Para conocer la validez del documento, verifique aquí. Del informe remitido por el actuario judicial del Juzgado Penal de Sentencia N° 23, Abg. Jorge Bresanovich Musa, a cargo de S.S. Dra. Gloria Hermosa, se constata que por A.I. N° 60 del 11 de marzo de 2024, S.S. Dr. Matías Garcete, ha resuelto en su punto N° 5: Ordenar la prisión preventiva, del adolescente L.B.V.A., quien se encuentra recluido desde esa fecha. Por A.I. N°: 140 del 17 de junio de 2024, S.S. Dr. Matías Garcete, ha resuelto en su punto N° 2.- CALIFICAR, la conducta atribuida al acusado L.B.V.A., dentro de lo previsto en el Art. 105, inc. 1ro. del C.P., en concordancia con el art. 31 del mismo cuerpo legal. en su punto 5: MANTENER, vigente la MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA que pesa sobre el imputado L.B.V.A. Ante el Tribunal de Sentencia, ha solicitado la revisión de medidas cautelares, la cual fue rechazada por el Tribunal por A.I. N° 772 del 19 de septiembre de 2024, dicha resolución ha sido apelada y confirmada por el Tribunal de Apelaciones Penal Adolescente. - En el estudio de la garantía constitucional promovida por los recurrentes, surge que la petición fue estructurada bajo los lineamientos del Hábeas Corpus Reparador. -El Art. 133 de la Constitución Nacional, establece: “Esta garantía podrá ser interpuesta por el afectado, por sí o por interpósita persona, sin necesidad de poder por cualquier medio fehaciente, y ante cualquier Juez de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial respectiva. El Hábeas Corpus podrá ser: 1) ... 2) Reparador: en virtud del cual toda persona que se hallase ilegalmente privada de su libertad podrá recabar la rectificación de las circunstancias del caso. El magistrado ordenará la comparecencia del detenido, con un informe del agente público o privado que lo detuvo, dentro de las veinticuatro horas de radicada la petición . -En concordancia con la aludida norma, la Ley 1500/99, en su Art. 19 dispone: “Procederá el hábeas corpus reparador en los casos en que se invoque la privación ilegal de la libertad física de una persona”. Así, además, es imprescindible remitirnos al art. 26 de la Ley 1500/ 99: Caso de privación de la libertad por orden escrita de autoridad judicial. Si el informe expresara que la persona se halla privada de su libertad en virtud de orden escrita de autoridad judicial, individualizando a ésta y acompañando esa orden escrita, el juzgado, previa verificación inmediata de la veracidad del informe, dentro del plazo de un día dictará sentencia definitiva rechazando el habeas corpus reparador, remitirá los antecedentes a quien dispuso su detención y pondrá en conocimiento de todo ello a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.-Al respecto, la doctrina apunta: el hábeas corpus, dice el tribunal, “no es un procedimiento encaminado al examen en sí de la justicia o injusticia de la sanción restrictiva de la libertad, ni de la perfección de las fórmulas procesales empleadas en la tramitación del proceso…en el hábeas corpus, como queda expresado, se examina sólo la competencia de la autoridad y la forma de la orden de detención tiene como finalidad hacer que el juez decida sobre la legitimidad formal del arresto, sin tomar en cuenta la cuestión de fondo la competencia del juez del hábeas corpus está circunscripta al estudio de la faz formal, es decir, al examen de la detención o restricción en sí misma, “no que el juez se pronuncie sobre los motivos de la privación de la libertad, sino que simplemente se decida respecto a la legitimidad Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
1 (Derecho Procesal Constitucional. Hábeas Corpus. Néstor Pedro Sagues. Págs. 360/361. Editorial ASTREA).-2 Germán J. Bidart Campos, en “El Derecho (Jurisprudencia General)” Pág. 1564, Tomo 121,3 Evelio Fernández Arévalos (Hábeas Corpus, Régimen Constitucional y Legal en el Paraguay, Edic. Intercontinental, Pág. 62 Para conocer la validez del documento, verifique aquí. La ilegalidad pasa a ser la afectación negativa de la libertad que, como bien jurídico, es la piedra angular de la Garantía Constitucional en estudio, por verse afectado un derecho fundamental del ser humano consagrado en nuestra Carta Magna y en las disposiciones de carácter internacional. -La petición formulada deviene improcedente dado que, claramente conforme a las constancias agregadas surge que el Órgano Jurisdiccional competente resolvió decretar la medida de prisión preventiva en contra de L.B.V.A por medio de una resolución judicial (A.I. N° 60 del 11 de marzo de 2024, por A.I. N°: 140 del 17 de junio de 2024, se mantiene vigente la medida cautelar de prisión preventiva, por A.I. N° 129 de fecha 07 de octubre de 2024, el Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia de la Capital ha confirmado el A.I N° 772 de fecha 19 de septiembre de 2024 dictado por el Tribunal Colegiado de Sentencia Nro. 23 de la Capital).Es importante recordar que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de estudio de la garantía constitucional de Hábeas Corpus, no se constituye en una instancia de control de las decisiones asumidas por los órganos judiciales inferiores; puesto en otros términos, la garantía constitucional en análisis no se ha regulado a los efectos de controlar la labor jurisdiccional de los magistrados llamados a entender en el procedimiento penal, es decir, no es un medio de impugnación de las resoluciones recaídas en la causa penal y dictadas por los jueces naturales. -Ahora bien, al margen de los motivos ya expresados sobre la imposibilidad de dar acogida favorable en esta instancia a lo peticionado por los recurrentes, es conveniente recordar la vigencia de la Acordada 1511/2021, que señala la necesidad de aplicar la prisión preventiva en forma excepcional. Solo puede cumplirse reclusión en carácter de prisión preventiva en las condiciones que establece la ley, por lo que toda restricción ilegal de la libertad ordenada o mantenida por un juez, involucra su responsabilidad personal y ello debe ser objeto de consideración por cada magistrado. A su vez, el artículo 9°de la Ley 1500/99 otorga amplias facultades instructorias y disciplinarias al juez interviniente. El Artículo 10 sobre” Decisiones de urgencias y medidas de mejor proveer.” Establece que antes de dictar sentencia el órgano jurisdiccional, a pedido de parte o de oficio, podrá decretar por resolución fundada en cualquier estado del procedimiento, las decisiones de urgencia que estime convenientes, incluso las medidas para mejor proveer.-Dicho esto, es necesario poner en consideración el interés superior del niño, el cual debe ser el principio rector en todos los procesos que involucren a menores, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional, en particular la Ley 1680/2001 (Ley de la Niñez y la Adolescencia). En este sentido, toda medida que implique la privación de libertad del menor debe ser evaluada con extrema cautela, tomando en cuenta su bienestar físico, emocional y social. En el caso particular, el evidente exceso de la medida ordenada en consideración al artículo 207 del Código de la Niñez y de la Adolescencia que establece: “DE LA DURACIÓN DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD. La medida privativa de libertad tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de cuatro años. En caso de un hecho calificado como crimen por el Derecho Penal común, la duración máxima de la medida será Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. la pena privativa de libertad en el Art. 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia, con lo cual ha superado la pena mínima que le corresponde al hecho punible que le fue atribuido en el proceso penal. Teniendo en cuenta además que, según se infiere del informe del juzgado, su condena no se halla firme.- 6. Por lo expuesto, corresponde en derecho HACER LUGAR al Hábeas Corpus Reparador planteado en esta causa, por expresa disposición del Art. 19 de la Constitución. Es mi voto. - Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: ACUERDO Y SENTENCIAVISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la -CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA PENALRESUELVE:1)RECHAZAR EL HÁBEAS CORPUS interpuesto por César A. Cañete Prette, defensor adjunto penal y Jenny Rocio Santander Aranda, defensora pública penal de la adolescencia de Asunción, en representación de L.B.V.A., conforme a los fundamentos de la presente resolución. 2)REMITIR los antecedentes al Tribunal Colegiado de Sentencias integrado por los jueces Gloria Hermosa (Presidenta), Darío Báez y Christian González (miembros), a fin de llevar a cabo lo preceptuado en los Artículos 250, 251 y 252 del C.P.P. - 3)ANOTAR, registrar. - Para conocer la validez del documento, verifique aquí.