ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENEIDE CAROLINA RODAS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "ENEIDE CAROLINA RODAS C/ ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANER S/ REIVINDICACION t-'V'.:' /if'. "!"" ACUERDO Y SENTENCIA NÚIÍnERO: ¡-t;J cb;,c;a,.,c.uaro. cu"'rdos a Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala il-&fl'lltOClJ:--.i-al, Doctores GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RIOS OJEDA y CÉSAR ,-UNGHANNS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENEIDE CAROLINA RODAS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "ENEIDE CAROLINA RODAS C/ ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANER 5/ REIVINDICACION DE INMUEBLE a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la señora ENEIDE CAROLINA Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala VISTO: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: GUSTAVO SANTANDER, DANS VÍCTOR RÍOS OJEDA y CÉSAR DIÉSEL A su turno, el doctor GUSTAVO SANTANDER, dijo: LA Sra. ENEIDE CAROLINA RODAS ACOSTA, por derecho propio y bajo patrocinio del Abogado VICTOR HUGO MORENO, promueve acción de inconstitucionalidad en contra de la S.D. Nº 427 de fecha 27 de Agosto del 2.019, dictada por Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la circunscripción judicial de Central y contra el A. y S. Nº 112 de fecha 07 de Setiembre del 2.020, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la circunscripción judicial de Central, dictados en los Autos caratulados: "ENEIDE CAROLINA RODAS C/ ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANER S/ REIVIENDICACIÓN DE Se agravia la accionante contra las resoluciones de ambas instancias, las cuales al rechazar la demanda de REINVINDICACIÓN DE INMUEBLE le ocasionó perjuicio irreparable.
Invoca la vulneración de los Arts. 109 y 256 de la Constitución Nacional. Centra sus agravios en los siguientes términos: "La accionante aduce ser propietaria del inmueble individualizado corno Finca Nº 4639 del distrito de Capiatá, por compra hecha a la Empresa ERREDE S.R.L. . a efectos de hacer posesión de dicho inmueble se constituyó en el mismo no pudiendo acceder en razón de haber sufrido amenazas, por lo que realizó la denuncia ante la olicía y por su parte también obtuvo una medida judicial en el juicio: "Eneide Carolina Ro as A osta e/ Ricardo' Benítez s/ Medida Cautelar de urgencia" con la cual logró ingresar a 1. propie ad y reparar el alambrado y realizar una p ue construcción en la misma. Poster ormente n fecha 12 de noviembre de 2014, reci ó un m ndamiento de desahucio en su e ntra, raz n poinstauro, demand Oe i indicaci n dein::::::m::::
:;;;::: us-cavo r.. Santander Dans Ministro e M Qiesel Jgnanns esar Ministro C Por su parte el Sr. ALCIDES GONZALEZ MONTANARO al momento de contestar ta demanda sostuvo que es propietario de la Finca Nº 1981 del Distrito de Capiatá desde el año 1979, el número de Finca no coincide con el de la actora. En el presente caso existe controversia respecto a inmuebles individualizados con los números de Fincas Nº 4630 y 1981 ubicados en el Distrito de Capiatá. De las pruebas periciales realizadas en autos, surge que el inmueble perteneciente a la actora no pudo ser ubicado, en cambio el perteneciente al demandado sí, el cual fue adquirido de buena fe y a título oneroso y además el Sr. GONZALEZ se encuentra en posesión del mismo desde el año 1979 según se desprende de otras pruebas producidas en juicio, consideraciones estas tenidas en cuenta por los juzgadores de las instancia anteriores que coincidieron en que la reivindicación no es 1vía, por entender que existen otros resortes procesales para dilucidar la superposición de títulos a los cuales la actora eventualmente podría recurrir para reclamar efectivamente sus derechos.
La Fiscalía General del Estado, aconsejó el rechazo de la presente acción, al no advertir violación de principios, derechos o garantías constitucionales.
Por las resoluciones impugnadas se resolvió cuanto sigue: "Por S.D. Nºº 427 de fecha 27 de Agosto del 2.019, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Segundo Turno de Capiatá resolvió: "1.) HACER EFECTIVO el apercibimiento decretado por providencia de fecha 19 de diciembre de 2017, y tener por confeso en el sentido afirmativo a la parte demandada Sr. ALCIDES GONZALEZ MONTANARO a tenor del pliego de posiciones presentado, de conformidad al Art. 282 del C.P.C.; y considerar dicha confesión como elemento afirmativo de prueba a favor de la parte actora. 2.) NO HACER LUGAR, con Costas a la demanda de REIVINDICACIO DE INMUEBLE promovida por la Sra. ENEIDE CAROLINA RODAS ACOSTA contra el Sr. ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANARO, por los motivos expuestos en el exordio de la presente resolución. 3.) NOTIFICCAR, por Cédula o personalmente a las partes. 4.) ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema En el mismo sentido el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la circunscripción judicial de Central, resolvió: "l.) DECLARAR DESIERTO, el recurso de nulidad interpuesto por los fundamentos expuestos en la presente resolución. 11. CONFIRMAR íntegramente la Sentencia Definitiva Nº 427 de fecha 27 de agosto de 2019 (fs. 711/720) dictada por el Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral del Segundo Turno de la ciudad de Capiatá, a cargo de la Abog. Norma Ortega, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. 11.) IMPONER las costas de la presente instancia a la parte apelante, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. IV.) NOTIFICAR por cédula o personalmente a las partes. V.) DEVOLVER estos autos al Juzgado de origen, una vez firme y ejecutoriada la presente resolución. VI.) ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia".
Analizada la presente Acción de lnconstitucionalidad a la luz de, los 'agravios esgrimidos y haciendo un cotejo de la fundamentación desplegada por los Juzgadores en ambas instancias para justificar sus respectivos fallos, se aprecia que los agravios vertidos ante esta máxima instancia no encuentran sustento, al no advertirse la pretendida arbitrariedad ni Corresponde recordar que la Acción instaurada posee un carácter excepcional, por tanto corresponde analizar previamente si se han observado los requisitos para su procedencia contra resoluciones judiciales. Al respecto el Art. 132 de la Constitución Nacional consagra: "De la inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las . resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley''. El Código Procesal Civil establece en su Art.
556: "Acción contra resoluciones judiciales. La acción procederá contra resoluciones judiciales de los jueces o tribunales cuando: a) por sí mismas sea violatorias de la CORTE PREMA 3' TICIA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENEIDE CAROLINA RODAS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "ENEIDE CAROLINA RODAS C/ ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANER SI REIVINDICACION ,:,;¡J;iNf'ció <o b) se funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de 0'g1id, trario a la Constitución en los términos del Art. 550". El mentado Art. 550 '" dis one- '.; cedencia de la acción y juez competente. Toda persona lesionada en sus s ' erechos por. resoluciones.. que infrinjan en su aplicación, principios o normas ' l t onstitución, tendrá facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por las disposiciones de este capítulo". Por su parte, en su Art. 557 legisla los requisitos de la demanda: "Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individua/izará claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiera recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y Así de las normas anteriormente transcriptas surge que para la procedencia de la acción contra resoluciones judiciales es necesario que el accionante identifique la resolución judicial y el juicio en que se dictó, acredite ser titular del derecho lesionado por la resolución atacada y la lesión alegada; la norma, derecho, exención, garantía, o principio constitucional que la resolución ha infringido, y la fundamentación clara y concreta de la inconstitucionalidad. Debe además especificar si a su criterio la resolución es por sí misma violatoria de la Constitución, esto es por arbitrariedad; o si su inconstitucionalidad deriva de la aplicación de una norma En el caso de autos las alegaciones expuestas por la accionante denotan la mera disconformidad con los argumentos y el criterio de interpretación expuestos por los juzgadores, que en ambas instancias han fallado en sentido coincidente resultando contrario a sus intereses, es sabido que la conformidad o no con los criterios sustentados por los juzgadores, no es cuestión que pueda dilucidarse por esa vía excepcional, solamente expedita para el caso de quebrantamiento a normas, principios o garantías de jerarquía constitucional.
