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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 920/2024

6 de septiembre de 2024

ACCIÓN DE INSCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "LUIS CARLOS ALDER BENITEZ C/ ART. 7 INC. B) DE LA LEY 2334/2003 Y LA RESOLUCION SB NRO 00076/2015 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2015, DTCTADA POR EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS". AÑO: 2015. N° 639

Antecedente ART. 7 INC. B) DE LA LEY 2334/2003 Y LA RESOLUCION SB NRO 00076/2015 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2015, DTCTADA POR EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS

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CORTE SUPR.EMA DIIUSTICIAACCIÓN DE INSCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUlclO: "LUIS CARLOS ALDER BENITEZ c, ART. 7 lNC. BI DE LA LEY 233¿112003 Y LA RESOLUCION SB NRO 00076/2015 DE FECHA 13 DE lriAYO DE 2015, DTCTADA POR EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS". AÑO: 20I5. c, ART.7 tNC. B) DE LA LEY 233412003 Y LA RESOLUCTÓN SB NRO OOO78,2O15 DE FECHA 13 OE MAYO DE 2015, DICTADA POR EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS", A fin de resolver la Acción de ¡nconst¡tuc¡onalidad promovida por el Señor Lu¡s Ca¡los Alder Benitez, por derecho prop¡o y bajo patrocin¡o de Abogado Prev¡o estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Just¡c¡a, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la sigu¡ente: CUESTIóN: Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: EUGENIO JIMENEZ ROLÓN, CESAR DIESEL JUNGHANNS Y VICTOR RÍOS OJEDA A la cuest¡ón planteada, el M¡nistro Doctor EUGENIO.JIMENEZ ROLÓN drjo: Luis Carlos Alder Benitez, bajo patrocin¡o del Abogado Rodolfo Gubet¡ch Mojoli, promovió acción de inconstituc¡onal¡dad contra: a) el art. 7 l¡teral 'b" de la Ley 233412003, que regula el proced¡miento que debe seguir la Superintendencia de Bancos ante la ocurrencia de una o más de las causas de regularización establecidas en d¡cha ley y la obl¡gación de ¡mponer solidar¡amente una multa al D¡rectorio o al responsable, por ¡mporte ¡gual al cinco por c¡ento (5%) del cap¡tal integrado; y, b) la resoluc¡ón adm¡n¡strativa, Resoluc¡ón S.B. N'00078/2015, d¡ctada por el Superintendente de Bancos que impone la multa prevista en la ley.

La norma impugnada establece: "Att¡culo 7'. ln¡c¡ación del proceso y proced¡miento Of¡c¡o. En caso que la Super¡ntendenc¡a de Bancos detecte la ocurencia de una o de las causas de regularización mencionadas en los literales a), b), c), d), e), establecidas en el a¡7¡culo anter¡or o haga uso de la facultad prev¡sta en el apa¡tado k) y hab¡endo om¡sión del infome a la Supeintendencia de Bancos, mencionado en ela) precedente , ésta a la sanción queente al Directorio o, personal y multa por importe ¡gual alciento (5%) del de /asLa Superinten alex¡girles la presenta Cesar M. Diesel Junfhánns Dr- l/icto¡ Ríos OiedaK del Plan de Regularización. El Director¡o de la entidad o as¡m¡lado elabu'ará y presentará el Plan de Regularizac¡ón en un plazo no mayor a d¡ez días háb¡les a la fecha del repoñe o not¡f¡cación" La resolución impugnada resolvió: "/mponer sol¡dar¡amente a /o-s -señore-s LUIS CARLOS ADLER BEN|TEZ JUSTO RUBEN IBARRA ROYG, JOSE ICNACIO GONZÁLEZ MACCHI, MARIA RAMONA PALMEROLA VDA. DE SOSA, AN TON/O REINALDO DRAGUICEVICH ENClSq JOSE LUlS ANDRADA OLMEDO Y GRACIELA ELIZABEÍH RUIZ MACCHI, Miembros del Directorio de ARA S.A. DE FINANZAS, a la fecha de ln¡c¡o de Of¡cio del Régimen de Regular¡zac¡ón, una multa por el impofte de guaranies un m¡l m¡llones (Gs.

1.00a.000.000) s¡n perju¡cio de las sanciones que coffespondan a la entktad; a efectos de dar cumpl¡m¡ento a lo expuesto en el 4ft. 7 ¡nc. b) de la Ley N" n34n3. Dicho impo¡1e deberá depositarse en una cuenta abie¡fa en el Banco Central del Paraguay, der tro del plazo de diez (10) días hábiles a paftir de la fecha de la presente resoluc¡ón..." El accionante sostuvo que los actos impugnados infringer las disposiciones constitucionales de los Arts. 16, 17 , 44,45,46, 47 ,137 y 287. Argumentó en la ley es una medida confiscatoria. Dijo que el porcentaje de la multa {)stablecido en el art.

7 literal "b'' de la Ley 233412003 es desmedido y desproporcional porque no m¡de la participac¡ón de los presuntos responsables. Alegó que la multa prev¡sta en la ley impugnada es una sanción y, por tanto, para su aplicac¡ón debió respetarse el dereclro constitucional a la defensa y la presunc¡ón de inocencia. Arguyó que no tuvo la oportunirad de articular sus derechos procesales y, en def¡n¡tiva, cuest¡onó la aplicac¡ón de la multa si r un deb¡do proceso. Sostuvo que la autor¡dad de aplicación debió articular un trámite admin¡str.rtivo previo tendiente a respetar su derecho a la defensa, como, por ejemplo, aplicar supletor¡ar¡ente las normas de la Ley Orgán¡ca del Banco Central del Paraguay, que tiene previsto un su nario administrativo.

Expresó que la resolución dictada por el Superintendente de Bancos es onst¡tuc¡onal porque se funda en una ley inconstitucional. Por todo esto, solic¡tó la declaración de la ¡naplicab¡l¡dad del art. 7 literal "b" de la Ley 233412003 y la nul¡dad de la Resolución S.B. N' 00078/2015 d¡ciada por el Superintendente de Bancos (f. 14).

En pr¡mer lugar, cabe J'uzgar la impugnac¡ón de inconstitucional¡dad de la Resolución S.B. N' 00078/2015, d¡ctada por el Superinlendente de Bancos. Recordemos que los órganos jurisd¡ccionales sólo pueden dec¡dir ,]l asunto sometido a su juzgam¡ento, sobre la base de los limites y conforme con la facultad de conocimiento f¡jados por nuestro ordenamiento iurídico La regla general en cuanto a la competencia de la Sala Constituc onal es la conlenida Const¡tuc¡onal: 1) conocer y resolver sobte la inconstitucional¡dad de,as leyes y de otros Const¡tuc¡ón en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con rclac¡ón a ese caso, y 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias def¡nitiv¿s o ¡nterlocutorias, declanndo la nul¡dad de las que resulten contrarias a esta Constituck'n. El proced¡m¡ento podrá ¡nic¡arce por acción ante la Sala Constituc¡onal de ta Cofte Suprena de Justícia, y por v¡a de [a excepción en cualquier ¡nstancia, en cuyo caso se elevarán lcs antecedentes a la Cofte.". El Art. 1'l de la Ley 609/95, orgán¡ca de la Corte Supremá de Justicia, repite textualmente la dispos¡ción const¡tucional Por su parte, el art. 132 de la Ley Fundamental Íeza'. "De la ¡nc )nst¡tuc¡onalidad. La Corte Suprema de Just¡c¡a tiene facuftad para declarar la ¡nconst¡tucionatidad de las nomas jurídicas y de las resoluciones jud¡c¡ales, en la foma y con /os a/cances )stablecidos en esta 2Const¡tuc¡ón y en la ley" adeo e$aEsto n@[f#i¿ilAccróN DE rNscoNsflTuctoNALrDAD EN EL JUICIO: "LUIS CARLOS ALDER BENITEZ C, ART. 7 lNC. B) DE LA LEY 233/U2003 Y LA REsoLuctóN sB NRo oooTsrzors DE FECHA 13 OE I'AYO DE 2015, DICTADA POR EL SUPERINTEI{DENTE DE BANcos". AÑo: 20I5.

ad que no son estrictamente nomativos o resoluc¡ones judiciales. En efecto, de Just¡cia ha admitido y extend¡do el control constituc¡onal sobre actos no se encuadran en ninguno de los supuestos enunc¡ados (rde: A.l. N" 322 del Sin embargo, esa extensión de la competencia de la Sala Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia, en su caso, está reservada para casos excepc¡onales, en los que, por las características, los afectados no cuentan con vías ordinar¡as de acceso a la.,ust¡cia.--- Por ello, un acto de poder público cuenta con vias ordinarias de rev¡s¡ón, el afectado debe agotarlas, y la existenc¡a de éstrs, lo veda de recunir d¡rcctamente ante la Sala Constitucional.

En nuestro sistema, existe una jurisdicción especializada para juzgar la regularidad y legal¡dad de resoluc¡ones adm¡n¡straüvas de carácter individual. La propia Constitución, en el art.265, prev¡ó el establecim¡ento de los Tribunales de Cuentas, y delegó a la ley su composic¡ón y competencia. El Tribunál de Cuentas "está concebido como una primera o procÉ'so entre pañes, al mismo tiempo contradictor¡o e ¡nqu¡sitivo. El Tibunal examina las prctens¡ones del demandante que impugna una resoluc¡ón administntiva previa, por cuya razón trata de una acción y de un recurso a la voz. La jurisdicción tiene una func¡ón revisom y el pa¡Ticular puede aduc¡r en esta vla para obtener la declaración de nulidad de los aclos ilegit¡mos de la Adm¡nistnción". (CNASE PLATE, Lu¡s Enr¡que. 2007. La jusücia const¡tuc¡onal y adm¡nistrat¡va. Asunción: lntercontinental Editora. p- 52) En este caso concreto, resoluc¡ón dictada por el Superintendente de Bancos es un acto tip¡camente adm¡n¡strat¡vo de carác{er ¡ndiv¡dual. La doctr¡na adm¡n¡strativa autorizada explica q ue el: "t..

J acto administnüvo ¡ndividual es la aplicación de la ley o del reglamento a una persona detem¡nada, sea natuml o jurídica, o a un grupo detem¡nado de personas." (VILLAGRA MAFFIODO, Salvador. 1981. Princ¡p¡os de derccho adm¡nistrat¡vo. Primera Edic¡ón. Asunción: El Foro. p. 75). En el mismo sent¡do: "Se entiende que el acto es espec¡al o ¡ndiv¡dual si la declanc¡ón mira a una o más personas o casos individualmente determinados o deteminables" (MARIENHOFF, Miguel. 201 1. Tratado de Derecho Admin¡§ntivo. Tomo ll. Cuarta Edic¡ón. Buenos Aires: Abeledo Penot. p. 183); el acto administntivo constituye una ñgura comprens¡vade toda declanciSn de voluntadprcveniente de un ótgano estatal, producto de pofesfados pertenec¡entes administrativa y produce efectospor un Ég¡men administmtivo tque con reladestina delNE, J201actotctonenosn Aires, los actos atntnoaplnla It,€5el Dr. vtcto¡ Rto§ oiedaefa il¡rlletáfJ abgnns norma general a personas determ¡nadas. Es una func¡ón propia dr) la adm¡n¡strac¡ón; "Defin¡mos asi la Adm¡n¡strac¡ón, como la func¡ón de ejecutar normas juríd cas de toda espec¡e, en cuanto a su extens¡ón lógica, fuera de s¡tuaciones contenciosas, ¡led¡anle dec¡siones individuales notmativas que pa¡f¡cularizan en casos concretos: a) ualesqu¡era de los contenidos de aquellas notmas aplicadas; b) actos de conducta de eiearc¡ón de nomas juríd¡cas en calidad de hechos admin¡strat¡yos'| (LINARES, Juan Franc sco 2007. Derecho admin¡strat¡vo. Pr¡mera ediclón. Buenos Aires: Astrea. p. 166) Aunque son pocos los soportes legales que reglamentan el proces( en esta jurisd¡cción.

en nuestro sistema, la demanda contencioso administrativa puede dedu(:irse ante el Tribunal de Cuentas contra las resoluc¡ones administrat¡vas que reúnen los siguientes requisitos: a) que causen estado y no haya por cons¡guiente recurso administrativo coltra ellas; b) que la resolución de la administración proceda del uso de sus facultades regla(las; c) que no exisla otro juicio pendiente sobre el mismo asuntoi d) que la resolución /ulnere un derecho Ahora b¡en, no escapa a nueslro conoc¡miento que no son pocos l)s problemas que se presentan en las acciones cle inconst¡tuc¡onal¡dad de este t¡po, que se t romueven contra un acto administrativo ind¡vidual y la ley en la que se funda. La respuesta de a Corte Suprema de Justicia y de la doctr¡na constituc¡onal nac¡onal no ha sido uniforme er lo que se rellere a aclarar el afectado por la resolución administrativa tiene -o no- expedita via para promover la acc¡ón de inconstiluc¡onalidad de manera directa.

Parte de nueslra doctrina ha dicho que cuando se ¡mpugnan en brma s¡multánea un aclo normal¡vo de carácler general y uno de carácter parl¡cular v¡nculaco con el primero, es procedente incoar la acción de inconstitucionalidad en forma d¡recta. no corresponde el rechazo lím¡ne de las acc¡ones de inconstitucional¡dad promovidas cot tra actos normat¡vos de carácter padicular, ¡nvocando como fundamentos en fo¡ma general ) ¡nd¡scriminada que haberse recunido prev¡amente a la instanc¡a contenc¡oso-admin¡st.ativa. Sabemos que la acc¡ón de inconstituc¡onal¡dad está refeida a un ju¡cio de alcances l¡n ¡tados, en el sent¡do de que sólo tiene por objeto el control de const¡tuc¡onalidad del acto not tÉt¡vo impugnado; y que en camb¡o, el juicio contenc¡oso-adm¡n¡slrat¡vo t¡ene alcances más amltlios. Sobre esta base cons¡deramos que la promoción de una u otra acc¡ón, lo tual puede hacerse ind¡st¡ntamente, dependerá de la voluntad deljusticiable, el cual se decil¡rá por ]a altemat¡va que crea más ajustada a sus ,rtereses" (LEZCANO CLAUDE, Lu¡s. 2000. El control de const¡tuc¡onal¡dad en el Paraguay La Ley: Asunción. p. 96) Este criterio no puede aceptarse. En pr¡mer lugar, porque los ¿rctos admin¡strativos ind¡viduales no son en pur¡dad normativos, es decir, no prescriben una regla de conducta, y por ende, no pueden ser equiparados a los actos normat¡vos carácter particular mencionados en el art. 551 último párrafo del Cód¡go Procesal Civ¡1. Los actos normativos de carácter part¡cular, como las leyes de exprop¡ac¡ón, no cuentan con una ir stancia conlenc¡osaadm¡n¡strat¡va. Por ende, resulta inadecuado sostener que debe agotarse alguna vía ordinaria.

En segundo lugar, porque la acc¡ón de inconstituc¡onalidad y la contencicso-administratrva, no son acc¡ones ¡dént¡cas, por lo que la elecc¡ón de una u otra vía, en ningún caso. puede depender de la voluntad del ¡usticiable. Desde el momento en que éstrs son juzgadás por distintos órganos y sus sentencias tienen efectos d¡versos, no pueden altsrnarse Otra parte de la doctr¡na ha d¡cho que, si la resoluc¡ón administrat va se funda en una norma reputada inconstilucional la cuestión const¡tucional debe somlterse tamb¡én a la competencia del Tribunal de Cuentas: el Ad.265 de la misma Con;t¡tuc¡ón establece el Tribunal de Cuentas con competencia exclusiva en /os lulbios contem ¡oso-adm¡n¡strativos.

Como que precisamente elcarácter contenc¡oso-adm¡n¡strat¡vo de una re;oluc¡ón puede surgir y existe con la mayor frecuencia a causa de ser ¡nconstitucionaleo si mi:tna o por se¡1o la ley CORTE SUPREMA DEIUSTICI,A ItLllACCIÓN DE INSCONSTITUCIONALIDAD EN EL RESOLUCION SB NRO OOOTE/zo1s DE FECHA DE MAYO DE 2015, DICTADA POR EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS". AÑO: 2015. juzgar la ¡napl¡cab¡lidad de una norma por inconst¡tual, o pornsecuencra- eI acto admin¡strat¡vo que la apl¡ca ntencioso-administrativay de ¡nconstituc¡onal,nopn DieselJunlhannsn o reglamenloque se funda, estaria en aparente opos¡c¡ón la competenc¡a del Tibunal de ,§uentasla Coñe. El problema no puede resolverse dando prevalenc¡a a la una sobre esta sentenc¡a del Tr¡bunal de Cuentas setá recu͡ble a su vez ante la Coie ende la Ley N" 609n5 con la consecuenc¡a de tmer y llevar el exped¡ente pam resolver el mismo asunto, en completa trasgres¡ón de las reglas de economía procesal elementalas. La solución ¡nexcusable es la de dar v¡gencia a /as dos disposiciones const¡tucionales, somet¡endo a la competencia del Tribunal de Cuentas el juic¡o contenc¡oso adm¡nístraüvo, íncluso la inconst¡tucionalidad que es en la hipótes¡s su causa directa y, luego, por vía de apelación, a la Code Suprema de Justicia para dar cumplimiento a la prescripc¡ón const¡tuc¡onal del c¡tado 4ft.260" (VILLAGRA MAFFIODO, Salvador. 2015. Op cit Sépt¡ma Edición. p. 415). Este criter¡o encuentra soporte en antiguos prec€dentes de esta Corte Suprema de Justic¡a, a saber: "En todo t¡empo ha adm¡tido este Tibunal, como lo adm¡te doctrina y la jurísprudenc¡a en genercL que tamb¡én el llamado recu.so contenc¡oso adm¡nistrat¡vo es un recurso comprens¡vo del de nulidad, del de apelac¡ón, del de ¡legalidad, del de ¡nconst¡tucional¡dad, etc. cualqu¡era fuese la causa constitut¡va de la les¡ón sufrida por el agrcviado". (Acuerdo y Sentencia N" 3 del 5 de mayo de 1965, c¡tado por VILLAGRA MAFFIODO, lbídem. p. 415).

Este criterio tampoco puede aceptarse porque se basa en disposiciones const¡tucionales y legales anteriores. El propio Villagra Maffiodo menc¡ona a las normativas anteriores en la primera edición de su obra de derecho Adm¡n¡strat¡vo (Ver: VILLAGRA MAFFIODO, Salvador. Pñncip¡os de derecho admin¡strat¡vo. Asunción, El Foro, 1981. Pr¡mera Edición. Págs. 330/331). Hoy en día, la labor funcional de la Corte Suprema de Justicia se encuentra d¡stribu¡da en Salas, por tanto, no se puede sostener el m¡smo criter¡o de manera irreflexivaEntonces, ninguna de las tesis doctr¡narias expuestas se adecua a la distribuc¡ón de competencias de nuestro ordenam¡ento constituc¡onal y legal.

El Tribunal de Cuentas no t¡ene facultades de conoc¡m¡ento para entender y declarar la parte, la Sala Constitucional se encuentra vedada de juzgar la ¡rregularidad de un acto adm¡nistrat¡vo part¡cul pero no puede revoca puesacctones promni alte Cesar Abs.cMtnistro csl Dr. Victo. Ríos M¡trhtro Luego, la única solución pos¡ble, sin v¡olar las distibuc¡ones d3 competenc¡as, es sostener que los just¡ciables cuentan con estas dos vías que no son allernat¡vas. La impugnáción simultánea de los dos actos en una misma demanda de inconstitucional¡dad, aunque se encuentren relacionados, es improcedente En este caso concreto, el acc¡onante promovió la acc¡ón de inconstitucional¡dad de manera directa y s¡multánea, contra la normá general y la resolución admin¡strativa que la apl¡ca; pretende así que la Sala Const¡tuc¡onal, por @nsecuencia, revoque el acto adm¡n¡strativo que se basa en una ley reputada inconstitucional El acc¡onante debió recurr¡r ante la ¡nstanciá contencioso-adrninistrativa contra la resolución en la oportunidad prevista en el art. 4 de la Ley 1.46A35 y, de manera autónoma, promover la acc¡ón de inconslitucionalidad contra la norma para así obte'lsr, procediere, la inapl¡cab¡l¡dad de esa ley de carácter general En este sent¡do se ha expedido esta máx¡ma instancia judicial en varias oportunidades al señalar: "La obseruación antes apuntada, nos lleva inexorablemente a la consideración de la otra cuest¡ón dete¡m¡nante dsl rechazo de la acción intentada. Hace relac¡ón ella a la noces¡dad de ocunir, con carácter previo, a las v¡as prec¡sas establecidéts por las leyes para soluc¡onar cuaquier lesión juridica. Es jurisprudencia constante de esta )oñe, por lo demás, aquella según la cual la acción de ¡nconstitucionalidad resulta improcedente cuando no se han agotado ,os resorf€s ord¡narios establec¡dos en las leyes para la solución de los conflictos, ya que en caso conüado podría darse la señalada s¡tuación caótica de gue la Cofte por una pade trate y decida un deteminado conflicto y en las ¡nstancias peft¡nentes la m$ma cuest¡ón resufte considerada y resuelta de manera d¡,feren¿e' (Acuerdo y Sentencia N' 268 del 08 de julio de 1.996, dictada por la Sala Const¡tucional); "...r6y,sadas /as constancías de autos se compruaba que no se encuentran agotadas todas las yias preylsras en la ley ante s¡tuacíones de esta naturaleza. En efecto, las mencionadas resoluciones son recur¡ble s ante el Tr¡bunal contenc¡oso admin¡süativo. Que, es menesteÍ puntualizar que el Ad. 561 del Código Procesal dispone taxat¡vamente que la acc¡ón do inconstituc¡onal¡dad sólo podrá deduc¡tse cuando se hub¡eren agotado los recursos ordinarios en las condic¡ones expuestas, al oo haberse ¡ecunido previamente contra las resoluciones atacadas de incoÉt¡tuc¡onalidad ante la Autoridad Judicial competente, y en atención a la d¡sposición legal citada anteriomente, no conesponde realizar el estudio y decisión de la impugnación fomulada por el recurrente. En consecuencia, no cabe otra altemativa sino la de rechazar la accién planteada por su notoria improcedencia." (Acuerdo y Sentencia N" 365 del 21 de iun¡o de 2.001 dictada por la Sala Constitucional); "En el caso de autos, pade accionante disponía de /os recursos procesales que la ley le faculta a ejercedos, antes de la promoción de una acc¡ón de asta naturaleza. Es sabido que la acción de ¡nconstitucional¡dad const¡tuye un mecanismo a¡bitrado por la Constitucidn con carácter excepcional, puesto que no puede debe sust¡tuir las fomas ordinarias establecidas para el ejerc¡c¡o de la función juisd¡ccional, y tiene características autónomas en cuanto a que no está ceñ¡da a otras rcgulaciones que las establecidas en la prop¡a Consütución, de la que la Coñe es guard¡án. (Acuerdo y Sentenc¡¿ N' 234 de fecha 23 de abril de 2014, dictado por la Sala Constituc¡onal) En consecuencia, el ¡nteresado o les¡onado pretende la revlcación de un acto admin¡strat¡vo debe recurrir ante los órganos ord¡narios de revisión; v si, poslula que la resoluc¡ón adm¡nistrat¡va se basa en una norma inconstitucional y, por tanto, pretende la inaplicab¡lidad de esa norma en el proceso ord¡nario de revisión, éste d-.be necesar¡amente excitar el control constitucional respect¡vo La presente acción contra la Resolución S.B. N' 000782015, dictada por el Super¡ntendente de Bancos, debe ser desestimada en los términcs precedentemente 6éxpuestos @§ytF,1¿ilaccróN DE tNscoNsflTUcroNALrDAD EN EL "LUIS CARLOS ALDER BENITEZ C/ ART. 7 rNC. S) DE LA LEY 233412003 Y LA RESOLUCION SB NRO OOO78'20I5 DE FECHA 13 DE IUAYO DE 20,15, DICTAOA POR EL SUPERINTENDENTE DE BANCoS". AÑo: 20I5.

Ahora bieacc¡onante ha ¡mpugnado en este ju¡cio, por vla de la acc¡ón, el carácter general en el cual se basó el acto adm¡nistrat¡vo. Como se haecto no ,'Expresados anleriores, esta Sa¡a Constitucional si es competente para juzgar la cha norma. Lo que se aclaró es que, en caso de cons¡derarlade di c¡onal, este órgano no puede revocar el acto adm¡nistrativo ¡nd¡v¡dual que aplica la nofma. --Porlodo lo expuesto, corresponde juzgar la constituc¡onalidad del art. 7 literal "b' de la Bancos convocará alasim¡lado de dicha eLa Ley 2334/03 que crea el Fondo de Garantía de Depós¡tos (FGD), busca reencauzar y regularizar a las ent¡dades f¡nanc¡eras que mane¡an el d¡nero y los ahorros del públ¡co. De hecho, el Rég¡men de Garantía Legal de los Depósitos del S¡stema Financ¡ero, según su propia naturaleza ,urfdica, es obligator¡o y oneroso, y se encuenfa mnst¡tu¡do con f¡nanc¡am¡ento público y pr¡vado, para proteger parcialmente el ahorro del públ¡co en el sistema f¡nanc¡ero nacional conformado por las entidades pr¡vadas como los Bancos, Financieras y Sociedades de Ahorro y Préstamo para la V¡vienda, que se hallan bajo conkol de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Pafaguay. (art. 1) El art. 6 de dicha Ley d¡spone que las personas fisicas o jur¡d¡cas, cuya actividad cons¡sla, o incluya, la captación habitua¡ de recursos f¡nanc¡eros de¡ público, y alcanzadas como sujetos obl¡gados del art. 1 de la Ley 861/96'General de Bancos, Financ¡eras y otras Entidades de Créd¡to", deben presentar obligatoriamente un Plan de Regular¿ación a sat¡sfacc¡ón de la Super¡ntendenc¡a de Bancos cuando ocurran una o más de las siguienles s¡tuac¡ones: " d) deticit del indice de solvencia por debajo del limite legalmente exigible, dunnte un pe,lodo de al menos c¡nco días hábiles La ley establece que el proceso adm¡n¡strativo puede ser voluntario o iniciado de of¡c¡o.

En el pr¡mer caso, el direclor¡o de la entidad u ófgano as¡m¡lado al m¡smo, deberá informar dentro de los dos dias háb¡les poster¡ores a la Superintendenc¡a de Bancos, y presentiar al m¡smo t¡empo el Plan de Regulár¡zac¡ón. En el segundo caso, cuando el proceso se ¡nic¡a de oficio y es la Superintendenc¡a de Banms que detecta la ocurrenc¡a de una o más de las causas de regularización; o hace uso de la facultad prevista en el literal 'k'del art.6 de la Ley y hay una omisión del informe a la Superintendenc¡a de Bancos, ésta ¡mpondrá solidar¡amente al D¡rectorio o as¡m¡lado, personal y ad¡c¡onalmente a la sanc¡ón quemulta por ¡mporte ¡gual al c¡nco por c¡ento (5%) del capital integrado, s¡n perju¡c¡o asnctones que correspondan a laLa norma estab¡ece, adeque laden exgrla presedel n un plazo nmayor aPlan diezR.gula,losq as la fechaorte opresenta 1n dicho úlioc.Mir-i¡:rc?"óesar il Diesel dtn Miñitt'o CSI' D,- Yícnr R¡osOi¿da El accionante cuestiona la apl¡cac¡ón del poder punitivo de un,)rgano contralor del s¡stema financiero. Específicamente, el art. 7 l¡teral "b" de la Ley 2334/03 referente al proceso de oficio del Régimen de Regular¡zación. Alegó violaciones al derecho a I defensa y al art. 44 de la Constituc¡ón, que prohibe la impos¡ción de muttas desmedidas Pero d¡chas violaciones no se configuran. La ley prevé una cond rcta obligatoria y los hechos sanc¡onables, los sujetos activos de la infracción, un proceso adrnin¡strat¡vo especial, la sanción y la autoridad de aplicación, no dejando margen a la d¡screci( nalidad por parte de la Administración. La prop¡a norma ¡mpugnada establece que el proceso of¡croso del régimen de Regular¡zación inic¡ado por la Superintendencia de Bancos trae aparejí,da una convocatoria al Directorio de la ent¡dad para exigirles el cumplim¡ento del rég¡men de regularización y una consecuente multa por el incumplim¡ento del deber de advertir o jenunciar el hecho sancionable, si este se configura La garantía del deb¡do proceso se encuéntra resguardada en la propia Ley al prever la convocator¡a al Directorio de la entidad para ex¡girles el cumplimie rto del régimen de regularizac¡ón; con la oportun¡dad de ser oidos. Es decir, elproceso adm i¡strativo interno, del que puede derivar una sanción, por más especial y expeditivo que sea, !.e encuentra prev¡sto en la ley. Por lo demás, el accionante tampoco alegó una vulneración al ,lerecho a la defensa en la convocaloria al Directorio, por eiemplo, que no tuvo conoc¡mi€nto de la infrácción imputáda, o qué no tuvo la oportunidad de alegar ni probar No se puede descono@r que las relaciones jurld¡cas entre el lanco Central y las personas fís¡cas o iurídicas sometidas a su fiscalizac¡ón se desenvuel/en en el marco del derecho administrat¡vo. Al someterse al c¡rcuito financ¡ero, los sujetos o )l¡gados se someten también a las normas -como la impugnada en estos autos- que rigen el s stema El acaecimiento de una de las c¡rcunstanc¡as previstas en la ey y la omisión de F or los legisladores al dictar esta norma. Su objetivo es explic¡to: busca la regular¡dad del manejo de los recursos financieros y la responsabifidad de los d¡rectores de los entes que pone] en riesgo el d¡nero de los consumidores y los Recursos del Fondo Legal de Garantía de Dep isito, es decir; busca la estabil¡dad de todo el sistema financiero nacional. Esta just¡ficación normativa se funda en el interés general prev¡sto en el art. 128 de la Const¡tuc¡ón, y además corresponde a una polít¡ca cred¡t¡c¡a de un organismo técnico prev¡sto en la propia ley furdamental, que es el Banco Central del Paraguay (arts. 285 a!287) En cuanto a la proporcionalidad de la multa, cabe dec¡r que este,).gano const¡tucional no cuenta con la información o evidencia para concluir de manera categór ca que un porcentaje más ¡dónea y menos restrict¡va para cumplir con el objetivo de la norma. No existen argumentos alegados elementos de juicio suf¡c¡enles para sostener lo ( ontrar¡o y apartarnos de la dec¡sión leg¡slativa. Por ello. no podemos conclu¡r que la multa s( a desproporc¡onal al ob.iet¡vo buscado. Además. en cualquier escenar¡o, este órgano con.)iitucional no podría mod¡ficar el porcentaje de una multa a través de esta sentencia de inco rst¡tucionalidad. Ello, porque las leyes procesales limitan los efectos de la sentencia la declaración de Por todo esto. la acción de ¡nconstitucionalidad deb€ ser rechazada totum. en los términos precedentemente expuestos. Las costas a la perdidosa, en v rtud del art. 192 del Código Procesal Crvil. Es voto

