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Auto Interlocutorio N° 1343/2024

4 de septiembre de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: ABOG. ALBINO CHAPARRO C/ ABOG. JOSE SEGUNDO VELAZQUEZ, JUEZ DE PAZ DE LA CIUDAD DE LAMBARE S/ ENJUICIAMIENTO AÑO 2010, Nº 240.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: ABOG. ALBINO CHAPARRO C/ ABOG. JOSE SEGUNDO VELAZQUEZ, JUEZ DE PAZ DE LA CIUDAD DE LAMBARE Asunción, O Y OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO GUSTAVO SANTANDER DANS: QUE, agravia el accionante contra la resolución dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por la cual se ha resuelto el rechazo in limine de su denuncia presentada en contra del Juez de Paz de Lambaré, abogado José Segundo Velázquez. Funda su acción en la vulneración de QUE el Art. 557 del C.P.C. dispone: "Citará (el actor) además la norma, derecho, ión, ga antia o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos s y co retos su petición. ... En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan echos. estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción.".

VE, el Artículo 12 de la Ley Nº 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que cise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, E, analizada la pretensión, debe señalarse que el accionante se limita a estructurar una ,l1;.fJ?ed. afirmaciones que hacen a una valoración subjetiva sobre las consideraciones de hecho y ,o e, .. Id( che;> que llevaron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a pronunciar la resolución ,o/i rpugn da. Sin embargo, se observa en el fallo en cuestión, que este ha sido dictado acorde a la - / ormativa específica y aplicable al proceso de enjuiciamiento de Magistrados, es decir la Ley , onvincentes y solidos que sean suficientes para sustentar la pretensión del accionante. No puede ar de señalarse que el accionante no ha logrado - en forma cierta, verosímil y razonada- justificar 1 lesio concreta producida por la resolución impugnada por esta vía, lo que se concluye que no se h dJcio c 1plimiento a lo establecido por el Art. 557 del CPC en concordancia con lo previsto por Abg. ALEJAN:;f tt'flª 1 ey Nº 609/95, arriba transcriptos. En consecuencia, habiéndose dictado la sentencia ituiionalida corresponde su rechazo in limine sin más trámite.

QUE, en la acción de inconstitucionalidad objeto de análisis, no se observan argumentos - Víctor Rws .

Dr. Ministro OROTEIA Página 1 de 8 Ministra en este tipo de juicio es de seis meses. El inicio de dicho cómputo se da a partir de la fecha de la última actuación que tuviere por objeto impulsar el procedimiento, ex Articulo 173 del Rito Civil.- En el presente caso, revisado el expediente, se observa que esta acción fue planteada en fecha 08 de marzo de 2010 (fs. 22/24). Luego, en fecha 14 de junio de 2010, la parte accionante, Ahora bien, desde el urgimiento formulado en fecha 14 de junio de 201 O, no hubo otro acto procesal idóneo para impulsar el procedimiento, habiéndose cumplido en exceso el plazo de seis meses de inactividad establecido por la Ley para que se produzca la caducidad de instancia. Tal circunstancia queda evidenciada a través del informe del Actuario obrante a fs. 52 de autos, ya que no fue mencionado por el mismo ninguna actuación que tenga característica de instar el Además, se debe decir que las actuaciones realizadas para la integración de esta Sala, son inocuas para interrumpir o suspender el transcurso del plazo para la perención de la instancia, puesto En conclusión, y dado que no cualquier resolución pendiente puede dar lugar a la inaplicabilidad del instituto de la perención, no hay otra alternativa posible que declarar oficiosamente la caducidad de la instancia en estos autos. Esta es la postura asumida - invariablemente- por este Magistrado en casos análogos (ex plurimis: Sala Constitucional, Auto De esta manera, ya no es necesario el análisis de los requisitos formales de admisibilidad OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO VÍCTOR RÍOS OJEDA: Me adhiero al voto del Ministro Gustavo Santander Dans, por compartir los mismos OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN: Adhiero al voto de los ministros Gustavo Santander Dans y Víctor Ríos Ojeda, pues Antes que nada, conviene aclarar la naturaleza de las resoluciones dictadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Al respecto, la doctrina nacional ha sostenido con gran acierto que "Cuando se trata .. de una sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, nos encontramos ante decisiones adoptadas por órganos de carácter político . En el caso del Jurado dicho carácter deriva del modo en que está integrado el mismo . teniendo a que nuestra Ley Suprema exige que en los procedimientos que culminan con mencionadas resoluciones, se observen los derechos procesales .. una mejor solución será equipararlas a aquellas a actos jurisdiccionales" (LEZCANO CLAUDE, Luis; El control constitucional en el Paraguay. La Ley Adicionalmente, el art. 33 de la Ley Nº 3759/09 -normativa vigente al momento de llevarse adelante el enjuiciamiento y del dictado de la resolución impugnada- expresamente disponía la posibilidad de promover acciones de inconstitucionalidad contra las resoluciones dictadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a saber: "Contra la sentencia definitiva del Jurado podrá Página 2 de 8 Así pues, en atención a lo dispuesto por el art. 557 del C.P.C., es obligación de la Corte Suprema de Justicia examinar si se encuentran reunidos todos los requisitos previstos en la ley procesal para imprimir el trámite de rigor a la acción de inconstitucionalidad incoada. Por el contrario, en caso de que no se constate el cumplimiento cabal de los requisitos de forma, modo y tiempo que la ley establece para la presentación de la acción, la misma debe ser rechazada En ese lineamiento, los requisitos cuya verificación debemos examinar se encuentran t. 55 del C.P.C.: "Acción contra resoluciones judiciales. La acción procederá contra ciones d los jueces o tribunales cuando: a) por sí mismas sean violatorias de la Constitución, e funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad, contrarios a la Art. 57 del C.P.C.: "Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar su es r to demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución ada, así como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, a tía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concr tos su petición. El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la n e, cion de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de distancia. En tocf:Ói,- ' sos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso , Con ordantemente, el art. 12 de la Ley Nº 609/95 establece: "Rechazo in limine. No se dará rámitp a l acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables, ni a la demanda que no recise la norma constitucional afectada ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto Establecidas las bases para la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad contra uciones jurisdiccionales, sólo resta analizar la presentación de la accionante.

Abg. ALEJANDRINO CU VAS C . V'ctor Ríos 'Ojeda Ministro Página 3 de 8 De esta manera, el accionante ha dado pleno cumplimiento al deber de identificar concretamente la resolución impugnada y el procedimiento en el que fue dictada. Por lo demás, también se advierte que el mismo dio cumplimiento a la exigencia de constituir domicilio.

Se verifica también que el requisito temporal se encuentra cumplido, pues conforme se desprende de la documental de f. 5, el accionante se dio por notificado de la resolución impugnada el 22 de febrero de 2010, mientras que la presente acción fue promovida el 8 de marzo de 2010, a las 08:20h, según sello de cargo obrante al pie del escrito de promoción (fs. 22/24). Es decir, la acción fue planteada dentro del plazo de nueve días previsto en el art. 557 del C.P.C.

No obstante, la acción de inconstitucionalidad promovida por el accionante debe ser rechazada in limine, puesto que incumple el requisito previsto en el art. 12 de la ley 609/95. En ese sentido, si bien el accionante mencionó que la resolución impugnada es arbitraria y que infringió los artículos 13 7 y 256 de la Constitución de la República, considero que no logró justificar acabada y concretamente la lesión constitucional sufrida que se pretende reparar mediante la promoción de Así, de la lectura del escrito de promoción, se advierte que el accionante se ha limitado a manifestar su disconformidad con la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a criticar sus fundamentos sin señalar de qué manera concreta fueron conculcadas las normas Resulta oportuno expresar aquí, que acorde con reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional, y mi opinión coincidente repetidamente expuesta, la acción de inconstitucionalidad no puede emplearse para suscitar la apertura de una mera instancia recursiva en la que pueda revisarse la corrección sustancial de lo decidido, sino únicamente para someter a estudio la conculcación de las garantías y derechos constitucionalmente establecidos.

