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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalAdministrativa

Acuerdo y Sentencia N° 1151/2024

9 de diciembre de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DIONISIO QUIÑONEZ GONZALEZ C/ RESOLUCION Nº 29 DE FECHA 25/06/2014 DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION". AÑO: 2018. Nº: 2192.

Antecedente RESOLUCION Nº 29 DE FECHA 25/06/2014 DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

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ACCIÓN . DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DIONISIO QUIÑONEZ GONZALEZ C/ RESOLUCION Nº 29 DE FECHA 25/06/2014 DICTADA POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y JIMENEZ ROLÓN.

A la cuestión planteada, el Ministro Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: Se presentan ante la Sala Constitucional de la Excma. Corte Suprema de Justicia el señor Dionisia Quiñonez, a promover acción de inconstitucionalidad en contra la Resolución Nº 29 de fecha 25 de junio de 2014, por el cual se reglamenta el Art. 33 dela Ley 2421/04, "De reorde a iento administrativo y de adecuación fiscal", se deroga la Resolución General N.0 20/ y su modificaciones y se establecen nuevos requisitos para la habilitación y control . e auditor externos impositivos", emanada por la Subsecretaria de Estado de Los a tos administrativos atacados de inconstitucional están encaminadas a r g ament el Art. 33 de la Ley 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y adecuación F cal", e establece: Art. 33. Los contribuyentes con una facturación anual igual o superior s. .000.000.000(Guaraníes seis mil millones), deberán contar con dictamen impositivo na auditoria externa, el cual deberá estar reglamentado por la Subsecretaria de Estado cie Tribut ción. Dicho monto podrá actualizarse anualmente por parte de la Administración Tri ria, en función di porcentaje de variación del incide de Precios al Consumo que se pro uzca 0el periodo de doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada año civil, de . ft?.C. Y/Jl?con la información que en tal sentido comunique el Banco Central del Paraguay o 9Ju,o ':. crB9-i anismo oficial competente. Adicionalmente, la Subsecretaria de Estado de Tributación podt. establecer opcio nte para todos o parte de los contribuyentes cjr1:1 misma categoría la posibili d de c ntratar una auditoria impositiva anual que ser, realiz da por empresas o pers nas físic s del sector privado especializadas en el r, mo, cuyo costo esta e-cerqo del contri uyente, con cargo a remitir el informe a a Administ ación Trib taria. A efectos d I pre me-a5ulo.para /as auditorias de bal nces y cuad os de res t§P-eJS, st do de or:g y aplicación e fondos, estado de evo/u ión del petr.

tO. J-ime'ne,,, "', "" Diesel Juna1,1ns . da Ministro Ministro csi. yíctor .RtO . neto para fines de auditoria establecidos en este artículo, la Subsecretaria de Estado de Tributación creara un Registro de Auditores Externos que estarán habilitados para efectuar esta tarea y establecerá las normas técnicas-contables a las cuales deberán ajustarse los informes, los criterios a ser tenidos en cuenta, así como los datos y requisitos que deberá contener el informe de la auditoria. Lo profesionales mencionados precedentemente serán directamente responsables el resultado del servicio prestado, así como de las que derivan del mal desempeño o del incumplimiento de las obligaciones a su cargo. La auditoría impositiva informara sobre la razonabilidad de las liquidaciones de impuestos a los contribuyentes. Facúltese a la Administración Tributaria reglamentar la presente disposición. El reglamento establecerá las causales de suspensión o del retiro del registro de auditores externos para aquellas personas que hayan incurrido en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones, en caso de comprobarse el mal desempeño, así como las causales de inhabilitación definitiva de reiteración".