lffi*ffilSupnrrtnn w/DE]usrICrA !1x2AcctóN DE tNscoNSTtructoNAL|DAD EN EL JUlclO: "LUIS CARLOS ALDER BENITEZ C, ART. 7 lNC. B) DE LA LEY 233/U2003 Y LA RESOLUCION SB NRO OOO78/2015 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2015, DICTADA POR EL SUpERtNTENDENTE DE BANcos". tño: zo,ts.

l¡dad y agrego cuanto sigue: Cesar M. DieselJunlhan Y ícrcríos ojedat$ Asu, el Min¡stro Doctor CESAR DIESEL JUNGHANNS düo: Co¡nc¡do con el voto del min¡stroop¡nante, Or. Eugen¡o J¡ménez en el sent¡do de rechazar la presente acc¡ón de ,1,¡nconst¡t Hn la presente inconstilucionalidad se impugna el Art. 7" inc. b) de la Ley N" 2 344tO3 y la Resoluc¡ón SB N' 00078/2015 de fecha '13 de mayo de 2015, d¡ctada por el Superintendente de Bancos. El ArL 70 literal b de la Ley supra c¡tada menciona: "lniciación del proceso y proced¡miento (..)b) De Oficio. En caso que la Superintendenc¡a de Bancos detecté la ocunenc¡a de una o más de las causas de regulafización menc¡onadas en /os ,,hci'sos a), b), D, d, h), y j) establec¡das en el a¡t¡culo anteiot o haga uso de la facultad prev¡sta en el apaiado k) y habiendo omisión del ¡nforme a la Superintendenc¡a de Bancos, mencionado en elinc¡so a) precedente, ésta impondra sol¡dar¡amente al D¡rectorio o as¡m¡lado, personal y adic¡onalmente a la sanc¡ón que conesponda, una multa por impoñe igual al c¡nco por ciento (5%) del cap¡tal ¡ntegrado, s¡n perju¡c¡o de las sanciones que conespondan a la entídad. La Supeintendencia de Bancos convocará al D¡rectorio o asimilado de dicha ent¡dad, para exig¡rles la presentac¡ón delPlan de Regulañzación. El Directorio de la enüdad o asimilado elabonrá y presentará el Plan de Regular¡zación en un plazo no mayor a d¡ez días hábiles a la fecha del repoñe o notif¡cac¡ón'. En cuanto a la ¡esolución ¡mpugnada: 'Tmponer SOIIdATíAMENIE A IOS SEñOTES LUISÁLDER BEN¡TEZ, JUSTO RUBEN IBARRA ROYG, JOSÉ IGNACIO GONZALEZ MACCHI, MARIA RAMONA PALMEROLA YDA. DE SOSA, ANTONIO REINALDO DRAGIJICEVICH ENCISq JOSE LUIS ANDRADA OLMEDO Y GRACIELA ELIZABETH RUIZ MACCHI, miembros del dírectotio del ARA DE FINANzr'.S, a la fecha de mi ones (1.000.000.000) s¡n peiu¡c¡o de las sanciones que conesponden a la entidad a efecto de dar cumpl¡m¡ento de lo expuesto en el A¡t. 7"1 inc. b) de la Ley No 2334/03. D¡cho apode deberá depos¡tarse en una cuenta abieña en el Banco Centraldel Paraguay, dentro del plazo de diez (10) d¡as háb¡les a pa¡l¡r de la fecha de la presente reso¡ución". El accionante alega que tanto la resolución, como la norma ¡mpugnada, han vulnerado varias normas const¡luc¡onales, entre las que se encuentran los artículos: 16, 17 , 44, 45, 47 ,137 y 287 de la Constitución. (negr¡tas me coresponden).

En s¡ntes¡s, el art¡culo impugnado, regula el procedimiento que debe segu¡r la Superintendenc¡a de Bancos anle la ocurrenc¡a de una o más causas de regularización establec¡das en dicha ley, como tamb¡én la obl¡gac¡ón de ¡mponer sol¡dar¡amente una multa al D¡rectorio, o al responsable,importe igual al c¡nco por ciento5%) delrado.-- Entoalaucióla misma aplica una multa pntes un m¡llon000 ), denentidad, efemp7'¡ncey N'mt, de gua ndan a 3que c avóncIoJuli El M¡n¡ster¡o Públ¡co, contesta el traslado que le fuera corrido, rn los lérm¡nos del D¡ctamen N" 314, de fecha 10 de abril de 2016, obrantes a fs. 60/61, reconrendando el rechazo de la acción de inconstituc¡onalidad Para in¡ciar el en la presente acción, veo necesar¡o el estudi>, en primer lugar de la resoluc¡ón impugnada. Observo que la misma fue dictada por Superintendencia de Bancos, siendo una resoluc¡ón administrativa de carácter sanc¡onador. En ese contexto, debió ger regularidad de resoluciones admin¡strat¡vas de estas característica; Puesto que los administrados, t¡enen el derecho y pueden solicitar la revocación a través del recurso de apelación, ante la instanc¡a contencioso- adm¡n¡strativa, a f¡n de obtener la nulidad de la misma.

Bajo esta tesítura y al ser de carácter ¡ñdividual, la resolución alora impugnada de inconstitucionalidad, ser ob.ieto de apelación ante el tribunal, tal c )mo lo adv¡erten los articulos 30 y 40 de la Ley 1462135, a saber: Art¡culo 3". La demanda contencioso admin¡strat¡va podrá deducirse por un pafticular o por una autoridad adm n¡strativa, contra las resoluciones adm¡nistrat¡vas que reúnen /os regursitos srguienfes: a) Que causen estado y no haya por consigu¡ente recurso adm¡nÉtrativo contra e//as; b) Que a resoluc¡ón de la adm¡nistración proceda del uso de sus facultades regladas; c) Que tn ex¡sta otro juicio pend¡ente sobre el mismo asunto; d) Que la resolución vulnere un de'echo adm¡n¡strat¡vo preestablec¡do a favor del demandante, y e) Que se halle abonada la cu)nt¡a del impuesto u otra liqu¡dación de cuentas ordenada por el Tribunal de Cuentas. Attículo 4o. - El recurso de lo contencioso admin¡stnt¡vo se interpondrá en el térm¡no de cinco d¡as" Consecuentemente, contra la Resolución SB N" 00078/2015 de fecha 13 de mayo de 2015, d¡ctada por el Superintendente de Bancos, no caben otros re:ursos en instancia adm¡nistrat¡va al ser la misma de carácter ¡nd¡vidual, y al haber sido d¡rtada en uso de las facullades regladas del órgano emisor: y por últ¡mo en cuanto al plazo, ev¡denc¡a que al no ocurrir por la vía administrativa, el plazo ha transcunido, s¡n haberse ¡nterl)uesto los recursos.- En cuanto a la impugnac¡ón del Art.7'inc. b) de la Ley N'2344/:1003, de igual modo debió ser cuestionado adm¡n¡strativamente la const¡luc¡onalidad, y no hal¡endo procedido de ese modo, corresponde el rechazo de la acción de inconst¡tucional¡da(|, puesto que no es posible estud¡arse a¡sladamente cada punto, en virtud de las prev¡s¡on:s señaladas líneas an¡ba. Voto en ese sentido.

A su turno, señor M¡n¡stro ViCTOR RíOS OJEDA manifestó qu,). se adhiere al voto del M¡nistro preopinante DJIMENEz ROLÓN, por los m¡smos fund¿rmentos.

Con loque se dpor terminadf¡rmando SS.EE., todo )or Amí, deUE cert¡fi,qdoalancra que rnatamente s¡gue: ^td¿o Dr. Rios Ojedq.J ro csl ,vfiilit n) AbsJt¡lto ORTE REMA STICTA SENTEI{CIA Ntl ERO: q.'¿, [,.!aACCIÓN DE INSCONSTITUCIONALIDAD EN EL RESOLUCIÓN SB NRO OOO78'20I5 DE FECHA 13 DE IIAYO DE 2015, DICTADA POR EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS". AÑO: 2015.

Yde 2O2 Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentisima, GORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sals Consütucional

RESUELVE:

lN TOTU¡ú la Accián d6 lnconstitucional¡dad promov¡da, de conformidad a los térm¡nos precedentemente expuestos,11 tl)l I PONERalade confom¡dad a lo estáblec¡do en el Art. 192 del c.P.c irr9sel Juqghanns sacit:iP'^ JUJICTAL LEMtsD¡. Vtcro¡ Rlos Ojedaa a)il¡ni¡t.