ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR FACUNDO LARREA HOLZMANN C/ ART. 1º DE LA LEY Nº5221/14 QUE MODF. EL ART. 93 DE LA LEY 1860/02 "QUE ESTABLECE EL CODIGO AERONAUTICO DE LA RCA. DEL ,,- ,s"'-'-c. EUE O Y SENTENCIA NÚMERO: 1J00Jeoet<Db I 11 Y'1Vf!e 01la C u,ad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los días Qie1f-PJés'dpti.e,--, bti del año dos mil ,J<2,11)-f1o,ofro, estando en la Sala de Acuerdos de la CQet;,Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala, Constitucional . rGUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RIOS OJEDA y CESAR DIESEL --........c.......ífiANNS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR FACUNDO LARREA HOLZMANN C/ ART.1º DE LA LEY Nº5221/14-QUE MODF. EL ART. 93 DE LA LEY 1860/02 "QUE ESTABLECE EL CODIGO AERONAUTICO DE LARCA. DEL PARAGUAY", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad interpuesta por el Abg. Alejandro José Piera Váldes Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.
A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: La cuestión a ser analizada en la presente acción de inconstitucionalidad gira en torno a la determinación de si la norma impugnada es o no violatoria de los derechos laborales, de las garantías de la igualdad y del principio de no discriminación, y de la libre concurrencia - y libre contratación en cuanto obliga a las personas jurídicas que ofrezcan servicios aeronáuticos (en el caso particular, servicios de fumigación agrícola) a contratar personal de nacionalidad paraguaya y a reemplazar a sus pilotos extranjeros por nacionales en un plazo abreviado.
Para ello debemos traer a la luz las disposiciones constitucionales relacionadas al caso.
Art. 46, primer párrafo: "Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los Artículo 86: "Todos los habitantes d la pública tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse en co tlicione dignas y justas. La ley protegerá abajo en todas sus formas y los derech e /la otorg al trabajador son irrenunciable ".
Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro 1 Artículo 88, primer párrafo: "No se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o A rt. 107: "Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad efe oportunidades. Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos El derecho humano al trabajo, reconocido expresamente por la Constitución Nacional, comprende dos aspectos importantes: el derecho a elegir libremente una actividad lícita y el derecho a ejercer o desarrollar la actividad elegida. Por tanto, los sujetos activos de tales derechos son las personas tanto físicas como jurídicas, y los sujetos pasivos son el Estado y las demás personas. De allí que tanto las autoridades públicas como las personas privadas vean su actuar condicionado por estos preceptos constitucionales.
Las normas constitucionales transcriptas consagran garantías en favor de todos los habitantes de la República del Paraguay -no sólo de los nacionales- que les aseguran la igualdad en derechos, específicamente en cuanto al trabajo -ya sea éste realizado en relación de dependencia o ya se trate del ejercicio independiente de un oficio, profesión o actividad económica-, así como proscriben cualquier tipo de discriminación hacia el trabajador por motivos de su origen, su sexo, su edad, religión, orientación política, etc.
AI garantizar constitucionalmente tanto la prohibición de la discriminación laboral así como la libertad de concurrencia, el Estado Paraguayo, en su carácter de Estado Social de Derecho, asume sendos compromisos. En primer lugar, y como presupuesto básico de la libertad económica, debe permitir que los habitantes de la República se dediquen a la actividad económica de su preferencia, dentro del sistema de oferta y demanda imperante en el mercado económico, asumiendo una postura pasiva y absteniéndose de aplicar cualquier tipo Yendo más lejos y en el mismo sentido, el Estado se compromete a garantizar la igualdad de oportunidades en el ejercicio de las actividades económicas, lo cual implica no sólo una postura pasiva sino un intervencionismo destinado a paliar los desequilibrios entre la oferta y la demanda que se producen en el mercado ele trabajo, lo que supone la adopción de una Entonces, el reconocimiento expreso de estos derechos fundamentales supone la consecuencia de que el Estado queda inhibido de actuar en desconocimiento de ellos. Esto conlleva que cualquier ley que impida el ejercicio de uno de esos derechos fundamentales En otro orden de cosas, debemos reconocer que si bien el Art. 87 de la Ley Suprema establece una discriminación positiva hacia el trabajador nacional, al momento que establece que se dará preferencia al mismo, ello no implica que esté permitido limitar el ejercicio de una profesión exclusivamente a trabajadores paraguayos, así como tampoco equivale que ante la oferta de trabajadores extranjeros mejor calificados o más idóneos que los nacionales, se deba Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Específicamente a nivel regional, tenemos a la "Declaración Sociolaboral del MERCOSUR del 2015", que constituye una revisión de la Declaración firmada el 1 O de diciembre de 1998 en la ciudad de Río de Janeiro, que puntualmente en su artículo 4 dispone: "1. Los Estados Partes se comprometen a garantizar, conforme a la legislación vigente y las prácticas nacionales, la igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades en el empleo y la ocupación, sin distinción o exclusión por motivo de sexo, etnia, raza, color, ascendencia nacional, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, edad, credo, opinión y , actividad política y sindical, ideología, posición económica o cualquier otra condición social, A I respecto de la Declaración Sociolaboral del Mercosur como fuente del Derecho Internacional, Peña dice: "La Declaración .Socio/abara/ del Mercosur responde a las características definitorias de los tratados, especificadas por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, comentadas en los párrafos anteriores. Efectivamente, este instrumento es una declaración internacional de Jefes de Estado, fruto de un consenso, y como tal, conjuga visiones e intereses diversos, cuya principal virtud es el reconocimiento conjunto de la dimensión social de la integración, que entraña compromisos jurídicos regidos por el Derecho Internacional. En efecto, no obstante la denominación que se le ha dado, no se trata solo de declaraciones de intenciones o principios, sino que proclama "principios" "derechos" y compromisos concretos asumidos por los Estados Partes, con varias cláusulas completas y autoejecutables. Se trata de una Declaración de derechos fundamentales de carácter social, que incluye derechos de dimensión individual y de dimensión colectiva. No es, pues, una mera declaración de propósitos políticos, la Declaración Socio/abara/ del Mercosur es un instrumento internacional que entraña compromisos jurídicos regidos por el Derecho Internacional; al ser así, tiene carácter de tratado en los términos definitorios de la Convención de Viena" (PENA, Miryam. La Declaración Sociolaboral del Mercosur. Su aplicabilidad directa por los Tribunales Paraguayos. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Corte Suprema de El Paraguay también celebró el "Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Chile y Bolivia", el 06 de diciembre de 2002, que consagra derechos a los inmigrantes. Particularmente en io que nos atañe, el artículo 9 reza: IGUALDAD DE DERECHOS CIVILES: Los nacionales de las Partes y sus familias que hubieren obtenido residencia en los términos del presente Acuerdo gozarán de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas de los nacionales del país de recepción, en particular el derecho a trabaiar; y eiercer toda actividad lícita en las condiciones que disponen las leyes; peticionar a las autoridades; entrar, permenecer, transitar y salir del territorio de las Partes; asociarse con fines lícitos y profesar libremente su culto, de conformidad a las leyes que 3. TRATO IGUALITARIO CON 'NACIONALES: Los inmigrantes gozarán en el territorio de las Partes, de un trato no menos favorable que el que reciben los nacionales del país de recepción, en lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral, especialmente en materia de remuneraciones, condiciones de trabajo y seguros sociales ... " (lo subrayado es CORTE SUPREMA oEJUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR FACUNDO LARREA HOLZMANN C/ ART. 1º DE LA LEY Nº5221I14 QUE MODF. EL ART. 93 DE LA LEY 1860102 "QUE ESTABLECE EL CODIGO AERONAUTICO DE LA RCA. DEL - '--',0-impottante compendio de normas constitucionales y de tratados, convenios y r,, ,;atu.rcfüsintetnacionales referidos. podemos concluir que la disposición legal que se ataca e-;- 12or víe . thconstitucionalidad es violatoria principalmente del Principio de Supremacía de 'lión, consagrado en el Art. 137, al quebrar la sujeción que deben reflejar las normas . legals en relación con aquellas de mayor jerarquía -las normas constitucionales y Así también consideramos que la norma impugnada es violatoria de las garantías de la igualdad, consagradas por los Arts. 46 y 47 de la Constitución Nacional. Al respecto, debemos . señalar que la igualdad jurídica consiste en que la ley debe ser igual para todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, y que no se pueden establecer privilegios que concedan a unos lo que se niega a otros bajo las mismas circunstancias. En este aspecto, resulta oportuno traer a colación las palabras de Robert Alexy: "Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual" (ALEXY, Robert. Teoría ele los Derechos Fundamentales. Centro de . Igualmente, se evidencia que la disposición impugnada es violatoria de la libertad de concurrencia, consagrada por el Art. 107 de nuestra Ley Suprema, que garantiza que toda persona física o jurídica pueda dedicarse a la actividad de su libre preferencia, a condición que sea lícita y que se encuadre dentro de un marco de igualdad de oportunidades. En el caso en cuestión surge claramente que el servicio de fumigación agrícola es una actividad lícita, que debería poder ser ejercida por quienes cumplan los requerimientos legales y reglamentarios que refieren a la profesionalidad, aptitud y seguridad. En cuanto a su ejercicio dentro de un marco de igualdad de oportunidades, es evidente que ello se halla seriamente restringido por la norma impugnada, creando la situación de que la Empresa accionante se encuentra imposibilitada de dedicarse a la actividad lícita de su libre elección.
Por los motivos expuestos, considero que corresponde hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad y declarar inaplicable respecto de la Empresa Unipersonal Facundo Larrea Holzmann el Art, 1 º de la Ley Nº 5221/2014. Asimismo, corresponde ordenar el levantamiento de la medida cautelar decretada por el A.I. Nº 2096 de fecha 09 de diciembre A su turno, el DOCTOR SANTANDER DP1NS dijo: En primer término, cabe recordar que el derecho a la igualdad puede opera desde dos distintos ámbitos; es decir, implica: 1) el tratar igual a los que están en igualdad de condiciones y 2) el no tratar igual a los que están en D" Víctor Ríos Ojeda Ministro habitantes de la república tienen derecho a un trabajo licito, libremente escogido y a realizarse Como puede notarse ninguna de las disposiciones precedentemente transcriptas establece la nacionalidad como criterio de protección del derecho a la igualdad, puesto que ambas normas constitucionales refieren expresamente a todos los habilitantes de la república Lo mencionado, indudablemente, guarda relación con la consideración de que el derecho a la igualdad es un derecho personalísimo que deriva de la sola condición de ser persona y, Por lo tanto, considero que utilizar el criterio de la nacionalidad para excluir a unas personas de lo que se les permite a otras, a pesar de que todas se encuentren habilitadas para el ejercicio de una determina actividad privada remunerada, bajo ningún punto de vista puede constituirse en un motivo de justificación para aceptar el trato desigualitario que se denuncia en autos. En este sentido, el criterio que habrá de regir es la idoneidad, la cual resulta suficientemente justificada con la habilitación para operar en vuelo expedida por la Autoridad Asimismo, considero que el Art. 87 de la CN no se puede erigir en un principio o derecho fundamental que sea susceptible de entrar en colisión con el derecho constitucional de la igualdad. En efecto, lo que esta norma pregona es la necesidad de que el Estado deba promover políticas públicas que tiendan al pleno empleo con preferencia al trabajador nacional, pero de modo alguno consiste en una vía paralela subrepticia para aceptar la comisión de violaciones de derechos fundamentales como es el derecho a la igualdad que se ve nítidamente afectado cuando la norma cuestionada restringe o elimina sin justificación jurídica válida la posibilidad de que las personas puedan dedicarse a la actividad privada lícita de su elección por la sola condición de su nacionalidad extranjera. Ello es indudablemente discriminatorio y aplicar una interpretación contraria implicaría, sin lugar a dudas, un Por los motivos expuestos, considero que se debe hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 1 º de la Ley Nº 5221 "que modifica el Art. 93 de la Ley Nº 1860/2002 que establece el Código Aeronáutico de la República del Paraguay", en lo que hace a la exigencia de la nacionalidad paraguaya a efectos de realizar las funciones aeronáuticas descriptas en dicha norma, conforme con los términos del Art. 555 del C.P.C. Asimismo, se debe levantar la medida cautelar de suspensión de efectos dispuesta por A.I. Nº 2096 de fecha 09 de diciembre de 2020 (fs. 98). Es mi voto.- A su turno, el DOCTOR RÍOS OJ Preopinante, por los mismos fundament manifestó que se adhiere al voto d Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR FACUNDO LARREA HOLZMANN C/ ART. 1º DE LA LEY Nº5221/14 QUE MODF. EL ART. 93 DE LA LEY 1860/02 "QUE ESTABLECE EL CODIGO AERONAUTICO DE LA RCA. DEL SENTENCIA NÚMERO: a.¼ , OS: Los méritos dél Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional
RESUELVE:
-;, ' HACE)tJ-AR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, 9, 0.1-Jr .a, i,1icabilidad del Art. 1º de la Ley Nº5221/2014 "Que modifica el Art. 93 de 1 i :g6'0/2002 que establece el Código Aeronáutico de la República del Paraguay", en relación al señor FACUNDO LARREA HOLZMANN, de conformidad a lo de Suspensión de efectos, disp sta r el Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro