SUPREMA oEJUSTIClA Asunción, ExRediente: "Compulsas para medida cautelar: Alberto Daniel Torres Espinoza c/ Gobernación de Ñeembucú y Gobernador Carlos Francisco Silva Medina s/ Nulidad o Revocatoria de resoluciones Nº 15/2015, 17/2015 y Restitución en de -zo"l.-
CONSIDERANDO
A su turno, el señor ministro Dr. Luis María Benítez Riera, dijo: Que, el Tribunal Electoral, por medio de aludido interlocutorio resolvió: "1. HACER LUGAR, a la Medida Cautelar solicitada por el Señor Alberto Daniel Torres Espinoza, con C./. Nº 2.132.530, de conformidad con lo expresado en el exordio de la presente resolución, y en consecuencia. 2. DISPONER, la suspensión de los efectos de las Resoluciones Nº 15/2015; 17/2015, de fecha 02 de enero del 2015, firmadas por el Señor Carlos Francisco Silva Medina como Gobernador del Departamento de U-U'-f"t'--R.Pbiendo el mismo, disponer la reposición del Señor Alberto Daniel arres Espinoz , con C.I. Nº 2.132.530, a su cargo de Secretario Departamental de la Gobernación el Departamento de Ñeembucú, o en su defecto, a otro de igual categoría, jer rquía y remuneración, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión principal. 3. DISPONER, que previamente el Señor Alberto Daniel Torres Espinoza, C./. Nº .132.530, preste caución personal en acta y bajo constancia en el libro de go de la secretaria, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 693 del ll.b09Ka nr.aPe s..J-wo'ec rso de Nulidad: se verifica que el recurrente no ha n forma específica. Por otro lado, no se observan en la v: íos o d -ettos que tengan la suficiente entidad para ulid , en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 e;.PoespondeJner por de' presente 1candi 1 De¡esús namw Dr. Man e MNSiliO Ministra A sus turnos, los señores ministros Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia y Dra. María Carolina Llanes Ocampos, manifiestan que se adhieren al voto del ministro preopinante por los mismos fundamentos.
A su turno, el señor ministro Dr. Luis María Benítez Riera, dijo:
En cuanto al Recurso de Apelación: el Abg. Jorge Marecos, en representación de la parte demandada, expresó agravios a fs. 149/150, manifestando en términos resumidos que el Tribunal Inferior concedió la solicitado sin entender que la medida cautelar concedida es idéntica a la pretensión de la demanda principal. Finaliza solicitando que se revoque la AI momento de contestar el traslado que se le ha corrido, el señor Alberto Torres Espinoza, según Fs. 154/155, solicita se rechace el recurso de En el estudio del recurso de apelación interpuesto, de las constancias de autos, vemos que se pretende una medida cautelar con el fin de suspender los efectos de las Resoluciones Nº 15/2015 y Nº 17/2015, dictadas por la Gobernación Como ya lo hemos señalado en resoluciones anteriores en las que se trataban cuestiones referentes a la suspensión de los efectos de los actos administrativos, debemos partir para resolver esta cuestión del principio de inmutabilidad comúnmente admitido en el Derecho Administrativo, que el acto del poder público causa ejecutoria una vez producido, aunque no esté consentido por el particular a quien le afecta. Esta cualidad de imponerse que acompaña al acto administrativo es la que le da eficacia ejecutiva. La interposición de un recurso administrativo, normalmente no suspende la ejecución de la resolución impugnada, salvo que la misma sea prima facie nula por incompetencia o violación manifiesta de la Ley, o cuando su ejecución puede producir un daño irreparable, o por ultimo cuando en sí la resolución es prima A partir de lo establecido en el párrafo anterior, se debe interpretar de manera conjunta con el artículo 693 del Código Procesal Civil - legislación aplicable en concordancia con lo establecido en el artículo 5de la Ley 1.462/35-, ya que la mencionada norma establece los presupuestos genéricos que se deben cumplir para la viabilidad de las medidas cautelares.
EI Art. 693 del C.P.C. establece: "Quien solicite una medida cautelar deberá, según la naturaleza de ella: a) acreditar "prima facie" la verosimilitud del derecho que invoca; b) acreditar el peligro de pérdida o frustración de su derecho o la urgencia de la adopción de la medida, según las circunstancias del caso; y c) otorgar contracautela para responder de todas las costas y de los daños y perjuicios que Expediente: "Compulsas para medida cautelar: Alberto Daniel Torres Espinoza c/ Gobernación de Ñeembucú y Gobernador Carlos Francisco Silva Medina s/ Nulidad o Revocatoria de e uie La doctrina señala al respecto: "... sería intempestivo el pedido de suspensión de efectos, si el acto administrativo había sido ya ejecutado por la autoridad administrativa; pues. si a ello se accediera, la medida dejaría de ser la preventiva que la Ley autoriza, para convertirse en el cumplimiento de una sentencia favorable al reclamante". (Manuel J. Argañaras, Tratado de lo Sobre la cuestión, esta Sala Penal conforme al A.I. Nº 528 del 14 de abril de 2015, dictado en la causa: "ORE/ ASOCIADOS SRL CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 37/13 DEL 7 /ENE/13 Y RES. Nº 573/13 DEL 15/MAR/13 DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" expresó: " ... no existiendo prima facie en las Resoluciones dictadas en sede administrativa cuestiones de incompetencia o violación manifiesta de la Ley, cuestión que debe ser debatida en la etapa procesal oportuna, ni tampoco se encuentra acreditado que su ejecución pueda producir un daño irreparable, ya que el actor no demostró en forma fehaciente cual es el peligro o frustración de su derecho, solo se refirió en forma somera a que los efectos de las resoluciones administrativas impugnadas le perjudicaría en lo económico, por lo tanto consideramos que la medida cautelar no puede Teniendo en cuenta el marco jurisprudencia! y doctrinario establecido en los párrafos anteriores, advertimos que las razones argüidas por el Tribunal inferior para hacer lugar a la medida cautelar de urgencia, no se encuentran co rada dadas las características de este litigio, el cual rola en torno a la legalidad d las resoluciones dictadas por la Gobernación de Ñeembucú. En efecto, no ha sido demostrado que las resoluciones impugnadas sean manifiest ente ilegales. Tampoco puede hablarse a esta altura del proceso de ho adquiridos, pues el proceso está en pleno despliegue. Menos aún ha o"' Itado el peligro de que la resolución impugnada cause daños nt"flc.< maYr'ables al accio , nte, ya que el Estado es lo suficientemente solvente para Además, al estudiar los la concesión de la medida cautelar, nos a de la I a cautelar so icitada, por lo que el Auto pelado debe ser revoci do. En essentido se dido esta Sala Penal de la Corte en casos similares al estudiado, entre otros cito el De acuerdo a las consideraciones alegadas precedentemente, corresponde HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Jorge Marecos, en representación de la gobernación de Ñeembucú, y, en consecuencia, REVOCAR el Auto Interlocutorio Nº 07 del 18 de mayo de 2015, dictado por el Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, ordenando el LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR concedida en estos autos. En cuanto a las costas, de conformidad a la facultad conferida por el Art.
193 del C.P.C. y en atención a la naturaleza de la cuestión que ha sido objeto de estudio, corresponde que sean impuestas en el orden causado. ES MI VOTO.
A su turno, el señor ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia, dijo: Me adhiero al voto del Ministro Preopinante, Dr. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, en cuanto a que corresponde Revocar el Auto Interlocutorio Nro. 07 del 18 de mayo del 2015, y ORDENAR, el levantamiento de la medida cautelar, pero me permito Co nfo rm e a las constancias de autos se observa que, el accionante solicitó la medida cautelar con la finalidad de suspender los efectos de la Resolución Particular Nro. 15 del 02 de enero del 2015 dictado por el Gobernador del Departamento de Ñeembucú, que daba por terminadas las funciones del accionante como Secretario Departamental (fs. 7/8).
De esta forma, por aplicación supletoria del Código Procesal Civil al procedimiento contencioso administrativo, se debe analizar si el accionante cumplió con los requisitos exigidos para la procedencia de la medida cautelar, AI respecto, el artículo 693 del Código Procesal Civil, establece: "Quien solicite una medida cautelar deberá, según la naturaleza de ella: a) acreditar prima facie la verosimilitud del derecho que invoca; 2) acreditar el peligro de pérdida o frustración de su derecho o la urgencia de la adopción de la medida según las circunstancias del caso; y c) otorgar contracautela para responder de todas las costas y de los daños y perjuicios que pudiere ocasionar si la hubiese pedido sin derecho, salvo aquellos casos en que no se la requiera por la naturaleza de la En base a lo transcripto, y al análisis del primer presupuesto para la concesión de la medida cautelar, se observa que la verosimilitud de'/ derecho del actor no se encuentra prima facie configurada, ya que, en el caso concreto, el accionante -según consta en autos- fue nombrado como Auditor Interno de la Gobernación del Departamento de Ñeembucú por medio de la Resolución Nro.
17/2015 (fs. 9), es decir, el mismo se encuentra cumpliendo funciones dentro de CORTE SUPREMA oEJUSTIClA ExRediente: "Compulsas para medida cautelar: Alberto Daniel Torres Espinoza c/ Gobernación de Ñeembucú y Gobernador Carlos Francisco Silva Medinas/ Nulidad o Revocatoria de resoluciones Nº 15/2015, 17/2015 y Restitución en destaca que la discusión sobre las cuestiones traídas a estudio -en el pedido de la medida cautelar- serán estudiada al analizar la pretensión principal, pues en esta oportunidad el estudio solo se centra en determinar la procedencia o no de la medida cautelar, a la luz de la disposición del art. 693 del C.P.C. También, resulta conveniente mencionar que, el accionante tampoco ha demostrado que el órgano del cual emanó la resolución impugnada sea incompetente para dictarla, Entonces, siguiendo con el análisis, con respecto al peligro de pérdida del derecho o la urgencia en la adopción de la medida, el actor tampoco expuso en forma fehaciente cuál es el peligro de pérdida o de frustración de su derecho, pues como ya lo había mencionada el accionante se encuentra cumpliendo funciones dentro de la Institución como Auditor externo, por tanto, tampoco se En este punto, se debe aclarar que las medidas cautelares están destinadas a asegurar la observancia del resultado del proceso y, en tal sentido, se puede dictar la medida de suspensión del acto impugnado, toda vez que la solicitud reúna los requisitos exigidos para la procedencia conforme con lo En cuanto a /a prestación de contra cautela, tercer requisito para el otorgamiento de medidas cautelares, la pare actora solo mencionó que ofrece ca n perso al, por tanto, tampoco cumpleen forma suficiente con las exigencias est blecidas en el inciso c) del transcripto art. 693 del C.P.C.
r-r-t-,1,Clse a todo lo expuesto precedentemente, corresponde e apelación interpuesto por el Abg. Jorge Marecos, obernación de Ñeembucú y, en consecuencia, 18 de m 0 del 2015, dictado por el Tribunal Electoral Ju al de Ñeembucú, debiendo ordenarse el a ediau e r que fue a decretada. En cuan a las as deben ser impu stas a I parte perdid s ( a o ), de Ministra conformidad a lo dispuesto en los artículos 192 y 203, inc. b) del CP.C. ES MI A su turno, la señora ministra Dra. María Carolina Llanes Ocampos, manifiesta que se adhiere al voto del ministro Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia, por los mismos fundamentos.
POR TANTO, de conformidad a todo lo considerado anteriormente y las disposiciones legales referidas, la Excma.--- SALA PENAL
RESUELVE:
2. HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por el Abg. Jorge Marecos, en representación de la gobernación de Ñeembucú, y, en 3. REVOCAR el Auto Interlocutorio Nº 07 del 18 de mayo de 2015, dictado por: ribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, por os funda n s xpresados en el exordio de la presente resolución.
ORDEN amiento de la medida cautelar concedida en estos