Menciona el accionante que la reglamentación impugnada infringen sus derechos de igualdad, a la no discriminación, al trabajo y a la propiedad propiamente dicha, pues el recurrente alega que la resolución impugnada " ... condena al jubilado del sector público a una situación de evidente discriminación con relaciona los demás, pues le obliga injustamente a renunciar a parte de su patrimonio (haberes jubilatorios, o a su salario en el supuesto de volver a prestar servicio al Estado." (Sic). Agrega, que las disposiciones contenidas en las resoluciones impugnadas carecen de razonabilidad, violentando el principio de que todo acto gubernativo debe superar la prueba de razonabilidad. Sostiene que al dictar la disposición reglamentaria atacada de inconstitucionalidad la Subsecretaria de Estado de Tributación se excedió en el límite de su competencia, no siendo la misma el ente encargado de citar el acto normativo. Finalmente arguye que la Resolución Nº 29 del 25 de junio de 2014 y sus modificatorias transgreden los principios constitucionales En primer lugar, es fundamental tener en cuenta que en el año 2019 el Viceministro de Tributación dictó la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 30 POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY Nº 2421/2004 "DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACIÓN FISCAL", Y SE ESTABLECEN NUEVOS REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN Y CONTROL DE AUDITORES EXTERNOS IMPOSITIVOS, que derogó En efecto, el Art. 29 de la mentada Resolución reza: "Abrogar la Resolución General Nº 29/2014 y sus modificaciones, la Resolución General Nº 116/2017, así como cualquier otra disposición contraria a lo establecido en la presente Resolución".

Analizada entonces la cuestión, sin entrar a juzgar la razón o no de la pretensión, advierto que en el caso de autos no existe a la fecha una proposición de carácter constitucional que analizar, en razón de que el agravio de los accionantes ha perdido actualidad por haber quedado derogadas expresamente las normas objeto de la presente acción. Con ello, por sustracción del objeto de análisis constitucional que motivó la promoción de la acción es que resulta inocua la impugnación opuesta en autos.

Al respecto, considero que la sentencia que dicte la Sala Constitucional debe sujetarse a la vigencia de la situación resuelta en la misma, y como a la fecha los supuestos de hecho se han alterado substancialmente, cualquier pronunciamiento sería un pronunciamiento en ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DIONISIO QUIÑONEZ GONZALEZ C/ RESOLUCION Nº 29 DE FECHA 25/06/2014 DICTADA POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ,n::ies-cc.lntido, esta Sala viene sosteniendo en anteriores fallos el criterio de que el i-- .a ra_yi( de º cionante debe ser contemporáneo tanto al momento de impugnación de la /norfiJ;3'"en 3éstión como al momento de la resolución. En el caso de autos, si bien al ,.Jn.6ment cte71promoción de la acción -11 de noviembre de 2015- el agravio manifestado t/f!: -l16nantes era actual, la !echa no existe agravio en razn de que, .. repito, las i;i.ormas,., impugnadas no estan vigentes n nuestro ordenamiento positivo, y el pronunciamiento de esta Sala acerca de la constitucionalidad de los mismos deviene Por tanto, la controversia deviene inoportuna y esta Corte Suprema de Justicia se encuentra ante una situación en el que su decisión sobre el fondo del asunto resultaría ineficaz y carente de interés práctico, por lo tanto la acción debe ser rechazada. Voto en A su turno, el Ministro Doctor VÍCTOR RÍOS OJEDA manifestó que, se adhiere al voto de Ministro preopinante Doctor DIESEL JUNGHANNS, por los mismos fundamentos.

A su turno, el Ministro Doctor EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN dijo: En el sub iudice, Dionisia Quiñonez González, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado, promovió acción de inconstitucionalidad contra la Resolución Nº 29 de fecha 25 de junio de 2014 "Por la cual se reglamenta el artículo 33 de la Ley Nº 2421104 'De Reordenamiento administrativo y de adecuación fiscal', se derogan la Resolución General Nº 20108 y sus modificaciones y se establecen nuevos requisitos para la habilitación y control de auditores impositivos" En suescrito inicial (fs. 32/36), el accionante señaló que, la Subsecretaría de Estado de Tributación, al establecer los requisitos para la habilitación de los auditores Externos Impositivos, se excedió de sus límites de reglamentación dispuestos en el art. 33 de la Ley 2421/04. Por consiguiente, consideró que el acto normativo impugnado vulnera, entre otros, el principio de supremacía consagrado en el art. 137 de la Constitución.