Al respecto, la doctrina tiene dicho que: " ... De acuerdo con las pautas establecidas por la Corte Suprema, la sentencia arbitraria no es aquella que contiene un error cualquiera. Es la que padece, según indica, desaciertos de gravedad extrema que la descalifican como pronunciamiento judicial. De allí que la acción de inconstitucionalidad por arbitrariedad revista un carácter excepcional y no tenga por objeto abrir una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que simplemente se estimen equivocadas. Por tanto, no pretende sustituir el criterio de los jueces propios de la causa por el de la Corte Suprema. De todo ello se sigue que la acción de inconstitucionalidad por arbitrariedad ha de ser de aplicación estrictamente excepcional, precisamente para no convertir a la Corte Suprema en tercera instancia ordinaria ... "1 En conclusión, los argumentos vertidos por quien impugna de inconstitucionalidad una resolución judicial no puede limitarse a la crítica de la decisión en sí misma y el análisis de la corrección o incorrección del razonamiento jurídico, dado que el abordaje de esas cuestiones se Mendonca, Daniel; Sapena, Josefina. Sentencia arbitraria. Análisis de la doctrina constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ira. Edición. Intercontinental Editora. Pág. 74 Página 4 de 8 - co RTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: . p REMA ABOG. ALBINO CHAPARRO C/ ABOG. JOSE SEGUNDO "-n, STIClA 1,;... y;q,_ VELAZQUEZ, JUEZ DE PAZ DE LA CIUDAD DE LAMBARE <e-,'E.' estás iciones, no habiéndose cumplido los requisitos formales previstos en la ley, "co¡fS,u'de -<f8j se menionó líneas arriba- rechazar in limine la acción de inconstitucionalidad p om vidaAbg. Albmo Chaparro, por derecho propio, contra el A.I. Nº 7 del 17 de febrero 9 mi_a'cío por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en la causa "Abg. Albino Chaparro c/7}. . osé Segundo Velázquez, Juez de Paz de la ciudad de Lambaré si Enjuiciamiento". Es mi OPINIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS: Me adhiero al voto del Ministro Gustavo Santander Dans, por compartir los mismos O PINI Ó N DEL SEÑOR MAGISTRADO ENRIQUE MERCADO ROTELA: Me adhiero al voto del Ministro Alberto Martínez Simón, por compartir los mismos OP NIÓN DEL SEÑOR MAGISTRADO GIUSEPPE FOSSATI LÓPEZ: al voto del señor Ministro Eugenio Jiménez Rolón, por cuanto el examen de los pr s ntes au s, cuya tramitación inició con la presentación del 8 de marzo de 2010 (fs. 22/24), e a partir de dicho escrito, y del urgimiento posterior del 14 de junio de 201 O (f. 27), so a ent se produjeron trámites relacionados con la integración de la Excma. Corte Suprema de J sti , debido a la excusación de diversos Ministros; conforme quedó explicitado en el informe ,z,.>l pbre el punto, debe decirse, en primer lugar, que es el escrito inicial el que impetra la üii-e'b 'n y pide la tramitación de la causa, y por ende, desde allí el interesado, que viene a ser el - ac ' : g. Albino Chaparro, debe impulsar el procedimiento. Así lo entiende, desde luego, la d ctrinai specializada: "La primera instancia puede perimir desde el momento mismo en que se la a iniciJ , es decir, desde que se planteó judicialmente la cuestión por medio de la promoción de a dem/nda" (LOUTA YF RANEA, Roberto G. y OVEJERO LóPEZ, Julio C. Caducidad de la instancia.

Bueno¡; Aires, Astrea, 2014, 2ª ed. (reimpresión), pág. 48). Es con el mismo criterio que PARRY, dol 6 E. Perención de la instancia .. Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 1964, 3ª ed., pág. 215 y tes, consigna numerosos fallos en los cuales se concluye que la instancia inicia desde la vtaor Ríos Ojeda Mi11 itro Página 5 de 8 Ministra 71-615; LL 77-558). Esta conclusión resulta lógicamente impecable, puesto que si se admite que es la instancia la que caduca, no puede extinguirse lo que aún no inició.

En segundo lugar, debe apuntarse que los trámites relacionados con la excusación e integración del órgano jurisdiccional no son impeditivos de la caducidad. A este respecto, el art. 31 del Código Procesal Civil dispone: "Deducida la recusación en tiempo y forma, si el recusado fuere un juez de la Corte Suprema, se le comunicará aquella, para que dentro de tercero día informe sobre los hechos alegados, y se integrará la Corte en la forma prescripta para la sustitución de magistrados, a fin de resolver el incidente, sin perjuicio de que prosiga la instancia hasta llegar al estado de sentencia. Si el recusado fuere un miembro del Tribunal de Apelación, se remitirá a la Corte, dentro de los tres días, el escrito de recusación, acompañado de un informe sobre los hechos alegados. En este caso, si fuere necesario, se integrará el Tribunal en la forma prescripta por la ley, a ob;eto de que continúe la sustanciación de la instancia hasta llegar al estado de sentencia. Si el recusado reconociere los hechos, la Corte lo tendrá por separado de la causa, quedando integrado el Tribunal con el miembro subrogante. Si los negare, con lo que exponga se formará incidente que tramitará por expediente separado". La parte de la norma que dejamos subrayada es muy clara en evidenciar que los trámites procesales no se suspenden por los actos procesales relativos a la integración del Tribunal, y por ende, los mismos no son interruptivos de la caducidad, ya que en sí mismos no son idóneos para impulsar el proceso hacia su finalización.

Esta postura ha sido mantenida en varios precedentes anteriores, todos emanados del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Cuarta Sala, a saber: A.I. Nº 716 del 28 de diciembre de 2018, A.I. Nº 580 del 26 de setiembre de 2019, A.I. Nº 142 del 18 de mayo de 2020, el voto minoritario suscripto por esta magistratura en el A.I. Nº 39 del 25 de enero de 2021, A.I. Nº 239 del 29 de abril de 2021, A.I. Nº 749 del 30 de noviembre de 2021, A.I. Nº 650 del 18 de octubre de 2022. En todos estos casos se ha sostenido, con la mejor doctrina, que "la recusación, así como su notificación, no son actos idóneos para interrumpir la caducidad. No sólo porque no provocan el avance del proceso, sino porque además no impiden la producción de actos impulsorios de la instancia (MAURINO, Alberto Luis. Perención de la instancia en el proceso civil. Buenos Aires, De hecho, la Sala Civil y Comercial de nuestra propia Corte Suprema de Justicia ha compartido el mismo criterio, indicando que: "( .. .) Esto quiere decir que la sola interposición de la recusación -con o sin expresión de causa-, no genera la situación prevista en el art. 176 inc. c) del código procesal civil, puesto que la misma no hace que quede pendiente de resolución alguna cuestión que impida el desarrollo del proceso. Muy por el contrario, los artículos señalados son claros en indicar que el trámite no debe suspenderse sino hasta llegar al estado de autos para sentencia. ( .. .) De este modo, el expediente en cuestión no se hallaba pendiente de ninguna resolución, sino que requería la integración pertinente a los efectos de proseguir el trámite hasta que quedara en estado para resolver ( .. .). De este modo, expresados los agravios en fecha 24 de noviembre de 2005 (fs. 17 4), luego de dicha actuación no se realizó ningún acto procesal idóneo para el impulso hasta la providencia de separación del miembro del Tribunal Miguel Angel Onieva, de fecha 28 de setiembre de 2006 (fs. 179). El plazo previsto por el art. 172 del código procesal civil, en consecuencia, se ha cumplido largamente. El auto apelado debe ser confirmado, con costas a la perdidos a en virtud a los arts. 203 y 205 del código procesal civil. ( .. .)" (A.I. Nº 1426 del 19 de setiembre de 2007). Por su parte, otras Salas del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Página 6 de 8 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: ABOG. ALBINO CHAPARRO C/ ABOG. JOSE SEGUNDO VELAZQUEZ, JUEZ DE PAZ DE LA CIUDAD DE LAMBARE , )J:ap1ta n sostenido la misma postura: "( .. .) En primer término se debe recordar que el JJ_.f9;: . "'de gracion del tribunal o del juzgado por causa de recusación o excusación del 91'......-.,.v- que la integración no tiene efectos suspensivos sobre la instancia, luego, es claro Ién que el acto mismo de integración no es interruptivo, puesto que no impulsa el trámite, al no hacer avanzar la causa al estado de resolución (. . .)" (A.I. Nº 673 del 28 de octubre de 2013, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial - Tercera Sala).

De este modo, los actos relacionados con la integración de la Excma. Corte Suprema de Justicia en estos autos no son actos interruptivos idóneos, y por ende no son obstáculo para el cómputo del plazo semestral previsto en el art. 172 del Código Procesal Civil, puesto que tales cuestiones no impidieron jurídicamente que prosiga el trámite de la presente acción de inconstitucionalidad, a tenor de lo dispuesto por el mencionado art. 31 del Código Procesal Civil.- Por último, debemos advertir que al presente caso no le es aplicable la Acordada Nº 979 del 4 de agosto de 2015, emanada de la Excma. Corte Suprema de Justicia, por cuanto el art. 14 de la Constitución Nacional impide que las leyes o actos normativos tengan efecto retroactivo; por lo que al tiempo de la interposición de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa, 8 de marzo de 2010 (fs. 22/24), dicho cuerpo normativo no estaba vigente, y por ende, la pendencia de pronunciamiento Este tipo de providencias, como se advierte a través de la lectura del texto del art. 157 del Código Procesal Civil, solo tienden al desarrollo del proceso y ordenan actos de ejecución, por lo que el dictado de las mismas, al ser cuestión de diligencia procesal, no puede impedir la caducidad, atentos a que el art, 173 del Código Procesal Civil requiere la actividad tendiente a impulsar el procedimiento. El conjunto de las normas citadas indica que la providencia de mero trámite solo tiende al impulso del procedimiento, y la caducidad se cuenta desde la última actuación en tal sentido. Así, es evidente que la demora en dictar resolución no puede entenderse extendida a las providencias de mero trámite, so pena de postular una contradictoriedad entre el art. 176 inc. c) y el art. 173 del Código Procesal Civil. Al ser dichas resoluciones de trámite, su demora debe ser convenientemente urgida e impulsada a los efectos de mantener en vida la instancia e impulsar el Esta posición ha sido sostenida por mayoritaria doctrina y jurisprudencia: "( ... ) La "resolución" a la que se refiere el inc. 3 º del Art. 313, "se imbrica en las especies contempladas en los Arts. 161, 163 y 164 del Código Procesal. No comprende, en cambio, la especie 'providencias simples' del Art. 160 del mismo Código. En tal orden de ideas, no podría vincularse la pendencia de resolución a la demora en dictar el llamado de autos que sólo tiende, sin sustanciación, al 'desarrollo del proceso"'. (L0UTA YF RANEA, Roberto G. y OVEJERO LóPEZ, Julio C. Caducidad de la instancia. Buenos Aires, Astrea, 1999, 1ª ed., págs. 330 y 331). "La inactividad del tribunal que impide el transcurso de los plazos de caducidad, no se refiere a la demora en dictar providencias de mero trámite, que deben ser urgidas por los interesados". ED 23-459; ED 46-433. "Solo existe demora imputable al Tribunal cuando la resolución pendiente es la definitiva o una interlocutoria, y no en los casos de las providencias de mero trámite". (EISNER, Isidoro. Caducidad de instancia.

Página 7 de 8 Buenos Aires, Depalma, 1995, 1 ª ed., pág. 185). "Mientras las demoras del proceso no se vinculen al dictado de la resolución del fondo del asunto es obligación de las partes urgir e instar el procedimiento en todas aquellas cuestiones de simple trámite, so pena de caer en la caducidad de la instancia". ED, 46-434; ED 54-359; 54-355; 59-435. Efectivamente, no debe olvidarse que "si bien el art. 313, inc. 3. del Código Procesal determina que no se producirá la caducidad de instancia cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuera imputable al tribunal, no lo es menos que sobre las partes pesa la carga de impulsar el También la Sala Civil y Comercial de la Excma. Corte Suprema de Justicia ha mantenido esta tesitura de modo reiterado; de hecho, los argumentos expuestos líneas arriba constituyen expresión de su postura al respecto. En tal sentido, mencionamos, ex plurimis, los A.I. Nº 1483 del 9 de octubre de 2007; A.I. 609 del 30 de abril de 2009 A.I. Nº 787 del 20 de mayo de 2009. Nosotros mismos lo hemos sostenido ya, entre otros pronunciamientos, en los A.I. Nº 371 del 28 de junio de 2017, A.I. Nº 716 del 28 de diciembre de 2018, A.I. Nº 5 80 del 26 de setiembre de 2019, A.I. Nº 746 del 29 de noviembre de 2019, A.I. Nº 239 del 29 de abril de 2021, A.I. Nº 731 del 29 de noviembre de 2021, A.I. Nº 556 del 23 de septiembre de 2022, todos emanados del Tribunal de Por tales motivos, se reitera la adhesión al voto del señor Ministro Eugenio Jiménez Rolón.- OPINIÓN DEL SEÑOR MAGISTRADO LINNEO YNSFRAN SALDÍV AR: Me adhiero al voto del Ministro Alberto Martínez Simón, por compartir los mismos OPINIÓN DEL SEÑOR MAGISTRADO ALEJANDRINO CUEVAS CACERES: Me adhiero al voto del Ministro Alberto Martínez Simón, por compaiiir los mismos SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

E ERCADO ROTEIA iernbro al de Apelación Sexta Sala Abg. A AS CACERS Magistrado . nuunal r. A11el11ción 5ts. Saln