"'CONSULTA CONSTITUCIONAL EN R.H.P DEL ABG. RODRIGO ARRUA EN: ANDRÉS ELIODORO FLORENTIN C/ CONAVI S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y 01a d de Asunción, Capital de la RepQlica del Paraguay, a los CI.XJ. ro días c.uo.ro , estando en la Sala de Acuerdos de la Gea- uprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, , f, " CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VICTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO 'ANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "CONSULTA CONSTITUCIONAL EN R.H.P DEL ABG. RODRIGO ARRUA EN: ANDRÉS ELIODORO FLORENTIN C/ CONAVI S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS", a fin de resolver la Consulta Constitucional elevada por el Tribunal de Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: RÍOS OJEDA, SANTANDER DANS y DIESEL JUNGHANNS.
1. Por A.I. Nº 721 de fecha 23 de noviembre de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Tercera Sala, de la Capital, se ordenó la remisión de los autos "R.H.P DEL ABG. RODRIGO ARRUA EN: ANDRÉS ELIODORO FLORENTÍN C/ CONAVI S/ INDEMNIZACIÓN 2. La citada remisión, dice el fallo, fue reali.zada en virtud a lo establecido en el art. 18 inc.
a) del Código Procesal Civil, a efectos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la constitucionalidad o no del Art. 29 de la ley 2'.421/04, disposición que el Tribunal considera 3. El artículo 18 del Código Procesal Civil, establece cuanto sigue: "Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de .Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... ".
cante Cesar Gustavo E. Santan er ans Mnltro , Ojeda Víctor RtOS 1 pr. Ministro 18 inciso a) hace una remtsion a una Constitución derogada que en su propio contenido desconoce la existencia de la vía que motiva la remisión en primer lugar."1 5. En definitiva, las normas citadas en el punto anterior, aprobadas en plena dictadura, quedaron automáticamente sin el más mínimo sustento en nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho, a partir de la Constitución de 1992. Cabe apuntar que las leyes aprobadas en democracia tienen mayor legitimidad, o como bien señalaba Carlos Santiago 6. El Artículo 137 de la Constitución Nacional vigente, es claro en cuanto a la prelación de las normas jurídicas, y contundente al determinar que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuesto.salo establecido en ella.
7. En cuanto a la administración de justicia, el Artículo 247 de nuestra carta magna, al tiempo de señalar que el poder judicial en todas sus instancias es el custodio de la misma, le atribuye la función de interpretar, cumplir y hacerla cumplir. Es importante también agregar que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha precisado que los Estados no solo deben realizar el control de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad, "evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes ... "3 , estableciendo, finalmente, que el control de convencionalidad recae en "cualquier autoridad pública y no solamente el Poder Judiciaf'4 8. Respecto al caso sometido a estudio - consulta constitucional, las leyes dictadas con posterioridad a la Constitución del año 1992, carecen de regulación sobre el tema. Establecida nuestra tesis de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control de constitucionalidad -mal denominada consulta constitucional5 - cabe ahora preguntarse ¿qué camino debe seguir un juzgador ante la situación de tener que resolver un litigio al que resulta aplicable una norma que considera inconstitucional? La respuesta se encuentra establecida en la norma fundamental y es coherente con todo nuestro diseño constitucional. La interpretación de normas constitucionales y convencionales es una labor que compete a todos los órganos del Poder Judicial, y a todas las autoridades con competencia para aplicar normas jurídicas, no es competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, que sí tiene la facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones judiciales 9. Néstor Pedro Sagüés, enseña que la interpretación por parte de todos los miembros del Poder Judicial, se corresponde con la dimensión "constructiva" del Control de Constitucionalidad. En ese sentido, expresa que" ... en rigor de verdad, en este trabajo, todos los jueces son jueces constitucionales ... ningún juez podría darse el lujo de hacer funcionar una norma subconstitucional, prescindiendo del enfoque constitucionalista de esa misma En la Carta Magna del año 1.967, encontramos por primera vez regulado de forma expresa el control constitucional, concretamente en su artículo 200. El mismo rezaba cuanto sigue: "La Corte Suprema de Justicia tendrá facultad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución, en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso. El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Corte Suprema de Justicia, y por excepción en cualquier instancia, y se elevarán sus antecedentes a dicha Corte. El incidente no suspenderá el juicio, que proseguirá hasta el estado de sentencia". - Ortiz Rodríguez, J. F. (2017). Control Constitucional - la consulta constitucional. Revista Jurídica De La Universidad Americana, 5(1). Recuperado a partir de https://revistacientifica.ua me rica na .edu .py/index.php/revistajuridicaua/article/view/171.
Niño, C.S.- Ética y Derechos Humanos. Bs.As. Astrea, 1989 Corte IDH. Sentencia del 24 de noviembre de 2006. Caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y Costas. Corte IDH. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Fondo y Reparaciones y Costas. Caso Gelman vs. Uruguay. "No es una consulta que el Juez o Tribunal formula a la Corte Suprema de Justicia. Es un sometimiento oficioso de una cuestión constitucional; es decir, un sometimiento de oficio a la Corte Suprema de Justicia en una cuestión en que la norma aplicable a la solución del conflicto puede ser inconstitucional" Mendonca, J.C. (2007). Cuestiones constitucionales (p.86). Asunción: Litocolor S.R.L.
'"CONSULTA CONSTITUCIONAL EN R.H.P IDEL ABG. RODRIGO ARRUA EN: ANDRÉS ELIODORO FLORENTIN C/ CONAVI S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y 11. Puntualmente, respecto de esta norma, también, Juan Carlos Mendonca, advertía que: " ... la norma consagra dos principios: 'el de la tex superior', al declarar que la Constitución es la ley suprema de la República; y el principio de Jerarquía', al establecer el orden de prelación de los instrumentos normativos, que lleva la consecuencia de que la norma más débil cede ante la norma más fuerte. En lo cual consiste finalmente, el principio de /ex superior",
12. El principio de supremacía constitucional "postula que todo el complejo normativo jurídico se organiza en base a un orden de prelación de normas que necesariamente debe ser respetado a fin de evitar contradicciones internas que hagan colapsar el sistema. Según el modelo adoptado (o si se prefiere, adaptado) por la República del Paraguay, es la Corte Suprema de Justicia la encargada final de velar por el respeto y el mantenimiento de dicho orden".9 13. Pablo Villalba Bernié, ha dicho de manera lúcida que "La noción de supremacía constitucional es uno de los puntos angulares sobre los que reposa el ordenamiento jurídico, implicando reconocer a la Constitución como norma fundamental del Estado, ubicada en la cima de la pirámide jurídica, todo el ejido leqel estructurado alrededor del imperio de la Constitución, nada por sobre ella, todo dentro d,9 ella. Trasluce erigir a la Constitución en fuente y fundamento del orden legal, cuya misión fundamental consiste en regular la vida humana en sociedad' 1 0 14. Finalmente, el Dr. Manuel Ramírez Candia, sin duda, ya expresó con- anterioridad la tesis que hoy sostenemos, al referir que:" ... para dejar de aplicar una norma que se considera inconstitucional no se requiere que previamente sea declarada su inconstitucionali , pues el magistrado tiene la obligación de fundar su fallo, en primer lugar, en la Constituci n, p lo que de encontrar una antinomia entre la Constitución y la ley, debe proceder a la licació - de la Constitución, en aplicación al criterio de jerarquía. Esto implica que el meqistr. do pocr. dejar de aplicar la ley ue reputa inconstitucion , or el criterio de jerarquía com mecanis o de resolución antinomt sin necesidad e req rir la declaración de inconsti ucionalid d por ' s OJe , ror RtO 15. En definitiva, en todo proceso, el juzgador, cualquiera fuera su instancia, al advertir la incompatibilidad de un acto normativo cualquiera aplicable al caso, con principios, derechos y garantías constitucionales; deberá -por el principio de jerarquía- aplicar directamente la Constitución o los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados y ratificados por el Paraguay, es decir, todos los jueces y todas las juezas de la República deben ejercer los controles de constitucionalidad y convencionalidad de las leyes. Con ello se satisface igualmente el mandato del artículo 256 de la norma fundamental, que, con claridad y, en primer término, expresa: "Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución ... ". - 16. En consecuencia, ante la falta de normas que estipulen la vía de consulta como mecanismo de control de constitucionalidad y en atención a las facultades interpretativas y de aplicación con que cuentan todos los jueces de la República, la pretensión esbozada por el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Tercera Sala de la Capital, debe ser rechazada por A su turno, el Doctor SANTANDER DANIS dijo: Me adhiero al voto del Dr. Víctor Ríos Sostenemos la improcedencia de la pretendida consulta en razón de los siguientes fundamentos. En primer lugar, surge la discusión relacionada a la vigencia del art. 18 numeral a) del Código Procesal Civil. Respecto a la normativa aludida es preciso realizar algunas puntualizaciones, y empezamos con lo que la misma preceptúa: Facultades ordenatorias e instructorias. Los Jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... " (Sic). Ahora bien, convengamos que la remisión aludida se refiem a un artículo contenido en la Constitución de 1967 que ha sido derogado por la Ley Fundamental de 1992 vigente actualmente, entonces, evidentemente la normativa del ritual procesal que estriba en un artículo constitucional abolido ha quedado sin soporte. Sin embargo, somos del criterio que la práctica anterior del rodaje procesal fue ocasionando el error de su remisión a una norma que evidentemente no contenía en su plexo facultativo evacuar la mentada consulta, incluso en el vigente tampoco avizoramos Abordando las disposiciones relacionadas a las potestades de la máxima instancia, el art.
259 de la Constitución Nacional donde establece los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, no se incluye la facultad die evacuar consultas constitucionales. También se descarta tal posibilidad en el art. 260 de la Carta Magna, referida a los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional. En efecto, el artículo 259 de la Ley Fundamental, en disposición única referida a las cuestiones constitucionales, dispone en su numeral 5 el deber y la atribución de "conocer y resolver sobre inconstitucionalidad". A su vez, en el art. 260 la Carta Magna, con respecto a los deberes y atribuciones concretos y exclusivos de la Sala Constitucional menciona: 1) conocer y resolver sobre la inconstiti.Jcionalidad de las leves y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso; 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución ", agregando que el procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los La máxima instancia judicial en reiterados pronunciamientos ha dejado sentado de que solo pueden iniciar la acción de inconstitucionalidad quienes se ven directamente afectados por la norma o resolución judicial que reputan de inconstitucional, conforme al art. 550 del ú?,OECORTE -SUPREMA , USTICIA t: ó P(oce Civil que dispone: "Toda persona lesionada en su legítimo derecho por leyes, "deri'c11f;" re - i en tos, ordenanzas municioetes, resoluciones u otros actos administrativos qtle iirin En su aplicación, principios o normas de la Constitución, tendrá facultades de 1 - fi',,te la Corle Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo rW)./é ao por disposiciones de este Capítulo". Así también el art. 552 del mismo cuerpo legal establece: " Al presentar su escrito de demanda a la Corle Suprema de Justicia, el actor mencionara claramente la ley, decreto, reatemenio o acto normativo de autoridad, impugnado, o en su caso, la disposición inconstitucional. Citará además, la norma, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la petición" Sic). Sobre el punto, es importante señalar que la promoción de una acción de inconstitucionalidad implica acreditar la titularidad de un interés particular y directo, en contrapartida, se han dado andamiaje a consultas constitucionales remitida por jueces y Tribunales, quienes no se encuentran legitimados para hacerlo.
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,:'CONSULTA CONSTITUCIONAL EN R.H.P DEL ABG. RODRIGO ARRUA EN: ANDRÉS ELIODORO FLORENTIN C/ CONAVI S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y En concreto, de las normas constitucionales transcriptas precedentemente no surge que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tenga como deber y atribución entender las consultas remitidas por los Jueces y Tribunales, pues su competencia está limitada a conocer y. resolver la inconstitucionalidad de actos normativos y de resoluciones judiciales contrarios a la Carta Magna, únicamente por las vías procesales de la acción y excepción. En ese contexto, estando taxativamente establecidas por la Ley Fundamental las facultades de esta Sala y no encontrándose comprendida entre ellas la de evacuar consultas, dicha figura Los Jueces de cualquier rango, fuero y jurisdicción están obligados a fundar sus resoluciones en las disposiciones constitucionales y legales (Art. 256 CN y 15 inc. b CPC), y deberán hacerlo, conscientes de que sus fallos estarán sujetos a revisión por los superiores en cumplimiento del doble conforme, con advertencia de nulidad en caso de incumplimiento, en estricto mandamiento del art. 137 de la Carga Magna. Además, sería un contrasentido que los magistrados apliquen una norma reputada inconstitucional a sabiendas, siendo dicho control fundamental y obligatorio de la función jurisdiccional interpretar y aplicar el derecho positivo nacional vigente, inclusive el control de convencionalidad en cada proceso. Son las partes litigantes las que, eventualmente; han de objetar la constitucionalidad de las normas aplicadas en la decisión del caso que les ocupa e importa, para lo cual tienen los resortes Coincidente con nuestra línea de pensamiento un autorizado en la materia como Germán José Bidart Campos afirma: " ... en control de constitucionalidad hace parle esencial e ineludibíe de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso, y por eso debe efectuarse por el juez aunque no se le pida la parle, porque configura un aspecto del iura novit curia. El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seieccioner la que tiene prioridad constitucional.
Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esa mala aplicación - derivada de no preferir lanorma que por su rango preva/ente ha de regir el caso - no se purga por el hecho de que nedie hayacuestiona la, onstitucionalidad. Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suple cia pue y debe fiscalizar de oficio la c sti cionalidad dentro de lo más estricto de u ti nción. Ne ar aplicación a una norma i constit cional sin petición arle es solo y ex sivamente umplir con la obligación ju icial de ecidir un "contlic ele derec "entre orm s antagóni as y rehusar la utilización de 1a que ha uebrado la co gruencia del den j rídic . De aquí rranca el tente enuncia : cada v z que un Gustvo E. Santander Dans Ministro . o 1eda V(ctol' R os Dr. Mi.ni.strº 5 juez al dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad, debe declararla por sí mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del "iure novit curia" y de la obligación de aplicar bien el derecho que rige la causa ... " (Bidart Campos, Germán. La interpretación y el control constitucional en la jurisdicción constitucional. BsAs, Ediar, 1º Ed. 1987, pág. 154).
Ratificamos que la Sala Constitucional carece de atribuciones para evacuar consultas, inclusive desde un punto de vista práctico, seguir haciéndolo desemboca en un prejuzgamiento evidente, y una disipación redundante de la actividad jurisdiccional.
En atención a las consideraciones que anteceden, la pretendida consulta debe ser A su turno, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: Mediante Al. Nº 712 de fecha 23 de noviembre de 2022 , el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, Capital, resuelve remitir estos autos en consulta a esta Sala Constitucional, a los efectos de que la misma declare si el Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y de F rente al imperativo de aplicar la ley que rige la materia, El Tribunal requirente considera que el referido Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 podría quebrantar la garantía constitucional de la igualdad, y, teniendo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad puede producirse solamente en el seno de la Sala Constitucional o por decisión del Pleno de la Corte, remite estos autos para que la Sala se expida respecto de la constitucionalidad -o no- del aludido Ante supuestos como el sub examine, la ley prevé expresamente una vía, la indicada en el Art. 18 inciso "a)" del Código Procesal Civil, vía que provoca un pronunciamiento decisivo sobre la constitucionalidad de la ley, decreto o disposición de que se trata, ya sea afirmativa o negativamente. El texto del referido artículo dice, en el inciso señalado: "Art. 18.- Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aún sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el Artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... ".
A pesar del uso, en la práctica tribunalicia, del término "consulta" para referirse a la vía procesal prevista en el citado Art. 18, inciso "a)", procediéndose -incluso- a usar el término en el caratulado del expediente respectivo (como se ve también en estos autos), dicha vía, por su naturaleza, lejos está de constituirse en una "consulta", en el sentido del requerimiento de una simple información, opinión o consejo. El trámite causa un pronunciamiento, por lo que mal podría admitirse que el uso cotidiano e impropio de un nombre para designar cierto trámite, Delimitada la procedencia y finalidad de ésta vía, corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Art. 18 del C.IP.C. para la viabilidad de este planteamiento.
Ellos son: 1) La ejecutoriedad de la providencia de autos; y, 2) La mención por el requirente de la disposición normativa acerca de cuya constitucionalidad tiene duda, así como de los preceptos constitucionales que presume son vulnerados por aquella, expresando claramente Debe señalarse que al tratarse de la constitucionalidad de una disposición legal atinente a los honorarios profesionales, no es dable exiqir razonablemente el cumplimiento del primer requisito de viabilidad señalado mas arriba -providencia de "autos" ejecutoriada- dada que la solicitud de la regulación de honorarios se resuelve directamente, sin llamarse "autos". Esto Con respecto al segundo requisito -fundamentación suficiente de la duda-, el mismo se halla cumplido en la especie, con los argumentos expuestos por el Tribunal acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Dicho esto, paso a tratar el tema que nos ocupa.- ., tf.t. 2 la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fisát,i'@ttab . "En los juicios en que el Estado Paraguayo y sus entes citados en el Artículo e la 535/99 "De Administración Financiera del Estado", actúe como demandante oo , en cualquiera de los casos, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuado en su representación o en representación de la contraparte, sean en relación de dependencia o no, no podrán exceder del 50(cincuenta por ciento) del mínimo legal, hasta cuyo importe deberán atenerse los jueces de la República para regular los honorarios a costa del Estado. Queda modificada la Ley Nº 1376/88 ''Arancel de Abogados y Procuradores", conforme a esta disposición".
Considero que cuando las normas crean desigualdades ante casos similares, dando un tratamiento distinto a uno y otro, se infringe la 9arantía constitucional de igualdad, consagrada en el Art. 46 de la Carta Magna, que establece: "Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios". Asimismo, el Art. 47, dispone: "El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará De tal garantía constitucional, se deduce que la igualdad jurídica consiste en que la ley debe ser igual para todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, y que no se puede establecer privilegios que concedan a unos lo que se niega a otros bajo las mismas circunstancias. En este aspecto, resulta oportuno traer a colación las palabras de Robert Alexy: "Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual" (ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales.
En relación con el tema sometido a consideración de esta Sala, se puede percibir que la disposición legal objetada -Art. 29 de la Ley Nº 2421/04- lesiona ostensiblemente la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al establecer que en el caso en que las costas se impongan al Estado o a sus entes citados en el Art. 3º de la ley 1535/99, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de todos los abogados intervinientes, no podrá exceder el 50del arancel mínimo legal dispuesto por la Ley Nº 1376/88 de honorarios de, Abogados y Procuradores, hasta cuyo importe deben atenerse los jueces al S i el Estado como persona jurídica debe litigar con un particular, lo debe hacer en igualdad de condiciones, y el hecho de resultar perdidoso, mal puede constituir una razón para reducir las costas del juicio, en detrimento del derecho de los profesionales intervinientes a Según Gregorio Badeni: " .. .la igualdad que prevé la Constitución significa que la ley debe ofrecer iguales soluciones para todos los que se encuentran en igualdad de condiciones y circunstancias. Asimismo, que no se pueden establecer excepciones o privilegios que reconozcan a ciertas personas lo que, en iguales circunstancias, se desconozca respecto de otras ... ". (Bad,eni, Gregorio. Instituciones de Derecho En esa misma línea, señala Zarini que el concepto de igualdad debe tomarse en sentido amplio. No solo la igualdad ante la ley como expresa textualmente el Art. 46, sino en la vasta acepción con que la emplea Bidart Campos: "igualdad jurídica". Es decir, que no es sólo la igualdad ante el le1gislador que sanciona la ley, sino también ante todo acto normativo (decreto, resolución, ordenanza, etc.). Se extiende, además, a "'CONSULTA CONSTITUCIONAL EN R.H.P DEL ABG. RODRIGO ARRUA EN: ANDRÉS ELIODORO FLORENTIN C/ CONAVI S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y los otros campos de actuación del Estado (igualdad ante la Administración y ante la jurisdicción) y comprende, asimismo, la esfera privada (igualdad ante y entre particulares) ... ". (Zarini, Helio Juan, obra "Derecho Constitucional", Editorial Astrea, Bs.
Las precedentes citas doctrinales sustentan nuestra tesitura, en el sentido de que la garantía de igualdad ante ley debe ser observada también por el Estado y sus entes en su relación con los particulares, no solo en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito jurisdiccional. Contrariamente a lo dicho, la norma legal cuestionada propicia un trato privilegiado a favor del Estado y en perjuicio de los abogados que intervienen en las causas en las que aquél es parte, ya sea como demandante o demandado.
Por los fundamentos que anteceden, considero que corresponde declarar la inconstitucionalidad del Art. 29 de la Ley N. º 2421/04 en este caso, por ser violatorio de la garantía constitucional de la igualdad e grada en los Arts. 46 y 47 de la Constitución. ASI certifico Cesar M. 9-iesel J Ministro CS .
Ante mí: Asunción, lf de Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Rios Ojeda Ministro Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, CORTE SUPRIEMA DE JUSTICIA Sala Constitucional
RESUELVE:
NO EVACUAR la Consulta Co I u ional elevada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala de la apital, por improcedente.
c,Jstavo E. Santander Dans Ministro Ante mí: / Dr. Víctor Ríos e Ministro