ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANTONIA DE LA CRUZ ALFONZO VDA. DE SALINAS C/ ART. 1DE LA LEY 4252 ARTS. 3, 9 Y 1 O DE LA LEY Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada, el Doctor DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Se presenta ante esta Sala la señora ANTONIA DE LA CRUZ ALFONZO VDA. DE SALINAS, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios de la accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se .desprende de los términos en que se planteó esta Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la República.
del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera ley". Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo e funci narríiento.
Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado J cuti o, Legi lativo y Ju icial) tienen el mismo rango y el equilibrio. ntre-ellos se da a ravé d un sist nfia de fren s y contrapesos, que en congara izan la fn,nalidad d I sist a, el im ri de un Est do Gustavo E. Santander.Dans . .J,: Ministro ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANTONIA DE LA CRUZ ALFONZO VDA. DE SALINAS C/ ART. 1DE LA LEY 4252 ARTS. 3, 9 Y 1 O DE LA LEY de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional.
En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.
Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art.
238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de íubi/aciones de /os funcionarios y de /os empleados públicos, atendiendo a que /os organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. La Ley garantizará la actualización de /os haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es mío).
En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros fundamentos.
Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por CORTE JUSTICIA . )os años q_é"rmanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado "" ti'r sattJeo el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos 1 )?Jiafx Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad 's i1 ' ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C. N.)
y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 4 7 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".
La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.
Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 99, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado; posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6,57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional.- Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social ue inteqran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmul consi rada , s fle 'bles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso grad al d sd la activ ad al retí o, es algo que corresponde a la valoració ' ica y legislati a, y o al árnbi o del juici de constitucionalidad.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANTONIA DE LA CRUZ ALFONZO VDA. DE SALINAS C/ ART. 1DE LA LEY 4252 ARTS. 3, 9 Y 1 O DE LA LEY ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANTONIA DE LA CRUZ ALFONZO VDA. DE SALINAS CI ART. 1DE LA LEY 4252 ARTS. 3, 9 Y 1 O DE LA LEY Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada.
Ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por A.I. Nº 2377 de fecha 26 de 1. Me adhiero al voto de Ministro Dr. Cesar Diesel, por el RECHAZO de la presente Acción de lnconstitucionalidad planteada por la señora Antonia de la Cruz Alfonzo Vda. de Salinas, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado, en contra del art. 1 º de la Ley Nº 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULO3º 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO"; y en ese sentido me permito 2. Manifiesta la accionante que posee la calidad de Funcionaria Pública, lo cual se verifica conforme instrumentales agregadas en autos. Sosteniendo en lo medular de su escrito que las normas impugnadas lesionan los artículos. 46, 14, 46 y 57 de la 3. Cabe señalar que, conforme se desprende del escrito inicial de presentación de la acción, los agravios de la accionante van dirigidos a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA 4. De acuerdo a la copia de la cédula de identidad de la Señora Antonia de la Cruz Alfonzo Vda. de Salinas, obrante a fs. 3, podemos inferir que el mismo a la fecha cuenta con 70 (setenta) años de edad, es decir, pasible de una inminente aplicación de la Ley Nº 4252/1 O (Que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03), razón por la cual procederé al 5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. .. )". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho 6. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANTONIA DE LA CRUZ ALFONZO VDA. DE SALINAS C/ ART. 1DE LA LEY 4252 ARTS. 3, 9 Y 1 O DE LA LEY 7. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia a la accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservo, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puedo satisfacer la pretensión de la accionante, pues, de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este 9. Nuestra Constitución en su Articulo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria del mandato constitucional.
10. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones. Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado labo , por moti de la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General e la ción, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta mp eo en e sector pú lico, todo esto por causas ajenas a qui ...... esean acced r a n puesto trabajo c mo Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANTONIA DE LA CRUZ ALFONZO VDA. DE SALINAS C/ ART. 1DE LA LEY 4252 ARTS. 3, 9 Y 1 O DE LA LEY 11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público.
Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos en la Administración Pública.
13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: Previo al estudio de la cuestión planteada, es oportuno advertir que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 26/04/23 por lo que procedo a emitir mi voto en fecha 01/06/23. Dicho esto, pasare al análisis La señora Antonia de la Cruz Alfonzo Vda. De Salinas, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts. 3º, 9º y 1 O de la Ley 2345/03 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Consta en autos copia la resolución que acredita que la recurrente reviste la calidad de funcionaria de la Administración Pública. De los argumentos expuestos en el escrito se verifica que los mismos hacen exclusiva referencia al límite de edad para el ejercicio de la función pública, el cual se encuentra contemplado en el Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo concerniente a La impugnante sostiene que los artículos impugnados infringen las disposiciones EI Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo pertinente dispone: "Art. 9º - El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANTONIA DE LA CRUZ ALFONZO VDA. DE SALINAS C/ ART. 1DE LA LEY 4252 ARTS. 3, 9 Y 1 O DE LA LEY Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856109 "OUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626100 'DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los La ley garantizará la actualización ae los haberes jubila torios en igualdad de tratamiento EI artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud del principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la señora Antonia de la Cruz Alfonzo Vda. De Salinas. En consecuencia, ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el A.I. Nº 2377 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANTONIA DE LA CRUZ ALFONZO VDA. DE SALINAS C/ ART. 1DE LA LEY 4252 ARTS. 3, 9 Y 1 O DE LA LEY Ante mí: Asunción, 4 de de 2.02Y.- Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, Sala Constitucional
RESUELVE:
NO HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la señora ANTONIA DE LA CRUZ ALFONZO VDA. DE SALINAS, de conformidad a lo establecido ORDENAR el levantamient la Medida de Suspensión de efectos, dispue or el esar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ.