SECRETARIA CORTE suPREMA DEJUSTIClA JUICIO: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA GIRALA Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO .. Y. ...... Ciudac Asunción, Capital de la República del einte y cuatro, estando reunidos en Sala de Acuerdos señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón, César Antonio Garay y Eugenio Jiménez Rolón, bajo la presidencia del primero de los nombrados, Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo a Acuerdo el expediente intitulado: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA I. GIRALA Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO JURÍDICO", a fin de resol ver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestJS por el Abogado Rubén Melgarejo Lanzoni, en representación de la actora, contra el Acuerdo y Sentencia Número Cuarenta y Cuatro, del 8 de Marzo del 2.023, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Segunda Sala, de la Circunscripción Judicial Central.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resolvió plantear las siguientes,---r
CUESTIONES:
(gbi(vt (u,;uo {-lato/ En su caso, se halla ajustada a Derecho?
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: Martínez Simón, Jiménez ALBERTO representada 'vil V Come Martinez Simon Ministro CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO SIMÓN DIJO: La actora Abg. recurrente nte esta Sala recursos, sin refieren al ;flfi..:l:cirja Tras realizar una detenida lectura del escrito de expresión de agravios, se constata que, en puridad, la recurrente no se ha agraviado con relación a la nulidad del fallo impugnado. Este extremo, sin embargo, no impide que el órgano judicial realice una revisión de oficio del fallo en cuestión y analice si el mismo contiene o no alguna causal de Luego de realizar dicha revisión encuentro un motivo que me obliga a votar por la nulidad del apartado segundo del Acuerdo y Sentencia 44 del 8 de marzo de 2023 que textualmente dice: "2) HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto contra el punto 1 de la S.D. No. 286 del 06 de mayo del 2021, y en consecuencia, revocar parcialmente este punto, declarando la prescripción de la acción de lesiónn.
Esta nulidad me aparece como insalvable, pues el Tribunal de Apelación incurrió en una doble incongruencia: por una parte una extrapetita al haber resuelto una cuestión no planteada (la excepción de prescripción) y por otra parte, una citrapetita (al no haber resuelto una cuestión planteada).- Seguidamente explicaré los fundamentos de lo antes mencionado, pues, a simple vista pareciera que el Tribunal de Apelación efectivamente resolvió la excepción de prescripción deducida por la accionada con respecto al vicio de lesión que fuera invocado. Sin embargo, ello solo es una apariencia pues, en puridad, el Tribunal omitió dar cumplimiento al imperativo impuesto por el art. 159 del C.P.C. de encuadrar debidamente las cuestiones propuestas de acuerdo a la real naturaleza jurídica de las aquellas y no meramente al nombre jurídico que En ese sentido, si bien las accionadas dedujeron formalmente -y así la denominaron-una "excepción de prescripción" contra la pretensión de nulidad por lesión, en realidad, la esencia de la pretensión no era una defensa de prescripción, sino una falta de acción, pues el plazo de dos CORTE DEJUSTIClA 纷,, "뜠-') J.~ JUICIO: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA I . GIRALA Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO ., '2. -懱Qs c ido en el art. 671 del C. C. -según el criterio que o es un plazo de prescripcion -que, de serlo, ia a deducir esa excepción de prescripción-sino que es un plazo de caducidad, que no habilita la excepción de prescripción sino que habilita a una de caducidad.
Conozco y soy muy respetuoso de los fundamentos que sostienen que el p~azo de dos años establecido en el art. 671 del e.e. es un plazo de prescripción, sin embargo, actualmente no los comparto, y expondré seguidamente aquellos que me indican que se trata de un plazo de caducidad. Debo aclarar que en la primera versión de un artículo académico que publiqué en 2009 sobre el instituto de la lesión1 había sostenido que el plazo indicado por el art. 671 era de prescripción pero, habiendo estudiado nuevamente el tema, rectifiqué ese criterio en una segunda pu:)licación hecha en el 2 021, 2 pues hoy me encuentro convencijo que el plazo indicado en el mencionado artículo 671 es, como dij e, un plazo de caducidad y no de No puede negarse las grandes similitudes entre la prescripción y la caducidad, pues en ambos tenemos un plazo que corre y una in3cción, productoras de un efecto jurídico.
Por otra parte, co~o principal diferencia debe señalarse que la prescripción afecta a la acción pero no al derecho, mientras que la caducidad, afecta el derecho mismo.
Para sostener este criterio que indica que el plazo del art. 671 es un plazo de caducidad, debo recurrir al argumento conocido como sede3 materiae.
1 La obra iginal fue publicada en la Revista Jur'dica de la Universidad Católica "Nu-tra Señora de la Asunción", del con el título de "La lesión, vi de !..os actos jurídicos". También publicada por la Academia Paraguaya e Jerecho y Ciencias Sociale ntre las "Conclusiones del Congreso igo Ci 뜠al Prof. Dr. José Ramón Silva A 2 Publicación
...... actos jurídicos" eñora de ar ez Simon istro atólica "Nuestra Gaceta 뜠ial, Este argumento denominado sedes materiae parte del análisis en la que el legislador ordenó los textos legales - de allí su nombre mismo-y establece que dicho orden no es casual, sino que responde a una sistematización racional y hasta predecible de la materia regulada. Por ende, se considera que es una facultad esencial del legislador la disposición rigurosa de un orden en los textos legales, obedeciendo ello a un criterio sistemático. Por ende, ante la duda debe analizarse qué lugar ocupa la norma analizada -o qué Así, nuestro Código Civil tiene un capítulo específico dedicado a la prescripción liberatoria (arts. 633 y sgtes.).
Dentro de dicho capítulo, existe una serie de artículos -desde el 659 en adelante, hasta el 668-en el que el Código enumera diferentes plazos de prescripción correspondientes a distintas acciones, reconociendo tácitamente, que no están todos los plazos de todas las acciones, pues tiene una suerte de norma de cerramiento del sistema que indica que para todas las acciones personales para las que no se haya·previsto un plazo específico, el plazo será de diez años -véase el art. 659 inc. Nótese ahora que el plazo de prescripción de las acciones que se planteen por lesión no figura en la lista de plazos que contiene dicha lista de los arts. 659/668 del e.e.
Esto nos lleva, aplicando el argumento sedes materiae a indicar que, en el caso de la legislación paraguaya, el plazo previsto en el art. 671, por no estar en los enlistados en los arts. 659/668 -cuya Sección IV lleva el nombre bastante gráfico "De los plazos para la prescripción"-no debe ser un plazó de prescripción pues el legislador, al no incluirlo dentro de aquel listado -argumento sedes materiae-no consi~eró que el plazo de 2 años establecido en el art. 671 sea de prescripción, por lo que, por descarte, debemos concluir que se trata de un plazo de caducidad.
.nJICIO: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA I. GIRALA Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO soy respetuoso de los fundamentos que indican que --ntenido en el art. 671 es un plazo de prescripción, que dicha posición parte de un error, inducido por la formulación del art. 954 del Código Civil argentino -de Vélez-,3 en la redacción reformada en 1968, en donde se indica claramente que, en el caso argentino, se está ante un plazo de prescripción, pues así lo trata el mencionado art. 954: ... Sólo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya prescripción se operará a los cinco años de otorgado el En el caso de la legislación argentina no existen dudas.
Claramente -por el argumento literal que en este caso se antepone claramente y prevalece sobre el sedes materiae-el plazo de cinco años previsto es un plazo de prescripción. Entiendo, muy respetuosamente, que la copiosa doctrina argentina -elaborada sobre la base de un texto legal diferente-pudo hacer sido la base de la corriente doctrinaria que no comparto y que establece que también el plazo de dos años previsto por 21 art. 671 de nuestro Código Civil es un plazo de prescripción. Entiendo, respetuosamente que, al no haber argumento ~iteral que aplicar en el caso de la legislación paragucya, por el argumento sedes materiae debemos inclinarnos, como ya anticipé concluir que dicho plazo es Esto me lleva a cavilaciones, que el con la cual inicié estas no cumplió con el Código Civil argentino de Vélez, según texto de la Ley 17711, año 1968.
Arf 954. Podrán anul~rse los actos v'ciados de error, dolo, violencia, simulación. También odrá demandarse la nulidad o la modifica 'de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de u taja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificaci' re3ume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación e ,e notable desproporc ' prestaciones. Los cálculos deberán 'n valo del acto y la desproporción debe demanda. Sólo el esi~n~do la acció cuya prescripción se , ' ccionante tiene opción del convenio, pero la de reajuste si éste ecido ~rl.r;,,-~d ntesta anda.
iltro Abg. M}llía Rita Monges Dos Sa.ito꜠ Serret:ii-ia imperativo de calificar adecuadamente esta defensa, conforme su real naturaleza y se dejó llevar por el nomes juris que le puso la parte accionada, resolviendo una excepción de prescripción, cuando en realidad se dedujo una falta de acción pues, al cumplirse el plazo de caducidad de dos años, contados desde la realización del acto jurídico impugnado, lo que correspondía, era declarar dicha caducidad que afectaba directamente al derecho mismo, y no una prescripción que, en Sostengo también el criterio que el plazo de caducidad establecido en el art. 671 del e.e. empieza a computarse desde la realización del acto jurídico, pues no existe vicio del consentimiento -debiendo considerarse la situación si se invocare la ligereza que equivale a una patología psicológica4 como sucede en caso de darse vicios de la voluntad (error, dolo y violencia) con los cuales la Ley dispone que el inicio 4 Si quien demanda en base a la lesión prevista en el art. 671 del e.e.
alegó "ligerezan, estariamos ante una patologia mental, aunque sea temporal, por la cual el sujeto afectado no pudo percatarse del alcance del acto juridico. Sin embargo, la ley no hace ningún distingo con respecto a este extremo, por lo que el cómputo para la caducidad del derecho deberá igualmente arrancar el dia de la formulación del acto. El afectado, en ese caso, deberla buscar la protección de sus intereses en otros institutos, especialmente tuitivos como la inhabilitación, pero no recurrir a la lesión, si el plazo de caducidad ya se ha cumplido.
"Sin embargo, muchos autores llegaron a la conclusión que el término ligereza es indispensable incluir, en todos los códigos donde no se halla regulada la inhabilidad, porque la ley al referirse a la ligereza le otorga un significado de 'inferioridad mental', en el Comentario que hacen a este término los autores Belluscio y Zannoni, en el tomo 4, del Comentario del Código Civil Argentino, página 370, exponen: 'No ha de aceptarse una acepcion tan amplia del término que comprenda el obrar negligente o imprudente, no se trata de proteger un obrar irreflexivo, ni de permitir que se anulen actos que son frutos de errores inexcusables. El término en sentido técnico -jurídico, es más restringido, pues se reduce a los casos en que el obrar irreflexivo, versátil, voluble obedece a estados mentales patológicos de debilidad o estado de inferioridad mental o estado patológico de inferioridad". Rios Avalas, Bonifacio. La lesión como vicio en los actos jurídicos en el Código Civil Paraguayo, Edición, Intercontinental Editora, 1991, ps.115/116.
"Muchos autores se ocupan del término, entre ellos Sandler, Ossipow y Luis Moiseet de Espanes, todos ellos llegan a la conclusión de que la ligereza es un estado psíquico patólogico y una de las principales consecuencias de dicho estado es que el agente no mide el alcance de las obligaciones que contrae, y no las mide no porque no quiera verlas, sino porque no puede, en razón de su situación de inferioridad mental. Aunque el acto que piensa realizar sea gravemente perjudicial, lo cree ventajoso y desea realizarlo". Rios Avalas, Bonifacio. La lesión como vicio en los actos jurídicos en el Código Civil Paraguayo, Edición, Intercontinental CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ,,, JUICIO: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA GIRALA Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO de prescripción se diferirá hasta que la violencia "" ~;~ víctima conozca que incurrió en una equivocación o motivo p3.ra la misma ( error excusable) o que fue engañado (dolo) 5 Por ende, al no haberse pronunciado sobre la caducidad del derecho invocada por la accionada ( ci trapeti ta) y al haberse pronunciado sobre la prescripción de la acción realmente no arti,::ulada (extrapetita), corresponde declarar la nulidad del apartado No. 2 del Acuerdo y Sentencia No. 44 del 08 de marzo de 2023 y, proceder, en consecuencia, a dictar fallo sustitutivo con respecto a la impugnación formulada en relación a la pretensión de nulidad por lesión, al no poder subsanarse esta nclidad por la vía del recurso de apelación, cambiando el signo de lo resuelto, de conformidad al art. 407 En cuanto a 1~ restante del fallo recurrido, corresponde declarar desierto 耱recurso de nulidad.
En cuanto a las costas de este recurso, dada la actitud de las partes con respecto al mismo, la forma y los fundamentos por los que fuera resuelto, corresponde imponerlas en el orden A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN DIJO: de la lectura del escrito de fs. 306/315, presentado por el Abogado Rubén Melgarej o Lanzoni, representante convencional de la parte actor.a, de acuerdo con el testimonio de poder obrante a fs. 3/6 y reconocimiento de personería de f. 56, no colige argumento alguno dirigido a criticar la validez tanto, no oficioso en 5 Igual resp a , en.tino Simon vicios que ameriten un del art. 113 del 54 del Código Civil dies aquo para la deros podrán ejercer Alrg. vbrfo Ritil Mmige, Dos Santos Código Procesal Civil, el recurso de nulidad debe declararse A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY DIJO: Suscribo j uzgamiento al del señor Ministro Eugenio Jiménez Rolón por esas motivaciones. Así voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN DIJO: El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno de la Ciudad de Luque, dictó la S.D. 286 del 06 de mayo de 2021, cuya parte resolutiva dice: "1. -NO HACER LUGAR a la excepción de prescripción opuesta por las Sras. Norma Ivonne María Girala Diez y Antonia Amarilla Fariña, de conformidad a los fundamentos expuestos al exordio de la presente resolución.
2. -HACER LUGAR a la presente demanda de nulidad de acto jurídico promovida por los señores Dominga Barrios Vda. de Cabrera, Ángel Ramón Cabrera Barrios, Gloria Elizabeth Cabrera Barrios, Carlos Roberto Cabrera Barrios, Raquel Cabrera de Villalba, Nicolás Dionisia Cabrera Barrios, Alan Cabrera Barrios, Celso Daniel Cabrera Barrios y Ever Domingo Cabrera Barrios contra las Sras. Norma Ivonne María Gira la Diez y Antonia Amarilla Fariña y, en consecuencia, declarar nula la escritura pública No. 23 de fecha 22 de setiembre de 2010, pasada ante el escribano Marcos Dionisia Aya la Tala vera, celebrado entre las Sras. Norma Ivonne Marie Gira la Diez y Antonia Amarilla Fariña, inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos como Finca 6407 bajo el folio 9 siguiente de fecha 21 de diciembre de 2011, oficiando en consecuencia a la Dirección General de los Registros Públicos para su inscripción pertinente, ejecutoriada que presente. 3-IMPONER las costas en el orden causado fuese la Por otro lado, el mismo Juzgado también dictó la S.D.
300 del 11 de mayo de 2021, por el que dispuso: "HACER LUGAR, a la aclaratoria peticionada por el abogado Rubén Melgarejo Lanzoni, en nombre y representación de los señores Dominga Barrios Vda. de Cabrera, Ángel Ramón Cabrera Barrios, Gloria CORTE SUPREMA ',DE JUSTICIA e brera Barrios, ra de Villalba, JUICIO: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA I. GIRALA Y OTROS NULIDAD DE ACTO Carlos Roberto Cabrera Barrios, Nicolás Dionisia Cabrera Barrios, rera Barrios, Celso Daniel Cabrera Barrios y Ever Domingo Cabrera Bérrios, en contra de la S.D. 286 de fecha 06 de mayo de 2021, y, en consecuencia, 2-IMPONER las costas a la perdidosa de conformidad al artículo 192 del CPC ... ". - Recurridas qLe fueran se dictó el A. y S. 44 del 8 de marzo de 2013, el cual ahora se encuentra en revisión ante esta Sala, por nedio del cual el Tribunal de Apelación resolvió: "l.-DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada contra la S.D. 286 del 02 de mayo del 2021 y su aclaratoria del 11 de mayo del 2021.
2.-HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto contré el punto 1 de la S.D. 286 del 06 de mayo del 2021, y en cor.secuencia, revocar parcialmente este punto, declarando la prescripción de la acción de lesión. 3.-HACER LUGAR al recurso ~e apelación interpuesto contra el punto 2 de la S.D. 286 del 06 de mayo de 2021, y en consecuencia, REVOCAR dicho decisorio. 4.-HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra la aclaratoria de fecha 11 de mayo de 2021, y en consecuencia, REVOCAR el punto 3 de la sentencia, e IMPONER las costas en ambas instancias La parte ac~ora y apelante expresó agravios n los términos del escrito de fs. 306/315, en el que ealizó, primeramente, un relato de los antecedentes fácticos que llevaron a la prom~ción de la presente demanda. Expuso que sus representados son la cónyuge supérstite y los herederos del Sr. Celso Ramón Cajrera Cabrera quien, en vida, había otorgado Ivonne r Especial irrevocable a favor de la codemandada Norma Girala Diez y que su carácter de enta con la señora mueble situado en como la Finca se llevó a cabo posteriormente al fallecimiento del Sr. Celso Cabrera.
Continuó haciendo referencia a algunas pruebas producidas en instancias previas, respecto a la fecha en que las partes y testigos habían tomado conocimiento del fallecimiento del Sr. Cabrera, así como de la suma de dinero abonada en concepto de la compraventa del inmueble. Posteriormente, el apelante manifestó que el acto jurídico celebrado entre las demandadas Norma Girala y Antonia Amarilla es nulo y no anulable, conforme a los incisos c) y d) del Art. 357 del e.e., por lo cual, la presente acción es imprescriptible, por disposición del inc.
a) del Art. 658 del e.e. Por otra parte, expresó que el acto jurídico es nulo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 909 del e.e., en razón de que, al momento de su celebración, el contrato de mandato se encontraba extinto por el fallecimiento del mandante. Por otra parte, respecto a la irrevocabilidad del poder especial, mencionó que, según la legislación y la doctrina, la extinción del mandato es la regla y la irrevocabilidad es la excepción, por lo que con la muerte del mandante se da por concluida la relación contractual. Así también, manifestó que la irrevocabilidad hace referencia a la muerte o incapacidad sobrevenida al mandatario y no al mandante, por lo que resulta impropio que luego del fallecimiento del mandante que el poder siga surtiendo sus efectos. Concluyó solicitando se revoque el Acuerdo y Por su parte, representación de el Abogado Julio Fendández Mendoza, en las demandadas, contestó los agravios expresados por su contraparte, solicitando, en primer término, que se declaren desiertos los recursos interpuestos por el representante de la parte actora, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 419 del C.P.C., atendiendo a que el recurrente no realizó análisis ni crítica razonada y concreta a los fundamentos de la resolución recurrida. Por otra parte, expresó que la resolución no adolece de vicios formales que ameriten la declaración de nulidad, debido a que se realizó una relación sucinta de las cuestiones de hecho y derecho, / oRTE UPREMA E JUSTICIA JUICIO: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA GIRALA Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO 1,::J-lc ,;,랕,镾r:: 岕" se sobre todas y cada una de las pretensiones de las especto al fondo de la cuestión, el citado nal expresó que la resolución recurrida es justa y que los argumentos expuestos por la mayoría de los Miembros se ajustan a las constancias de autos las disposiciones legales, puesto q~e tuvieron en cuenta los antecedentes del caso, consistente en un litigio judicial ejecutivo previo entre los señores Celso Cabrera y la codemandada Antonia Amarilla, que luego pasó a ser un negocio jurídico de compraventa, medi3nte el cual, se dio por cumplida la obligación que ter-ía el extinto señor Cabrera con la señora Antonia Amarilla. Manifestó también que el poder especial irrevocable fue otorgado en el marco de un negocio ya cumplido y que el instrumento que se ataca de nulidad ha sido dado en interés común del mandante, la mandataria y los terceros, pues, consiste en la formalización de un negocio jurídico concretado con anterioridad, por lo que el poder irrevocable subsiste aún después del fallecimiento del poderdante.
Continuó manifestando que el Poder Especial impugnado fue otorgado con la énica finalidad de cumplir una obligación asumida con anterioridad por el mandante. También, expresó que el Art. 909 inc. e) del e.e. no se aplica, en razón de que el mandato fue otorgado en interés del mandante y de las mandatarias, no 3SÍ en exclusivo interés del mandante. Finalmente, en cuanto a las costas, manifestó que no puede formular contestación en razón de que el recurrente no expresó en todos alguno respecto a las mismas. Concluyó exponiendo cuestiones fácticas y solicitó se tenga por contestado se declare desierto el recurso de nulidad se rechace el recurso de apelación y saducidad de esta o Martinez Sim'f 锠 Ministro ugeu-MJ,fll'锠Abg.M I ~ei:rct.1ri; pretensión. En aquel lugar expuse ya que el plazo de dos años previsto en el art. 671 del e.e. es un plazo de caducidad - remito a la explicación dada en el voto de nulidad de este fallo, especialmente, en base al argumento sedes materiae-.
También anticipé mi criterio sobre el dies aquo a partir del cual corre dicho plazo de caducidad: el momento de la celebración del acto jurídico impugnado. Este parecer se funda en el extremo ya explicado, es decir, en que la lesión afecta la buena fe en las transacciones y, por ende, el plazo para la formulación del reclamo judicial planteado con fundamento en la-lesión -sea por nulidad o modificación equitativa del contrato-debe producirse desde el mismo momento en que se formuló el acto jurídico. Nótese que si se invocara la ligereza -también ya explicada en sede del recurso de nulidad-la parte podría invocar una situación de patología mental que le impidió entender el acto en cuestión, existiendo, además, . otras vías para reparar esta situación, y ello podría poner en entredicho el momento en que empieza a correr el plazo de caducidad -a pesar de que tengo asumido un criterio al respecto-; sin embargo, esta ligereza no fue alegada en autos, por lo que no existe necesidad de mayores exposiciones al respecto, quedando en claro, por ende, que el plazo de caducidad empezará a correr, indefectiblemente, desde la Por tanto, desde la fecha de la formulación del acto jurídico impugnado (Escritura Pública No. 23 del 22 de setiembre de 2010 pasada ante el Escribano Público Marcos Dionisio Ayala Talavera) hasta la deducción de esta demanda (05 de diciembre de 2018) ha pasado largamente el plazo de dos años, por lo que corresponde desestimar la pretensión de nulidad, por el solo hecho de constatarse la caducidad del derecho, declaración que corresponde hacerse aun de oficio, -✓ CORTE , SUPREMA JUICIO: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA I. GIRALA Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO . DEJUSTICIA gume,:,n ;,,dicta, conviene señalar igualmente otros rala desestimación de esta pretensión de nulidad l~oto una sensible contradicción en el mismo planteamiento de la presente demanda en base a este vicio de la lesión que constituye, en es~ncia, un acto anulable y la alegación de otros vicios basándose en el art. 357 del e.e., que regula los actos nulos. Brevísimamente cabe recordar algunas sensibles diferencias entre los actos anulables y los nulos, y resaltar entre ellas, una muy notoria: la confirmación del acto viciado, siendo inviable para los actos nulos y perfectamente La parte actora expone -en forma bastante desordenada, dicho sea de paso-los distintos fundamentos por los cuales sostiene que el acto jurídico impugnado -compraventa instrumentada en la Escritura Pública No. 23 del 22 de setiembre de 2010-debe ser privado de efectos (declaración de ineficacia, por vía de nulidad) y, de esta forma, plantea dos pretensiones ~ue son lógicamente excluyentes por atentar contra el principio de no contradicción: por una parte sostiene que el ac~o es anulable por lesión -lo que indica que no existe vicio de la voluntad, sino explotación de una situación de vulnerabilidad de la parte afectada y, por ende, de la buena fe-y que implica que el acto puede ser confirmable y, por la otra, invoca causales de nulidad en base al acto nulo -a los que me referiré más adelante-que apunta a cuestionar la extinción del mandato por muerte del mandante , por ende, la in=apacidad jurídica de la mandataria para la del acto jurídico encomendado -venta de un esta contradicción podría inez Simo ftitro A!Jg.Ma alvada de alguna Secretaria entre las prestaciones recibidas. Solo se ha limitado a invocar formalmente la necesidad y ligereza pero, en puridad, no ha hecho referencia a las situaciones de penuria económica que atravesaban al momento de realizar el acto hoy impugnado ni cuál era la minusvalía mental que le afectaba en ese momento. Nada ha dicho sobre estas situaciones, y menos aun, lo ha probado solo se ha limi tacto a citar formalmente la explotación de la necesidad y la ligereza, nada más.
Este solo extremo, servia para rechazar esta demanda, pues la sola gran diferencia en las prestaciones recprocas e-s insuficiente para que se declare la nulidad por lesión.
Debe presentarse, también, la explotacide la situación de necesidad, ligereza (invocadas ambas formalmente en autos) o inexperiencia, y estas deben ser probadas por la parte demandante. La doctrina, a la que adhiero, ha sido contundente 6 "Nos hemos detenido a aclarar el punto porque en un interesante trabajo publicado en Gaceta Judicial, el autor -siguiendo a BORDA-al referirse al 'onus probandi' afirma que 'al lesionado le bastará acreditar la notable desproporción de las prestaciones para presumirse que se encontraba en una situación de necesidad, ligereza o inexperiencia', lo que constituye un serio error. Lo que sucede es que Borda, por esa vía, procura vaciar de contenido al artículo 671 y resucitar la vieja y desacreditada fórmula romana de la lesión enorme. Si tal cosa ocurriese la lesión podría merecer las críticas que se le dirigieron en otro tiempo y sería correcto afirmar que pone en peligro la estabilidad de los contratos o de los actos jurídicos; pero adviértase que no es eso lo que ha hecho el legislador, sino que ha consagrado una figura nueva, que contempla todos los elementos que integran a la lesión, tanto los dos aspectos subjetivos, como el objetivo. Pero también, con mucha sabidury prudencia, invirtió la carga de la prueba del 'aprovechamiento', lo que no exime de probar la situación de inferioridad y la existencia de la desproporción." Moisset de Espanés, Luís. La lesión y el artículo 671 del nuevo Código Civil de Paraguay.
Publicado en R.G.L.J., Nueva Época, 2002-2, ps. 243-263. "Adviértase, por otra parte, que la 'notable' desproporción se limita a invertir la carga de la prueba con respecto al elemento subjetivo del 'aprovechamiento', pero no exime a la víctima de su deber de acreditar la existencia de su estado de inferioridad (necesidad, ligereza o inexperiencia), ya que el artículo 671 no tiene como finalidad corregir cualquier desequilibrio en las prestaciones, sino proteger a quienes al contratar se encuentran en alguna de las situaciones de desventaja previstas por la ley. Como el artículo 671 requiere la existencia de tres elementos (uno objetivo y dos subjetivos), en la práctica la víctima que entable la acción tendrá a su cargo probar primeramente que padece un estado de inferioridad, y si a ello agrega la prueba de una desproporción 'notable', la ley presumirá la explotación y estará a cargo del demandado el demostrar que no medió tal aprovechamiento, y que la inequivalencia entre las prestaciones tenía una justificación legítima. En el derecho argentino el punto ha sido motivo de discusión habiéndose votado expresamente en las Quintas Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que se CORTE SUPREMA DE JUSTICIA '(: ,,oJ' JUICIO: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA I. GIRALA Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO 뜠,岡爭Aire o, la actora, al plantear la demanda ha dicho, f 1.-:-4J/4 lo lo siguiente -que copio textualmente-con enc1" supuesto vicio de la lesión: "VII. Desproporción e:st~a-ciones. La supuesta compra venta fue realizada por la suma de Gs. 30. 000. 000 (Guaraníes treinta millones), que supuestamente el causante ya había recibido, mientras que la avaluación fiscal del inmueble en cuestión asciende a la suma de Gs. 68.000.000 (Guaraníes sesenta y ocho millones) tal como consta en la boleta del impuesto inmobiliario que obra en la escritura, sin considerar las edificaciones que existen en la finca como también el fraccionamiento realizado, cuyo valor real, tal como oc1..1rrió y consta en la Escritura Pública de nulidad, con lo q~e se ha producido una lesión grave a los derechos e intereses del vendedor, explotando su necesidad y ligereza las cuales constituyen serios fundamentos para hacer prosperar la nulicad ligero nos (o J, 뜠.fl efectuaron en Rosario en 1971, una recomendación que sostuvo: 'La presunc1.on de explota::ión se interpre a como mera inversión de la carga de la prueba', y 'La víctima del ac o lesivo deberá probar siempre el estado de inferioridad (necesidad, ligereza o inexperiencia) en que se encuentra'. Y posteri~rmente en marzo de 1976, en las Cuartas Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, se recomendó: 1.-Recordar que la figura de la lesión se integr3 con tres elementos: a) Desproporción; b) Situación de inferioridad de la víctima; c) Explotación por parte del beneficiario.
La presunción de explctación constituye una mera inversión de la prueba y se limita a ese elemeno subjetivo, quedando siempre a cargo de la presunta víctima la prueba de su estado de inferioridad (necesidad, ligereza, inexperiencia). Esta opin1.on, dominante de manera casi unánime en la doctrina argentina, es perfectamente aplicable al derecho paraguayo que en su artículo 671 ha ~ejorado al texto que le sirvió de modelo, aclarando que se trata de una me..:-a inversión de la prueba de ese elemento subjetivo." Moisset de Espanés, Luís. La lesión y el artículo 671 del nuevo Código Civil de Paraguay. Pu~licado en R.G.L.J., Nueva Época, 2002-2, ps. 243- "Hemos manifestado op:irtunamente que nuestra postura es coincidente con e voto en análisis, 3n el sentido que la presunción de que se habla en el t. 954; párr. ㎰no excluye que se deba por lo menos probar el estado de ne sidad, ligereza o inexperiencia en que se encontraba quien resulta perjudi do con el ne~ocio jurídico concertado en tales condiciones. Es decir, bien puntualiza Suares, la presunción es sólo respecto al aprovechami to del beneficiado, pero acreditados los otros dos extremos, el inequitati resultado obtenido, y el extremo subjetivo del estado de necesidad, ·nexperiencia; con lo cu actividad de quien iona .por el lesión debe ser sufi te clara como para ostr~l:-la de presta 뜠ién el estado jetivo nega a. E ~ do en y corresponden ctor y ~~...u~'-lfd mi jugar la simple lesió.r .LJ . I e del beneficiado".
las presunciones del encontramos a las claras frente a una notoria desproporción en relación al valor real de la cosa, demostrada en la pericia que se adjunta al presente escrito. En ese sentido, la Sra. Norma Ivonne Marie Girala en clara contravención a la norma consagrada en el art. 891 inc. b) 'abstenerse de ejecutar el mandato, cuando ello resultare daño manifiesto para el poderdante'. Hecho que no ocurrió en este caso, ya que la compraventa fue realizada en detrimento a los intereses del mandante, y en este caso de los herederos. Lesiona los derechos de mis representados como causal de nulidad del contrato, se halla legislada en el art. 671 del CC. Conforme a estos antecedentes y en consideración a las normas legales aludidas el Juzgado oportunamente deberá declarar la nulidad de la Escritura Pública demandadan.
Esto es todo lo que sostuvo la actora para pedir la Como puede notarse y tal como se anticipó, nada ha dicho -más que invocar formalmente-sobre la supuesta necesidad y ligereza que debió describir y, en el plazo procesal correspondiente, probar. Nada de esto ha ocurrido. La actora ha incumplido con la carga procesal de probar la existencia de las situaciones de inferioridad que aludiera y, por ende, ante este incumplimiento procesal, la pretensión de dejar sin efecto el acto jurídico, por vicio de lesión, cae en saco Debo reiterar, como ya anticipara líneas arriba, que la sola desproporción entre las prestaciones recíprocas es insuficiente para viabilizar una demanda -de nulidad o modificación equitativa-con base en el art. 671. Debe, además, invocarse y probarse la afectación a uno de los extremos señalados en la norma: la necesidad, la ligereza o la inexperiencia. Ninguno de estos ha sido, como ya se dijo, alegado siquiera y, menos, probado, por lo que la desestimación de esta demanda de nulidad por lesión estaba destinada al rechazo desde su misma promoción.
, ~ SECRETA.RIA ,. CORTE SUPREMA ?E JUSTICIA , 锠!',, ~ JUICIO: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA I. GIRALA Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO , . ~g.r.,responde, en consecuencia, al haberse anulado el '{'.:l~;㮡1i3rc5 뜠-'del Trib.rnal de Apelación (apartado 2o) dictar fallo revocar el fallo de primera instancia, o la cad.1cidad del derecho de plantear demanda de nulidad por lesió~ y, en consecuencia, rechazando la misma.- Segunda pretensión de nulidad: la vigencia -o no-del Un terna central en este juicio, gira en torno al Poder otorgado el 25 de mayo de 2019 con el cual actuó la codernandada Sra. Norma Ivonne María Girala Diez (mandataria) a fin de formalizar el acto jurídico de compra venta en representación del Sr. Celso Ramón (mandante), a favor de la Sra. Antonia Amarilla Fariña (quien también era mandataria, Lo debatido en autos radica en determinar si el mencionado Poder Ee extinguió o no, dado que el poderdante - Sr. Celso Ramón Cabrera Cabrera-falleció el 29 de abril de 2010, habiéndose formalizado el acto jurídico de compra venta en su representación, luego de su fallecimiento, el 22 de La actora fuLda, esencialmente, su pretensión invocando el art. 90 9 inc. e del Código Civil, que establece que el mandato se extingue por el fallecimiento de cualquiera de las partes, es decir, mandante o rnandatario.7
La accionada, por su parte, sostiene que, a pesar de la muerte del Sr. Celso Ramón (mandante) el en cuestión no se extinguió, pues era un otorgado a tenor del art. 916 del 7 Art. 909 ... e) por muert cualquiera de .
8 Art.91~ e.e. u de revo , pero si se hubiere pactado la ir , salvo que medie una 뜠usta 뼧뾡畳愠común del mandante y 뜠o, no se extingue por ario, ni por revocación rrio, o que concu nez Simo istro cm antos Sc.:ret::rJa Estimo que no existe duda sobre la existencia del Poder aludido, tampoco hay dudas de la regularidad formal (en cuanto al cumplimiento de las formas prescriptas por la ley) y de la autenticidad del mandato. Tengo para mi que no existe duda alguna en autos sobre el fallecimiento del Sr. Celso Ramón Cabrera Cabrera (mandante) antes de la formalización del acto jurídico que es impugnado en este juicio.
Por ende, la discusión o el conflicto está en determinar si el mandato que otorgó el Sr. Cabrera Cabrera a las Sras.
Norma Ivonne María Girala Diez y Antonia Amarilla Fariña se extinguió o no por la muerte de aquel, el mandante.
Corresponde ahora analizar textualmente el art. 916 del Mucha tinta ha corrido en autos sobre si la muerte del Sr. (mandante) extinguió o no el mandato.--- Cada parte adoptó, obviamente, la posición que le convenía. Sin embargo, ninguna de las partes apuntó a discutir si el art. 916 tenía o no un error en su redacción.
Surge evidente, a mi criterio, que en la redacción de este art. 916 el legislador incurrió en un grueso error evidente, al indicar la ley que el mandato "no se extingue por la muerte o incapacidad sobrevenida al mandatario" cuando debió decir "no se extingue por la muerte o incapacidad Corresponde realizar, en este punto, lo que la doctrina denomina interpretación correctora, que consiste en la labor jurisdiccional o doctrinaria que apunta a corregir errores evidentes -como el que se presenta con este art. 916-, en el texto de la norma, pues de no darse dicha interpretación la aplicación literal traerá soluciones absolutamente absurdas e insostenibles -como podría acontecer en autos-si se pretendiese aplicar el texto literal al caso reglado.9
9 "La interpretación correctora en general. La interpretación correctora, ... , se caracteriza por la oposición a la declarativa o literal. Para .... SEC -i.El Aii!IA -~-D CORTE , ..... JUICIO: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA GIRALA Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO '1. ,,1,,Elxt;t~h7 una cantidad importante de casos análogos en los ' j ueces10 o la doctrina han señalado estas nes notorias e indudables en que incurrió el legislador al redactar la norma y han aplicado la citada interpretación correctora, a través de la cual se atribuye a la disposición nornativa un significado distinto al que surge Recordemos qu2, a pesar de la atención y los controles que se pongan, el legislador sigue siendo humano y la ley sigue siendo una o8ra humana y, por ende, ambos -humano y su Esta interpre~ación correctora tiende, como se adelantó, a desacreditar como impracticable la interpretación literal.
Su objetivo es que el intérprete pueda llegar a la conclusión que sea más justa para la solución del problema en cuestión, logrando el mismo fin que se propuso el legislador al redactar la ley .13 Para realizar esta interpretación correctora, el intérprete recurr2 principalmente argumentos -que actúan el modo en el qu~ se deben a distintos tipos de indicando disposiciones quienes conciben la interpretación literal de tradicional, como atribución a los documentos normativos del significado ue les es 'propio', la interpretación cor~ectora se presenta obviamente como desviación del significado 'propio' de las palabras (y eventualmente, como 'corrección' de la voluntad legisl3tiva, si se asume que el legislador siempre dice exactamente lo que p~etende decir y que, por ello, la interpretación literal es la más res~etuosa con la intención del legislador). Pero, 班 en cambio se piensa que no existe en absoluto algo que sea el significado propio de las palabras, es necesario buscar una noción de interpretación correctora que sea más aceptable (aunque sea menos precisa). Diremos entonces que es correctora toda interpretación que no atribuya a un texto normativo ei significado más inmediato sino un significado distinto. Un significado distinto éei iiterai sóio puede ser más estricto o más ampiio e aquéi. ... GUASTINI, Riccardo. "Distinguiendo. Estudios de teoría y me ateoría del derechc". Gedisa editorial, ps. 216-217.
10 Al specto, véase El voto de la Dra. Gladys Bareiro de Módica en el A. y S. 人70 del 14 de noviembre de 2018, dictado por la Sala Constitucional de la Corte ema de Justicia. 11 Gascón, 揭A. I pretación ed., Consej atura, San Salvado 12 '1Es comú on inevit itori Re tación Jurídica, la. pacitación Judicial, islativos, los errores del derecho, Gedisa A!Jg. M rfa Rita Mmiges Dos Santos ;;1wret1n-fa normativas-14, entre los que destacan el lógico, el psicológico o intención del legislador, el teleológico o de finalidad de la norma y el apagógico o por reducción al absurdo.
Antes de exponer sobre la interpretación correctora en este caso puntual y concreto en relación al art. 916 del e.e., puesto a consideración de esta Sala Civil y Comercial de la Corte, vayamos a unos casos en los que la jurisprudencia y la doctrina han propuesto la aplicación de esta misma interpretación correctora, al detectar claramente que en el texto de la norma existió una equivocación en la redacción, por lo que jueces y autores han señalado dichos errores y han aplicado la norma, pero con la necesaria corrección.
Empecemos con un caso histórico, sucedido en la Argentina, pero que tuvo su incidencia también en nuestro país, por lo menos hasta antes de 1987, tiempo en que tenía vigencia el Código Civil de Vélez en el Paraguay. Este caso es el del art. 3166 del Código Civil argentino de Vélez, que textualmente disponía: El tercer poseedor es admitido a excepcionar la ejecución del inmueble, alegando la no existencia, o la extinción del derecho hipotecario, como la nulidad de la toma de razón o inenajenabi1idad de la deuda.- En este caso, se detecta que la norma en cuestión incurrió en un error material: se escribió inenajenabilidad en lugar Cabe decir que el art. 2368 de nuestro Código Civil es una repetición normativa del art. 3166 del Código Civil argentino de Vélez, con la plausible corrección del error material en que se había incurrido en el Código de Vélez.15-- 14 Mendonca, Daniel. Las claves del derecho, Gedisa Editorial, p. 167.
15 Debo destacar que la redacción de la norma similar de nuestro Código Civil paraguayo, ya corrigio dicho error y, correctamente, consignó "inexigibilidadu, corno corresponde. Art. 2386 e.e. Si el tercero poseedor rehusare pagar la deuda hipotecaria y abandonar el inmueble, el acreedor sólo tiene derecho a perseguir la venta de ésta. El tercero poseedor puede excepcionar la ejecución del inmueble, alegando la no existencia o la extinción del derecho hipotecario, corno también la nulidad de la torna de razón ola inexigibilidad de la deuda.
,:.JUICIO: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA I. GIRALA Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO La .n I argentina incurría, evidentemente, en un error t'"er/fJ.-reda::ción, pues no existe sustento lógico de una ,0:-,,-inenajenabilidad), pues textualmente --...i' gn i f i ca que no puede ser vendido lo que no tiene ningún sentido, debiendo ser la denominación correcta de la defensa -tal como lo estajlece actualmente nuestro Código Civil-la La jurisprudencia argentina, en un primer momento, interpretó el art. 3166 restrictivamente, y concluyó que debía hacerse una interpretación literal -y absurda-indicando que esas cuatro eran las únicas defensas a articularse, entre ellas la inenajenabilidad. Sin embargo, era irrebatible el argumento que, tratándose de un error ostensible de la norma, debía entenderse ,::orno inexigibilidad de la deuda, y que en esta se comprende~ a excepciones previstas en la legislación procesal como las excepciones de falsedad, de inhabilidad de título, de prescripción, de pago, de quita, de espera y de Traigamos otro caso en el que se aplicó también la interpretación correctora. Nuevamente se hizo en la República Argentina, y afect~ba al art. 1087 del Código Civil (de Vélez) que limitaba al lucro cesante -con el cuantificador lógico "solamente" en su redacción-el rubro que correspondería embargo, la doctrina, aplicando una interpretación que, a pesar de la limitación de la norma, abonar también, en caso de secuestros, la ampliando de 6 Art. 1087 Código daños morales producidos a la víctima, la muy errónea redacción noto limitación impuesta te equivocad , que 1?~t SXhdurw0 o s;w Vélez. el delito fuere contra la libertad individ~~fiffl~Ru ~onsist solamente en una cantidad correspondiente hasta e a en qu / ganancias que cesaron para el paciente, nte restitui omitía la inclusión de rubros -como el daño moral-que ostensiblemente también debían ser indemnizados.17
Sobre el caso de este art. 1087 del de Vélez - también vigente en nuestro país hasta 1987-se podría haber formulado un argumento a contrario sensu correctamente expuesto que exige, entre otros requisitos, la existencia de un cuantificador lógico que limite la aplicación de la norma a una cantidad específica de casos, como estos: solo, solamente, único, únicamente. Por ende, si el art. 1087 del Código Civil de Véle z establecía que solamente corresponde otorgar "una cantidad correspondiente a la cantidad de ganancias que cesaron para el paciente" (lucro cesante), implícitamente contrario sensu, la norma está excluyendo o prohibiendo la concesión de otros rubros diferentes al puntualmente otorgado, como serían la indemnización por el daño emergente o el daño moral producidos por el secuestro.
Sin embargo, como vimos, la doctrina impuso una interpretación correctora de este art. 1087 del Código Civil de Vélez, ante la evidente equivocación -por omisión-en que incurriera la En el caso de nuestro Código Civil, cabrá hacer también una interpretación correctora, en su momento, con el art. 1872 que contiene una expresión absolutamente incorrecta: "en este Código", cuando debió decir "en este Libro". El art. 1872 define lo que se entiende por el término "cosa".18 Es el primer artículo del libro IV de nuestro Código Civil que trata de los Derechos Reales y, en ese libro, es entendible que una cosa sea un "objeto corporal susceptible de tener un valor". Sin embargo, no puede aplicarse esa definición de cosa del art.
1872 a la expresión "curso natural y ordinario de las cosas" 17 "Aunque la ley se refiere solamente al 1.ucro cesante sufrido por la víctima de la privación de la libertad, la reparación debe también comprender el resarcimiento del agravio moral. conforme lo dispone el art. 1078 del Código Civil. 11 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Ed., Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, p. 356. 1a Art. 1872 Se llaman cosas en este Código, los objetos corporales susceptibles de tener un valor. ' .c. JUICIO: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA I. GIRALA Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO art. 1856 del C.C.19 que hace referencia a la relación causal adecuada, pues en este último la palajra "cosa" no se refiere, evidentemente a "objeto corporal susceptible de tener un valor" sino que forma parte de una expresión más amplia -"curso natural y ordinario de laE cosas"-que alude a la idea de la previsibilidad de los eventos, conforme suceden según la Como se ve, existen casos en los que los jueces debemos hacer necesariamente estas interpretaciones correctoras del texto legal cuando ellas tengan evidentes errores en su redacción, que, de aplicarse así como están harán incurrir en Volvamos ahora a la norma del art. 916 del Código Civil Estamos ante un supuesto fáctico regulado en esta norma: el mandato irrevocable. Esta es una situación excepcional, pues sabemos que parte de la esencia del mandato es que este sea revocable por alguna causa -art. 909 del e.e.-siendo la excepción el régi:nen de irrevocabilidad, que se da cuando, expresamente se r:acta en el instrumento correspondiente llamado "Poder"-que el mandato no podrá ser dejado sin efecto, por la sola decisión del mandante, sino que deberá serlo por justa causa, debi:::ndo haber sido otorgado en beneficio del mandatario, o del mandatario y del mandante, pero siempre debe ser beneficiario el mandatario, pudiendo también un . El obligado a indemnizar el daño e sea imputable resarcir s consecuencias inmediatas, y las atas previsibles, o las norm el curso natural y ordina 뜠cosas, pero no las causales, ~ue éstas deriven de y debieran resultar según las miras te tuvo al eje ho.
2먠Art.~16 e.e. puede -i::.._ev pero si se hubiere 7 锠omún del mandante y ndatario , no se extingue por a muerte o io, ni por revocación de parte el ción usta ausa. 10-ff.l-l11-r-1inez Simon Vayamos ahora a la finalidad de la norma del art. 916, utilizando para ello el argumento teleológico. ¿Para qué previó el legislador un mandato irrevocable? Evidentemente para beneficiar, en ciertas circunstancias muy puntuales no al mandante, por eso le sacó la posibilidad de revocar el mandato a su solo arbitrio. Notoriamente, quiso el legislador, asegurar que el mandato se ejecute, aun cuando el mandante pudiera haber querido luego dejar sin efecto el mandato otorgado, por su sola voluntad. Por ende, la figura que se protege aquí, con el art. 916, es la del mandatario -o eventualmente, el tercero beneficiario-.
Se hace evidente, entonces, la equivocación en la redacción de la norma (pues utiliza la expresión "muerte o incapacidad del mandatario" en vez de "muerte o incapacidad del mandante") pues si la finalidad de la norma es beneficiar al mandatario, es la muerte o incapacidad del mandante la que no debería producir la cesación del mandato conferido en vida Por otra parte, no tiene ningún sustento lógico que la ley imponga que el Poder otorgado como irrevocable permanezca vigente cuando quien deba ejecutarlo -el mandatario-haya muerto o haya caído en incapacidad. Si el mandatario murió o cayó en incapacidad se hace materialmente imposible que este ejecute el mandato. Ante la muerte del mandatario queda el mandato inmediatamente extinguido por imposibilidad material de ejecución y aunque la ley imponga que no se extingue, habiendo muerto o estando incapacitado quien debía ejecutar el mandato -el mandatario-este ya no podrá actuar en consecuencia, aunque el mandato haya sido otorgado en su Por ende, se hace ostensible que, en este art. 916 del e.e. se ha deslizado este notorio error en la redacción que amerita la interpretación correctora propuesta.
Por otra parte, si el mandato fue conferido en interés del mandatario o del mandante y del mandatario conjuntamente, "'" CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA I. GIRALA Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO e muera o caiga en incapacidad-el mandato no , pues puede materialmente ser ejecutado por se mandatario -que quedó vivo-y en cuyo interés se otorgó el La disposicién normativa enunciada en el segundo párrafo del art. 916 del e.e. es una transcripción, casi literal, del art. 1501 del Anteproyecto del Código Civil Paraguayo redactado por el Dr. Luis De Gásperi, que tiene como fuentes principales al art. 1723 parág. 2 del Código Civil Italiano de 1942 y al art. 1982 del Código Civil de Vélez Sarsfield.
Sus fuentes no a:;:-roj an duda en cuanto a que los mandatos irrevocables otorgados en interés del mandatario no se extinguen con la muerte o la incapacidad sobreviniente del mandante, tal y ::orno señalamos que debe interpretarse la disposición contenida en nuestro C.C.
La doctrina también se decanta en igual sentido. Con relación al mandato irrevocable, se señala que este no se extingue con la muerte del mandante, en los casos en que el mandato fue otorgajo en miras de un interés legítimo común del representante y el representado, o de un tercero.21 Guillermo Borda, en su Tratado de Derecho Civil, ha dicho que: "No sólo el mandante que:la privado de su derecho de revocar arbitrariamente el mandato, sino que éste subsiste aunque el mandante haya fallecido (art. 1982) o caído en incapacidad (ver nota 19) o :::alencia (ver nota 2 9) ( sobre este último punto, véase 1778)".22 Por lo demás, al explicar el motivo el cual se justifica la subsistencia del Borda rrenciona que se debe a la existenc 21 Lorenzetti Nación ,coment dito:k;es, 20 irectores Civil -y Comercial de la na, Rubinzal-Culzoni y Medina, Graciela comentado, Tomo IV, negocio que subyace al mandato y que funge de causa por la La jurisprudencia argentina también ha tenido ocasión de expedirse en misma línea, cuando ha dicho sobre el punto que: "Los casos en que la muerte del mandan te no pone fin al manda to o al poder son cuando: a) el negocio debe ser cumplido después de la muerte del mandante -art. 1980-, b) comenzado el negocio debe ser continuado por existir peligro en demorarlo -art.
1.980-y c) ha sido dado en interés del mandante y mandatario, o en interés de un tercero -art. 1.982"24 y que: "Producida la muerte del mandante, no tratándose de un poder irrevocable, la relación queda extinguida. Sólo excepcionalmente podrá sostenerse su subsistencia, en la medida en que se demuestre que existe un interés común entre el fallecido y su Tanto las fuentes del mentado art. 916, como los antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios que estas han propiciado, indican con claridad que la subsistencia del mandato irrevocable por fallecimiento o incapacidad se refiere a la muerte o incapacidad del mandante. Es decir, la norma que debe surgir de la lectura del art. 916 del e.e. -tal y como surge de sus fuentes-es aquella que establezca la subsistencia del mandato irrevocable aún cuando sobreviniera la muerte o incapacidad del mandante, quien lo ha otorgado en beneficio del mandatario. Por tanto, no extrayéndose dicha norma de la lectura literal de la disposición apuntada, es categórico que su redacción otorga un significado controvertido, por lo que debemos echar mano de los métodos de interpretación correspondientes.
23 Borda, Alejandro. Derecho Civil Contrato, la. ed., Buenos Aires, Argentina, La Ley, 2016, p. 623.
24 Cámara 2a. de Apelaciones Civil y Comercial de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, Sala 03, Sentencia del 20 de febrero de 2017, ID 2s Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires, Sala L, Sentencia del 30 de octubre de 1995, ID SAIJ: FA95020578. CABRERA Y OTROS C/ NORMA GIRALA Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO io, entonces, este 6 an~es aludido y, se impone realizar e debe ser realizada error de redacción de la ley, por ende, tal como anticipé, la interpretación correctora muy prudentemente y ante la evidencia palmaria y evidente del error material de la redacción normativa, como se da en este caso-que rectifique el alcance de la nJrma, haciéndola aplicable a los casos a los Analizo ahor¿ la situación fáctica del caso plant Mrkt 7 Estamos en p~esencia de un mandato otorgado .
Cabrera Cabrera para que las Sras. Antonia Amarilla Fa 'y Norma Ivonne Marie Girala Diez, en su carácter de mandatarias, vendieran un inmueble situado en Caacupemí, Distrito de Areguá, identificcdo como la Finca 6.407, Padrón 27-0492-01.- Dicho acto -urídico se llevó a cabo con una de las mandatarias como adquirente del bien transferido, la Sra. Antonia Amarilla y fue formalizado, tal como ya se dijo, posteriormente al fallecimiento del mandante Sr. Celso Cabrera Copia del Pod2r Especial irrevocable que debemos analizar obra a f. 66, cuya parte pertinente, copiada textualmente dice: ... para que las mismas transfieran el resto de un inmueble de legíti~a propiedad del mismo, individualizado como Finca No. 6407 de Areguá, a favor de la persona que crean conveniente. Al 2fecto las faculta a sus mandatarias a realicen el mejor mani1fi~sta lmon Escritura de transferencia del resto del inmueble precedentemente, pague los impuestos solicite el permiso municipal y en fin lo~ trámites y actos que sean necesarios para del pres en te El poderdante la obligación de er n anterioridad el , por lo que el olo efecto iménez cumplan con una obligación anterioridad. Asi mismo transferirse a si mismas con traída por faculta a sus el inmueble el mandan te con apoderadas a individualizado precedentemente, si así conviniere a sus derechos. El poderdante manifiesta que el inmueble objeto del presente mandato constituye un bien propio del mismo por haberle sido adjudicado en sucesión, conforme consta en el respectivo Por otra parte, copia de la transferencia formalizada con el mencionado Poder Especial irrevocable, sobre la Finca No.
Del Poder aludido (f. 66) se mandato había sido otorgado en extrae fácilmente que el evidente interés de las mandatarias y, eventualmente, de algún tercero interesado, que no es mencionado en la escritura. Finalmente, este tercero no se integró al acto jurídico, pues este se formalizó entre una de las mandatarias y la otra, tal como ya se refirió más Es evidente, como se dijo, que el mandato irrevocable fue otorgado en beneficio de las mandatarias, pues de los términos del mismo -arriba copiados textualmente-se saca en claro, muy fácilmente que el poderdante había manifestado que ya no tenía interés legítimo en la enajenación que se realizaría posteriormente del inmueble en cuestión, y es por ello que expresamente autorizaba a las apoderadas a transferir a un tercero "que crean conveniente", eximiéndoles de rendirles cuenta al poderdante y facultándose a las apoderadas, si así les convenía, a transferirse el inmueble a ellas mismas, manifestando el poderdante que anteriormente había ya cobrado todo lo que le correspondía por dicho bien. El desinterés legítimo del Sr. en lo que hicieran las apoderadas es elocuente, con estos términos, quedando por concluir, tal como se dijo, que se hace evidente, al mismo tiempo que el interés era exclusivamente de las apoderadas y :,.
,' CORTE suPREMA DE JUSTICIA f f~.) , . , 1, ~ JUICIO: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA I . GIRALA Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO 띩d.:e.,un entual tercero, que finalmente no apareció en la De la escritura pública de transferencia -fs. 20/22- surge un hecho rElevante: la finca transferida haba sido embargada, anteriormente por la compradora, Sra. Antonia Amarilla. Ello consta en las condiciones de dominio que fueran copiadas por el 2scribano autorizante. Se visualiza así, fácilmente, que el origen de todos estos actos formulados por el Sr. (poderdante) y las Sras. Girala y Amarilla (apodere.das) podría haber tenido su origen, igualmente, en un arreglo de deudas que aquel tenía con la segunda de las citadas. De todos modos, se visualiza fácilmente una causa lícita en todo este proceder.
Por tanto, no encuentro ningún fundamento para privar de efectos el acto jurídico de transferencia que fuera impugnado por los familiares del Sr. Cabrera Cabrera. El mismo otorgó un mandato irrevoc3ble a dos personas, con una de las cuales, por lo menos, mantuvo relaciones obligacionales como deudor, facultándolas a :¡;::roceder como han procedido, es decir, a transferir el bien, incluso a ellas mismas, sin que el poderdante haya tenido ya ningún interés en el bien que se transfería, conforme claramente quedó expresado en el poder Concluyo que la muerte del poderdante no extingue el poder irrevocable otorgado, conforme lo fundé previamente, esa muerte ne afecta el poder otorgado, habiendo obrado apoderadas conforme a Derecho. Corresponde, en cuencia, confirmar la parte del fallo Tuvo que norma 'el.el "' que podrían ha segundo argumento.--r.a---~--- dilucidación de este caso, no fue sene la: se a una interpret e po correctora de una os actores a pensar litigar, por lo costas, en todas las A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN DIJO: el Abogado Rubén Melgarejo Lanzoni, representante convencional de la parte actora, en su escrito de fs. 306/315, inicialmente transcribió la parte resolutiva del Acuerdo y Sentencia impugnado (f. 306). Luego, transcribió extensos pasajes de los fundamentos de la misma resolución (fs. 306/308) y reseñó los antecedentes fácticos del caso (fs. 308/311). Finalmente, bajo el acápite "agravios" efectuó una transcripción literal de la Sentencia Definitiva de primera instancia; específicamente, de los fundamentos vertidos por el Juzgado de instancia El art. 419 del Código Procesal Civil dispone: "El recurrente hará un análisis razonado de la resolución y expondrá los motivos que tiene para considerarla injusta o viciada. No llenándose estos requisitos, se declarará desierto La norma exige un análisis razonado de la resolución, que exponga los motivos por los que se reputa injusta. La inobservancia de los presupuestos señalados tiene como consecuencia la declaración de deserción del recurso interpuesto. Así pues, no basta con la manifestación de mero desacuerdo con los fundamentos de la resolución sino, cuanto menos, el intento de refutar la decisión racionalmente. Esto último requiere, como es lógico, poner con absoluta seriedad, en entredicho los argumentos específicos en que se sustenta la decisión judicial, con la exposición clara de los errores de juicio -in facto o in iure-que contiene esa fundamentación, y con la indicación concreta de las normas jurídicas o de las pruebas producidas en el proceso que demuestren el alegado Sobre el particular, la doctrina ilustra: "La expresión de agravios es el acto mediante el cual, fundando la apelación, el recurrente refuta total o parcialmente las conclusiones establecidas por la sentencia que atañe a la apreciación de los hechos o de la prueba o de aplicación de normas jurídicas."
