ACCIÓN DE INCONTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR FRANCISCO REMIGIO GONZAL;EZ FLEITAS EN LOS AUTOSCARATULADOS: "REGULACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES SQLICITADO POR LOS ABOGADOS: JUAN CARLOS VARGAS, HELIOS CUELLAS RIOS Y SHIRLEY RODAS GONZALEZ EN LOS AUTOS CARATULADOS: JOSE MAGNO FLORENCIO VARGAS GOITIA Y OTROS C/ LILA ROXANA VARGAS GONZALEZ Y FRANCISCO REMIGIO GONZALEZ FLEITAS SOBRE NULIDAD DE ACTO JURIDICO". AÑO zon, Nº 1554.
Acción de Inconstitucionalidad promovida por el señor Francisco Remigio González
CONSIDERANDO:
Que, la parte actora aduce en sustento de su pretensión que las resoluciones impugnadas lesionan las disposiciones contenidas en los artículos 16, 45, 46, 47, 137 y 256 de la Constitución Nacional, al determinarse en la regulación de honorarios que el monto del juicio debe ser justipreciado en virtud al artículo 32 de la Ley Nº 1376i88, es decir, el valor de la cesión de derechos. En ese sentido, alega que el Tribunal de Alzada omitió el precepto legal que debía ser empleado para la fijación del monto del juicio, previsto en el artículo 26 inc. c) de la citada ley. Concluye su escrito, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones Que, el Art. 557 del C.P.C. dispone: ''Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su petición. El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En Que, por su parte, el artículo 12 de la Ley Nº 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto Que, en primer lugar, cabe referir que el control de constitucionalidad es una vía de carácter excepcional para salvaguardar principios y derechos consagrados en la constitución Nacional. No está previsto para ventilar cuestiones de fondo y de forma que tienen su ámbito natural de dilucidación en las instancias ordinarias, sino se demuestra lesión concreta a derechos constitucionales, a través de una crítica razonable de la decisión Que, en el escrito de promoción de la acción se constata que la pretensión final de la parte accionante es la declaración de nulidad de los fallos mencionados, por supuesta arbitrariedad. Sin embargo, el mismo se ha limitado a exponer hechos y actuaciones procesales sin justificar la conexión con las normas constitucionales supuestamente conculcadas, pretendiendo imponer un criterio de interpretación distinto al sostenido por los Magistrados intervinientes, de tal forma a reeditar en esta instancia, cuestiones que han recibido oportuno estudio, motivo insuficiente e inconsistente para activar esta instancia de control de constitucionalidad. Ello, porque la esfera de la acción de inconstitucionalidad y la competencia de la Sala Constitucional son excepcionales, de interpretación restrictiva y no equivale a una instancia ordinaria de revisión de decisiones Que, en tal sentido, esta Sala viene sosteniendo en reiterados fallos, que es improcedente pretender una tercera instancia de la acción de inconstitucionalidad a fin de reanudar el debate sobre cuestiones que han recibido oportuno tratamiento, ello debido a su carácter excepcional, que se encuentra sujeto a condiciones especiales y concretas, siendo viables únicamente cuando existen violaciones de principios, derechos y Que, en estas condiciones, y al no haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos por las normas 1. El señor Francisco Remigio González Pleitas, por sus propios derechos, bajo patrocinio de abogado, promovió acción de inconstitucionalidad, contra el A.I. Nº 257 de fecha 10 de marzo de 2020, dictado por el Juzgado Penal de Garantías de la Circunscripción Judicial de Misiones, y; contra el A.I. Nº 85 de fecha 09 de junio de 2021, dictada por el Tribunal de Apelación Multifuero de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, alegando que las mismas son arbitrarias y violan flagrantemente el debido proceso, atentatorias a las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional, referente a la defensa en juicio de las personas, de la inviolabilidad de sus derechos y de ser juzgados por Tribunales y Jueces competentes, artículos 16, 46, 47 y 2. Puntualmente, al desarrollar sus argumentos expresa que, las resoluciones atacadas violan disposiciones constitucionales, resultando arbitrarias, en razón a que los juzgadores de primera y segunda instancia, han dictado resoluciones carentes de fundamentación o de forma insuficiente, apartándose de las normas aplicables al caso, conculcando sus derechos a la igualdad enjuicio, al debido proceso y a la defensa enjuicio.
3. Cabe resaltar que la resolución atacada de primera instancia, no se encuentra agregada en estos autos, sin embargo, del cotejo de la resolución de segunda también atacada y del escrito de promoción de la acción, se basta a sí misma. Ahora bien, del análisis de la resolución de segunda instancia, se desprende que, las cuestiones hoy atacadas fueron debatidas por el órgano jurisdiccional, al momento de dictar el interlocutorio, referente al justiprecio de los honorarios profesionales del abogado de la parte actora en los autos principales, regulación retasada en segunda instancia, considerando los Magistrados que el monto base del justiprecio se desprende de la Escritura Pública de Cesión de Derechos y Acciones, presentada con el escrito de demanda, cuyo monto fue el objeto de la acción de nulidad de acto jurídico, rigiéndose por las disposiciones contenidas en los artículos 4. En el caso de autos, se advierte que los argumentos esgrimidos por la parte accionante revela su divergencia con los criterios expuestos por los juzgadores al fundamentar sus decisiones, notándose que los mimos fallaron aplicando la norma jurídica aplicable al caso y sobre la base fáctica planteada en juicio. Por lo que se puede concluir que las sentencias atacadas no resultan arbitrarias. La arbitrariedad como sostiene Lino Enrique Palacio: "Solo es atendible en presencia de desaciertos u omisiones que, en virtud de su extrema gravedad, impiden reputar a la sentencia como un verdadero acto judicial; la referida tacha, por lo tanto, no alcanza a cualquier tipo de error en la interpretación de la Ley o en la valoración de la prueba" (Lino E. Palacio, Derecho 5. Por lo manifestado precedentemente, considero que corresponde el rechazo de esta acción de A su turno, el Ministro Gustavo E. Santander Dans manifiesta que se adhiere al voto del Ministro
POR TANTO, la
SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
TENER por presentado al recurrente en el carácter invocado y tener por constituido su do Q:i-liffl1 p.,RIA º ine" 'la: acción de inconstitucionalidad presentádá por el señor Francisco Remi. . ......:.:;;;::;;,;;, propio y bajo patrocinio de abogado, contra el A.I. Nº 257, de fec 1 O marzo or el Juz ado Penal de Garantías, de la Circunscripción Judicial de Misnes, y co tra el e junio del 2021, dictado por el Tribunal de Apelaciones ultifueros e la Gustavo E. Santander Dans M:nistro , Ojeda Víctor RtOS Dr- inistro