Del análisis de los fallos impugnados, se constata que los magistrados intervinientes no se han apartado del derecho positivo vigente, aplicando las disposiciones normativas prescriptas en los Arts. 2408, 2411 y concordantes del Código Civil, por lo demás han realizado un desarrollo acabado de los argumentos que los llevaron a concluir y coincidir en la decisión del caso. De los fallos cuestionados se puede inferir que han justificado suficientemente sus pronunciamientos, tanto desde el punto de vista lógico como jurídico, por lo que la conclusión aparece como una derivación razonada de las premisas fácticas y normativas aplicables al caso, sin que puedan ameritar la descalificación por arbi aried En atención a lo precedentemente . uesto, a las consideraciones leg 1,Ies citada y visto el par cer-ss Ministerio Público, c sider AUe corresponde no hacer luga, a la presen e Cesar M. Diesel Junghanns Miniitn:i CSJ, ustavo E. Santander Dans Ministro A su turno, el doctor VICTOR RIOS OJEDA, dijo: Disiento respetuosamente con el voto emitido por el distinguido Ministro preopinante y lo hago con' base en las siguientes razones: 1.- En cuanto a los antecedentes procesales de esta acción, como ya fueron reseñados en el voto que me antecede, omito tal descripción y paso al estudio directo del caso.
2.- En primer lugar, cabe precisar que el fin específico y concreto del control de constitucionalidad de resoluciones judiciales es la verificación de su concordancia con los mandatos establecidos en la Constitución Nacional. Es así que la Sala Constitucional se encuentra limitada a comprobar que los fallos judiciales estén fundamentados conforme a parámetros legales y de lógica jurídica, respetando las normas constitucionales.
3.- En esta instancia, nos encontramos ante la impugnación de resoluciones judiciales dictadas en el juicio ordinario de reivindicación, promovido por el Abogado César Augusto Saifildin en nombre y representación de la señora Eneide Carolina Rodas Acosta, en relación con la Finca Nº 4630 del Distrito de Capiatá, contra el señor Alcides Domingo González Montanaro. La parte demandada contestó el traslado de la demanda. Las partes ofrecieron pruebas que fueron diligenciadas en el estadio procesal oportuno y presentaron sus alegatos.
El Juzgado de Primera Instancia, luego de analizar las pruebas, concluyó que correspondía rechazar la demanda de reivindicación planteada. Apelado el fallo por la demandante, el Tribunal de Alzada confirmó la decisión. 4.- La accionante, como fundamento de su acción, cuestiona que los magistrados no valoraron el informe pericial que valida su hipótesis fáctica, ni la confesión del demandado. Por el contrario, al proceder al estudio de las constancias de autos, tuvieron en cuenta la pericia de la parte adversa y la del perito tercero, quien, según sus manifestaciones, sólo se adhirió a 5. - De la lectura del Acuerdo y Sentencia No. 112 de fecha 07 de septiembre de 2020, impugnado, se observa que los magistrados manifestaron, en cuanto a la evaluación pericial, lo siguiente: " .. .De las constancias procesales, en específico de las pruebas periciales, se desprende claramente que 2 de los 3 peritos han concluido de forma idéntica que: 1) no existe superposición de títulos; 2) que el título de la actora (Finca Nº 4630) no puede ser ubicado en la Res Litis; y 3) que el título que sí puede ubicarse en el inmueble litigioso es el del demandado (Finca Nº 1981). Es por ello que, con absoluta certeza, verificamos la improcedencia de la presente acción, puesto que los requisitos del artículo 2408 del Código Civil, que reza: 'La acción de reivindicación se da contra el poseedor que está obligado a restituir la cosa, o que la adquirió del reivindicante o de su autor, aunque fuese de buena fe, por un título nulo o anulable. Procederá también contra el poseedor actual que la obtuvo de un enajenante contra quien procedía dicha acción, salvo lo dispuesto en este Código respecto de los adquirentes de derechos sobre inmuebles a título oneroso y de buena fe', no se encuentran reunidos". En primer lugar, porque la actora no ha podido ubicar en la Res Litis su título dominial de la Finca Nº 4630, mientras que su adversa si ha ubicado el suyo (Finca Nº 1981) en el inmueble litigioso. Este hecho, por si solo, justifica el rechazo de la presente acción.
Además, el demandado no es un poseedor obligado a la restitución de la cosa, ya que la adquirió de buena fe y la ha poseído desde el año 1979, fecha en que adquirió la Finca Nº 6. - De tal motivación surgen dos circunstancias que importan para evaluar la constitucionalidad del fallo, a saber, (i) se ha omitido toda referencia a la pericia disidente y, por ende, no se la ha valorado sin haberse dado razones para sostener tal omisión; (ii) se resolvió el caso desde un enfoque estrictamente cuantitativo, es decir, quedó circunscripto al aspecto numérico, esto es, no se llevó adelante una evaluación racional el contenido del trabajo técnico cuando que, la doctrina autora! especializada en la materia, nos enseña que la valoración de una prueba pericial impone, como regla general, " ... No usar criterios simplemente ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENEIDE CAROLINA RODAS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "ENEIDE CAROLINA RODAS C/ ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANER SI REIVINDICACION .-..,c_:,_;_.t.- La Constitución de la República del Paraguay establece, en su artículo 16, el derecho a la defensa en juicio como un pilar fundamental del debido proceso. Este derecho, en el contexto presentado, implica una verdadera garantía para las partes y desencadena en un deber jurisdiccional para los jueces. Una garantía que señala un mínimo requerido para la existencia de un debido proceso jurisdiccional, esto, en el sentido de la facultad con la que cuentan las partes de presentar, argumentar y valerse de pruebas en favor de sustentar sus respectivas tesis. Un deber jurisdiccional porque ante el ejercicio de aquella facultad, los órganos jurisdiccionales se encuentran compelidos a evaluar y estudiar las diversas hipótesis que se presentan en juicio -con sus respectivos respaldos probatorios- sobre todo cuando refutan una posición contraria existente dentro del litigio. Este deber, como se podrá advertir se conecta con el art. 256 primera parte de la Constitución Nacional.
8. - Dentro de ese encuadre, considero que el razonamiento fáctico llevado adelante por los jueces del Tribunal, en cuanto a la omisión detectada, así como la evaluación parcial -con un enfoque meramente cuantitativo y sin escudriñar su verdadero valor epistémico- de las pruebas aportadas -ver lo señalado en el punto 5-, constituye una grave violación a la garantía constitucional de la defensa en juicio prevista por el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Esto es así, porque se afectó el núcleo esencial de este derecho en tanto se dejó de lado un material probatorio que refuta la tesis de los demás utilizados, pero, sin una mención de las razones, en este caso, cualitativas, por las que se tomó tal decisión. Desde luego que también se produce una afectación al deber de fundamentación contenido como mandato en el art. 256 Constitución Nacional. En suma, estos derechos implican, como se adelantó, que todas las pruebas presentadas por las partes sean debidamente abordadas, valoradas y consideradas en la sentencia. Así lo enseña la doctrina especializada cuando menciona que " ... En resumen, la exigencia de motivación se extiende a todas las pruebas. Ésta es la regla general, y en su cumplimiento encuentra el juez la legitimidad de su actuación ... "2 (Los resaltados son míos).
9.- Precisamente, la motivación es un requisito esencial para garantizar la transparencia y la legitimidad de las decisiones judiciales. Es que de ese modo es como se ejerce el control tanto endo -revisión de las mismas por las instancias superiores- como extra procesal de las decisiones adoptadas. Sobre este punto, se ha dicho que « ... la motivación se conviert e na garantía que trasciende a las partes porque proyecta la obligación como un valor con- titucio al que hace a la eficacia de las sentencias ... » 3 administración de justicia, que protege el derecho de ./os ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de tes decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática ... »4. , :, "' .
11.- Se reitera, con apoyo en lo dicho por la doctrina nacional, que en la valoración pericial "La verdad no necesariamente tiene que estar radicada en la suma de dos conclusiones de peritos, pudiendo alojarse ella justamente en la opinión aislada del otro perito, aspecto que se puede concluir del análisis de los conocimientos y principios científicos en que se sustentan las distintas opiniones de los peritos. De allí que la norma exige al juez analizar los principios científicos en que se funden, y las demás pruebas y elementos de convicción que la causa le ofrezca ... "5 . Dicha imposición viene dada, incluso, del art. 360 del CPC, que, evidentemente no fue debidamente observado, circunstancia que desencadena la presencia de una arbitrariedad de carácter no sólo fáctica, sino que, incluso, normativa.
12.- Tampoco podemos perder de vista que el principio de igualdad constitucional, consagrado en el artículo 46 de la Constitución, impone a los jueces la obligación de tratar a las partes, que conforman la relación procesal, de manera paritaria. Esto, en el aspecto probatorio, significa que las pruebas presentadas por todas las partes deben ser valoradas con el mismo rigor y objetividad, tal como lo hemos dejado plasmado más arriba. En efecto, cuando los jueces omiten la valoración de ciertos y determinados materiales probatorios o los realizan con una deficiencia notoria, no sólo se quebranta el derecho a la defensa en juicio y el deber de motivación, sino que también se viola el principio de igualdad ante la ley, pues, se produce, en la praxis, un tratamiento desigual sin una justificación sustancial.
13.- Ante todo, hay que aclarar que la igualdad ante la ley no significa que todas las pruebas deban tener el mismo peso en la decisión judicial dado que esto, justamente, supondrá fallar únicamente con una perspectiva cuantitativa. Entiendo que, el verdadero alcance involucra la consideración y valoración de todas las pruebas aportadas al juicio, esto, en función de su pertinencia, relevancia y sobre todo su mayor valor epistémico. Todo ello debe ser desarrollado dentro de la justificación respectiva, en cuyo caso, una exclusión no justificada es una manifestación clara de un trato desigual y que degenera en un acto discriminatorio, afectando la garantía de imparcialidad del proceso y, por ende, la justicia misma de la 14.- Cabe destacar que la doctrina constitucional y la jurisprudencia han establecido que las decisiones judiciales que omiten la consideración de pruebas decisivas, sin una justificación adecuada, deben ser consideradas arbitrarias. Esta arbitrariedad vicia la sentencia y afecta la resolución justa del caso, lo que justifica la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones impugnadas. En ese sentido, se ha dicho: " ... La prescindencia de pruebas o de constancias obrantes en la causa, o la oposición a ellas, es un supuesto de arbitrariedad. La Corte ha incluido en su catálogo de sentencias arbitrarias aquellas que se dictan sin considerar constancias o pruebas disponibles que asuman la condición de decisivas o conducentes para la adecuada solución del caso, y cuya valoración puede ser significativa para alterar el resultado del pleito ( ... ) La prescindencia sin fundamentos suficientes de una prueba pericial cuyo contenido es posible que resulte conducente para resolver el litigio, vicia también la sentencia, doctrina transferible a la no consideración de una pericia caligráfica o al informe de esos ministerios ... "6 orte Interarnericana de Derechos Humanos. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs.
Venezuela. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Párrafo 77.- Tellechea Solis (Director); lrún Croskey (Coodinador). (2012). Código Procesal Civil de laRepública del Paraguay Comentado, Tomo 11. La Ley Paraguaya. Pág. 215/216.- 6 Sagüés, N.P. (2013). Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario, 4ª edición actualizada y ampliada, 2ª reimpresión. Editorial Astrea. Buenos Aires, Argentina. Pág. 258/260.- ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENEIDE CAROLINA RODAS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "ENEIDE CAROLINA RODAS C/ ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANER SI REIVINDICACION . 1,1.'"'1'5.- s:R almente, hemos visto que la actuación de los magistrados que conforman el 0 eJ;r'ana ::-... Apelaciones, ha propiciado la presencia de diversas causales de arbitrariedad, . ntr,::..""''"', arbitrariedad normativa, arbitrariedad fáctica, e insuficiente motivación. Tales rrrr,rri:'lie:,¿,"-'t.:'-;.5. desembocan en la conculcación, a su vez, de varios derechos constitucionales, como garantía de la defensa en juicio -art. 16-, el principio de igualdad -art. 46-, el deber de 16.- Por tales motivos, opino que corresponde hacer lugar a la presente acción de inconstitucionálidad, y en consecuencia, anular el Acuerdo y Sentencia No. 112, de fecha 07 de septiembre de 2020, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial del Departamento Central, impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 560 del Código Procesal Civil. Con respecto a la resolución dictada en la instancia baja, su abordaje carece de objeto dado que el Tribunal que sigue en orden de turno evaluará las circunstancias procesales a los efectos de llevar a cabo, el control de logicidad o, en su caso, una revisión de la decisión ejerciendo una valoración racional de las pruebas 17. - Con respecto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la parte vencida, en A su turno, el doctor CESAR DIESEL JUNGHANNS, dijo: Admitida y tramitada la acción, por decisión de los Señores Ministros Colegas de .esta Sala, en mayoría, se me impone el estudio del fondo de la acción y la atención puntual de los argumentos que en su sustento contiene, y su contrastación con los fallos atacados y el contexto del proceso en el cual En dicha tarea, recordemos que la acción instaurada impugna las resoluciones aduciendo específicamente su arbitrariedad y la conculcación - a través de ella - del derecho a la propiedad privada consagrado en el Art. 109 de la Constitución Nacional, que la actora intento Señala, puntualmente y en síntesis, que no se consideraron debidamente los informes periciales sobre los que acusa que uno de ellos no cumple con los requisitos para su validez, al violar la forma de presentación exigida para los dictámenes periciales. En el mismo sentido, objeta que no se haya tenido en cuenta la prueba de confesión ficta del Señor ALCIDES DOMINGO GONZÁLEZ MONTANARO a pesar de haber sido ella declarada en la sentencia Hecha la síntesis de los fundamentos de la pretensión del control constitucion ms do, corresponde considerar los fallos atacados y el texto procesal en el que fueron , ictado . - Cesar M. OieseíJunghanns Ministro CSJ. ..,, r:;ustavo E. S::nhrii:r Dans la demanda de reivindicación que fuera promovida por la Sra. ENEIDE CAROLINA RODAS, actora también en estos Cabe aclarar que siendo la primera de las citadas, la resolución que causó estado, corresponde comenzar el análisis por ella dado que la materia de la función.
jurisdiccional de alzada es- justamente el control de lo actuado en la instancia originaria, En la tarea de estudiar el primer argumento principal de la impugnación, se nota, del análisis de los principales, realizado al solo efecto de verificar su correspondencia con lo atendido en el AC. Y S en crisis y de tener el contexto en que éste fue dictado, que el Perito designado por el Juzgado como perito tercero, presentó un escrito en fecha 17 de octubre de 2018, (a fs, 667 de los principales) en el cual - bajo el título de presentar su dictamen - se limitaba a manifestar quePor el presente vengo a adherirme completamente a la pericia presentada por el perito de la parte demandada Topógrafo Ricardo Codas en toda su extensión. Cumpliendo de esta manera con lo encomendado por S.S. atentamente ... (sigue Sobre el particular, nos percatamos que en el escrito de alegato de la parte actora de los principales (y de éstos) denunció tal circunstancia, lo que resulta importante a la luz de lo dispuesto en el Art. 358 del Código Procesal Civil que reza: Forma de presentación del dictamen. El dictamen se presentará por escrito, con copias para las partes, a su costa.
Contendrá las explicaciones detalladas de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que los peritos funden su opinión. Los peritos que concordaren podrán presentarlo en un único texto. Los otros lo harán por separado, aunque lo redactaren La parte impugnante, al presentar su memorial de azada, si bien no se refirió con precisión sobre la presentación del Perito Tercero, adujo la existencia de irregularidades manifiestas en la construcción de su estructura al existir vicios de forma, ya que se parta de la ley>. Esto debió ser notado por el órgano de alzada, cuando hizo una re consideración de la prueba, pues ella debe ser ... apreciada por el juez, teniendo en consideración la competencia de los peritos, la conformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se funden y las demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca (C.P.C. Art. 360, el resaltado es nuestro). Pertinente se hace recordar a De Santo 1, que referenciando a Colombo, afirmaba que carece de valor probatorio la pericia que se reduce a referir informaciones o explicaciones fadas por terceros ... .
Cabe aclarar que lo precedente no configura una opinión sobre el valor de la pericia, lo que es ajeno a nuestra competencia, pero si es una circunstancia (la omisión del tribunal de alguna consideración al respecto) que da lugar a una causal de arbitrariedad.
Con relación al motivo esgrimido por la impugnante en esta acción, referente a la no consideración de la prueba confesoria, notamos - del voto de la mayoría-:- que se ha ignorado directamente esta cuestión pues no se formuló (reitero, en el voto de mayoría) ninguna Se lee en el voto mayoritario, sobre la segunda cuestión (la apelación); Es así, que la parte recurrente, en su memorial de agravios asegura que todos los presupuestos para la procedencia de la presente acción de reivindicación de inmueble, se hallaban reunidos, y que la A-quo ha incurrido en el error de no hacer lugar a la presente demanda, al no tener en cuenta la declaración ficta en sentido afirmativo de la parte demandada, entendiendo que es la "reina de las pruebas" (el resaltado es propio). Lo transcripto da cuenta que los magistrados que votaron en mayoría eran conscientes de la objeción fundada en la falta de DE SANTO, Victor; La Prueba Pericial-teoria y Práctica, 2da. Ed. Actualizada, p. 536, Ed. Universidad, Bs. As. 1994 henmos d ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENEIDE CAROLINA RODAS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "ENEIDE CAROLINA RODAS C/ ALCIDES DOMINGO GONZALEZ MONTANER S/ REIVINDICACION ,l t,; s oportuno hacer notar que la S.D. de primera instancia (Nº 427 del 27 de agosto de 24, que fuera puesta en crisis en alzada) efectivamente, en su punto resolutivo Nº 1 dispuso 1.) HACER EFECTIVO, el apercibimiento decretado por providencia de fecha 19 de diciembre de 2017, y tener por confeso en sentido afirmativo a la parte demanda SR. AL CIDES GONZÁLEZ MONTANARO a tenor del pliego de posiciones presentado, de conformidad al Art.
282 del C.P. C. y considerar esa confesión como elemento afirmativo de prueba a favor de la parte actora . Sin embargo, en la lectura de sus fundamentos, no encontramos referencia alguna a los hechos tenidos por confesados afirmativamente por el demandado.
Entonces, la mayoría de la alzada debió estudiar dicho agravio (falta de consideración de la prueba), dándole validez o no, pero el haberlo ignorado directamente constituye una violación al principio del derecho a la defensa (Art. 16) pues simplemente soslayó la que fuera esgrimida en forma de agravio de fundamentación del recurso.
Obiter dictum hemos de recordar que la confesión judicial, espontánea o provocada, expresa o ficta, es irrevocable salvo caso de error, dolo o violencia, lo que debe ser probado (Art. 297 C.P.C.) y que en cuanto a su valorserán apreciadas por el juez juntamente con las demás pruebas, y de acuerdo con los principios de la sana critica.(Art. 302 del CPC) .-- Es decir, establecida la confesión ficta sin que ella haya sido revocada por error, dolo o violencia debidamente probados, el juzgador, en este caso el de segunda instancia en estudio de un recurso concedido libremente y ante el agravio puntual, debió considerarla y - en caso de desecharla - hacerlo en base al análisis respectivo fundado en la valoración contrastada de otras pruebas, lo que no ocurrió en el AC. YS. impugnado, en el que simplemente se obvió un agravio que en modo alguno puede ser considerado secundario.
En tal estado de cosas, la sentencia de alzada impugnada en esta acción no cumple con los parámetros mínimos que establece la norma legal (Art. 15 inciso "b", 160 del C.P.C. en concordancia con los Arts. 159 incisos "b" y "c", 423) y por tanto no puede alcanzar la categoría de sentencia válida en cumplimiento del Art. 256 de la C.N., sin perjuicio de la violación verificada al Derecho a la Defensa (Art. 16 C.N.) consagrada en la Carta Magna.
En cuanto a la resolución dictada en la primera instancia, deviene innecesario su estudio pues disponiéndose la nulidad de la de alzada, el debate sobre aquella queda habilitado en las Por lo dicho, la acción debe prosperar parcialmente, haciendo lugr - acción de inconstitucionalidad promovida en contra AC. YS. El Ac. y S. Nº 112 de fe a 17 de setiembre del 2020 dictado por el Tri nal d Apelación en lo Civil, Co ercial y aboral, Primera a, de as,cunscrip J icial de entral, disponiendo, por tan 10, su nuli d con el con ecuente procedí ient de c n ormidad I Art. 560 del C , ,, Gusta10 E. Sannder Dans Cesar M. Diesel Junghanns . 'J Mini!itro CSJ.
En cuanto a las costas, ellas deberán imponerse a la perdidosa, de conformidad y en Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: 2-olf Asunción, 3D de de 2.02é..t.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima l.i1ü,trO Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR la presente Acción de lnconstitucionalidad, promovida por la Señora ENEIDE CAROLINA RODAS, y en consecuencia, anular el Acuerdo y Sentencia No. 112, de fecha 07 de septiembre de 2020, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial del Departamento Central, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 560 del Código Procesal Civil
lMPONER costas la parte accionante de conformidad al Art. 192 del C.P ..
Ante mí: Gustavo E. Sa:1,n er Dans , ,, o,ieda