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA GIRALA Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO .,,. '1. '( A:):.,AC lino Enrique. 1993. Derecho Procesal Civil. Tomo V. sión de agravios se entiende el escrito en el cual el apelante examir.a los fundamentos de la sentencia y concreta los errores que =1. su juicio ella contiene, de los cuales derivan los agravios que reclama. Este carácter esencial del escrito ha sidc recordado muy frecuentemente por la jurisprudencia y 2s muy importante tenerlo en cuenta porque si los mismos no llenan esas condiciones, el tribunal debe declarar desierto el recurso." (ALSINA, Hugo. 1961. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Tomo IV. Buenos Aires: Ediar. p. 389); ... debe [el apelante] expresar con clar2dad y corrección 'por qué' la sentencia no es justa, los motivos de la disconformidad. Cómo el juez ha meri tuado mal la prueba, ha omitido alguna que puede ser decisiva, ha aplic3do mal la ley, ha dejado de decir cuestiones planteadas, etc., el litigante debe 'expresar', poner de manifiesto, mostrar, lo más objetiva, clara y sencillamente posible, los 'agravios', es decir, el daño o perjuicio injusto que la sentencia le ocasiona. ... No puede menos de exigirse, a quien intenta que se revise un fallo, que diga por qué esa decisión judicial no lo conforma, poniendo de manifiesto lo que considera er~ores de hecho o de derecho, omisiones, defectos, vicios o excesos. Procediendo así, cumple con los deberes de colal:oración y respeto a la justicia y al adversario." (PODETTI, J. Ramiro. 1958. Derecho Procesal Civil Comercial y Labor2l. Tratado de los Recursos. Tomo V. Buenos resaltado a designio, no es menor. Antes de tenido ocasión de explicar que la sino también en el art.
denamiento De igual modo, la jurisprudencia, citada por la doctrina, explica: "No constituye una expresión de agravios, la simple remisión a exposiciones o alegaciones hechas con anterioridad a la sentencia o a reproducciones de la misma." (RIVAS, Adolfo Armando. 1991. Tratado de los recursos ordinarios y el proceso en las instancias superiores. Tomo II. Bueno aires: Editorial Por tanto, la expresión de agravios debe ser precisa y concreta; y contener una crítica razonada de la resolución recurrida, con indicación clara de los motivos que sustentan su impertinencia a Derecho. No basta, así, la manifestación de mera disconformidad con la resolución recurrida y la solicitud de su modificación o revocación. Obviamente, no se olvida, que la deserción del recurso debe ser declarada con criterio restrictivo, atendiendo los principios de acceso a la justicia y defensa en juicio. No obstante, tal acceso requiere la formulación de una pretensión pertinente y adecuada, provista de los fundamentos fácticos y jurídicos, porque, como se sabe, en juicio carecen de idoneidad y suficiencia las meras afirmaciones. Por ello, la pretensión revocatoria de un pronunciamiento judicial deviene inviable sin, al menos, un mínimo de sustento que refleje una crítica razonada, ex art. 419 del Código Procesal Civil, contenida en la expresión de agravios. Desde luego, la aludida crítica debe estar estrictamente vinculada con las consideraciones del fallo recurrido, sin que sea admisible la mera repetición de argumentos vertidos con anterioridad, no vinculados con los fundamentos jurisdiccionales sobrevinientes; esto es así, por razones tanto lógicas como cronológicas.
En el sub examine, el escrito obrante a fs. 306/315 no contiene crítica alguna contra el Acuerdo y Sentencia 44 de fecha 8 de marzo de 2023, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Segunda Sala, de la Circunscripción Judicial Central, con asiento en ciudad San Lorenzo. En efecto, una mera transcripción de la resolución CO.RTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA I. GIRALA Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO una reseña fáctica y una transcripción literal de Definitiva de primera instancia, no resultan .¡i_c:'i.ntes para cumplimentar el requisito del análisis i;rlínado impuesto por el artículo traído a colación.
De cualquier manera, aún si se soslayara que la parte actora, en realidad, solo copió literalmente los fundamentos de la Sentencia C>efinitiva de instancia originaria, tampoco ese "análisis" hace directa alusión a los fundamentos del Acuerdo y Sentencia recurrido. Ciertamente, el Tribunal de Apelación -bien o mal-ha formulado consideraciones acerca del plazo prescripcioLal de la acción de nulidad de acto jurídico por lesión; del verdadero fin perseguido con el negocio jurídico impugnado; de las implicancias de la muerte de una de las partes en el mandato; de la afectación de la legítima; y, de las irregul3ridades formales de la escritura pública.
Luego, ninguno dE tales fundamentos abordó en concreto la parte actora, y tampoco explicó los motivos para modificar o revocar la decisión de segunda instancia.
Es decir, la parte actora no expuso, suficientemente, un solo fundamento tendiente a explicar alguna deficiencia o impertinencia en los argumentos dogmáticos del Tribunal de Apelación, o en la valoración de los hechos o de las pruebas.- Ergo, ante la ausencia total de agravios que importen una crítica razonada, no queda otra alternativa posible que declarar desierto el recurso de apelación.
Las costas en esta instancia, se imponen a la parte En Derecho inter~uesto z Simon ro de coP-formidad con lo dispuesto por los arts. 203 EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY DIJO: a plenitud declarar Desierto Aboga o Rubén Me g se constata que 419 del Código Procesal Civil, que norma: "El recurrente hará un análisis razonado de la resolución y expondrá los motivos que tiene para considerarla injusta o viciada. No llenándose estos requisitos, se declarará desierto el recurso".
El texto en la referida norma exige correcto y sólido análisis razonado de la recurrida para en contrapartida exponer las razones jurídicas por las que considera injusta, ilegal, etc. La norma sanciona con la deserción del Recurso por inobservancia de tales directrices. Es pertinente como necesario rememorar que la expresión de agravios será precisa, concreta y diáfana, indicando errores y omisiones que adolece el Fallo recurrido, siendo insanable e ineludible carga Tal como ilustra la Doctrina: " ... En la expresión de agravios el apelante debe concretar punto por punto los errores del fallo apelado so pena de que se tenga por consentida toda la decisión no objetada" (Rev. La Ley, T.66, En el caso, no se ha cumplido con la exigencia del Artículo 419 del Código Procesal Civil, pues, el recurrente no ha formulado análisis razonado y crítico de lo sentenciado por el Ad-quem. El apelante copió partes de los argumentos expuestos en la recurrida así como lo esbozado en la Sentencia Definitiva dictada por el A-quo; inobservando el Artículo 419, Por tales motivaciones, se advierte que el escrito presentado a fs. 306/15, no cumplen con la exigencia procedimental, por lo que corresponde declarar Desierto el Recurso de Apelación aquí atendido. En cuanto a las Costas, deberán ser impuestas al recurrente en aplicación del Artículo 203, inciso e) y Artículo 205, del Código Procesal Civil. Es "RTE ENlA TICIA JUICIO: "DOMINGA BARRIOS VDA. DE CABRERA Y OTROS C/ NORMA I. GIRALA Y OTROS NULIDAD DE ACTO tod Ante la tl Al;g. biiarfa Rit~ M1mges Dos Simíos Sccret.2ria , C,LJ01f QDto Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Acuerdo y Sen CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CIVIL Y COMERCIAL
RESUELVE:
DESIERTOS los Recursos de Nulidad y Apelación por el A~g. Roberto Melgarejo Lanzoni contra el ncia N~ 441del 8 de Marzo de ~023, dictado por el Tribunal de~ elación Segunda Sala, de IMP~NER Ante mí: Abg. Mrirfa lRifa Mm1ges Dos Santos Sectet2~.1·h1 cial Central.
art actora.--