Para dar cuenta de ello, primero, resulta relevante explicar que, de conformidad al art.

260 de la Constitución, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer y resolver sobre las inconstitucionalidades planteadas contra las leyes. La disposición establece que una eventual declaración de inconstitucionalidad sólo tendrá efecto con relación a ese caso. Como consecuencia de ello, el legislador consideró necesario establecer la exigencia de la lesión concreta, es decir, la demostración del agravio que le ocasiona la norma impugnada a los derechos del justiciable, ex arts. 550 del Código Procesal Civil y 12 de la Ley 609/95. La decisión adoptada por el legislador resulta razonable y lógica, pues de lo contrario. sin requisito, el control podría tornarse en uno meramente abstracto, apartándose así del diseño adoptado por la Constitución.

Es así como, a los efectos de dar cumplimiento con la exigencia de la lesión concreta, la Sala Constitucional ha dejado claro que la activación de la competencia de la Corte supone que los preceptos jurídicos sometidos a su conocimiento, tanto al momento de la admisibilidad como de su resolución, estén vigentes o produzcan efecto; es decir, el agravio debe ser actual. Así, cuando exista una duda razonable al respecto, verificar la vigencia y efectos de la disposición atacada constituye una etapa previa ineludible del control de La jurisprudencia de esta Sala ha sostenido este temperamento en múltiples casos.

Por citar algunos ejemplos, ver: A. y S. Nº 521 de fecha 05 de Junio de 2019 (LLP A. y S. Nº 246 de fecha 23 de abril de 2019 (LLP PY/JUR/520/2019); A. y S. Nº 444 de fecha 13 de Junio de 2018 (LLP PY/JUR/188/2018); A. y S. Nº 1520 de fecha 28 de octubre En el caso, se ha impugnado la Resolución General Nº 29/14. Este acto normativo ha sido derogado por el art. 29 de la Resolución General Nº 30 de fecha 13 de noviembre de 2019 "Por la cual se reglamenta el artículo 33 de la Ley Nº 2421/2004 'De reordenamiento administrativo y de adecuación fiscal', y se establecen nuevos requisitos para la habilitación y control de auditores externos impositivos". Esto no quiere decir otra cosa que, en el presente caso, ha habido una alteración en las circunstancias normativas que inicialmente motivaron la presentación de la acción de inconstitucionalidad.

Ahora bien, así como se ha explicado, la pérdida de vigencia de los actos normativos impugnados no implica, per se, que esta Sala Constitucional no pueda más pronunciarse sobre la demanda planteada. Aún corresponde verificar si estos producen efectos o no, o lo que es lo mismo, si siguen afectando a los derechos del accionante.

En el caso, al examinar la resolución impugnada, se tiene que ésta no es capaz de producir efectos luego de la pérdida de vigencia. Los agravios de la parte accionante se centran, principalmente, en cuanto a las exigencias establecidas para obtener la habilitación de Auditor Externo Impositivo y sus respectivas obligaciones. Sin embargo, en la actualidad, la referida Resolución General Nº 30/19 ha modificado aquellos requisitos y obligaciones dispuestas en la resolución impugnada. Así, la afectación a los derechos del accionante De tal modo, ciertamente, la alteración de las circunstancias iniciales en el caso no ha sido menor. Se ha verificado que el acto normativo impugnado ya no se encuentra vigente ni produce efecto alguno a los derechos del accionante. Entonces, la inexistencia de un agravio actual, provoca que esta Sala Constitucional se vea imposibilitada de abordar la Por lo tanto, en ate 1ó a las consideraciones expuestas, corresponde declarar inoficioso el estudio de pres nte acción de inconstitucionalidad.

Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DIONISIO QUIÑONEZ GONZALEZ C/ RESOLUCION Nº 29 DE FECHA 25/06/2014 DICTADA POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE SENTENCIA NÚMERO: ,f-i.

Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional RES U EL V E: Dr. vtctor Ríos Ojeda Min.5tro