ACCIÓN DE PROMOVIDA POR MARIA LILIANA BEATRIZ ORTIZ DE SCHIMMEL C/ ART. 9 DE LA LEY 2345/2003 Y ART. 3 DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº 1579 DICTADO EN FECHA 30 DE ENERO DE 2004 Y LA LEY N 4252/2010 QUE MODF. EL ART. 9 DE LA LEY 2345/2001 FOR LA CUAL REGLAMENTA DICHA LEY. Nº 187. AÑO ,'::iD SENTENCIA NÚMERO: Vovt c,'t,Jvj _s.c"' t"L , "e o e 0,,.;e4'áeCi de su11ción, Capital de la República ,del 1 paraguay, a losvc;"-krcJ días e la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala --,.....,..-"ff,ucional, Doctores GUSTAVO SANTANDER DANS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, ante mí Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONJLIDAD: PROMOVIDA POR MARIA LILIANA BEATRIZ ORTIZ DE SCHIMMEL C/ ART. 9 DE LA LEY 2345/2003 Y ART. 3 DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº 1579 DICTADO EN FECHA 30 DE ENERO DE 2004 Y LA LEY N 4252/2010 QUE MODF. EL ART. 9 DE LA LEY 2345/2001 FOR LA CUAL REGLAMENTA DICHA LEY", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la señora María Liliana Beatriz Ortíz de Schimmel, por derecho propio y bajo patrocinio Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS, dijo: La presente acción de inconstitucionalidad es incoada por la señora María Liliana Beatriz Ortiz de Schimmel, por derecho propio y bajo patrocinio del Abogado .Jorge González Areca, contra el Artículo 1 º de la Ley Nº 4252/2010 "Que modifica /os artículos 3º, 9º y 10º de la Ley Nº 2345/2003 "De Reforma y Sosteníbílídad de la Casa Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público" y el Artículo 3º del Decreto Nº 1579104, por reputar dicha disposición como violatoria En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificad r la norma impugnada, los agravios de la accionante se ciñen exclusivamente a la mo ficacio normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubila íón ob/í ataría por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Ministro - , s Ojeda Víctor RIO facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley".
Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserve, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserve. a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art.
193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la siqnificación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio E n ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de iubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtual del Principio de Reserve de la ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Ne 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley la cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución.
Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no ACCIÓN DE PROMOVIDA POR MARIA LILIANA BEATRIZ ORTIZ DE SCHIMMEL C/ ART. 9 DE LA LEY 2345/2003 Y ART. 3 DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº 1579 DICTADO EN FECHA 30 DE ENERO DE 2004 Y LA LEY N 4252/2010 QUE MODF. EL ART. 9 DE LA LEY 2345/2001 FOR LA CUAL REGLAMENTA DICHA LEY. Nº 187. AÑO 1.. s g ifica.que isma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la ir,ioQ:t-itucio.... ad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros fundamentos.
, Es ,. llo que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir J; ' en-un f:1.,.),, d injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto dé.:-s-t-a, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad social" ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la CN., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.
Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han lleqado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y pri I0s constitucionales. En efecto, la jubilación zosa constituye un instrumento por/,el cua el Legislador por un lado, posibilita la ig alda de oportunidades en el acceso la funci n pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y . eca bio d13 la plantilla de servidores estat es, mientr que, por el otro, el servidor púb reo ue pasa c1 na situación de retiro, disfrut en delante d su derecho Ldescanso, co el is rute del pertinente habebilatorio y la especi 1 proteccjé como per)s'0.n. a de la terce dad y s jeto de la Se . .u-Fi"" a :__i Arts. 6, 57 y 5 ' 3 -t e: e antander Dans - Gus ao c.. J tvünistro joS ojeda V'ctor R Ntn'lstr0 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de Debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Más, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a ese complejo tema de las normas de Seguridad Social que integra nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las formulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito de Por último, es dable manifestar que la accionante se ha limitado a esbozar de manera poco clara y más bien genérica la impugnación contra el Art. 3 del Decreto 1579/2004, la misma solo se limita a enunciar la impugnación de tal disposición, esta circunstancia -falta de desarrollo de agravios- impide su consideración por esta Magistratura.
Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada. Asimismo, corresponde ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta 1. Se presenta la Sra. MARIA LILIANA BEATRIZ ORTIZ DE SCHIMMEL, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 9 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ART!CULOS 3, 9Y 10º DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.
SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", en su calidad de jubilada de la administración pública, conforme se desprende de las instrumentales que obran en autos y del escrito inicial de 2. Alega la accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 6, 14, 46, 47, 57, 88, 102 y 103 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: "( ... ) sostengo que afectan las normas constitucionales de referencia, por el hecho de que se obliga a pasar a la INACTIVIDAD LABORAL por la sola razón de tener 65 años de edad, vulnera el derecho de continuar trabajando a una persona capaz, honesta e idónea, que son factores indispensables exigidos para el acceso a las funciones públicas 3. De las instrumentales agregadas, tenemos que la accionante reviste calidad de funcionaria pública, ya que agrega a autos copia del Decreto Nº 166/2000 emitida por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en donde la misma fue nombrada en fecha 24 de mayo de 2000, constatándose así, que la misma es funcionaria de dicha institución, así mismo surge de la Cedula de Identidad glosada a foja 03 que la misma cuenta con 67 4. Examinadas las documentaciones citadas (que obran en autos) y considerando que la accionante a la fecha de emitir esta opinión cuenta con 67 años de edad y ante la inminencia la aplicación de la ley 4252/201 O, procederé al estudio de esta acción en los 5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana ( ... )". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el ACCIÓN DE PROMOVIDA POR MARIA LIILIANA BEATRIZ ORTIZ DE SCHIMMEL C/ ART. 9 DE LA LEY 2345/2003 Y ART. 3 DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº 1579 DICTADO EN FECHA 30 DE ENERO DE 2004 Y LA LEY N 4252/2010 QUE MODF. EL ART. 9 DE LA LEY 2345/2001 FOR LA CUAL REGLAMENTA DICHA LEY. Nº 187. AÑO !?.Js.ttp:ª ob orio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las Y"cuestion e esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho . s, tj e a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración. Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un 7. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la ju b i I ación será ob I ig atori a".
8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del 9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES", no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la 1 O. Además, debemos considerar qu el lími de dad, dispuesto por la norma impJJ da, implica una medida que pro ue dere o al trabajo a favor de las/ nuev s generacions, posibilitando s1 gítim cceso a empleo público, más aún, confai?erand la contjaccíón de la econorma y por de del resupuesto General de la N cron, que va a un jcenso en la ferta .d mpleo n el s or blic:unsta cías ésta,s Gustavo t. Santander Dans Ministro 'Cesar M. Dlesel Jltn han Ministro CSJ. , Ojeda Víctor R10s pr. -¡v1,,ústro que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la 11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el derecho al 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de 13. Por la las consideraciones que anteceden opino que corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad. Asi mismo corresponde levantar la suspensión de efectos contra el art. 1 de la ley Nº 4252/1 O y art. 127 de la ley Nº 6258/19 dispuesta en autos A la cuestión planteada, el Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS dijo:
La señora MARIA LILIANA BEATRIZ ORTIZ DE SCHIMMEL, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts. 39y 1 O de la Ley 2345/03 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público" y contra el artículo 3 del Decreto Reglamentario Nº 1579/04.- De los argumentos expuestos por la accionante se extrae que la misma cuestiona la constitucionalidad de la norma que faculta al Estado a jubilar a sus funcionarios que hayan cumplido 65 años de edad. En ese contexto, de las constancias de autos, se evidencia que la recurrente reviste la calidad de funcionaria pública y que ha reunido los requisitos establecidos en la norma para adquirir la jubilación. Sostiene entre otras cosas que a la fecha se encuentra con suficiente salud física y mental para seguir prestando sus servicios al Estado. Funda la presente acción en los Arts. 6, 14, 46, 47, 57, 88, 102, 103 de la La disposición impugnada dispone cuanto sigue: El Art. 1 de la Ley 4252110: ''Art. 9" - El aportante que complete 62 (sesenta y dos; años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a fe jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de fe remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para une antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2. 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o le Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrén derecho a una jubilación cuyo monto sera establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha efe la promulgación de la presente Ley.
ACCIÓN DE PROMOVIDA POR MARIA LIILIANA BEATRIZ ORTIZ DE SCHIMMEL C/ ART. 9 DE LA LEY 2345/2003 Y ART. 3 DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº 1579 DICTADO EN FECHA 30 DE ENERO DE 2004 Y LA LEY N 4252/2010 QUE MODF. EL ART. 9 DE LA LEY 2345/2001 FOR LA CUAL REGLAMENTA DICHA LEY. Nº 187. AÑO tC rjt.
1 ,1-fi.Y,e(I ue se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a .,.,. ,.l!Q8). Ú{Jtlac, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ;''ES-f'A-:"'ELE A ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL .9.,, l " JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE s, t. 1626/00 'DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Analizada la normativa cuestionada, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilacionesde los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con este propósito acuerden a losaportantes y jubilados la administración de dichos entes baja control estatal.
Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de El artículo constitucional transcripto precedentemente; contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional alguna.
Por último, es dable manifestar que la accionante se ha limitado a esbozar de manera poco clara y más bien .genérica la impugnación contra el Artículo 3 del Decreto Nº 1579/2004 "Por el cual se reglamenta la Ley Nº 2345/2003", se verifica que la recurrente no ha expuesto ni desarrollado los agravios concretos ocasionados por la normativa objetada, la misma solo se limita a enunciar la impugnación de tal disposición, esta circunstancia -falta de desarrollo de agravios- impide su consideración por esta Magistratura, que de ninguna manera puede En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden vist Dictamen de la Fiscalía General del Est o, vo o por no hacer lugar a I Acción lnconstitucionalidad promovida por la eñora M RIA LILIANA BEATRIZ ORTIZ SCHIMMEL. Ordenar el levantamiento d la medid de suspensión de efect s dictada '""''' Ministro 1eda V, tor R10S inistro Ante mí: ando SS.EE., todo por ante mí de que Gustavo E. Santander Dans Ministro Asunción, '1-J de S('rt("'i'))btc de 2.0 Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, Sala Constitucional RESUELVE: , Ojeda Vlctol' R10S RECHAZAR la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la Señora MARÍA LILIANA BEATRÍZ ORTÍZ DE SCHIMMEL, de conformidad a lo establecido en 1 ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de efectos, dispuesta' por e' ' Gustavo E. Santander Dans Ministro Cesar M. Diesel J nghanns Mlniuro Ci.
Ante mí: . Ojeda Víctor RIOS Dr, Ministro