derecho a la doble instancia consagrado en el Art. 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica, y tampoco precepto alguno de nuestra Sin embargo, es importante dejar aquí bien en claro que la prohibición de la apelación del auto de apertura contenida en el Art. 461 in fine C.P.P. no se extiende a todas las decisiones Al respecto, el auto de apertura es una resolución que tiene una decisión fija (elevación a juicio oral y público) y otras ocasionales. Las decisiones ocasionales son las que se refieren a otras cuestiones que puedan ser discutidas en la audiencia preliminar, como por ejemplo la intervención de algún querellante adhesivo, la aplicación de alguna salida alternativa, la falta de algún presupuesto procesal para apertura del juicio, etc. Estas decisiones son ocasionales porque su inclusión en el auto de apertura no se da siempre, sino solamente cuando son planteadas y discutidas en la audiencia preliminar. Asimismo, si estas cuestiones no son analizadas en la audiencia preliminar, y por tanto, su decisión no se incluye en el auto de De las decisiones ocasionales que pueden ser tomadas en el auto de apertura hay muchas cuya apelación se encuentran expresamente permitidas en el ritual procesal. Algunos ejemplos son las decisiones sobre la suspensión condicional del procedimiento (Art. 461 lnc.
2 CPP), sobre alguna excepción (Art. 461 lnc. 3 CPP), sobre el rechazo de la querella (Arts. 292 in fine y 461 lnc. 6 CPP) y las cuestiones referentes a la extinción de la acción penal (Art. De esta manera, la prohibición de apelación contenida en el Art. 461 in fine del C.P.P busca regular solo el supuesto general (el auto de apertura en sí, sin decisiones accesorias). En este entendimiento, al concebir el análisis y decisión en el auto de apertura de otras cuestiones planteadas por las partes, excepciones al supuesto de hecho general, entonces podemos interpretar que las reglas que permiten la apelación en estos supuestos particulares operan como excepciones a la regla general que prohíben la apelación. De acuerdo a esto, el resultado es que el auto de apertura es inapelable a menos que se estudien y analicen en él Corresponde poner énfasis en que este criterio rige también para permitir la apelación del rechazo de planteamientos realizados eh la audiencia preliminar que cuestionan los presupuestos para la realización del juicio oral, como por ejemplo el cumplimiento del plazo de prescripción, el cumplimiento del plazo extinción, la ilegalidad de la obtención de elementos de convicción que sustentan la acusación, etc. Si bien no existe una disposición que haga referencia específica a la apelación de estas cuestiones, estas son normalmente planteadas mediante el ropaje de una «excepción o incidente», cuya apelación sí está expresamente prevista dentro del Art. 461 lnc. 3 CPP. Este criterio sin embargo, no sirve para permitir la apelación del rechazo de solicitudes de sobreseimiento, ya que los pedidos de sobreseimiento realizados en la audiencia preliminar no son incidentes, sino son contestaciones a la acusación Una interpretación judicial realizada para sostener la inapelabilidad del auto de apertura y de sus decisiones accesorias establece que mediante un control horizontal que ejerce el tribunal de sentencias, todos los planteamientos realizados en la audiencia preliminar pueden volver a ser realizados en la etapa incidental del juicio oral. Sin embargo, ello no es así, pues ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR DAN ALBERTO GONZALEZ VERA Y OTROS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "ALDO ROJAS MELGAREJO, JOSE REYES, GUSTAVO CASTILLO, JAVIER SALDIVAR Y DAN ALBERTO GONZALEZ VERA S/ H.P. C/ FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES IMPRESCINDIBLES - PERTURBACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y H.P. C/LA SEGURIDAD DE CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS - EN TOBA TI". AÑO: 2019. Nº: 1105.- . C ,,,,r,, -te o lnLF'l,>CJT'lteado en la audiencia preliminar puede volver a ser estudiado en el juicio oral.
Tres , s pueden ser citados: 1. el CPP establece expresamenteen sus Arts. 19 in fine y s, l1 rtque la solicitud de aplicación de un criterio de oportunidad o de una suspensión condicional del procedimiento solo puede ser realizada hasta el momento de la audiencia preliminar, razón por la cual estas solicitudes ya no pueden ser realizadas en el juicio oral; 2 el CPP establece en su Art. 329 in fine que el rechazo de una excepción impedirá que sea deducida nuevamente por los mismos motivos y luego en su Art. 365 sobre la preparación de juicio se refiere ya solo a las excepciones "que se funden en hechos nuevos", de lo cual surge que, si se rechaza una excepción en el auto de apertura, esta misma excepción ya no podrá ser planteada en el juicio oral; 3. finalmente hay que tener en cuenta que si se rechaza la querella adhesiva, el querellante ya no intervendrá en el juicio, razón por la cual tácticamente la solicitud de intervención por medio de querella adhesiva ya no podrá volver a ser realizada Teniendo en cuenta lo expuesto, puede inferirse que el fallo dictado por la Alzada vulneró disposiciones constitucionales al rechazar por inadmisible el estudio de un incidente de prejudicialidad resuelto conjuntamente con la elevación a juicio oral.
Conforme al Art. 11 de la Constitución Nacional nadie puede ser procesado sino mediando las causas y condiciones previstas en la Constitución y en las leyes. El presente caso constituye un ejemplo de impugnación contra un fallo dictado en contravención a las leyes procesales, disposiciones de la Convención Americana de los D.D.H.H. y la propia Ley La vulneración de las normas procesales surge a partir del razonamiento del Tribunal de Apelación, el cual se limitó a realizar una sola interpretación aislada del Art. 461 in fine del C.P.P., sin considerar las decisiones accesorias al auto de apertura a juicio oral y público insertas en él, son recurribles conforme a las diferentes alternativas contempladas en el 0 nve n cio na l, la vulneración del Art. 8.2, Lit. h) de la Convención Americana plícita: la normativa dispone que toda persona procesada tiene garantías mí a , una de as cuales es el derecho a recurrir las decisiones ante tribunales superiores.
n el r sente ca o, al declarar un recurso como inadmisible, ocurrió exactamente lo contrario, or lo ue es f aciente que la garantía expresada ha sido soslayada, motivo por el cual nde h er lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida en contra la resolución ora bien, se tiene que los accionantes también impugnaron la resolución d' a por z Penal de Garantías, donde se elevó la causa a juicio oral y se rechazó I inci ente atez 0.,r'J So re estefallo, se considera.que la Sala Constitucional se pronuncie sola ente resp cto -a la im ugnación de la resolución de Alzada, ya que, dado la anulació de ésta por arbitrarie , unal de Apelación que entienda en adel nte en la cuestl n resolve el recu o de ApeJ General interpuest9 encontrad ioctad:or el inferior, lo cual , Gustavo E. Santander Dans Cesar M. Diesel Junghanns Mlnl1trn CSJ, Ministro R, 01eda D Víctor ,os garantizará a los accionantes el acceso a la doble instancia y el análisis de sus agravios contra En consideración a los argumentos también expuestos, corresponde HACER LUGAR PARCIALMENTE A LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD promovida por Dan Alberto González Vera, Aldo Javier Rojas Melgarejo, Javier Saldivar Ozuna, Gustavo Javier Castillo Giménez y Antonio Reyes Arrúa, por derecho propio y bajo patrocinio del Abg. Eugenio Giménez Torres, contra el A.I.Nº 61 de fecha 16 de mayo de 2019 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Cordillera, en consecuencia, anular la citada resolución, y disponer la remisión del expediente a otro Tribunal de Apelación para su pronunciamiento, de conformidad al Art. 560 d . .C. Imponer costas en el orden ca o.
Con lo que dio p -ermina el cto, fir ando SS.EE., todo por Ante mí, de que certifico, que ndo acordadla 1a sen enci q e in diatamente i :
esar M .. º!; ' Jungh nns Gustavo E. Santander Oans M1111stro CSJ. Ministro Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: 102:,S Asunción, 9 de ce: Jbre Dr. Victor Ríos Ojeda Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por Dan Alberto González Vera, Aldo .Javier Rojas Melgarejo, Javier Saldivar Ozuna, Gustavo Javier Castillo Giménez y Antonio Reyes Arrúa, por derecho propio y bajo patrocinio del Abg. Eugenio Giménez Torres y, en consecuencla, declarar lm nulidad del A.I. Nº 61 de fecha 16 de mayo de 2019 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Cordillera, conforme a los términos expues os en el exordio de ORDENAR el reenvío del expediente al siguiente Tribunal ele Apelación que le sigue en el orden de turno para su nuevo juzgamiento, de conformidad al Art. :j6Q del C.P.C.
IMPONER costas a la perdidosa, de co ormid d al Art. 19L'. del C.P C i_ Ante mí: Gustavo t. Sntander Dans 1eda Víctor p_ws