CORTE SUPREMA. DEJUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR JULIO CÉSAR AQUINO DELGADO Y CARMELO ADALBERTO SCHNEIDER VANNI C/ ARTS. 34º Y 41º DE .,;,'l¿!J.E , Y SENTENCIA NÚMERO: /.Jovec,í,i,Jo., ioues..).. / dos 'l.. ::r5T la dad de Asunción, Capital de la República del Pqraguay, a los 6)¡ e,i '1 ueve ,as, del , e S!2.p,e""'1, del año dos mil Je.,,,, e,.ua t-ro , estando en la Sala -Hh:ícional, Doctores GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RIOS OJEDA y CESAR DIESEL JUNGHANNS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR JULIO CÉSAR AQUINO DELGADO Y CARMELO ADALBERTO SCHNEIDER VANNI C/ ARTS. 34º Y 41º DE LA LEY Nº 2856/06", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por los Señores Julio César Aquino Delgado y Carmelo Adalberto Schneider Vanni, por sus Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.
A la cuestión planteada, el Ministro Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: Los Señores Julio César Aquino Delgado y Carmelo Adalberto Schneider Vanni, promueven Acción de lnconstitucionalidad contra los artículos 34º y 41º, de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73191 Y 1802101 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y Refieren que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos de su mandante, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46º y 47º de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el artículo 109º del mismo cuerpo legal.
La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voiuntettem te de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del cita o mo to a la amortización o cancelación de su obligación.
/ derec a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del a 1 do de u trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes Gustavo E. Santander Dans M1n1stro , o 1eda Víctor ios Min1s Exa minad a la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, dejados cesantes o, que se retiren voluntariamente.
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Tal y como lo han relatado los accionantes, los mismos no reúnen las exigencias establecidas en la norma impugnada, a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizaran durante su gestión en un banco de plaza, extremo que señalan como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47° de la Constitución Nacional, "Artículo 47° -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a laCaja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11º, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " .. .La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires - República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).
En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, los accionantes reclaman se devolución, considerando Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de su articulado E n las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso de los accionantes hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal CORTE DE JUSTICIA incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en 't . ria vi ón a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los Aqui :-.. gado y Carmelo Adalberto Schneider Vanni, circunstancia que también colisiona "l: rantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que ispone: " ... Se garantiza te propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para "PROMOVIDA POR JULIO CÉSAR AQUINO DELGADO Y CARMELO ADALBERTO SCHNEIDER VANNI CI ARTS. 34º Y 41º DE Con relación a la impugnación del Art. 34 de la Ley Nº 2856/2006, no amerita un pronunciamiento al respecto por parte de esta Sala, teniendo en cuenta como fue resuelta la Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de los señores Julio César Aquino Delgado y Carmelo Adalberto Schneider Vanni, ello de conformidad 1.- Los señores Julio César Aquino Delgado y Carmelo Adalberto Schneider Vanni, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogados, promueven Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompañan debidamente las instrumentales que acreditan 2. - Los accionantes alegan que se encuentran vulnerados los Artículos 46, 47, 89, 88, 109, 132, 137, 247, 259 inc. 5 y 260 de la Constitución, y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que la norma impugnada: " ... nos ocasiona un grave daño, irreparable, en razón de que nuestros haberes jubilatorios, se han retenido de forma ilegal por la caja bancaria, a no haber cumplido con la cantidad de años de aporte de la misma, por haber sido destituido de forma arbitraria, y aún mas considerando que la jubilación, en carácter de derecho adquirido, se convierte en un derecho de propiedad, y como tal sagradamente contra la Constitución Nacional .. .///. .. los aportes que hemos realizado, son exclusivamente nuestros, para disponer de ellos según nuestras necesidades, cuestión esta que se ve Gustavo E. Santander Dans Ministro Ministro aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y 4. - En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 1 O años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes 5. - Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art. 9º.
(. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor OPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito 8. - Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la 9. - Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones OEL,G CORTE SUPREM.A. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: :-b,,.m,.JUSTIClA "PROMOVIDA POR JULIO CÉSAR AQUINO - DELGADO Y CARMELO ADALBERTO - "(:f) SCHNEIDER VANNI C/ ARTS. 34º Y 41º DE 1;, q;éna dá'- eJa ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se 'l, ería metido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado TI-1-"-.- especto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación 11. - Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector( ... )"1 . Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato V0ffi00ldef'ÍJl1/1Siona/idad. Tomo 4. Derechos y Garantías.
Ministro : Dr. Victor Ríos Ojdfl Ministro 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (. .. )" 2 15. - De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone 'el Art.
128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(. . .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (. .. )" 3 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- Por otro lado, acerca de la impugnación del art. 34 de la Ley 2856/06, los accionantes no expresaron ningún agravio en concreto, simplemente se limitaron a transcribir la norma legal; por lo que no resta otra alternativa que el rechazo de la acción en relación a este artículo.
20.- Por lo tanto, de conformidad a las manifestaciones vertidas, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente Acción de lnconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de los accionantes la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, así como la parte que previene la prescripción extintiva del derecho de solicitar la devolución de los mismos por el transcurso del tiempo, manteniéndose incólume lo A su turno, el Ministro Doctor SANTANDER DANS dijo: Disiento respetuosamente con los respetables Ministros que me precedieron respecto de la admisión de la acción promovida contra el art. 41 de la Ley 2856/06, por los motivos que se explican a continuación.
Del estudio de las constancias del expediente, se colige que si bien los accionantes Julio Cesar Aquino Delgado y Carmelo Adalberto Schneider Vanni han agregado instrumentales que acreditan la calidad de empleados bancarios y el monto total de los aportes realizados a la Caja, o sea su legitimación para reclamar ante la Caja; sin embargo, no se verifica la presentación del documento que certifique la denegatoria de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios a la devolución de los aportes "Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- 3 Sagüés, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR JULIO CÉSAR AQUINO DELGADO Y CARMELO ADALBERTO SCHNEIDER VANNI C/ ARTS. 34º Y 41º DE que la primera parte del art. 550 del Cód. Proc. Civ. puntualiza uno de los -idmisión de la acción de incontitucionalidad diciendo que " toda persona marco de esta garantía constitucional, las .acciones destinadas a discutir cuestiones abstractas o las que produzcan agravios inciertos o meramente eventuales. En efecto, es de considerar que los agravios forzosamente deben emerger a la luz de las garantías o preceptos que se denuncian como violentados. En esta inteligencia, los agravios que motivan la interposición de la acción deben ser actuales y suficientes; caso contrario, la resolución a ser dictada sería totalmente carente de virtualidad. En palabras del célebre doctrinario Néstor Pedro Sagüés "de no haber agravio actual, el recurso extraordinario no es viable, puesto que la decisión judicial seria inoficiosa, o inútil atento a que, al no medir gravamen suficiente, la cuestión ha terminado por resultar abstracta. La Corte ha perdido, al respecto, potestad de juzgar"4 En este caso, la acción fuera intentada a efectos que citados accionantes pudieran retirar sus aportes jubilatorios realizados a la Caja citada; sin embargo, tal como lo mencionáramos supra, los mismos no han acreditado el ejercicio efectivo de tal voluntad ante la Caja ni se verifica la materialización de la lesión mediante su denegatoria. En consecuencia, a la fecha no se comprueba un agravio actual, concreto, real y cierto a efectos de la viabilidad de la acción de inconstitucionalidad. Así, la cuestión a decidir resulta abstracta y cualquier declaración en cuanto al particular resultaría al solo beneficio de la ley, En estas condiciones, ante la inexistencia de un agravio actual, concreto, real y cierto, corresponde no hacer lugar a la presente acción respecto del art. 41 de la Ley 2856/06.
Por otro lado, concuerdo con el Ministro Ríos Ojeda en que los señores Julio Cesar Aquino Delgado y Carmelo Adalberto Schneider Vanni al tiempo de incoar la demanda no la han fundado debidamente; o sea no han explicado claramente como la norma impugnada afectan sus derechos constitucionales. Siendo este un requisito de procedencia de la acción, En consecuencia, considero que la demanda promovida por los señores Ju1 Aquino Delgado y Carmelo Adal Schneider Vanni debe ser dene ada, por Con loe dio po certifi , quedandoJrda Cesar . Diesel -Junghan Ministr CSJ.
Ante mí: Gustavo t. Santander Dans Minisro ". 1ndo Dr. Víctor . is . , Mi1nst1 Néstor Pedro Sagüés, De ,echo Procesal Constitucio al, Recurso Extraordinario, Tomo 1, Ed. Astrea, Bs.As .. pp. 506-7. SENTENCIA NÚMERO: 'l 0 2, Asunción, 4Cf de -se.p; e. w-.br-e de 202 Lt . VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a s efectos de la devolución de aporte 1 a rio, con relación a los accionantes ULI CESAR AQUINO DELGADO Y CAR ELO DALBERTO SCHNEIDER VANNI ello de ANOTAR, r Gustavo E. Santander Dans Ministro Ante mí: br. vtaor Ríos Ojeda Ministro