CONSIDERANDO
Que, se agravia la parte accionante señalando que las citadas resoluciones fueron dictadas en abierta transgresión a las disposiciones contenidas en los artículos 15, inc. b) y 159, inc. e) del C.P.C. y 256 de la Constitución Nacional. Manifiesta que los fallos impugnados denotan arbitrariedad pues los juzgadores no fundaron sus decisiones, sino que incurrieron en meras afirmaciones dogmáticas y violaron el principio de congruencia. Por tales motivos, solicita la declaración de nulidad de las referidas resoluciones.
. Que, el artículo 557 del C. P. C. dispone: "Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido,fundado en términos claros y concretos su petición.
El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la Que, el artículo 12 de la Ley N.9. 609/95-.establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, sentencia Que, la procedencla de la acción de inconstitucionalidad requiere no solo la expresión del recurrente de la voluntad de impugnar y los motivos en que funda su pretensión, sino además la justificación de la lesión concreta en forma clara, desarrollada de manera que se permita identificar concretamente la existencia de .En ese sentido, estudiados los fundamentos de la: acción incoada, surge que la parte accionante se ha limitado a exponer hechos y actuaciones procesales ya analizados por los Magistrados intervinientes, sin justificar la conexión con las normas supuestamente conculcadas. No se ha demostrado lesión concreta a normas constitucionales, en atención a que sus agravios únicamente traducen desacuerdo con la decisión del caso, pretendiendo imponer un criterio de interpretación distinto al sostenido por los Magistrados intervinientes, de tal forma a reeditar en esta instancia, cuestiones que han recibido oportuno estudio.
En virtud a lo manifestado, esta Sala considera que la parte recurrente, pretende convertir a la Acción de Inconstitucionalidad en un recurso de revisión o apelación de la decisión judicial, lo cual está vedado en esta instancia extraordinaria. Ello, porque la esfera de la acción de inconstitucionalidad y la competencia de la Sala Constitucional son excepcionales, de interpretación restrictiva y no equivalen a una instancia ordinaria de revisión de decisiones judiciales, siendo viable únicamente cuando existen violaciones de principios, derechos Que, en estas condiciones, y al no haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos por las normas A su turno, el Ministro Víctor Ríos Ojeda, dijo: Me adhiero al voto emitido por el Ministro 1 La parte accionante esgrime como caµsal de inconstitucionalidad la conculcación a la garantía contenida en el art. 256 de la CN., así como el principio de congruencia en concordancia con lo 2- Puntualmente, al desarrollar sus argumentos en lo medular expresa que los juzgadores al dictar sus respectivos fallos, incurrieron en múltiples arbitrariedades que guardan relación con el principio de fundamentación de la resolución judicial en la constitución y la ley, basándose dichos fallos en meras afirmaciones dogmáticas, además de violar el principio de congruencia y la conculcación al principio de la inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas y de sus derechos.
3- Analizadas las resoluciones impugnadas se desprende que, las cuestiones hoy atacadas fueron debatidas por los órganos jurisdiccionales al momento de dictar las sentencias. Es así que los juzgadores rechazaron la excepción de inhabilidad de título opuesta por el representante de la Caja Bancaria en atención a las disposiciones contenidas en los arts, 439, 522 y 523 del CPC.
3.1- Por su parte, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Tercera Sala de la Capital, realizando un recuento de las constancias agregadas en autos, considerando que, el Tribunal de Cuentas Primera Sala, por Ac. y Sent. Nº 223 del 13 de octubre de 2018 hizo lugar a la demanda contencioso administrativa instaurada por el Sr. Julio González contra la Resolución Nº 11 Acta Nº 6 del 11 de febrero de 2016 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines, ordenando que la parte demandada realice una reliquidación de la jubilación otorgada al accionante.- 3.2- Sostienen los Magistrados que, en la ejecución de sentencia fue aprobada la liquidación presentada por la parte actora, conforme al A.I. Nº 20 del 21 de febrero de 2022, dicha resolución y su aclaratoria fueron notificadas a la demandada, sin que la misma haya interpuesto recurso alguno, por lo que ha quedado firme la resolución que aprobó la liquidación, y; lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, pasó a contener suma liquida, por tanto, hábil en los términos del proceso de ejecución marcado por el art.
522 del CPC, por lo que la discusión sobre este punto no puede reabrirse so pena de violentar la aludida cosa juzgada. En tales consideraciones, resolvieron confirmar la sentencia apelada que rechazó la 4- Recordemos que para que exista arbitrariedad por sentencias infundadas o inadecuadamente fundadas que tenga la virtualidad de incidir sobre el sentido del fallo dictado, al respecto la doctrina sobre el particular refiere que " ... si el fallo apelado, dictado por los jueces de la causa, es fundado y serio, aun cuando pueda discutirse con base legal la doctrina que consagra o sus consecuencias prácticas, no resulta aplicable la jurisprudencia excepcional establecida en materia de arbitrariedad ... " (Genaro R.
Carrió Alejandro D. Carrió (1983). El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria. Buenos Aires, Argentina 5- Del contexto, se advierte que los juzgadores han fundado su decisión, conforme a la norma jurídica aplicable al caso y sobre la plataforma fáctica obrante en juicio, de cuya circunstancia no se podría llegar a concluir conculcación alguna al deber de fundamentación. En efecto, no se observa una infracción al deber de fundamentación que exige el art. 256 de la CN, sobre todo cuando los juzgadores exponen acabadamente las circunstancias por las cuales invocan y aplican la norma referente al caso, la que, desde luego y conforme se desprende, se produce dentro del marco interpretativo admitido por 6- Por lo manifestado precedentemente, considero que corresponde el rechazo de esta acción de A su turno, el Ministro Gustavo E. Santander Dans manifiesta que se adhiere al voto del Ministro
POR TANTO, la
SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
TENER por reconocida la personería al recurrente en el carácter invocado y por constituido su RECHAZAR "z. -limine" la acción de incontitucionalida:d presentada por el bg. 1Martín Riera Duarte, en nomre y repre entación d1Caja de Jubilcioes y Pensiones de Empie,ados de Bcos /A' contra la- 1 .D. 203,def cha .. 21 de-julio-del 2022,-dwtadaporelJuzgado de -Primera Instancia -en-Ie-Civil y Comerc al, Vi simo Tum de la Capital, y contra el Acuerdo y Sentencia Nº 77, de fecha 21 de diciembre de 2022, ictado or el Trib na! de Apelación en Civil y Comercial, Tercera Sala de la Capital, por lo O E. Santander Dans esar M. DiesJ Jungh Ministro ,/ Dr. f . tro ' ¡ liJllS