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Acuerdo y SentenciaSala PenalAdministrativa

Acuerdo y Sentencia N° 366/2024

24 de septiembre de 2024

EXPEDIENTE: "ÑANDUTI REPRESENTACIONES S.A C/RES. NRO. 71800000668 DEL 19/MAY0/2020 Y OTRA DE LA SET". (Expte. Nro. 645, Folio 51, Año 2023).

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SUPREMA DE JUSTICIA .. Expediente: "ÑANDUTI REPRESENTACIONES 19/MAYO/2020Y OTRA DE LA SET". ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO. _t? Q.')..:;o11 i .. .. /J(--(,V. En la 'Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a b'es Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Doctores MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el juicio "ÑANDUTI REPRESENTACIONES SET" a fin de resolver los recursos de apelacióny nulidad interpuestos por los abogados Concepción lnsfrán Alvarenga y Ángel Fernando Benavente Ferreira, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 353 de fecha 12 de diciembre del 2022, dictado Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes:

CUESTIONES: -

En caso.contrario, ¿Se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo pertinente para determinar el orden de votación dio el resultado siguiente: MANUEL. DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MARÍA CAROLINA LLANES.

A PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL EXCMO MIEMBRO S RAMÍREZ CANDIA DIJO: Los recurrentes a. arolnes O. Ministra A sus turnos, los Ministros MARÍA CAROLINA LLANES y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA: manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Dr. Manuel Ramírez Candía, por compartir los mismos A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL EXCMO MIEMBRO MANUEL DEJESUS RAMIREZ CANDIA DIJO: Que el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia Nro. 353 de fecha 12 de diciembre del 2022, resolvió: "1- HACER LUGAR, a la presente acción contencioso administrativa caratulado "ÑANDUTI REPRESENTACIONES DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION"; 2- DECLARAR la nulidad de la resolución Particular Nro. 718000000668 del 2019 dictada por la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda; 3- IMPONER las costas de conformidad al art. 192 del C.P. C.; 4- ANOTAR, registrar, notificar y remitir ejemplar a la Excma.

E I fundamento de la Sentencia se resume en que, el sumario administrativo al cual fue sometido lafirma Ñanduti Representaciones S.A, por parte de la Administración Tributaria, no cumplió con el plazo establecido en la Ley Nro. 4679/12 (art, 11 ), pues desde la Resolución que "Llama autos para sentencia" hasta el , Dictamen Conclusivo ha transcurrido más de 2 años sin actividad por parte de la Administración, por lo que, se produzco la caducidad de la instancia administrativa.

Los abogados representantes del Ministerio de Economía y Finanzas se agravian contra la referida sentencia en base a los siguientes argumentos. (fs.161/171) sosteniendo -entre otras cosas- que el Tribunal de Cuentas cometió un error al sostener que e) sumario administrativo que le fue instruido a la firma contribuyente haya superado el plazo procesal, pues la Ley Nro. ,125/91 no establece ningún plazo al respecto. Además, se agravian con respecto a las costas, sosteniendo que las mismas debieron ser impuestas en el orden causado, en virtud a lo establecido en el art. 193 del C:P.C, debido a la existencia de elementos de convicción que avalan la actuación procesal de la Administración Tributaria. Por estos motivos, solicita que se revoque la sentencia recurrida.

, Expediente: "ÑANDUTI REPRESENTACIONES 19/MAY0/2020 Y OTRA DE LA SET".

Analizadas las constancias de autos se tiene que, la demanda contencioso-administrativa fue instaurada en fecha 17 de junio del 2020 (fs. 43/69) por el Abg. Carlos Jorge Vargas Cardozo, en representación de la firma Ñanduti Representaciones S.A, contra las siguientes resoluciones: 1) Resolución Particular DPTT NRO. 31 de fecha 12 de marzo del 2019 (fs. 14/17) dictada por la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria, en la que se resolvió calificar la conducta de la firma contribuyente como DEFRAUDACION en virtud a lo dispuesto eri el art. 172 de la Ley Nro.

125/92 e imponer la multa del 185sobre el tributo defraudado. 2) Resolución Particular Nro. 7180000081 O de fecha 25 de mayo del 2020 (fs. 31/32 tomo I A. Administrativo), dictado por el Viceministro de Tributación, en la que se resolvió NO HACER LUGAR el recurso de reconsideración interpuesto por la firma contribuyente Ñanduti Representaciones S.A y, CONFIRMAR la Particular DPTT NRO. 31/2019. Por consiguiente, correspondeanalizar el agravio del recurrente, con respecto al SUMARIO ADMINISTRATIVO llevado a cabo por la SET, ya que el Tribunal de Cuentas sostuvo que se produjo la caducidad de la instancia administrativa (Ley Nro. 4679/12), mientras que la Adrni ra ión (recurrente) sostuvo que se cumplió con los plazos ablecid s en Ley Nro. 125/92 (arts. 212 y 225), por lo que no roli na ,)Jtt1íes O.

Ministr Of, llanu 1 Oeesús Ramir Ca'Mt' MlNI.STRO (fs. 425 Tomo II A.A) se ordena la apertura del periodo de prueba por los términos establecidos en el numeral 5 de los artículos 212 y 225 de la Ley Nro. 125/1991; 3- Así también, se observa en la Resolución Particular Nro. 31/19 que, se llamó "Autos para sentencia" por medio de la Resolución J.I Nro. 264 del 13/06/2017, agregándose el Dictamen conclusivo DSR2 Nro. 40 en fecha 07 de marzo del 2019 (fs. 450 Tomo 11 A. Administrativo). 4- Finaliza el sumario administrativo con la emisión del acto administrativo impugnado, Resolución Particular DPTT NRO. 31 de fecha 12 de marzo del 2019 (fs. 14/17) dictada por la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria, en la que se resolvió calificar la conducta de la firma contribuyente como DEFRAUDACION en virtud a lo dispuesto en el art. 172 de la Ley Nro. 125/92 e imponer la multa del 185sobre el Entonces, realizado el recuento de los antecedentes del caso, lo que corresponde es verificar si se produjo o no la caducidad del procedimiento sumarial, pues amerita su estudio al constituir un vicio de legalidad en una de sus tres dimensiones (ilegalidad de infracción, del procedimiento y de la sanción) que, de comprobarse, tornaría nula la Al respecto, se debe mencionar que, al cuestionarse la caducidad del procedimiento sumarial, en el presente caso corresponde aplicar lo establecido en la LeyNro. 4679/12 de "Trámite Administrativo", que en su artículo 11 dispone: "Se tendrán por abandonadas las instancias en toda clase de trámites administrativas, incluyendo los sumarios administrativos y caducarán de derecho, si no se insta su curso dentro Pues, la Ley Nro. 4679/12 es una norma general aplicable a toda clase de trámites administrativos, por lo tanto, el plazo de seis (6) meses para que opere la caducidad es aplicable a toda clase de trámites o procedimientos administrativos, tal como lo señala el propio artículo 11. La consecuencia de la inacción señalada, es de la caducidad del trámite o del sumario administrativo. Esta norma legal, se encuentra establecida en el Capítulo 111 que tiene como i título "De la perención de la instancia administrativa" y establece dos supuestos distintos: 1) la caducidad del trámite administrativo; 2) la caducidad del sumario administrativo.

Expediente: "ÑANDUTI REPRESENTACIONES 19/MAYO/2020 Y OTRA DE LA SET".

han trascurrido en exceso el plazo de 6 meses sin ninguna actuación de la Autoridad Administrativa, tal como sostuvo el Tribunal.

Por tanto, se puede concluir que el procedimiento sumarial para aplicar sanciones fue llevado acabo habiendo operado la caducidad, por lo que se violó el principio de legalidad del procedimiento, por lo tanto, sus consecuentes, los actos administrativos impugnados (Resolución Particular DPTT NRO. 31 de fecha 12 de marzo del 2019 y Resolución Particular Nro. 7180000081 O de fecha 25 de mayo del 2020) también La caducidad constituye, pues, una seguridad para los administrados, que parte del supuesto que la administración -quien dio inicio al procedimiento sancionador- perdió el interés en su prosecución, es decir, surge como una protección para los cfudadanos frente a la actuación administrativa estableciéndose, en consecuencia, un límite temporal; es decir, la caducidad se produce por la inactividad de la Administración. Asimismo, cabe resaltar que la caducidad no puede ser convalidada, pues e! cumplimiento de los plazos se vincula al principio de 1 'U:H-1..c:t y su incumplimiento deriva en la nulidad del acto administrativo Dra. Ma. Caroltrr{iL[anes O.

Ministra Dr. anuel Oej.fümirv ,.L MINIS RO perjuicios que indudablemente se generan cuando los procedimientos se extienden indefinidamente, para no generar incertidumbre ni arbitrariedad. De esa forma, como ya se señaló, la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, por motivo de inactividad de la Administración, no puede ser "cotweiidede", pues el cumplimiento de los plazos se vincula a los principios de legalidad y eficacia que rigen el procedimiento En virtud al principio de legalidad toda actividad de la Administración Pública debe estar autorizada por el orden jurídico, puesto que sólo debe actuar cuando el orden jurídico le autoriza realizar una determinada actividad como propia de su competencia. El principio citado determina la eficacia de la actividad administrativa, es decir, si la Administración Pública realiza una actividad no autorizada quedará invalidada por vicio de ilegalidad y, por consiguiente, ineficaz para producir efectos jurídicos en relación administrativa, así el principio de legalidad actúa como limite a la actividad del Estado. Al respecto, el autor Hely Lopes Mirelles señala que "la eficacia de toda actividad administrativa está determinada por la norma legal. En la Administración Pública no hay libertad ni voluntad personal. En cuanto al particular es licito hacer todo aquello que la ley no prohíbe, a la Administración Pública so/o es permitido hacer lo que la ley eutotize" (Direito Administrativo Brasileiro, Ed.

Por último, es oportuno señalar que al producirse la caducidad del procedimiento,' . por ende, la nulidad del sumario administrativo sanclonador.jmpideque se verifique la régularidad de la sanción, respecto a las demás .dimensiones del procedimiento administrativo sancionador, como ser la .legalidad del hecho típico administrativo y de la sanción, debido a que su reguJaridad se encuentra condicionada a que el procedimiento sea realizado en cumplimiento al principio de legalidad, En efecto, se. concluye que, los actos administrativos impugnados, Resolución Particular DPTT NRO. 31 de fecha 12 de marzo del 2019, y Resolución Particular Nro. 7180000081 O de fecha 25 de mayo del 2020, no se ajustaron a la legalidad, pues el procedimiento para aplicar sanciones, que sirve de base a las citadas resoluciones, es irregular por Expediente: "ÑANDUTI REPRESENTACIONES 19/MAYO/2020Y OTRA DE LA SET". ,f 't iiolar el principio de legalidad, fuenevado acabo habiendo operado la Í0f ,penjlrgumentos del apelante (parte demandada), pues la nulidad J:>Y&ee'dimiento sancionador también nulifica las resoluciones que son Por consiguiente, al ser los actos administrativos impugnados irregulares por violación del principio de legalidad, corresponde NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y, en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 353 de fecha 12 de diciembre del 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

En cuanto a las costas del juicio, en ambas instancias, considero que las mismas deben ser impuestas al funcionario emisor de los actos administrativos declarados irregulares, por imperio del Art. 106 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad personal de los funcionarios o empleados públicos por las irregularidades cometidas en el En efecto, cuando el acto administrativo se declara nulo por la autoridad competentees porque se ha dictado en transgresión a los requisitos de regularidad del acto administrativo, por lo tanto, de imponerse las costas a la entidad pública, además de contradecir la Constitución, constituye un premio para el funcionario negligente y un castigo para los contri ,u.ws quienes deben soportar la carga económica de la actuación regular del f ncionario, en consecuencia, corresponde imponer las costas del juicio al f ncionario emisor del acto administrativo anulado.

Ministra indemnización que el Estado paga, se resuelve en una carga para los contribuyentes honestos o no culpables de las faltas de los funcionarios" (Bielsa, F. (1962). Estudios de Derecho Público. Tomo IV. Buenos Aires, A su turno, la Ministra MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo: comparto y adhiero mi opinión al del distinguido colega que me precedió en la resolución del recurso, por la misma fundamentación, la que ya constituye criterio asumido y a la fecha mantenido por la Sala Penal de En materia de costas entiendo que estás corresponde las soporte la institución demandada, la entonces Sub Secretaria de Estado de Tributación hoy variada en su razón social, en lo que me aparto del voto de quien me antecedió, ello en virtud al artículo 203, literal a) del Código A su turno, el M"stro LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA manifiesta que se adhiere al v to de la Ministra MARÍA CAROLINA LLANES OCAMP.OS, por com artir los mismos fundamentos.

Dr. Manuel ejesús Ramír,, MINISTRO Ministra ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO ... ---.0 ......

VISTOS: Los méritos que ofrece el acuerdo precedente y sus Expediente: "ÑANDUTI REPRESENTACIONES 19/MAYO/2020 Y OTRA DE LA SET". VRESUELVE - Z.NO- r;.1..CER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por los .91 gdos ,, oncepción lnsfrán Alvarenga y Ángel Fernando Benavente rreira, represen an es e mrs eno e conorrua y rnanzas y, en consecuencia; CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 353 de fecha 12 de diciembre del 2022, dictado por el Tribu al de Cuentas, Primera Sala, por los fundam o e considerando de la presente 3.- C STAS, la 4.- NOTAR r SALA PENAL Abog. Kar na enoni Sec tari Dr. Man I Dejesús Ramír z C1W-, MINISTRO "a. Carolnes O.

Ministra