EXPEDIENTE: PEDRO ANTOLIANO MEDINA BORBA C/ RES. Nº 104 DEL 6/NOV /2018 Y OTRA DICT. POR DIRECCIÓN GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES. os . ..,-:--.-., ras mes e e ano os m1 vern rcua ro, es an o 91 rr--r.--........,.,s1:i1i,i i, Sala Penal, los Dres. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "PEDRO ACUERDO Y SENTENCIANº .... !..-.. . ANTOLIANO MEDINA SORBA C/ RES. Nº 104 DEL 6/NOV/2018 Y OTRA DICT. POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES'; a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación contra el Acuerdo y Sentencia Nº 3 de fecha 23 de febrero de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala
CUESTIONES
lEs nula la Sentencia apelada? En caso contrario, lSe halla ella ajustada a derecho? Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: QUE, si bien la parte demandada, Ministerio de Hacienda - Abogacía del Tesoro, interpuso el recurso de nulidad contra el Acuerdo y Sentencia Nº 3 de fecha 23 de febrero de 2023; y el mismo les fue concedido por A.I. Nº 430 de fecha 5/07/2023 (fs. 75); de 1lectura del escrito de expresión de agravios (fs. 87 /96) se comprueba que la misma desiste expresamente del recurso de nulidad, por lo que así debe declararse. Por ot servan en la resolución recurrida vicios o defectos ,;anes O.
j)ra. Ma. Caro,y- , Ministra A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia Nº 3 de fecha 23 de febrero d2023, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala (por mayoría), resolvió: 1) HACER LUGAR a la acción contencioso administrativa planteada por el señor Pedro Antoliano Medina Borbe, 2) REVOCAR los actos administrativos impugnados/ Resolución Nº 104. de fecha 6 de noviembre del 2018 y el Dictamen Nº 327 de fecha 27 de mayo del 2019/ dictadas por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda y, en consecuencia/ disponer el haber Jubilatorio del Sr. Pedro Antoliano Medina Barbe, de conformidad al art. 42 de la Ley Nº 5498/2015 3) IMPONER las costas conforme al art. 192 del CP3) ANOTAR/ registrar, notificar y remitir copia a QUE, contra la decisión del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se alza la parte demandada en los términos del escrito de fs. 87 /96 argumentando medularmente que no existe análisis alguno ni fundamentación por parte del A qua para justificar la concesión del beneficio indebido solicitado por el actor. Agregó que quedó demostrado que los cargos operativos fueron prestados por el actor en el periodo desde el 01 de octubre de 1979 hasta diciembre de 1996, obviando que desde enero de 1997 hasta octubre de 2017 se desempeñó como asistente técnico 1 y 2, puestos laborales no operativos y que aun en el hipotético caso que se consideren las funciones anteriores a las determinadas por la Ley 5498, los aportes jubilatorios y el tiempo de servicio en el cargo no cumple con la cantidad de años requeridos según el artículo 42 de dicha ley. Sostuvo que no se configuró el derecho a la jubilación como agente de la Patrulla Caminera pues los aportes efectuados en los cargos de funcionario operativo no configuran el tiempo de aportes señalados en el artículo 42 de la Ley Nº 5498. Luego de profusas repeticiones y otras alegaciones, terminó solicitando se haga lugar al recurso de apelación y en consecuencia se revoque el Acuerdo y Sentencia Nº 3 de fecha 23 de febrero de 2023, dictado por el Tribunal de Que, si bien la apelante no aportó mucho más que lo ya analizado y discutido en instancia inferior para lograr la reversión del fallo apelado, limitándose nada más que a sostener con énfasis que lo aportado por el actor en cargos técnicos no puede ser computado para el haber jubilatorio del citado al amparo de la Ley Nº 5498 y que el mismo no completó el tiempo requerido por dicha ley en un cargo operativo para jubilarse con el rango que requiere en su demanda, pasamos a estudiar igualmente dichos agravios y en ese orden de cosas, advierto que el tema por dilucidar consiste en determinar si lo decidido por la mayoría de la Primera Sala del Tribunal de Cuentas, que sostuvo que la ley aplicable es la Nº 5498/15 y que el actor debe jubilarse con el ultimo grado obtenido (inspector general), se halla ajustado a EXPEDIENTE: PEDRO ANTOLIANO MEDINA BORBA C/ RES. Nº 104 DEL 6/NOV/2018 Y OTRA DICT. POR DIRECCIÓN GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES.
viamente a toda disquisición sobre la cuestión sometida a estudio, vez, la parte demandada argumentó que corresponde jubilar al actor bajo el régimen de la Ley Nº 2345/03 ya que el mismo ocupó más tiempo cargos técnicos administrativos, por lo que aportó a dicha categoría. Bien, como ya lo he sostenido en casos análogos anteriores, en casos como el de marras debemos hacer uso del principio de especialidad de la Ley. En el caso que nos ocupa, tenemos un caso de antinomia. La antinomia se da cuando dos o más normas, que pertenecen al mismo ordenamiento legal vigente atribuyen al mismo caso en estudio soluciones incompatibles entre sí, dando lugar a que la aplicación simultánea de las normas en cuestión produzca resultados incompatibles y hasta imposibles. De ahí que se haga necesario optar entre una y otra. Para resolver la antinomia contamos con el Principio de Especialidad. Este principio supone que la norma especial prevalece sobre la general (lex specialis derogat generali). El principio de especialidad requiere: a) que la materia regulada sea la misma y b) que la norma especial contenga además de todos los elementos de la norma general. Por otro lado, no podemos ignorar lo establecido en el artículo 7 del Código Civil " ... Las disposiciones especiales no derogan a las generales, ni éstas a aquellas, salvo que se refieran a la misma materia para dejarla sin efecto, explícita o implícitamente ... ". En el presente litigio tenemos un caso de antinomia: 1) Ley Nº 2345/03 "Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público" y 2) Ley Nº 5498/15 "Que crea la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera y establece su Carta Orgánica"). Entonces, y como bien lo sostuvo el A quo, siendo la segunda ley citada la de carácter especial, al regular específicamente el ámbito de la Patrulla Caminera, la misma prevalece sobre la Ley Nº 2345/03 para Bien, habi lecido el marco legal aplicable, tenemos que el artículo 41 de la Ley 5498/15 fine establece: "La remuneración de jubilación de los Dra. Ma. Ca;-oy,ntrLw;,c; v.
Ministra ov. Manuel . ejesús t,amiYe'Z and1 MINISTM jerarquía. Por otro lado, el artículo 42 de dicho cuerpo legal prescribe textualmente: "En consideración a la función que realizan los/as inspectores/as de la Institución, su sistema de jubilación estará sujeto a los treinta años de aporte iubilatorio, deberá acoqerse a los . beneficios del retiro con el haber íntegro que corresponde al grado; a excepción del Director de la Patrulla Caminera nombrado por el Poder Ejecutivo" (negritas y subrayado son propios). De la lectura del último artículo, no caben dudas sobre cuál es el requisito que la ley asigna para el cómputo del retiro en los casos de agentes de la Patrulla Caminera; ya que establece con suma claridad que para acogerse a la jubilación se deben cumplir con treinta (30) años de APORTE, y NO de SERVICIO. Y como quedó comprobado en autos, según lo informado por la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, el actor ha cumplido con creces los treinta años de aporte jubilatorio, ya que al momento de dictarse la Resolución Nº 104 del 6/11/2018, que le acuerda la jubilación, el mismo había aportado al haber jubilatorio 37 años y 10 meses. Nótese que también el transcripto artículo 42 contiene un imperativo con respecto al haber jubilatorio que corresponde: " ... deberá acogerse a los beneficios del retiro con el haber íntegro que corresponde al grado ... ". En consecuencia, estando legal y expresamente establecidos los tiempos y las condiciones a cumplir para acceder a la jubilación y habiendo el actor cumplido con dichos requisitos, no puede la Administración negarse a otorgarla en la Consecuentemente, por todo lo anteriormente expuesto y fundamentado, corresponde NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, Ministerio de Hacienda - Abogacía del Tesoro y, en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nº 3 de fecha 23 de febrero de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En cuanto a las costas de esta Instancia, las mismas deberán ser impuestas al apelante (art. 203 inc. a) del CPC). ES MI VOTO.
A su turno, el Ministro Dr. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: Me adhiero al voto del Ministro preopinante LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA en que corresponde CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nº 3 de fecha 23 de febrero del 2023 ya que el accionante cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Nº 5498/15 (art. 42) para que el cálculo de sus haberes jubilatorios sea en base a lo establecido en dicha norma. Sin embargo, disiento en relación a las costas, pues considero que deben ser impuestas en el ORDEN CAUSADO en virtud al art. 193 del CPC, por los motivos ya expuestos (interpretación normativa aplicable). Es mi voto.--- A su turno, la Ministra MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo: Me permito disentir respetuosamente respecto del voto del distinguido colega preopinante, Dr. Luis María Benítez Riera, basándome en las consideraciones que Em pezaré transcribiendo primeramente las disposiciones invocadas por cada parte para sostener su pretensión. Así, por un lado tenemos que la parte actora invoca la aplicación del artículo 42 de la Ley Nº 5498/15, que establece: "En consideración a la función que realizan los/as inspectores/as de la Institución, su sistema de jubilación estará sujeto a los treinta años de aporte jubilatorio, deberá acogerse a los EXPEDIENTE: PEDRO ANTOLIANO MEDINA BORBA C/ RES. Nº 104 DEL 6/NOV/2018 Y OTRA DICT. POR DIRECCIÓN GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES.
A la luz de las normas citadas, se debe destacar que resulta procedente la posición asumida por el Ministerio de Economía y Finanzas en lo que respecta al presente caso, y en el particular se arriba a esta conclusión debido a una circunstancia fáctica que no puede pasar por alto, la cual expresamos a Por Decreto Nº 8107 de fecha 20 de noviembre de 2017, se había acordad el pase a retiro del señor Pedro Antoliano Medina Barba, con el grado de Inspector General de la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, en tanto que su designación en dicho grado como agente de la Patrulla Caminera se dio mediante la Frente a las disposiciones de la Ley Nº 2345/03 (y su modificación dada por Ley Nº 4252/10) invocada por la Administración, se debe poner de resalto que es innegable la entrada en vigencia de la Ley Nº 5498/15, ley que de manera específica legisla respecto al pase a retiro y el sistema jubilatorio de los Inspectores de la Patrulla Caminera, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.--- En ese orden de ideas, el Título VI, Capítulo Único, dispone acerca de los derechos y obligaciones de los Inspectores Nacionales de la Patrulla Caminera; específicamente, en el artículo 41 última parte, establece: "La remuneración de jubilación de los Inspectores Nacionales de la Patrulla Caminera será la de su última Sin embargo, el análisis de autos ni puede detenerse allí, puesto que todo sistema de jubilaciones y pensiones se erigen sobre principios y presupuestos básicos que hacen a la sostenibilidad de todo el sistema que cobran particular y especial un fin de precautelar al propio sistema jubilatorio y al a/n.. io. cumplir con su misión de seguridad social.
"l'es presupuestos básicos es el del Aporte o fuentes de recursos del fondo y/.de sistema rejada la n ión de que el q, ántum haber jubilatorio no puede consistir en una contraprestación desproporciona! a lo efectivamente aportado por el cotizante, es decir, sin contar con la debida equivalencia y proporcionalidad en cuanto a los aportes cotizados por el trabajador Sobre el punto, considero oportuno traer a colación el siguiente análisis: "El sistema previsional paraguayo ejemplifica los desafíos del conjunto del sistema de. protección social en términos de cobertura, financiación, fragmentación y gobernanza. La cobertura de la población activa es baja y ha evolucionado muy poco en los últimos años. La financiación se platea como un doble desafío: la estabilidad de un sistema contributivo generoso pero asentado en contribuciones relativamente bajas y lastradas por una baja cobertura, y la necesidad de un esfuerzo fiscal importante para asegurar la cobertura de la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad que se suma al aporte fiscal necesario para sostener ciertos segmentos del sistema contributivo ... "1 (el énfasis en negritas me corresponde).--- Para el caso de autos este punto de las Contribuciones o Aportes resulta de importancia, pues si bien el actor cumplió con los requisitos para acogerse a la jubilación, en el cargo y rango de Inspector General de la Patrulla Caminera ni siquiera cotizó por un mes completo. A la luz de ello, cabe señalar que asiste razón a la Administración al referir que el señor Pedro Antoliano Medina Barba no puede ser beneficiado por la disposición de la Ley Nº 5489/15, debiéndose recalcar - no obstante - que el mismo goza de los derechos de jubilación en base a la Ley Nº Apuntalando lo referido en el párrafo precedente, hemos de traer a colación lo establecido tanto por el artículo 4 y 5 de la referida Lay Nº 2345/03, a saber:
"Artículo 4º.- Los que aportan al sistema jubilatorio administrado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, lo harán sobre la totalidad de su remuneración "A los efectos de la presente Ley, se entenderá por remuneración imponible aquella percibida en concepto de remuneración ordinaria, bonificación, gratificación, remuneración por horas extraordinarias y gastos de representación. No se incluirán como remuneración imponible los viáticos, el subsidio familiar y el 11 A rtí cu lo 5º.- La Remuneración Base, para la determinación de las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, se calculará como el promedio de las remuneraciones imponibles percibidas durante los últimos cinco años. El procedimiento de cálculo estará sujeto a reglamentación mediante decreto del Poder Ejecutivo, y deberá tener en cuenta el cambio en el concepto de remuneración imponible".
Como comentario frente a tales disposiciones, traemos igualmente a colación las siguientes apreciaciones: "Con respecto a la adecuación de los beneficios, mientras en los países de la OCDE es un problema la baja tasa de sustitución que al final no sustituye al salario, en nuestro país el problema es opuesto, es decir, tasas de sustitución muy altas e insostenibles. En efecto, es muy frecuente observar tasas entre el 80 y 100. En comparación, para los países de la OCDE, para aquellos trabajadores que ganan el salario medio, la tasa promedio de sustitución solo alcanza el Documento "Estudio Multidimensional de Paraguay, Volumen 3 - Del Análisis a la Acción", Acápite "Plan de acción para la reforma previsional en Paraguay", extraído de https://www.oecd-ilibrary.org/sites/07479fae es/index.html?itemld/content/component/07479fae-es EXPEDIENTE: PEDRO ANTOLIANO MEDINA BORBA C/ RES. Nº 104 DEL 6/NOV/2018 Y OTRA DICT. POR DIRECCIÓN GRAL. DE JUBILACIONES Y PENSIONES.
:!'lrro1t1Jld-i>imo de los salarios percibidos hace sobreestimar fuertemente el salario representativo de toda la vida del trabajador y por lo tanto, sobreestima el beneficio, a no ser que los salarios muestren una evolución decreciente, lo cual no es el caso. Es más, es un hecho conocido por todos que poco antes de jubilarse, los trabajadores negocian incrementos salariales, o declaran la totalidad de sus salarios, lo que exacerba la anomalía descripta',2 Siendo así, a esta Magistratura no le cabe sino concluir que la tesitura adoptada por el Tribunal de Cuentas - Primera Sala para la resolución de este caso NO se encuentra ajustada a derecho, y debe ser revocada.
POR TANTO, en virtud de las consideraciones que anteceden, así como de las normas legales citadas, esta Magistratura entiende que se debe HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la representación del Ministerio de Economía y Finanzas (ex Ministerio de Hacienda), debiéndose en consecuencia REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Nº 03 de fecha 23 de febrero de 2023 dictado por el Tribunal de Cuentas - Primera Sala, RECHAZAR la presente demanda y CONFIMAR los actos administrativos impugnados. En cuanto a las costas, considero que las mismas deben imponerse en el orden causado en ambas instancias, de conformidad con la potestad conferida por el artículo 193 - concordante con el artículo 205 - del Código Procesal Civil, en especial atención de que, tratándose el fondo de la cuestión sobre derechos jubilatorios, el actor se encuentra amparado por las llamadas "100 Reglas de Brasilia". E Co ando S.S.E.E. todo por ante mí que lo ( , iCandi or. l-A nue w.1N1SirlO Op. cit. num 1 VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL
RESUELVE:
1) TENER POR DESISTIDA a la parte demandada del recurso de nulidad 2) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, Ministerio de Hacienda - Abogacía del Tesoro y, en 3) CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nº 3 de fecha 23 de febrero de Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por los AS de esta Instancia en el orden causado (según ANTE MI: , icaodi 'OY Manu 'pe¡esúc; Raom, ' t,JiNIS