: iNtj'qNt'i:vRNÁUIDAD , 1 PROlVlrmA PiR, ' PANIAGUA EILOS AlfTOS! CA.RA'FULADOS: En la presente causa se encuentra en estudio una Acción de Inconstitucionalidad presentada por el Sr. Nelson Luís Ojeda Paniagua por sus propios derechos bajo patrocinio del Abg. Emilio Fuster con Matr. CSJ Nº 7.757, contra el A.I. Nº 281 de fecha 06 de abril de 2024 dictado por el Juzgado Penal de Garantías Nº 03 de la ciudad de Caacupé (Auto de Apertura a Juicio), y contra el A.I. Nº 98 de fecha 25 de abril de 2024 dictado El art. 557 del Código Procesal Penal dispone: "Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su petición.
El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la El artículo 12 de la Ley Nº 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto ocasiona la ley, acto La acción es ejercida contra la resolución del Juzgado Penal de Garantías que resolvió elevar la causa a juicio oral y contra el fallo del Tribunal de Apelaciones que declaró inadmisible el recurso interpuesto. Al respecto, manifiesta el accionante que las resoluciones impugnadas son arbitrarias por conculcación de los 16, 17.1, 47 y 256 de la Constitución Nacional, y los mis. 8.2.h) y 25 del Pacto de San José de Costa Rica.
En cuanto al primero de los argumentos, tenemos que el accionante alega que no cometió uno de los hechos atribuidos a su parte por lo que la calificación atribuida en la imputación y posterior acusación del Ministerio Público es errónea. Al respecto, sostiene que el Ministerio Público calificó su conducta dentro de las disposiciones del mi. 107 literal "a y b" de la ley 6771/21 que modifica el artículo 107 del Código Penal, sin embargo, refiere que no existen elementos objetivos para sostener dicha calificación y que en estricta justicia la calificación de su conducta debió ajustarse conforme al art. 107 literal "a" de la ley 6771/21 que modifica el En este punto, se observa que el agravio de la parte accionante expone temas que se encuentran vinculados a la calificación dada ya que la resolución de primera instancia no hizo lugar a los incidentes planteados por la defensa del hoy accionante, entre los cuales se halla el de cambio de calificación. Es decir, el agravio de la parte accionante gira en torno a la subsunción de la conducta de su defendido dentro de lo dispuesto en el art. 107 literal "a" y "b", y pretende que esta Sala Constitucional valore la subsunción del hecho atribuido a su parte y que se halla contenida en la ac e' n, cuestionando que no permite conocer exactamente la conducta desplegada por su defendido en r ació al hec o punib1e acusado. Sin embargo, no se p ede p der de vista que el órgano judicial encargad de e izar el proceso de subsunción entre la supue ta cond ta reprochable y la norma penal aplicable, r sulta el Trib na! de Sentencia y no esta Sala Consti ucional. -- -- Al respecto, debo advertir que e encua e legal inicialmente efectuado por el Ministrio Público y admitido por 'rgano ju ador respon e a la ecesida de establecer dentro de la teoría ini ial del caso, a existencia e un hecho reput do delictiv conf s disposicion las leyes penales. 1 icho encuad e 5 avo E. Santander [JQH.-4 Ministro o». Víctor tuo» Ojerla Mi1ütrQ inicial, luego de desarrollada la etapa preparatoria, podrá ser distinta conforme al resultado de la investigación, pudiendo ser reformable la calificación jurídica dada al inicio, en la acusación o en el auto de apertura de Juicio Oral y Público e incluso hasta en el juicio oral y público, de conformidad a lo establecido en el Art. 400 del Di cho esto, nose observa un verdadero estado de indefensión por la denegatoria del cambio de calificación pretendido por el accionante, lo cual demuestra la inexistencia de un gravamen de carácter irreparable que habilité el estudio de la cuestión por parte de los órganos jurisdiccionales superiores, Tal es así, que de asumir la propuesta que nos plantea el accionante se estaría cercenando las funciones propias del Tribunal de Sentencia, por cuanto que si los superiores, por la particularidad de la casuística presentada, emiten 1 una opinión al respecto se estará determinando definitivamente y para lo sucesivo la suerte de la calificación del tipo penal. En ese sentido, no puede la Sala Constitucional de la Corte suplantar o desplazar al juez ordinario En suma, el accionante alega que no cometió uno de los hechos atribuidos a su parte, por lo que la calificación, tanto de la imputación como de la acusación del Ministerio Publico es errónea. Al respecto sostiene que no concurre el hecho previsto por el art. 107 inc. "b" del Código Penal (Ley Nº 6771/2021 que modifica el artículo 107 del Código Penal). Si bien la atribución y eventual condena de un acusado por hechos no cometidos por este, son motivos de nulidad en un sistema jurídico basado en el derecho penal de acto, en este caso, aún no existe decisión del Tribunal de Sentencia, que tendrá la oportunidad de producir o practicar las pruebas en el marco deljuício oral, aplicando el principio de contradicción para finalmente, valorar el conjunto de elementos de juicio y considerar probados o no los hechos o los enunciados facticos que la hipótesis de la Posterior a la decisión del Tribunal de Sentencia que consideren erróneos, las partes tienen la posibilidad de recurrir a la herramienta de la apelación para plantear la corrección de eventuales nulidades al Tribunal de Apelaciones. Es decir, el accionante aún cuenta con varias instancias para plantear sus cuestionamientos a la calificación propuesta por el Ministerio Publico, razón por la cual esta acción debe ser rechazada in limine.--- En cuanto al segundo de los argumentos, en su escrito el accionante expone como agravio una enorme desigualdad con relación a su co-procesado cuya conducta fue subsumida dentro de las disposiciones del art.
107 literal "a" de la ley 6.771/21 que modifica el artículo 107 del Código Penal en concordancia conel art. 29 inc. 1 del Código Penal, y fue desvinculado de la causa penal, mientras que la conducta del accionante fue tipificada en el art. 107 literal "a y b" de la ley 6.771/21 que modifica el artículo 107 del Código Penal en concordancia con el art. 29 inc. 1 del Código Penal. Refiriendo que objetivamente correspondía la imputación de su co-procesado dentro del tipo penal mencionado por el representante del Ministerio Publico en el acta de imputación, por lo que le resulta inexplicable esta desigualdad en la interpretación y calificación de la Como puede deducirse del párrafo anterior, lo que agravia al accionante es la desvinculación de la causa penal de su ca-procesado, y en este punto, es importante recordar que todo agravio invocado como sostén de una acción de inconstitucionalidad debe ser propio no ajeno. La doctrina, sobre el punto, explica que " ... se sigue que-como regla general reiteradamente invocada por la CS- es inadmisible el REF deducido en favor de un tercero respecto de quien el impugnante no inviste el carácter de representante ... " (Palacio, L.E. (1997).
El recurso extraordinario federal. Buenos Aires, Argentina. Abeledo-Perrot, Pág. 46). Este extremo se explica por el hecho de que el interés que se pretende tutelar debe tener un contenido concreto, actual, efectivo y estrictamente personal. Siendo así, el accionante esgrime agravios que, en realidad, se vinculan con su co procesado, la presente acción no puede ser admitida por tal circunstancia.
Por lo brevemente expuesto, considero que la presente acción de inconstitucionalidad debe ser La acción de inconstitucionalidad es presentada por Nelson Ojeda Paniagua, por derecho propio y bajo patrocinio del Abg. Emilio Fuster, en contra del A.I. N.º 98 de fecha 25 de abril de 2024, dictado por et Tribunal de Apelaciones en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Cordillera y el A.I. N.0 281 de fecha 6 de abril de En primer lugar, es necesario señalar que la acción posee un carácter excepcional, en tal sentido, el Ali.
132 de la Constitución Nacional consagra: "De la inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad ... de las resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley". A su vez, el Código Procesal Civil en su Art. 5 5 6 dice: "Acción contra resoluciones judiciales. La acción procederá contra resoluciones de los jueces o tribunales cuando: a) por sí mismas sean violatorias de la Constitución, o b) se funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad contrario a la Constitución en los términos del artículo 550 ".
El referido Art. 550 dispone: "Procedencia de la acción y juez competente. Toda persona lesionada en sus legítimos derechos por.. resoluciones .. que infrinjan en su aplicación, principios o normas de la Constitución, tendrá facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad CORTE .
SU.PREMA, : AGION ' 1 1 , INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR NELSON LUIS OJEDA PANIAGUA EN LOS AUTOS CARATULADOS: CAUSA: 3433/2023 "JEREMÍAS SALOMÓN GALAVERNA MARTÍNEZ y NELSPN LUIS , OJEDA .PANIAGUA SI H.P .. C/,, LA VIDAHOMICIDIO CULPOSO EN CAACUPE". Nº e mdo esta7[l cidb zs: di1 ip'osiciones:lie estJ cap,ítlo". Por sJ parte; en! su Art. 5'fJ7 legisla lk requisitos de la e¡.napdal present r su efc;rito <je de,tn(,lndq,_ elacdr.constit71irá domicilio-e individualizará claramente 11 resolucián , ipugnada, sí como el1 juicio! eJ 'que hubiera -recaldo. Citará, además la norma, derecho, e ensión, tq1 ntío princibio cdlnstitusio'riaquel s,oteniJ' habiriJ infringido, fundando en términos claros y s1q ,p,.c ,e os--su pettcion.: .
1 1De, las normas antériorrriente transcribtas;1 surge que en la, acción contra resoluciones jJdiciales el demandante debe: identificar' el :fallo y el jubo n el que 'éste se dictó, acreditar ser' titulr del derecho quebrantado por la resolución atacada y la lesión alegada; la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que la resolución ha infringido y la fundamentación clara y concreta de la inconstitucionalidad.- AI examinar el escrito presentado, se constata que el accionante no ha dado cumplimiento al requisito básico establecido en el Art. 557 del CPC de fundar en términos claros y concretos la petición, pues no se expone cuál es la conexión entre las garantías constitucionales supuestamente quebrantadas y las resoluciones En tal sentido, debe indicarse que para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es necesario no sólo la expresión del recurrente de su voluntad de impugnar, sino que además, debe expresar los agravios en que sustenta su pretensión y justificar la lesión concreta, desarrollada de manera tal que se permita identificar la existencia de una vulneración de la normativa constitucional, ya que "La simple alegación de que un fallo vulnera determinadas garantías de la Ley Suprema, no guarda nexo directo o inmediato con lo resuelto, si el recurrente no precisa ni demuestra en concreto cómo se ha efectivamente operado tal violación en la sentencia impugnada" (Néstor Pedro Sagüés, Derecho Procesal Constitucional, Recurso Extraordinario, Bs. As., Ed.
Por estas consideraciones, al no darse cumplimiento a los requisitos exigidos por el Código Procesal A su turno, el Ministro Gustavo E. Santander Daos, dijo: Me adhiero al sentido de la opinión de los distinguidos Colegas que me antecedieron con relación al rechazo in limine de la presente acción; y, agrego:- Que en el escrito de promoción de la presente acción se observa que la paiie accionante ha hecho mención a los artículos supuestamente transgredidos así como realizado una explicación sucinta de hechos y actuaciones en torno de las cuales se basaría la arbitrariedad de los fallos impugnados. Sin embargo, dicho relatorio no deja de ser una descripción meramente procesal de lo acontecido en las instancias inferiores, por ende no se logra justificar la conexión concreta con las normas supuestamente conculcadas, es decir, que no ha demostrado lesión concreta a las normas aludidas, en atención a que sus agravios únicamente traducen desacuerdo con las decisiones del caso, pretendiendo imponer un criterio de interpretación distinto al sostenido tanto por la A-quo como por los Miembros del Tribunal Ad-Quem, incluso se puede observar que los mismos, han realizado un estudio respecto a posibles nulidades que pudiera contener la resolución dictada la Jueza de Primera instancia en los siguientes términos: " ... En las condiciones señaladas no se avizoran razones de nulidad del fallo analizado al haberse resuelto todas las cuestiones, objeto de discusión en la audiencia preliminar en relación al citado imputado que plantea el presente recurso (sic.), lo que torna como motivo insuficiente e inconsistente la activación del control de constitucionalidad peticionado.
En virtud a lo manifestado, esta Sala, conforme al criterio asumido en reiterados fallos y ante la pretensión esgrimida por el accionante, considera que lo que se intenta es convertir a la Acción de Inconstitucionalidad en un recurso de revisión o apelación de la decisión judicial, lo cual está vedado en esta instancia extraordinaria. Ello, porque la esfera de la acción de inconstitucionalidad y la competencia de la Sala Constitucional son excepcionales, de interpretación restrictiva y no equivalen a una instancia ordinaria de revisión de decisiones judiciales o tercera instancia como se pretende en autos.
Finalmente, se recuerda al recurrente que la Acción de Inconstitucionalidad, tal y como fue concebida en el actual Código de Procedimientos Civiles, es una acción autónoma, es decir, una demanda totalmente independiente en su tramitación como contenido a los autos que le dan nacimiento, se encuentra regida por reglas especiales que deben ser respetadas a fin de su correcta canalización, so pena del rechazo igualmente establecido en su marco normativo. El desconocimiento o, lo que es más común, su tramitación como mera vía recursiva tal y como surge en el presente caso, conlleva insalvablemente un efecto inoficioso lo que obliga a un pronunciamiento negativo sobre las pretensiones de la actora, ya que se debió exponer con claridad en el planteamiento de dicho extremo, los agravios ciertos, concretos, discriminados y fehacientes sufridos por el decisorio impugnado, no siendo procedente la declaración de la nulidad por la nulidad misma o en el mero Que, en estas condiciones, y al no haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos por las normas legales, corresponde el rechazo liminar de la acción sin más trámite. Es mi opinión.
POR TANTO, la
SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
TENER por presentado al recurrente en el carácter invocado y por constituido su domicilio en el lugar,.,,,, :::...::;;.::-, ORDENAR la agregación de las instrumentales presentadas. /,,,.:,;). RECHAZAR "in limine" la acción de inconstitucionalidad presentada por el señor Nelson Luí ' je 'i . / Paniagua, por derecho propio y bajo patrocinio del Ab milio Fuster, en contra del A.I. Nº 281 de f c 6 d abril de 2024, dictado por la Juez Penal de Garantí s Nº de la ciudad de Caacupé, y contra el A.I N . CRETA.RIA ¿; fecha 25 de abril de 2024, dictado por el Tribu 1 de Ape ción en lo Penal de la Circunscripción udi dd 'DIG!AL I ¡:: Cordillera, por los fundamentos expuestos en e exordio de la presente resolución.
-- ¿ ANOTAR y no icar por cédu Ante mí: t n er Dans Ministro ..
Víctol' Rro., Dr, Ministro