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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 919/2024

6 de septiembre de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: CESAR JAVIER MORALES MACCHI C/ EL ART. 1 DE LA LEY Nº 4333/11.- AÑO: 2011. Nº 1367

Antecedente EL ART. 1 DE LA LEY Nº 4333/11

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 't dER Y SENTENCIA NÚMERO: fJ o vt e;,.) ;te,r-t,tvc - . t;Ertfré, de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los s;) días "--- -AJ:uerc:J_s-:::de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: CESAR JAVIER MORALES MACCHI C/ EL ART. 1 DE LA LEY N4333/11 ", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por las abogadas Lia Beatriz Rodi y Margarita Quintana Parini en representación CESAR JAVIER MORALES MACCHI C/ EL Previo estudio de los antecedentes del. caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y JIMÉNEZ ROLÓN.

A la cuestión planteada, el Doctor DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Las Abgs. Lia Beatriz Rodi y Margarita Quintana Parini, en representación del señor César Javier Morales Macchi, promueven la presente acción de inconstitucionalidad en contra del Art, 1 º de la Ley Nº 4333/2011 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO í' º DE LA LEY Nº2018/02 QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINAR/AS AGRÍCOLAS Y MAQUINAR/AS DE Alegan que a todas luces la norma impugnada viola varios principios constitucionales que garantizan la igualdad de oportunidades (Art. 47 inc. c) C.N.), la libre circulación de bienes (Art. 108 C.N.) y la libre concurrencia (Art. 107 C.N.). Expresan que su mandante se dedica a la importación de vehículos de diversas partes del mundo y se encuentra en cumplimiento de EI Art.1 º de la atacada Ley Nº4333/2011 dispone: "Modificase el Artículo 1de la Ley Nº2.018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS, modificada por la Ley N-º2. 153/03, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma:

iménez R, Ministro .

sar Mi Diesel Jt,1ngha s Ministro CSJ, procedencia, modelo o año de fabricación, sujeta al cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº125/91 "QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN TRIBUTAR/O" y la Ley Nº1034/83 "DEL COMERCIANTE" y sus modificaciones. Podrán ser imporlados, los vehículos deportivos clásicos de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad superior a diez años contados a partir del año de su fabricación, debiendo ser certificados, a ese efecto, por la autoridad aduanera nacional pertinente, como vehículos antiguos de colección de circulación restringida a ocasiones especiales, conforme a las normas vigentes. Los mismos estarán sujetos a modioes y controles técnicos vehiculares, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº3850 del 15 de octubre de 2009 "QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA COMO REQUISITO PREVIO PARA LA OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DE LA PATENTE MUNICIPAL DE RODADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. Los escribanos y notarios públicos deberán exigir el documento que acredite la inspección técnica vehicular vigente para protocolizar e inscribir las escrituras de trasferencia de vehículos usados, cualquiera sea su tiempo de uso. A los efectos de lo dispuesto en la primera parte del párrafo de esta Ley, queda prohibida cualquier discriminación en lo que se refiere a la ubicación original del sistema de dirección del vehículo a ser imporlado, y que vaya más allá de las restricciones vinculadas al sistema de aire acondicionado, que no podrá utilizar CFCO11 y/o CFC-12. Para su circulación en el territorio nacional en todos los casos, la dirección del autovehículo estará ubicada o reubicada en el lado izquierdo E n primer término cabe distinguir que en realidad la Ley que dispone la restricción de la que se agravia el accionante es la Nº2018/02 en su Art.1 º tal como se halla vigente en virtud de la modificación última de su redacción dispuesta en la aludida Ley Nº4333/11.

No obstante, identificada la norma impugnada, y aclarado el punto, hemos de abocarnos al estudio de la acción, cuyo fin debe ser verificar si la determinación por ley de una restricción de importación de vehículos usados impidiendo la de aquellos con más de diez años de antigüedad, violenta o no alquna norma de nivel Constitucional.

Es preciso puntualizar las normas constitucionales pertinentes, aducidas como violentadas, referentes a la libertad de concurrencia y a la libre circulación de productos. "Arlículo 107. DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita efe su preferencia, dentro de u,:, régimen de Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de arlículos nocivos serán sancionados por la Ley "Artícu/o 108. DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS. Los bienes de producción o fabricación nacional, y los: de procedencia extranjera introducidos legalmente, circularán libremente dentro del territorio de la República".

CORTE . UPREMA STICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: CESAR JAVIER MORALES MACCHI C/ EL ,,;.. e, ñale (C) , inicialmente, que se garantiza que toda persona pueda: Dedicarse a la " act1flad d libre preferencia, a condición que sea lícita y que se encuadre dentro de un marco igualdad de oportunidades. El Actor dice dedicarse a la actividad de su ref , la cual es indudablemente lícita: el comercio de automotores y maquinarias, e an er que dicha actividad no se circunscribe exclusivamente a la importación de los vehículos restringidos por la norma importada. Surge claramente que la libertad de dedicarse a la actividad lícita de su elección, no se halla cercenada. En cuanto a su ejercicio dentro de un marco de igualdad de oportunidades, notamos que ella tampoco está restringida, pues la norma (que dice le agravia) rige a todo aquel que vaya a importar vehículos, sea ocasional o habitualmente, como representante, distribuidor o comerciante sin régimen establecido con los proveedores. Tampoco se nota que la norma impugnada sea propiciadora de la creación de Monopolios, ya que, como se ha señalado, es de aplicación general y no especial a un grupo de personas, ya sea negativamente en favor de otras o positivamente en favor de ellas, creando una situación de desigualdad de oportunidades y restricción a la competencia. Distinto sería si la norma impugnada no rigiese para tales o cuales comerciantes, lo cual no se produce con la situación puesta Cabe señalar que, cuando la Constitución impone la libre circulación de productos nacionales o extranjeros, en cuanto a éstos, la condiciona a que hayan sido" introducidos legalmente". Se nota claramente la remisión a la "ley" como instrumento normativo dictado por el Poder Legislativo dentro de sus atribuciones, que regule la materia. De allí que, por imperio de la misma norma invocada, es atribución del Poder Legislativo regular, establecer el marco de normas, dentro de las cuales debe producirse la introducción de los productos extranjeros. Así sucede con un sin número de bienes y productos que deben cumplir con normas sanitarias, aduaneras o de seguridad, todas impuestas por ley. La libertad de concurrencia y la garantía de libre circulación de productos, y agrego: de bienes y servicios, no puede entenderse como presupuesto que inhabilite toda regulación, situación ésta que implicaría el .abandono del Estado de su rol establecido En relación a la vulneración al Art. 179 de la Constitución Nacional, a la que alude el actor, ella es inexistente, pues la norma impugnada en la acción no es de carácter , Ojeda Víctor RWS Dr, Ntnstro 3 impugnaciones de inconstitucionalidad, como la que nos ocupa, limitarnos a estudiar si las normas puestas en crisis se adecuan a la Constitución Nacional, es decir, que hayan sido dictadas por Órganos con competencia, con respecto de las formas requeridas, y sin contradecir los principios y garantías establecidas por la Constitución Nacional.

En ese contexto y por tales razones, concluyo que la norma impugnada de inconstitucionalidad, el Artículo 1de la Ley Nº2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", en su redacción actual dada por el Artículo 1º de la Ley Nº4333/2011, no vulnera a la Constitución Nacional y por tanto la acción debe ser 1. Las abogadas Lia BeatrizRodi y Margarita Quintana Parini, en representación del Sr.

CESAR JAVIER MORALES MACCHI promueven acción de inconstitucionalidad contra el Articulo 1 de la Ley Nº 4333/11 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY Nº 2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", MODIFICADA POR LA 2. El accionante alega la vulneración de los Artículos 47, 107 y 108 de la Constitución. Y funda su acción manifestando, entre otras cosas, que la prohibición de importar vehículos con mas de 1 O años de antigüedad impuesta por la norma impugnada, constituye una flagrante violación de las garantías constitucionales.

3. A los efectos de arribar a una solución razonada de la existencia o no de violaciones de normas constitucionales, es necesario traer a colación lo dispuesto por el acto 4. "Artículo 1º- Modificase el Artículo 1 º de la Ley Nº 2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", modificada por la Ley Nº 2153/03, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma "Art. 1 º- Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad mayor a diez años. contados a partir del año de su fabricación hasta la de su despacho en el lugar de origen" (subrayado 5. En mi opinión la norma transcripta es razonable, considerando que el Estado tiene el legítimo derecho de regular las políticas en esta materia, con el propósito de hacer posible que los consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. Asimismo, la política estatal debe tratar de alcanzar las metas en materia de producción satisfactoria y normas de funcionamiento, procedimientos adecuados de distribución, prácticas comerciales legales, comercialización informativa y protección efectiva contra las que puedan perjudicar los intereses económicos de los consumidores 6. Con respecto al menoscabo que supuestamente sufrirían los consumidores, en caso de ser privados por el derecho que les corresponde para adquirir los bienes y servicios de su elección, quebrantando con ello la libertad de concurrencia, destacada doctrina nos enseña: "Una orientación creciente en la política económica del Estado ha ido : L1' ndo º ulatinamente limitaciones a la libertad de comercio, justificadas en el isQt-¿Sna ,:;!¡a igualdad de condiciones -supuesto constitucional de la igualdad ante la le¡:/p.o'f lo-c,.,..esos de la libertad de comercio, el Estado ha intervenido estableciendo -.."4Mf.Xt ficiales de hecho o comercializaciones compulsivas en beneficio del interés (Vide QUIROGA LAVIE, Humberto; Curso de Derecho Constitucional, CESAR JAVIER MORALES MACCHI C/ EL 7. Por otro lado, el vehículo denominado "utilitario" es el que llega a la sociedad, y éste, en buenas condiciones, sin duda alguna tiene mercado. El público lo compra porque se adecua a sus necesidades y está más al alcance que un vehículo nuevo. Esa es la opción 8. La norma atacada no pretende prohibir las importaciones de vehículos usados, como ya se hizo en otros países como Perú, Panamá y Costa Rica, sino regular esa actividad para que no se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, no se afecte económicamente al comprador y no se sature al país con vehículos recuperados.

9. Una realidad palpable nos indica que desde hace varios años, miles de automóviles descartados, desechados (por ejemplo. los casos de autos importados como .

consecuencia de fenómenos atmosféricos como Katrina). salidos de circulación en sus países de origen (V.gr. los vehículos importados de lquique, Chile, provenientes de Japón), comenzaron a circular en las ya congestionadas calles de las principales ciudades. del país, con los efectos propios que acarrea la obsolescencia del parque 10. - En su edición del 16 de noviembre de 2019, el diario La Nación, publicó datos sobre la "Contaminación del Aire Porcentaje sobre el nivel seguro, diciendo lo siguiente: "Según los índices demostrados, Asunción tiene un 80de nivel seguro de contaminación, un poco más que Tokyo (70) y menos que Taipéi (90), a pesar de existir una Ley de Calidad de Aire (5.211/14) que garantiza el control de emisión de contaminantes. Los factores que coadyuvan a desarrollar la contaminación atmosférica son los combustibles fósiles o humo negro, emanados por los autos usados que despiden estas sustancias tóxicas para el organismo. Miles de automóviles de gran porte circulan por la capital y contaminan el aire que respiramos. En el 2018 se importaron 71.820 vehículos usados, de los cuales 63.582 tienen más de 1 O años ( ... ) la Dirección General del Aire capitalina, remarcó que el aumento del parque automotor influyó en el incremento de índices de polución. En el 201 O había un total de 872.126 vehículos, en tanto que en el 2019 la cifra llegó a 2.363.499. Cada uno de esos motores emite polución y cuanto más antiguo sea, mayor es el nivel. El promedio de nuestro parque automotor es de 18 años". Advirtió el gar a du s, ha o. Cabe r saltar iménez R, Afinistro wJJJ,1S:.c1¡--Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro para la vida humana, flora y fauna. Razón por la cual el "derecho a habitar en un ambiente 12. - No tenemos que perder de vista que el derecho a un ambiente saludable, se encuentra estrechamente vinculado con el derecho la salud y la vida, reconocidos constitucionalmente como derecho fundamental e inherente a la persona humana, por lo que toda norma que integre nuestro derecho positivo deberá indefectiblemente estar orientada a tutelarlos, a los efectos de lograr el bienestar social, tornando operante el carácter de Estado Social de Derecho proclamado por la Constitución, cuestiones estas 13.- Así las cosas, entiendo que la pretensión del legislador al dictar la norma impugnada fue mantener la vigencia de los derechos y principios tutelados por la Constitución, en coherencia con las convenciones internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento interno, con el objetivo de velar por los intereses de todos los ciudadanos, entre los que, la vida, la salud y el bienestar social se encuentran en un lugar de 14.- Al respecto, la "Declaración Universal de Derechos Humanos", en su numeral 25, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a 15- La Organización Mundial de la Salud se pronuncio el 22 de setiembre de 2021 sobre datos y cifras relacionados a la "Contaminación del aire ambiente (exterior)". Dijo que la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo: "Cuánto más bajos sean los niveles de contaminación del aire mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto como a corto plazo". Así mismo, exigió que la salud 16- Por lo tanto, en atención a las manifestaciones vertidas, opino que corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad. Es mi voto.

A su turno, el Doctor JIMÉNEZ ROLÓN, dijo: Cabe adherir al sentido de la decisión arribada por los Ministros que me precedieron en votación, pero por los siguientes términos:- En el sub iudice se trata de determinar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad promovida por las Abogadas Lía Beatriz Rodi y Margarita Quintana, en representación de César Javier Morales Macchi contra el Art. 1 de la Ley 4333/11 "Que modifica el artículo 1 º de la Ley Nº 2. 018/02 'Que autoriza la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados', modificada por la Ley Nº 2. 153/03".

En primer lugar, se debe resaltar que esta Acción de lnconstitucionalidad fue promovida en fecha 03 de febrero de 2011 y quedó en estado resolutivo el 30 de diciembre del 2011 (f.

29). La integración de esta Sala Constitucional fue puesta a consideración de esta Magistratura recién en fecha 18 de octubre de 2018 y notificada al accionante en fecha 25 de noviembre de 2021, por lo que demora en dictar sentencia en este juicio -en estado resolutivo desde el 03 de febrero de 2011-, no le puede ser atribuida. Esta demora, se erige en un verdadero exceso y atenta contra el derecho a una tutela judicial efectiva, que no solamente implica la actuación del órgano jurisdiccional, sino también la solución del conflicto en tiempo CORTE 1S,UPREMA .--'- arteá-onante aceditó su legtimación aciva clas documntales aqreqadas a fs.

- 5/, -ons1sttes en: (1) constancia de matriculación en caracter de comerciante, .e ps;ífjcamr:it/ para el ramo de importación, exportación, distribución representación, c9. compra y vettle vehículos y maquinarias; (ii) cédula tributaria; (iii) constancia de inscripción i -gt_fo,ünico de Contribuyentes de la Secretaría de Estado de Tributación, donde figura olrili.1áctiiaad secundaria la venta al por mayor y menor de vehículos automotores nuevos y usados de todo tipo; (iv) comprobante de pago de impuestos, emitido por la Secretaría de Estado de Tributación; y, (v) constancias de estados financieros y declaración jurada de actividades comerciales presentada ante la Secretaría de Estado de Tributación.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: CESAR JAVIER MORALES MACCHI CI EL Como fundamento de su presentación, sostuvo que se dedica a la actividad comercial de importación de vehículos y que la norma impugnada restringe las disposiciones de los arts.

47, 86, 107, 108 y 137 de la Constitución. En ese sentido, alegó que la disposición normativa no toma en cuenta parámetros objetivos, ya quela antigüedad de los vehículos no es el único elemento que debe ser considerado para garantizar un medio ambiente saludable. Expresó que ello vulnera también el derecho del consumidor, quien se encuentra coartado de optar por el producto de su preferencia, de acuerdo a las condiciones de mercado. Agregó que la ley impugnada distorsiona él sistema económico competitivo, dado que beneficia solo - a una minoría y limita la posibilidad de que exista pluralidad de oferentes dentro del mercado. Por todo ello, solicitó, la declaración de inconstitucionalidad de la ley impugnada, y señaló jurisprudencia de la Sala Constitucional favorable a su pretensión. (fs.20/25).

EI Ministerio Público contestó la vista pertinente en los términos del Dictamen Nº1523 de fecha 13 de diciembre de 2011 (fs. 27/28). Señaló que la ley impugnada limita injustamente la importación de vehículos sin observar parámetros objetivos y concretos que justifiquen la prohibición de introducirlos al país. Agregó que, en tal sentido, deberían observarse las condiciones mecánicas y no meramente la antigüedad. Por otro lado, expresó que se debe respetar también el derecho del consumidor final, quien debe tener la posibilidad de optar por la oferta más conveniente a sus intereses. Por todo ello, recomendó hacer lugar a la acción Ahora bien, la norma atacada de inconstitucional - Ley 4333/11 "Que modifica el artículo 1º de la Ley Nº 2.018/02 'Que autoriza la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados", modificada por la Ley Nº 2. 153/03'- dispone: ''Artículo 1º- Modificase el Artículo 1º de la Ley Nº 2:018/02 "Que autoriza la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados", modificada por la Ley Nº 2. 153/03, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma: Art. 1 º - Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad mayor a diez años, contados a partir del año de su fabricación hasta la de su despacho en el , Mlni1tru ¡;;J.

D Víctor Ríos Ojeda Ministro desproporcionada- a un derecho individual podrá producir tal lesión al individuo que tacharía Para facilitar la lectura de este análisis e identificar claramente las cuestiones constitucionales que se plantean en esta acción, conviene caracterizar los argumentos traídos En primer lugar, se alegó una violación al principio de igualdad, al argumentar que la limitación normativa hace una distinción arbitraria que beneficia injustamente a otros importadores. Se sostuvo, además, que la ley vulnera el derecho a la libertad de concurrencia, la libre circulación de productos y el derecho de los consumidores a elegir el producto que más convenga a sus intereses dentro del mercado. En segundo lugar, se hizo alusión a una supuesta conculcación al principio de razonabilidad, al decir que la ley no cuenta con parámetros objetivos y concretos que justifiquen la prohibición de introducir al país vehículos con más de diez años de antigüedad. En ese sentido, criticó el criterio de la antigüedad utilizado por el legislador, e indicó que el parámetro de restricción debió haber sido la condición L ueg o, el análisis de autos debe partir de una premisa fundamental y básica: todo derecho es susceptible de limitaciones. Los derechos fundamentales de las personas están sujetos a límites, ya sean explícitos o implícitos. Advertir esta circunstancia no significa ni Las restricciones legislativas a derechos individuales son admisibles bajo ciertas condiciones: razones de interés general, orden público, o algún propósito estatal según las necesidades de cada sociedad democrática. Ese es el estándar que fue fijado por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (vide: Opinión Consultiva OC-6/86 de fecha 9 de mayo de 1988) y por los precedentes de la Sala Constitucional de esta Excma. Corte Suprema de Justicia (vide: Acuerdo y Sentencia Nº 77 4 de fecha 17 de septiembre de 2019).

En el mismo sentido, esta Sala ya ha establecido que para que las limitaciones sean constitucionalmente permitidas, es fundamental que ellas se encuentren justificadas en la realización de otros derechos, bienes o valores constitucionales, respetando al contenido esencial del derecho que se está limitando. Por ello la doctrina ha dicho que el desarrollo legislativo o la determinación de una restricción no expresada en el texto constitucional, pero que deriva implícitamente del derecho de terceros o del bien común general siempre debe seguir ciertos requisitos, entre los cuales se cuenta la cláusula del contenido esencial de derechos y la exigencia de justificación, ya que la facultad normativa de las limitaciones de derechos constitucionales no puede ser ejercida de manera arbitraria. (PRIETO SANCHÍS, Luis. 2003. Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Madrid. Trotta. págs.232/241 ).- La justificación supone la existencia de una causa o motivo jurídico por el que se requiere la presencia de la restricción. Esto se vincula íntimamente con el principio de razonabilidad, que ordena que las medidas de autoridad, o restricciones, sean razonadas y razonables, nunca caprichosas o arbitrarias. La razonabilidad: "supone la existencia de una política legislativa que pueda ser controlada en cuanto a su proporcionalidad entre el objetivo claramente definido y legítimo, y el medio eficiente para lograrlo" (SOLA, Juan Vicente. 2009.

Tratado de Derecho Constitucional. Tomo 11. Primera Edición. Buenos Aires: La Ley. p. 473), La proporcionalidad supone que el daño o deterioro que se produzca al ejercicio del derecho ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: CESAR JAVIER MORALES MACCHI C/ EL s', st91e:, decir que la regulación no debe restringir otros derechos fundamentales, a ehgs:que roha limitación se encuentre autorizada por la Constitución, o justificada por un ' bjltivo inalidac pública, y sea la menos gravosa en relación con los derechos limitados. - Bt ". º: en cumplimiento conel principio de proporcionalidad, lomedios er:ripleados ser idóneos y adecuados al fin perseguido con la toma de la medida de autondad.

Teniendo en cuenta lo expuesto, vayamos al estudio del fondo de la cuestión.

La norma impugnada impone una limitación a antigüedad que pueden tener los automotores que se introduzcan al país por importación: 1 O años.

Desde ya, debo decir que no considero que la reglamentación a la importación de automotores usados de cierta antigüedad constituya una violación a un derecho fundamental El derecho individual garantizado por el art. 107 es el de dedicarse a una actividad económica lícita de su preferencia, es decir, a una actividad que no se encuentre prohibida, dentro de un régimen deigualdad de oportunidades. El art. 108 se refiere también a la licitud, al garantizar la libre circulación de productos, y disponer que los bienes de procedencia extranjera introducidos legalmente circularán libremente dentro del territorio de la República.

La Constitución consagra la libertad económica, siempre y cuando las actividades comerciales . La tutela constitucional del comercio se realiza a los efectos de garantizar la libertad económica de actividades no prohibidas, por tanto, lícitas. Y la determinación de cuáles son las actividades económicas ilícitas, o los productos prohibidos, que el Estado realiza en uso de su "poder de policía", debe, lógicamente, reglamentarse por normas inferiores. Por eso, la imposición de una limitación, en sí misma y por sí sola, no deviene inconstitucional.

EI ejercicio de la actividad económica se sujeta a reglas y limitaciones relativas al orden público, al bien común, a la seguridad nacional, a la salud y el bienestar general, etc. Un sinnúmero de leyes y reglamentos existen en este sentido en nuestro derecho, e incluso se establecen prohibiciones absolutas vinculadas a la actividad comercial, como el caso de bienes de comercialización o exportación e importación prohibidas, restringidas y condicionadas -productos farmacéuticos, armas, semillas y productos vegetales, animales Es natural, que el Congreso tenga la potestad de calificar o prohibir actividades. Esto es constitucional. Sostener lo contrario, significaría, desconocer que el Congreso pueda dictar leyes económicas o, pueda legislar en base a un interés general.--- .

Jiménez Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro En este estadio, surge la interrogante si la restricción legal es razonable y proporcional, es decir, si responde a un propósito u objetivo estatal, y si la medida es apropiada y La respuesta es clara. El objetivo estatal de prohibir la importación de vehículos usados con más de diez años de antigüedad responde a un propósito estatal. Basta con ir a los antecedentes legislativos que se encuentran en el expediente D-0913769, para identificar su E I anteproyecto de esta ley propuso oriqinalrnente la restricción a la importación de vehículos con más de -cinco años- de antigüedad. Luego de todo el trámite legislativo, el proceso culminó en la sanción de la Ley 4333/11, que restringió la importación a vehículos 8 i recurrimos al documento de iniciativa de esta propuesta legislativa, el propósito estatal resulta evidente: "Cuando se pretende prohibir la importación de vehículos usados hasta cierta cantidad de años de antigüedad, se quiere otorgar: seguridad al tráfico nacional, para garantizar; el derecho a la vida de nuestros conciudadanos; el derecho a un medio ambiente sano .. también Bolivia redujo a cinco años de antigüedad de los vehículos que pueden ser importados, quedando como mercados-depósitos de toda la chatarra internacional, Perú y Paraguay. Por ello, todo lo que no se compre más en ningún lugar se llevará a Paraguay y a Perú, allí si que el derecho de elección del consumidor paraguayo no irá más allá de lo que sobre después de la colocación en otros mercados de autos usados que se puede presumir no estarán en mejores condiciones. Conocemos que año a año aumentan las víctimas mortales en accidentes de tránsito. Aunque no debe reducirse todo a las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos, sin embargo, es una arista a considerar y a regular para acompañar la tarea del Ejecutivo en el control del estado de los autos vehículos. El derecho a la vida de nuestros conciudadanos, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la seguridad en el tránsito y el derecho a la integridad física sirven de parámetro no solo para prohibir la importación de autos usados de no más de diez años, sino de hacerlo con relación a los que tengan una antigüedad superior a cinco años. Tampoco debe olvidarse que la prohibición pretendida se reduce en protección/a favor de una mayoría que carece de autos, pero que debe respirar las emisiones de los que se encuentran en mal estado y tal vez soportar accidentes por desperfectos mecánicos o físicos del vehículo. Estos no tienen por qué cargar con que se les prohíba a los otros que importan vehículos con más o menos antigüedad".

EI propósito detrás de dicha restricción legislativa proviene de la necesidad de dar protección a otros derechos, intereses y valores de bien común, como los de seguridad en el tránsito y a los ciudadanos, la salud pública, el derecho a un ambiente saludable y la protección A criterio de esta Magistratura, el objetivo más importante y cardinal, con el que se justifica plenamente la razonabilidad de la norma, es la protección al medio ambiente. De hecho, cuando el Estado reglamenta las actividades económicas, lo hace para reducir las externalidades o consecuencias negativas causadas por ellas. La doctrina constitucional explica en este sentido: "Una de las funciones del Estado en cumplimiento de un mandato constitucional es el control de la calidad del medio ambiente. La contaminación no es más que un ejemplo de un fenómeno mucho más amplio que son las externalidades. Siempre que una persona o una empresa emprenden una eccion que produce un efecto en otra persona por el cual esta última no paga ni es pagada existe una externalidad. Esta externalidad es una falla del mercado y podría dar lugar a una intervención del Estado . El gobierno puede imponer multas, puede subsidiar los gastos para reducir las externalidades negativas, puede hacer una " m1ntació ara atenuar las extemalidades negativas que imponen unos grupos a otros, pu. é)[Jten definir un conjunto de derecho de propiedad que disuada a los individuos de opa,hár e " nalidades negativas . El Estado en lugar de imponer sanciones por la ontamo de subvencionar los gastos realizados para reducirla, generalmente 4JJij_¡if¡fffctonormas en un intento de reducir las externalidades negativas. Han establecido niveles de emisión para tos automóviles y ha propuesto un detallado conjunto de reglamentaciones relacionadas con los vertimientos de productos tóxicos, de esta manera exige a las compañías aéreas y a los ferrocarriles aplicar una prohibición de fumar" (SOLA, CESAR JAVIER MORALES MACCHI C/ EL Entonces, la decisión estatal de regular la importación de vehículos, se funda en una intención legítima: reducir las externalídades negativas que producen los vehículos con más de 1 O años de antigüedad que circulan desmedidamente en el territorio nacional. A nadie escapa que el estado de la ciencia y la técnica avanza vertiginosamente con el tiempo, y que, como consecuencia de ello, las medidas tendientes a proteger el medio ambiente, incorporadas a los vehículos, son cada vez mayores. Entonces, esta regulación es adecuada y proporcional para la consecución del objetivo establecido por el Estado, cual es, reducir la contaminación ambiental causada por dichos vehículos. La limitación no puede verse como desproporciona! o excesivamente lesiva al accionante, porque la norma no le prohíbe al individuo que se dedique a la actividad comercial de su preferencia, es decir, no prohíbe la importación de vehículos usados, sino que se limita únicamente la importación de un tipo de vehículo: aquel que supera diez años de antigüedad desde su fabricación.

Se colige así que la elección de este remedio y el criterio para hacerlo -antigüedad-no viola el principio de razonabilidad. La medida legislativa tomada en la Ley 4333/11 es, por La 'norma tampoco viola el principio de igualdad. La distinción del legislador ni es arbitraria, ni concede privilegios a cierto grupo de personas en detrimento de otros.

La clasificación que hace el legislador, de prohibir la importación de vehículos con más de diez años de antigüedad, como vimos, cuenta con una justificación objetiva y razonable: preservar el medio ambiente, la seguridad pública y la salud de la población.

La prohibición de importar vehículos con más de diez años de antigüedad se aplica a todos por igual, sin distinción. No se establecen excepciones ni privilegios a favor de otros grupos que se encuentran en iguales circunstancias. Tampoco se crea un monopolio a favor de representantes oficiales de vehículos nuevos. Si dichos representantes se dedicasen también a la importación de vehículos usados, la norma se aplicaría a los mismos por igual.- La única clasificación que hace la norma es respecto del pro importado. Y esto es así porque el legislador consideró que dichos vehículos, repetí os, p esentan un riesgo al ambiente y a la salud públi Por ende, la misma no pue con iderars discriminatoria en el sentido de vulnerar u erec o individual, responde, m s b1 n a una r gulaci ec nómica stinción del leg slador R Oieda Víctor IOS J Ministro Por último, el hecho de que ciertos importadores sí han sido beneficiados en otros casos semejantes- con la declaración de inconstitucionalidad de esta norma, no puede sustentar la violación del principio de igualdad, porque esa es, precisamente, una situación de hecho ajena a la norma. No es un problema de la constitucionalidad de ella, sino un efecto de los precedentes de esta Sala Constitucional en relación con ciertas personas. Y no pueden estos precedentes, cuyos fundamentos no comparto, vincular mi decisión. En nuestro sistema, se Dichos fallos han considerado que la norma impugnada vulnera el derecho del trabajo y el de los consumidores. Estos argumentos me resultan completamente desacertados, porque En conclusión, la restricción del art. 1de la Ley 4333/11 es cons consideraciones que e eden, la presente acción de inconstí ucio lidad debe ser Cesar M. Oieser.funghanns Ministro CSJ.

Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: O.A Asunción, ob de "f tc,ni,t de 2.02. VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional RESUELVE: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro . Oiel Junghanns Ministro CSJ.