CORTE SUPREMA . oEJUSTIC'IA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIGUEL ÁNGEL HAIFUCH C/ ART. 9º DE LA LEY Nº2345/2003 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA" ;: Í,i't" A :ERDO Y SENTENCIA NÚMERO: fJcve l;f'l-h,J St?(-ty 11 Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, ......... ...-.s GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RÍOS OJEDA y CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, anternl, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIGUEL ÁNGEL HAIFUCH C/ ART. 9º DE LA LEY Nº2345/2003 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor Miguel Ángel Haifuch Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada, el Doctor DIESEIL JUNGHANNS dijo: En fallos anteriores ya me pronunciado al respecto de la Acción de lnconstitucionalidad promovida contra el Art. 9 de la C omo punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 º define a la República del Paraguay, como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3º dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de la ley" Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes,.
Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ministro Ríos Ojeda Vfcro1 pr. M,n,stro vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.
Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art.202 CN, la formación y sanción de las leyes (Art. 203 C.N), el juicio político (Art.225 CN), la designación de sus autoridades y empleados (Art.200 CN), la citación e interpelación (Art.193 CN), el voto de censura (Art. 194 CN); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 CN, tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, e) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y de administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas. naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.
En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la lew regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es mío).- En consecuencia, a tenor la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de Ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de Ley Nº2345/03, modificado por la Ley Nº4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.
Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del va señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por Ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo. " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 CN) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad social" " ... el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 CN) CORTE SUPREMA E JUSTICIA PROMOVIDA POR MIGUEL ÁNGEL HAIFUCH C/ ART. 9º DE LA LEY Nº2345/2003 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA" 1 t ílY ilación, como modo de terminación de la relación jurídica ente el Estado y el unc1onario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la CN), de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenidos en cuenta desde la óptica de la Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad, (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46 ; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos, en el ámbito público, sin ernbarqo, ésta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más ele constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 CN), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 CN) y .el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el goce del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la CN). Por estas razones.
la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional.
Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación .. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamie q otorgan a este complejo tema las normas eguridad Social que integra nuestr ordenamiento jurídico, y su consonancia o n por la fórmulas consideradas má flexibles o equitativas, como las que postulan solucion de pa o gradual desde la activida al retiro, es algo que corresponde a la valora 1ón poi tica y I gislativa, y al ámbito el juicio de ), Gustavo E. Santander Dans Ministro Oieda.
Víctor ltiO.'i J J Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada y el levantamiento de la medida dispuesta por el Al Nº2199 de fecha 23 de diciembre de 2020. 1.- El señor Miguel Angel Haifuch, por sus propios derechos y bajo patrocinio del Abogado Roque González Romero con Matrícula de la CSJ Nº 6860 promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", artículo 3º del Decreto Nº1579/04 "POR LA CUAL REGLAMENTA LA LEY Nº 2345, DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2003 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO" y artículo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/0:3, conforme se desprende del escrito inicial de 2. - Alega el accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 6, 14, 46, 47, 48, 57, 86, 88, 94, 101, 102 y 103 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: "Los preceptos atacados de inconstitucionalidad establecen un límite de 65 años para la jubilación obligatoria y en el propio sector público otros servidores públicos se jubilan a los 75 años como es el caso de policías militares y magistrados. Esta desigualdad es totalmente injusta, provocada por una discriminación basada no en la capacidad o en la aptitud para el trabajo sino en tener más de 65 años pese a que la discriminación por edad".
3.- De las instrumentales agregadas a autos surge que el accionante, a la fecha, cuentan con la edad de 68 años y ha acreditado su calidad de funcionario público a través de las 4.- Examinadas las instrumentales obrantes en autos, y considerando la inminente aplicación del art. 1 Ley Nº 4252/1 O al accionante, en cuanto a la obligatoriedad de la jubilación en razón de la edad, procederé al estudio de esta acción en los siguientes términos:
5.- Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. .. )". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 6. - Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIGUEL ÁNGEL HAIFUCH CI ART. 9º DE LA LEY Nº234512003 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA" 1, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer cial como un derecho humano, con cobertura universal.
1 t. :t aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, qué prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O, Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria", lo que trae aparejado que ya no 8.- Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.
9.- Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la. autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de 10.- Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor de las nuevas generaciones, posibilitando su legítimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la función pública.
11.- La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos pú icos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley rtíc lo 102). La norma atacada, al limitar la edad p el acceso a los beneficios jubilat ios, es intentando alcanzar unpunto de equilibri entr los derechos de ambos grup : los qu acceden a la jubilación por haber cumplid su cic o de trabajo para con el Estad y los qu desean acceder eg.í.t_imamente al e úblico. sí, la norma i pugnada garan iza tanto e Gustavo E. Sat1tar1 lJ ns Ministro Cesar M. Diesel Junghanns Ministro J. , o 1eda Víctor Rros 12.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder 13. - Finalmente, en relación al Decreto Nº 1579/04, el accionante no expresó ningún agravio en particular que le cause la vigencia de dicha norma, limitándose a citarlo a en forma general, razón por la cual no procede el estudio por parte de esta Sala de conformidad a lo dispuesto en el art. 552 del C.P.C. No obstante, lo dicho, cabe recordar que en relación a la norma impugnada se debe acreditar la calidad de Jubilado o Pensionado de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, a los efectos de posibilitar el estudio de la misma, dado que tal disposición afecta a quien ostente necesariamente la calidad 14.- En conclusión, corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad promovida; y, en consecuencia, levantar la medida cautelar de suspensión de efectos A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: El señor MIGUEL ANGEL HAIFUCH, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 10 DE LA LEY 2345103 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", contra el Decreto Nº 1579/04, Reglamentario de la Ley Nº 2345/03", alegando la conculcación de disposiciones D e los argumentos expuestos por el accionante se extrae que el mismo cuestiona la constitucionalidad de la norma que faculta al Estado a jubilar a sus funcionarios que hayan cumplido 65 años de edad. En ese contexto, de las constancias de autos se evidencia que el recurrente reviste la calidad de funcionario público y que ha reunido los requisitos establecidos en la norma para adquirir la jubilación. Sostiene entre otras cosas que a la fecha se encuentra con suficiente salud física y mental para seguir prestando sus servicios al Estado. Funda la EI Art. 1 de la Ley 4252/1 O: "Art. 9.- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se fa define en el Artículo 5de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria.
Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIGUEL ÁNGEL HAIFUCH CI ART. 9º DE LA LEY Nº234512003 "DE ? r r o REFORMA y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA" ' ;e: ,: b c;lo ':, I sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior 1.. a( 10(cu ta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no , espe1fic partir de te fecha dela promulgación de la presente Ley.
s, ,1 ellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626100 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del índice de Precios al SUPREMA USTIC'IA Analizada la normativa cuestionada, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportántes y jubilados la administración do dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cuelquier título, presten servicios al Estado.
La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad E n relación a la impugnación del Decreto Nº 1579/2004, debemos tener en cuenta que el recurrente, lo hace en forma genérica, en ningún momento ha individualizado al artículo concreto por el cual se siente agraviado, por lo tanto no acredita fehacientemente la supuesta conculcación de normas de rango constitucional, no dándose cumplimiento a los presupuestos En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden y visto el e de la Fiscalía General del Estado, voto por no hacer lugar a la Acción de lnconsti cionali promovida por el señor MIGUEL ANGEL HAIF Ordenar el levantamiento e la med a de suspensión da.ef ctos dictada por Al º 99 d fecha 23 de diciembre d 2020. ES 1 tavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro certifico, que arrOOaCJa la senten Ante mí: Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro SENTENCIA NÚMERO: VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima CORTE SUPRENIA DE JUSTICIA Sala Constitucional RES U IE LV E: NO HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor MIGUEL ANGEL HAIFUCH, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente de Suspensión de efectos, dispues por el Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro