EXPEDIENTE: "SAN FRANCISCO S.A PUERTO CAACUPEMI C/ RES Nº 630 DEL 23/NOV/2017 DICTADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ccoa, d de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a ffllSala de Acuerdos los Excmos. Señores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Doctores LUIS MARIA BENITEZ RIERA, MANUEL DEJESUS RAMIREZ CANDIA Y MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS por ante mí la secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "SAN FRANCISCOS.A PUERTO CAACUPEMI C/ RES Nº 630DEL 23/NOV/2017 DICTADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS" a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nº 271 de fecha 20 de septiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia,
CUESTIONES
Es nula la sentencia apelada?- En caso contrario, se halla ella ajustada a derecho?- Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BENITEZ RIERA, RAMIREZ CANDIA Y LLANES A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA DIJO: El abogado Diego Zavala, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, ha ad interpuesto, conforme se desprende del escrito os, expresando en su parte sustancial que: " ... la sentencia , Ramírez Co día Or tAenuctlresus MNSiRO Ministra recurrida y luego de la Resolución DNA Nº 630, así como de la procedencia de esta demanda. Caso contrario, si la revisión de oficio de la duración del procedimiento administrativo se aplica para unos, pero no para otros, esta Excma. Sala Penal estaría avalando un injusto e inconstitucional tratamiento discriminatorio entre administrados. Sobre la duración del sumario administrativo, VV. EE., podrán notar que, desde el inicio del procedimiento en fecha 30 de noviembre de 2015 hasta el dictado de la resolución que puso fin al mismo, en fecha 18/11/2018, transcurriendo nada menos que 2 años, 11 meses y 18 días; plazo que excede por mucho los 107 días hábiles de duración del sumario administrativo establecido en los Que, en primer lugar, debemos convenir que, el recurso de nulidad contra una sentencia, procede cuando se alegan errores en la propia sentencia por violar formas o solemnidades establecidas por la ley. O sea, cuando la sentencia adolece de vicios o defectos de forma o construcción que la descalifican como acto jurisdiccional. La nulidad de una sentencia o resolución debe interpretarse de manera restrictiva y se procede a declararse únicamente cuando el supuesto vicio no pueda remediarse al considerar el recurso de apelación.
Que, tanto de la lectura del escrito de expresión de agravios como del Acuerdo y Sentencia Nº 271 de fecha 20 de septiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, podemos concluir que los argumentos expuestos por la parte demandada versan sobre cuestiones interpretativas y de aplicación, cuando en realidad los vicios nulidificantes deben ser actos y hechos violatorios de garantías procesales puntuales y concretas, que desnaturalicen el proceso, vulnerando derechos garantizados a las partes en todo proceso, Así, se deduce que las quejas sostenidas por la parte actora carecen de los elementos Que, en base al análisis precedentemente desarrollado, corresponde no hacer lugar a la nulidad planteada, ya que el carácter restrictivo de este recurso tiene vigencia únicamente cuando se decreta la existencia de una irregularidad grave, imposible de reparar por otros medios. Consecuentemente, corresponde desestimar el recurso de nulidad planteado por la parte actora contra el Acuerdo y Sentencia Nº 271 de fecha 20 de septiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por improcedente. Por otro lado, no se observan en la resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su ' , I EXPEDIENTE: "SAN FRANCISCO S.A PUERTO CAACUPEMI C/ RES Nº 630 DEL 23/NOV/2017 DICTADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE c::.Q) érrninos autorizado por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal de consecuentemente desestimar este recurso. ES MI VOTO.
representación de la firma San Francisco S.A./Puerto Caacupemí, solicitó la nulidad del Acuerdo y Sentencia Nro. 271/22 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, en razón de que los miembros del Tribunal no examinaron de oficio la duración del sumario administrativo, la cual, de haber sido verificada, acarrearía la nulidad del acto administrativo impugnado, debido a la inobservancia de los plazos legales de duración contemplados en la Ley Nro.
2422/04 y porque además, se produjo la perención de la instancia administrativa, en virtud a la Ley Nro. 4679/12. En consecuencia, la omisión de dicha revisión, justifica la declaración de nulidad del fallo recurrido y del acto administrativo En ese lineamiento, a los efectos de resolver la cuestión propuesta, es importante mencionar que, el recurso de nulidad debe aludir a vicios de construcción del proceso o de la resolución en su forma y no a supuestos errores El Código Procesal Civil, aplicable a la sustanciación del juicio contencioso administrativo, en virtud a lo establecido en el artículo 5 de la Ley Nro. 1462/35, establece los casos en los cuales es procedente declarar la nulidad de la sentencia, haciendo referencia a ella en los artículos 15 incisos: b ), c ), d), y e), y artículos 113 y 404, por lo cual, es necesario estudiar el recurso interpuesto conforme a las Las normas mencionadas disponen: Artículo 15. Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial: b) fundar las interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme vigentes y al principio de congruencia bajo pena de y, sin que le sea permitido juzgar del valor udiencias de l.-<ranes O.
Dra. Ma. Caro ,ma.., Ministra su cargo, con excepción de aquellas en que la delegación estuviere autorizada; Artículo 113. La nulidad será declarada de oficio, cuando el vicio impida que pueda dictarse válidamente sentencia definitiva, y en los demás casos en que la ley lo prescriba y; Artículo 404. Casos en que procede. El recurso de nulidad se da contra las resoluciones dictadas con violación de la forma o solemnidades que prescriben las De la normativa transcripta, específicamente del artículo 15, incisos b) y d) del C.P.C.; se denota la necesidad de fundamentar las resoluciones definitivas conforme con el principio de congruencia, sobre aquello que fuera objeto de petición, caso contrario, dichas resoluciones son nulas por mandato legal.
Según P ALAClO1 , el principio de congruencia constituye: "una de las manifestaciones del principio dispositivo y que reconoce, inclusive, fundamento constitucional, porque como lo tiene reiteradamente establecido la Corte Suprema comportan agravio a la garantía de la defensa ( CN, art. 18) tanto las sentencias que omiten el examen de cuestiones oportunamente propuestas por las partes, que sean conducentes para la decisión del pleito ( citra petita),como aquéllas que se pronuncian sobre pretensiones o defensas no articuladas en el proceso ( ... ) La sentencia, por consiguiente, debe guardar estricta correlación con lo pretendido en la demanda o Los fallos deben ser congruentes con la forma en que ha quedado trabada la litis, bajo pena de nulidad. No pueden resolver ultra petitum (más allá de lo pedido por las partes); ni extra petitum (fuera de los términos del litigio); ni tampoco citra petitum (omitiendo alguna de las pretensiones deducidas).
Habiendo aclarado lo anterior, es pertinente señalar, que si bien el Tribunal de Cuentas posee competencia para analizar el cumplimiento de oficio de los requisitos exigidos para la admisión del escrito de demanda ( a tenor de lo PALACIO, Lino Enrique. Manual de Derecho Procesal Civil, 17 Edición LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p.
EXPEDIENTE: "SAN FRANCISCO S.A PUERTO CAACUPEMI C/ RES Nº 630 DEL 23/NOV/2017 DICTADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE os artículos 2152 del C.P.C.; además de lo previsto en el e la Ley Nro. 1462/35); no obstante, la cuestión alegada por el .L.'-<:...,.."'- .... e, escapa a tal atribución, puesto que dicho estudio (regularidad del sumario administrativo, en cuanto a cumplimiento de plazos legales) por parte de los juzgadores, no refiere a aspectos que hacen a la admisibilidad del escrito inicial, sino, a cuestiones que versan sobre la regularidad del acto administrativo impugnado, y que no fueron propuestas por las partes.
Por otra parte, del análisis de la resolución recurrida, no se observan vicios o defectos que ameriten la declaración de nulidad de oficio en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. En consecuencia, corresponde RECHAZAR el recurso interpuesto.
A su turno, la DRA LLANES OCAMPOS dijo: me adhiero al voto del A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dl'. BENITEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia Nº 271 de fecha 20 de setiembre de 2022, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: " ... 1. - NO HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa presentada por el Abogado Diego Zavala, bajo patrocinio de Abogado en nombre y representación de la firma SAN FRANCISCO S.A/PUERTO CAACUPEMI, conforme los Código Procesal Civil, artículo 215 - Forma de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá: a) el nombre y domicilio real del demandante; b) el nombre y domicilio real del demandado; c) la designación precisa de lo que se demanda; d) los hechos en que se funde, explicados claramente; e) el derecho expuesto sucintamente; y f) la petición en términos claros y positivos. La demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo que al actor no le fuere posible determinarlo al promoverla, por las circunstancias del caso, o porque la estimación dependiere de elementos aún no definitivamente fijados, y la promoción de la demanda fuere imprescindib para evitar la prescripción de la acción _J.,H-O!,,..:,upuestos, no procederá la excepción de defecto legal fundamentos expuestos en la presente resolución y en consecuencia. 2. - CONFIRMAR, el acto administrativo impugnado la RESOLUCIÓN Nº 630, DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS. 3.- IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa, de conformidad a lo que establece el Artículo 192 del C.P. C ... ".
Que, el Abog. Diego Zavala, en representación de la parte actora, se agravió en contra del fallo impugnado fundamentando su recurso a través de un extenso escrito, manifestando su disconformidad general sobre la decisión del Tribunal de Cuentas, haciendo un relato de las actuaciones que sirvieron como antecedentes directos a la presente demanda contenciosa administrativa y copiando textualmente fragmentos de la Resolución recurrida, no fundamentando debidamente el recurso de apelación interpuesto, conforme se desprende del escrito obrante a fs. 328 a 339. Finalizó solicitando la revocación del Acuerdo y Que, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, la expresión de agravios debe ser concreta, clara y concisa, correspondiendo que el recurrente exprese, lo más objetivamente posible los agravios que le causan la sentencia recurrida. En ese sentido, el Art. 419 del Código Procesal Civil, dispone: "FORMA DE LA FUNDAMENTACIÓN. El recurrente hará el análisis razonado de la resolución y expondrá los motivos que tiene para considerarla injusta o viciada. No llenándose Que la doctrina sobre la materia plasmada en él artículo referido precedentemente, señala que el escrito de expresión de agravios debe penetrar en los fundamentos de las Resoluciones y concretar los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales se derivan los agravios que se reclaman. También debe constar en dicho escrito, en forma clara y detallada, los motivos que ha tenido Que, antes de entrar a auscultar el fondo de la cuestión planteada, es preciso examinar si la fundamentación del Recurso de Apelación presentado en contra del precitado Acuerdo y Sentencia, llena los recaudos exigidos por el Art. 419 del C.P.C. para su consideración. Al respecto, se observa que el escrito de expresión de agravios, obrante a fs. 328 a 339 de autos, presentado por el apelante, no contiene los fundamentos que agravian a su parte, sino qu-e simplemente vuelve a repetir las actuaciones que sirvieron como antecedentes de la presente demanda EXPEDIENTE: "SAN FRANCISCO S.A PUERTO CAACUPEMI C/ RES Nº 630 DEL 23/NOV/2017 fSiic - X,PJ,)P.!texa efecto, '!Aq; fluyen los recaudos para su estudio, pues el apelante no hizo un S¡ 1JJ1 ifl '"'zonado de la Resolución impugnada, ni expuso los motivos para considerarla injusta o viciada. Es decir, que el mismo en el memorial presentado no sintetizó los fundamentos del Recurso planteado. Al no haberse expresado con claridad y objetividad los fundamentos de los agravios que le causan la sentencia impugnada, careciendo de una crítica razonada de la misma, el planteamiento del Cl:I 1 de lo resuelto por los Miembros del Tribunal de Cuentas. En Que, en conclusión, la interposición del presente recurso simplemente se basa en la discrepancia con el criterio del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, distando de contener una crítica concreta y razonada de los fundamentos que la Por lo expuesto, mi voto es por declarar desierto el presente recurso incoado por el actor Abog. Diego Zavala, representante de la parte actora.
En cuanto a las costas, deben ser impuestas a la perdidosa de conformidad al principio general establecido en el Art. 192 y el Art. 203, inc. e) del Código A su turno, el DR RAMIREZ CANDIA dijo: Que disiente respetuosamente de la opinión del Ministro Luis María Benítez Riera, debido a que el artículo 419 del C.PC. debe ser interpretado en forma restrictiva, pues se vincula al ejercicio Es importante tener presente que, aunque la crítica formulada sea mínima, ya se cumple con la carga impuesta por la norma mencionada; esto debido a que be e declarada excepcionalmente cuando no sea posible lectura del escrito de expresión de agravios, ego Zavala, representante de la firma San Francisco mí, se observa que existen agravios que deben ser atendidos a los cual se res men: 1) el Tribunal del C, igo Adua Dra. u« Carolina Llanes O.
Ministra numeral 5, dispone que se excluye la responsabilidad del depositario cuando el faltante, avería o destrucción de las mercaderías de importación y exportación sea consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor debidamente probada ante autoridad aduanera; por lo que al haberse probado la existencia de un caso fortuito y de fuerza mayor, mediante la denuncia realizada ante la Policía Nacional y luego el Ministerio público, su representada no tiene responsabilidad alguna, y; 2) señaló que le agravia la sentencia, pues transgrede el principio de inocencia y el debido proceso, pues compete al Tribunal de Sentencia del fuero penal calificar la conducta de contrabando, luego de identificar a los responsables del hecho, por lo que la DNA no puede señalar subsidiaria y antojadizamente responsable a la firma accionante como autor del delito y esto ser confirmado por A los efectos de abordar la cuestión propuesta, es pertinente recordar que por Resolución A.A.A.e. Nro. 08/17 de fecha 26 de junio del 2017 (fs. 155/158) el Administrador de Aduana de Caacupemí resolvió, entre otras cosas: calificar el hecho investigado, como infracción aduanera de contrabando en virtud a los artículos 90 numeral 1) y 336 incisos b) y f) del C.A.; responsabilizar del hecho a la empresa portuaria San Francisco S.A./Puerto Caacupemí, quedando la misma obligada al pago de los tributos aduaneros debidos por las mercaderías desaparecidas del recinto portuario y que están bajo su guardia y custodia (18 contenedores de obras, usados) e intimar al pago de los impuestos tributarios.
Seguidamente, ante el recurso de apelación interpuesto por la firma, el Director Nacional de Aduanas resolvió por Resolución N10. 630 de fecha 23 de noviembre del 2017 (fs. 195/200), rechazar el recurso interpuesto y, en La firma accionante recurrió en lo contencioso administrativo las resoluciones administrativas mencionadas precedentemente; resultando su demanda, rechazada por el Tribunal de Cuentas por medio el Acuerdo y Sentencia Nro. 271/22, debido a que el depositario de las mercaderías, en este caso, San Francisco S.A./Puerto Caacupemí, es responsable en caso de faltante, en virtud a lo establecido en el artículo 38, numeral 2) y 3) del C.A.; ya que al no haberse despachado las mercaderías, éstas se encontraban en régimen de depósito bajo su responsabilidad; la cual, no se ejecutó debidamente, ante la prueba y reconocimiento por parte de la firma, al haber extraído las mercaderías y dejado en un patio posterior, luego de lo cual, se dejara constancia de su desaparición.-- EXPEDIENTE: "SAN FRANCISCO S.A PUERTO CAACUPEMI C/ RES Nº 630 DEL 23/NOV/2017 DICTADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE responsabilidad del depositario al solo efecto tributario, sin admitir prueba en contrario, en el caso de bultos o mercaderías recibidas en depósito, con faltas, defectos o irregularidades, sin haber formulado las observaciones correspondientes; 2. Se presume la responsabilidad del depositario, sin admitir prueba en contrario, por el pago del tributo aduanero, sobre las mercaderías de importación bajo su custodia, en caso de f altante, avería o destrucción, así como de los daños causados a la misma en las operaciones de carga o descarga realizadas por sus dependientes o terceros en su nombre; 3. En el caso de f altante, avería o destrucción de las mercaderías depositadas para exportación, se presume la responsabilidad del depositario por el tributo aduanero, debido en su caso y por la restitución de los beneficios ya concedidos; 4. Lo previsto en los numerales 1, 2 y 3 no exime a! depositario de su responsabilidad por la comisión de faltas o infracciones aduaneras que eventualmente pudieran ser cometidas; 5. Se excluye la responsabilidad del depositario cuando el faltante, avería o destrucción de las mercaderías de importación y exportación sea consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor debidamente probada ante autoridad aduanera; 6. Se presume la responsabilidad del depositario en los casos de pérdida de bultos o mercaderías recibidas en depósito. La responsabilidad del depositario con relación al depositante o quien tuviera el derecho a disponer de las mercaderías, se rige por las disposiciones del derecho privado, salvo las normas especiales de derecho público que El argumentodel recurrente en esta instancia, consiste en que, al haberse probado la existenci f ituito o fuerza mayor, a causa de la desaparición de las mercadería ada an e la Policía Nacional y Ministerio Público, la firma accionan previsto en el rtí . Carolina [Lanes O.
Ministra En ese sentido, es pertinente aclarar que la denuncia -por sí sola- de la desaparición de las mercaderías (18 contenedores de obras) ante la Policía Nacional y Ministerio Público, no es suficiente para probar las causales eximentes de responsabilidad, pues ésta en puridad consiste en el relato circunstanciado de un hecho, con indicación de los autores y partícipes, perjudicados, testigos y demás elementos probatorios que puedan conducir a su comprobación y calificación legal (artículo 285 del C.P.P.). En otras palabras, constituye es el acto inicial del procedimiento penal, el cual, de ninguna forma puede acreditar la configuración de los hechos denunciados, pues debe ser complementada con Por otra parte, el caso fortuito o fuerza mayor, consiste en aquel suceso que no ha podido preverse o que previsto no pudo evitarse, proveniente de la naturaleza o el hecho del hombre y en el presente caso, se advierte que los 18 contenedores de obras, luego del procedimiento de vaciamiento parcial, fueron dejados en el patio de vaciamiento, por un funcionario de la firma accionante (prueba documental obrante a fs. 15/18); es decir, tampoco se puede inferir que la firma accionante, al dejar las mercaderías a la intemperie, no haya previsto que éstas podrían desaparecer del recinto. Cabe destacar, que constituyen obligaciones del depositario: "recibir, guardar, custodiar y conservar las mercaderías depositadas y presentarlas al servicio aduanero cuando le fuera indicado, así como prestar todas las informaciones que le sean requeridas. " ( artículo 3 7, inc. a) del Por consiguiente, al no constatarse probado el caso fortuito o fuerza mayor y en atención a que el depositario no actuó con el debido cuidado de las mercaderías, no queda otra alternativa que confirmar las normativas aplicadas por el Tribunal, artículo 38, numeral 2) y 3) del C.A., los cuales, presumen la responsabilidad del depositario, sin admitir prueba en contrario, por el pago del tributo aduanero, sobre las mercaderías de importación bajo su custodia, en caso Finalmente, en lo que respecta al segundo agravio, referente a la supuesta transgresión del principio de inocencia y el debido proceso, pues compete al Tribunal de Sentencia del fuero penal calificar la conducta de contrabando, y no EXPEDIENTE: "SAN FRANCISCO S.A PUERTO CAACUPEMI C/ RES Nº 630 DEL 23/NOV/2017 DICTADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ar que las garantías procesales invocadas, no son transgredidas cedimiento administrativo sancionador llevado a cabo por la !lilft.m!lfl:a-ción Aduanera, pues la conducta examinada, contrabando, constituye además de una infracción aduanera, un delito de acción penal pública, en virtud Por otra parte, del análisis de las actuaciones llevadas a cabo durante la tramitación del sumario administrativo y de las actuaciones obrantes en el expediente judicial, se advierte que la parte actora tuvo la oportunidad de desvirtuar los hechos denunciados, de proponer e impugnar las pruebas contra ella presentadas, por lo que, en definitiva, se concluye que se respetó el debido Por tanto, corresponde RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el Abg. Diego Zavala, en representación de la firma San Francisco S.A./Puerto Caacupemí, y, en consecuencia; CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 271/22 En cuanto a las COSTAS, corresponde sean impuestas al apelante, parte LANES OCAMPOS dijo: me adhiero al voto del Dr. Manuel ¡esús r.amrcCond a ,INbTRU Dra. Ma. Carolinnes O.
Ministra ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO . VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excma. S LAPENAL 2) DECLA A ESIERTO el Recurso de Apelación interpuesto por la parte 1 Acuerd y Sentencia Nº 271 de fecha 20 de septiembre de or el Trí unal de Cuentas, Primera Sala.
Ministra