l1 I I tFN DE JC_üS1:ITUCIONALIDÁffEN EL JUICIO: . 1 ,M:1cHEILAc 1 bL1 s1 cosuo DE cmARANIEs". AÑO ,1JbEJUS I<CIA ¡,: 1 iorilii fl "resenfrda ?ºf a Abdusa,!Rams :qaete, en ,1 Senor' '11guie¡Dante 1 <í' ctubre I, , reta a ore uzga fnmwe¡; nstincia n a Q)',a ce nmer urno, asi como " ctl -c 1o ,y Se e ciá N11 1edh 1 , de. gosto el 205, dictado 1por el Tribunal de Como cuestión previa al estudio de admisibilidad, cabe el análisis oficioso de una posible caducidad de la presente acción de inconstitucionalidad en etapa de admisibilidad.
En relación al punto es importante señalar lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Nº 609/95 establece: "Rechazo in limine. No se dará tramite a-la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justificables, ni a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, sentencia definitiva o interlocutoria".
De lo expuesto uf-supra surge que ninguna acción de inconstitucionalidad será admitida sin previo análisis de admisibilidad, entonces las normas invocadas-artículos 174 y 175 del Código Procesal Civil, no pueden ser interpretadas aisladamente, 'sino en conjunto y prevaleciendo lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Nº 609/9 5. ) En consecuencia, es posible advertir que el trámite a seguir en la acción de inconstitucionalidad, independientemente del tipo de juicio del cual se trate, es el del análisis de la admisibilidad por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En consecencia, el siguiente acto procesal luego de promoverse la acción de inconstitucionalidad eel estudio de la' admisibilidad por parte de la Sala En estas circunstancias en el presente caso queda claro que no es posible declarar la caducidad de la instancia porque la Sala Constitucional aún no ha dictado resolución que estudie la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. Así; -estando pendiente el dictado de una resolución de cualquier naturaleza, dicha carga no puede ser' atribuida a las partes y mucho menos podrá esta omisión ocasionarlesconsecuencias gravosas como: la caducidad de la instancia, ya que el impulso procesal Por tanto, no se produjo la caducidad de la instancia, cabe el análisis de la admisibilidad de la UE, la ccionante impugna de inconstitucionalidad los fallos laborales arriba individualizados, alega do la arbit ariedad de' los mismos, por violar derechos y principios fundamentales consagrados en st a Constitu ión Nacional. Afirma que fueron' vulnerados los.artículos 9, 16, 40, 46, 47 y 256, de la QUE, s gún las constancias del expediente, se impugna la resolución del Juzgado de Primera Inst n ia que izo lugar a la demanda de cobro ele¡ guaraníes en diversos.e ceptos laborales promovida por 1 señ Emilio Adrián Gómez contra el señon Miguel D. Zacarías . elagnoli. Igualmente se cue i el fallo del Tribunal de Alzada que confirma la sentencia apelada, mo cando el monto de la UE, el artículo 557 del C. P. C. dispone'; "(. . .) Citaráel actorademás la ma, derecho, enczo , i ntia o principio constitucional qusostenga haberse infringido, fundando términos !aro concretos su petición (. . .) En itodos los .casos, la Corte examinará previamente si hallan Iisfech s estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción".
. e ª"ón tQ 7x.el artículo 12 de . e N609/95 establece: "No '-se dará trámite a la demanda que o : ' QU ; los fu am,ntos expustps por el Cfionante hacen referencia al upu"esta'vulrieraci' , ae ncipios ional1' por; abrar:iedad n. laresolucons !pugna1a. l ecto, deb ñalarse e -segú sur e de las consta cias: 1de autos-1las t:c-, tQna:<iPÍJG s magistrados ugnw J imenez .lAlbert :Jvúnistro . 1 intervinientes han' sido fundadas conforme a Derecho, no resultan antojadizas ni apartadas de la solución normativa del caso. Por, otra parte, no I se ha demostrado, efectivamente la lesión a derechosde rango constitucional que ocasiona el. fallo, siendo inconsistente e insuficiente al efecto, la mera disconformidad QUE, esta Sala viene sosteniendo, invariablemente que no corresponde volver a examinar cuestiones ampliamente debatidas, ya resueltas en instancias ordinarias, cuando no se advierte alguna violación de normas o preceptos constitucionales ;y,' es 1improcedente la utilización de la acción de inconstitucionalidad como uha tercera instancia, debidoa ku carácter excepcional, extraordinario.
Néstor Pedro Sagüés sostiene: "Situaciones.que.no tipifican a la sentencia arbitraria I, .. ) a) Los fallos que cuentan con fundamentos "suficientes:', "minimos ", "adecuados", "serios", "bastantes", que impidan su descalificación como. acto judicial, 'incluso en el supuesto de error en las resoluciones del caso. b) Losfallos que se expiden adoptando una entré varias posiciones interpretativas (cuestiones opinables) siempre que se opte por una interpretación razonable. c) Las decisiones que no exceden lo que es propio de los jueces de la causa' d) Los fallos que' o contienen. errores u omisiones sustanciales para la adecuada solución del litigio. ,e) Las sentencias que no se apartan manifiestamente de la Ley, cualquiera sea su acierto o error ( .. ,)" (Compendio de Derecho Procesal Constitucional, Editorial QUE, al no haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos por las disposiciones citadas con anterioridad, corresponde el rechazo de la acción sin más trámite.
: OPINION DEL SR. MINISTRO EUGENIO JIMENEZ ROLON: , . Corno cuestión previa, debo aclarar. que la! presente acción fue' promovida en fecha 22 e septiembre de 2015 y la cuestión no ha tenido una decisión sobre su admisibilidad. El excesivo transcurso del tiempo, nos obliga.a determinar, en primer lugar, si estarnos -o no- ante un caso de abandono de instancia. Es importante recordar que, conforme a lo establecido. en el Art. 172 del Código Procesal Civil, el plazo para que opere la caducidad de la instancia en este tipo de juicio es de seis meses. Siendo el inicio de dicho. cómputo.a partir de la fecha de la última petición de las partes, resolución o actuación del En ese orden de cosas, el Art. 175 de dicho código dice: "La caducidad será declarada de oficio o a petición de .parte del juez o tribunal ... ", de igual forma el Art. 17 4 .establece: ". La caducidad se opera de derecho, porel transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de las partes " .. - Sabido es que .la caducidad de la instancia es un modo de terminación de los procesos que opera de pleno derecho y se basa en la inactividad injustificada de la parte a quien corresponde impulsar el trámite; es decir en el abandono de la instancia. Es importante recordar que, la instancia pude perimir desde el momento mismo en que se inició, es decir, desde que se planteó judicialmente la cuestión a través de la promoción de la demanda. Lo único que interesa, dice Peyrano, es que "exista una demanda y que la misma haya sido presentada ante un tribunal, para que príncipe el cómputo del término de la perención" (LOUTA YF RANEA, Roberto G. y OVEJERO LOPEZ, Julio C. 2014. Caducidad de la Dicho esto, y revisado el expediente, se colige que, esta acción fue planteada por la Abogada Susana Ramos Gaete, en representación de Mig' Jel ' ante ¡za.carías ity1i, hélagnoli,' eh¡: fecha 22 de septimrde 20J?, según cargof. ( Hos 1erir»eFrtdsqe fSfecha, ¡no 1 se compn,eqe hubo un tramite idóneo P')-1':ª impulsar la mstaf;cia, habied<D,se cumplido en exceso el plazo lde, e1s) meses de maclVl a . esta ,el os por ey ªf9ue Sf pro : UfCª a cr uc1 a . vi te que n;obrf en au:s escntos tementes .a' 1mp4lsa: los tr11tpresenta?¡ p Ir la rte acc10élftpostnorella P¡romoc10n de1accion, los cales hub1ran s1d9 oeos para: 11 terfumw1:¡ l,cduc1ad¡dla mstapc(Art. 173 dl Cod1go Procesal Civil). Tal circunstapqa igualmente ílUda dv1pFnc1ad<¡1- a¡traves del mforme del Actuano ? rante a . , _Yªque no 1ue enc10na 1 ? por e m1sf,101mngua;actuac10n1ue tenga lf caracterísflca e mstar e.l proced1m1ento, despues del ecnto presentacfo n febh,a 22 de sentlG!mbre de 2015!
Igualmente, cabe de 1cir que e .1st1eron actuac10'nes .para la integra'ción de esta SalJ según se desprede del mencionado inorme dctuario. S!µ tpi.barg, 9s c.:riterio 4niforme de est 1Qorte Suprema de Jst1cia, Junto C,Qn ladoctnna y laJrsprudenc1wáslat9ripda en la naeia, que ichás a9tuaciones son mocuas para, paralizar el transcur 1o del plazoJe /ca,dl!lc1dqd. El .re:qu1s1to de la1 fala de impulso procesal exigido por ley, evidentemerlte se refier. a /actuadodes 1' relaciortadas: con la oiito. vrsia en sí misma, que 1mpprtan pretns10nes 1 y¡ con 1ra pret ns10pes. o constitu{'ien 1 1mpulsb,,' por . tanto, las 1: , , / l "1'fILl<P AtiRIÁN ,GOMEZ ¡e; MIGUEL D. ZA.CARIAS 1'COR ¡ ,MICHEILAG10L1 s1 f lcoBRO DE GUARANIE". AÑO 1 . cqy,-1' q1f e. hcen ,coel;fin ¡ F 1r1 r11. orano J 1 ,sd1cc1al,. ya seaeste colegiado o umptrsona( e--unm1s: sdla CivilAlt<D lljlterlloqutono .Nº 2991 e 1uha suprrfl4aclqr.rf ve¡ la pendencia eljl el dictado de la resolµpon sobre la ,d ls,: t 'l:a, tjción tamd 1,cg: e8i iinpüitiVia: drso el plkj,b1 de cadcMad y, :p6r1 tahto,! ;eimente el e19er-ue 110nante em1pu 1s.r a mstal;!l, a1¡ , ,o ,sel'¡Hil am,nte porqve ,re a ,ec1s10n,ee mero tramite .r1 sre lcrona umalamero.te cpn a suta iacion e cont a!!.l¡ctono en este proceso. ser asi, no esta me ursa en¡articulo 1116, iteral o¡j 1 U:0digo. R , En este sentido, ¡ta bren es en eno I constante de esti agístratura 1(v1de: Sala Civil, Auto Interlocuto ,10 1 11cha 051 de now1e , lli e, ele 2 1 Sal 'IT 1 1 onst1tuc10na!l, Au o,lpterlod 1utono Nº¡ 1868 ltte 'fe,'eha (í); de nov1,i1 11t1brie'tle:l 2 l!J 1 ) . ,o¡,c,ualquier re 1º ción pendiente puede 'dar Iugar a la Esto decimos para indicar que la circunstancia de autos, en la que se hallaba pendiente de dictado una resolución de mero trámite, o si se quiere llamar, de admisibilidad de la acción, no está incursa en el art. 176 literal "e" del Código Procesal Civil, en virtud del cual no es posible pronunciar la caducidad de la instancia cuando en el proceso estuviere pendiente alguna resolución y la demora en dictarla sea imputable al juez o tribunal. En nuestro criteri9, o cual-quier resplución pendiente puede dar lugar a la inaplicabilidad del institutp de la caduciqad. En¡ efepto, las resolucíones que sólo tienden al desarrollo del proceso y o.rdenan actos de ejecución,: al ser cuestión de diligencia 'procesal, no puede impedir la caducidad, atentos a que el art. 173 del Código! Procesal Civil requiere la actividad tendiente a impulsar el procedimiento. Sólo la pendencia de resoluciones que deciden entre dos pretensiones contrarias, lo cual, a su vez, impone la previa sustanciación 1de as mismas, vuelven inaplicable la caducidad. Es por eso que no Cl.,lalquier interlocutorio puede tener la :virtualidad de interrumpir este plazo; evidentemente, si una cuestión incidental suspensiva del proceso principal se halla pendiente de decisión, no correrá el plazo de caducidad, obviamente tampoco, si se espera la sentenciadefinitiva. La pendencia de resolución se refiere, entol).ces, a la pendencia del decisorio en la causa incidental o principal. Si quisiersostenerse o con rano, os procesos no ca ucanan¡»amas, y este instituto se ¡vo vena una rarnza.
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Este criterio en nada se' ve:¡ afectado por la! vigecia de la Acordada 979/15 pues, independientemente a la forma que acpja la decisión, providencia o auto interlocutorio fundado, el contenido de aquella es el mismo. Reitermos, las resoluciones de trámite no tienen otro objeto que hacer avanzar el proc:eso, de modo que la pendencia en su dictado no impide la prosecución del plazo de caducid,ad; y 1 s1 el órgano jurisdiccioril no se ponury.cia: en plazo, incumbe a quien tiene el impulso procesa a crga e rnstar t Esta posición ha sido sostenida por mayoi.taria doctrina y jurisprudencia: "... La "resolución" a la que se refiere el inc. 3º del Art. 313: "se imbrica en las especies contempladas en los Arts. 161, 163 y 164 'digo Procesal. No. comprery.e, en cambio, la epecie "providencias simples" del Art.160 del mis o' Códig .. En tal orden :de ideas, n.o podría vincularse la pendenci'a de tes'olueión a l'a1 ,demora en di tar el 1idma o de autos que sólotiende, sin sustanciaión,' al "desarrollo del proceso" (LOUT A YF NEA, Rob o G. y OVEJERO LÓP 1EZ, Julio e'. 1999'.. Caducidad de la instancia. Primera Edición.
enos Aires: ½.strea. pp.330/331); "La: inactividad del tribunal que impide el transcurso de los plazos e aducidad o se refiere a la demora en dictar providencias de'mero tránúe, que deben ser urgidas por 1 s interes os" (ED 23-459; ED 46-433);: "Sólo existdemora imput¡i e al Tribunl. cuando la S ludó pndiente e's1 la defipitiva o una' interl'ocqtoria( y nb en los1 caos I de 1 ,providencias 1 de mero t 'mite'. (EISNER, Isidoro. l'.995. Caducidad de Ipstancia. Primera Edición. Buen Aires: Depalma. P 5 . "Mientras, las demoras del proceso no se viro.ulen al:dictado de la resolución de ondo del asunto e obligación,de las partes urgir e instar el procedimiento dn todas aquellas cuestiones de 'mple trámite, 13; inc. 3 del Código Pro e determina que no se producirá la caducidad de' instarte cuando sec rocesos es:tuvieren pen ntes de alguna resolución, y la demora en dictarla fuera impu ble al trib al, o lo s menos e sobre laj artes pesa la carga de impulsar el procedimiento" (ED, 35- 99; ED - 3 6; ED'9-2 . Lasopinio1,es transrptas son plenmerüe aplical s, bor ser ?rmulada n eJ-artc. o 1 13Humeral '_3" del cdd1go rcesal Civil y merciaI ª ac10n Argentm f€clacc n'al rt1culo 17 literal "e" del Código P sal Civil de la e hca del P guay.-; GLstavo E. Santander Dans Ministro 3 Así, es evidente que la demora n dictar resolución -prevista en el art. 176 literal "e" del Código Procesal Civil -no puede entenderse extendida a las resoluciones de mero trámite, en este caso, el auto interlocutorio que decide la admisibilidad de la acción por tener, precisamente, el carácter de resolución de mero trámitees así pues debe pr'evalecer la esencia sobre lá forma.
En conclusión, no hay otra 'alternativa posible .que declarar oficiosamente la caducidad de la instancia en estos autos, eh virtud a o dispuesto en el art.: 175 del Código Procesal Civil.
De esta manera, ya no es necesario el análisis de los requisitos formales de admisibili,dad previstos Opinión . del Ministro Alberto Martínez Simón. Corno cuestión previa al estudio. de la admisibilidad,. se propone, la declaración de caducidad de. la preente acción de inconstitucionali,gad.- 1 La cuestión versa fundamentalmente sobre la posibilidad de la perención de instancia en la etapa de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. Como bien se advierte en el voto que antecede, el art. 72 de la Ley 635/95 establece que: "Presentada la demanda, la Corte Suprema de Justicia, previo traslado por el plazo de cinco días 'perentorios al Fiscal General del Estado, dictará sentencia en el término de diez días. En todo lo demás, se aplicarán supletoriamente las disposiciones pertinentes a la Ley que Organiza la Corte Suprema de Justicia y el Código Procesal Civil".
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Ahora bien, esta normativa no puede ser interpretada de manera aislada, dado que el art. 12 de la Ley 609/9,5 que establece: "Rechazo i.'.ri limine ". No, se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables, ni a la, demanda que no :precie la norma constitucional qfectada, .J1i justifique la lesion concreta que le ocasiona la ley, acto normativo sentenciadefinitiva o interlocutoría" De la lectura de la normativa transcripta surge que ninguna acción de inconstitucionalidad será admitida sin previo análisis de admisibilidad. Por tanto, si, bien la normativa electoral citada en la opinión es de posterior data, es claro un la misma no es derogatoria de la Ley 609/95 dado que el; artículo 12 precedentemente citado nada refiere respecto del trámite que debe tener la acción de inconstitucionalidad, , Bajo estas premisas es posible dvertir que el trámite a seguir en la acción de inconstitucionalidad, independientemente de tipo de juicio de que se trate, es el del análisis de la admisibilidad por parte de la Así lo ha establecido con mucho criterio la doctrina nacional al establecer. "La acción de inconstitucionalidad contra actos normativos, que como ya lo dijéramos, tiene carácter de pretensión autónoma, se inicia mediante escrito de demanda presentado ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, conforme lo manda el Art. 552 del Código Procesal Civil. El escrito en cuestión debe individualizar claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad infringido, o la disposición inconstitucional. Ademási de ello, debe mencionar la norma constitucional que se asume violada, fundando en términos claros y concretos la petición. La Ley 609/95, en su Art. 12, agrega más requisitos en cuanto al contenido de la demanda, ya; que dispone justificar la lesión concreta que ocasiona la ley, acto normativo, sentencia definitiva o interlocutoria El examen de estos requisitos de admisibilidad es previo al trámite de /a acción, conforme con los Arts. 552 in fine del Código Procesal Civil y 12 de la Ley 609/95. Ambas disposiciones permiten el examen, por parte de la Sala Constitucional o del pleno de la Corte Suprema de Justicia, eh su caso, del cumplimientode didhos I requisitos, estableciendo como consecuencia de la omisión de los! recaudos en cuestián, el rechazo liminar de la Queda claro entonces, que luego de promover la acci?n de inconstitucionalidad, el, siguiep.e ,ªSt procesal es el del estudio de la 'adhiisibilidad ,de la atción por paite de la, Sala Constitucional o, como es el caso que nos ocupa, el pleno de la Corte Suprellla de Justicia, al tratarse de una cuestión electoral, Establecido lo anterior, queda por determinar e¡ alcance y envergadura de la resolución que Para ello, resulta imperioso analizar la Acordada Nº 979 de fecha 4 de agosto de 2015, que reglamente el artículo 12 de la Ley 609/95. El artí!ulo 1 de la mencionada acordada establece: "Las acciones de inconstitucionalidad, .una vez.presentadas ante la Secretarla .Iudicial.Lde la Corte Suprema de Justicia, deben s¿r puests a c?Jñsideación pbr pafle del 'Slsretario 'Judicial, sencoigado de la misma, a los Minis:rs integrntes de la aConstitucional, a los efec(os de disponr su admisibilidad o no, en ACfI0DE INCO S , ITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "El)11LI(i) ADRIÁN !GóMEZ C/ MIGUEL D. ZACARIAS I MICHEiAGNbLI / COBRO DE GUARANIES". AÑO 1, ulo 2 e la mencio ada acordada establece :: "'Pisponer que, tanto el trámite como el f.é't:fri'o l. 'in l' e", de óls acciones e ineonstitucionalidad, erán sus criptas por los Ministros de la Constay.al de la qJrte Supreni I lde llusbcia, 1 emitl' 1endo sopinión en cada cpso en particular't.s SI , torr,at1va qI antecede, s , ge que I a 1 teso ucron que ecr e, a a m1s1 1, 1 1 ac e a accion de inconsthu ionalidad nopuede srr c!o sideraa lbl 'mo b "me o trámit", ya que establece que cada rmrustro estudie y se expi a respecto e cest10n¡r,uestru a su consi erac10n.
La !ek!gncia de la, oi[sig;nció de ¡1a jopQ.ilón d1 cad1j rriinistro en la resolución que decide respecto d6 l admisibilidadotra al de isorio eri cnilstióJ'el ald, iice de definitivo, y por tanto, no puede , 1 En sfia tesitura, y v¡1ven i.º alPyto, des: 1, 9s lo1cp oclur:quno procede lácaducidad de instancia 1 en la etapa de admisibilidad de la aceren de incoristitucionalidad, dado que, una vez presentada la misma, la siguiente actividad procesal esperada es el' dictado de la resolución por el Órgano Jurisdiccional y por tanto, el proceso queda sustraído de la actividad de las partes.
De esta manera, al haber estado estos autos en estado de resolución, y habiendo cesado la carga de las partes de impulsar el proceso, no se produjo la caducidad, y por tanto, el caso se encuadra dentro de las previsiones del art., 176 inc. c) del C.P. C--- 11 'En cuanto aJ la 'adrríi'sioilidad propiamente, me adhiero a la opinión del Ministro Gustavo Santander, , eh duanto1 a rechazar liminarmente la acción propuesta, conforme a las siguientes En atención a lo dispuesto en el art. 557 del C.P.C., es obligación de la Corte Suprema de Justicia examinar si están reunidos todos los requisitos formales establecidos en la ley procesal para dar el trámite de rigor a la acción de inconstitucionalidad incoada. Así, en caso de no cumplir con los requisitos de tiempo y forma, la acción incoada debe necesariamente ser rechazada ín límine.
En , ese lineamiento, los requisitos a verificar, se encuentran enunciados en los siguientes Art. 556 del C.P.C.: "Accián contra resoluciones judiciales. La acción procederá contra resoluciones de lbs lfiCes O, tribuhalr4l{dndo': el) por 'sí múmal¡sean, violatorias de 1 la Constitución; 1 ó) se funden enuna ley, decreto reglamento J otro acto normativo de autoridad, contrarios a la Art. 557 del C.P.C.: "Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará c!a'r amente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constituciondl que sostenga, haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su petición. El plazo para deducir la accidn será de mueve días: cbntados a paf tir de la notificación de la resolución impugnada,: sin perjuicio de la ampliación por rd1ón de la distancia. En todos los casos, la Corte exminrpr 1ia,n:zenti se aUan stisfehos etorequisitos. En caso contrario, desestimará sin más Con'Cordantemente, el art. 12 de la Ley N-2 - 609/95 establece: "Rechazo ín límine. No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables, ni a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, En cuantq al requisito del tiempo específicamente, se establece que el plazo para deducir la acción de inconstituciortalidad contra resoluciones judiciales es de nueve días, a partir de la notificación de la resolución impugnada. Conforme lo dispone el Art. 133 inc.j) del,C.P.C., las sentencias definitivas deben En el caso de autos, se impugnan la Sentencia Definitiva Nº 115 de fecha 10 de octubre del 2011, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en l'o Laboral del Primer Turno de la Capital y el Acuerdo y Sentencia N110 del 12 de agosto de 2015, dictada 1por el Tribunal de Apelación del Trabajo, Segunda Sala de la Capital. La presente acción fue promovida en fecha 22 de septiembre del 2015.
Ahoa bien, la accionante ha acompañado úicamente copia simple de la notificación que obra a f. 14, así como de las resoluciones impugnadas (fs.6f13), las que o cuentan con valor probatorio. Por tal motivo, restÜta, imposible determinar si es que se cumple con elrequisito temporal de promoción de la acción, habrda cuenta la inexistencia de un documnto auténtico que compruebe la notificación de la resolución impugnada en el plazo señalado por el accionante, Jo que impide tener por acreditado dicho requisito, no. teniendo otra opción queoptar por el rechazo liminar de la presente acción.
Debe recordarse que la acción de inconstitucionalidad constituye una acción autónoma e independiente de los procesos o procedimientos de los que derivan las resoluciones o actos impugnados por esta vía. Por consiguiente, el material probatorio que se acompañe con la pretensión de inconstitucionalidad debe ser suficiente para la resolución de la causa, no siendo posible la admisión y posterior decisión de las acciones que no acompañen el material probatorio necesario para resolverla.--- En estas condiciones, no habiéndose cumplido los requisitos formales previstos en la ley, corresponde rechazar in limine la acción de inconstitucionalidad promovida por la Abg. Susana Ramos Gaete, en representación del Sr. Miguel Dante Za carías Michelagnoli, contra la S .D. Nº 115, del 1 O de octubre del 2.011 y el Acuerdo hy Serüencia Nº 110, de fecha 12 de agosto de 2.015. Es mi voto.
POR TANTO, la
SALA CONSTITUCIONAL ,' RESUELVE: RECONOCER la personería a la recurrente en el carácter invocado y tener por constituido su ORDENAR la agregación de ls instrumentales presentadas y autorizar el lose y devolución de los documentos originales presentados, previa agregación de sus fotocopias debidam te autenticadas RECHAZAR, "ín límine" la acción de inconstitucionalidad presentada por la abogada usana Ramos Gaete, en representación del señor Miguel Dante Zacarías Michelagnoli, contra la S.D. Nº 5, de fecha 10 de octubre de 2011, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral del Prime Tumo, así como contra el Acuerd : ntencia Nº '110, de fecha 12 de agosto de 2015, dictado por el Tribual de Apelación del Tr, ajo, S 1e unda Sala, de la Capital, por los funda nos txpuestos en el Ante mí: