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Auto Interlocutorio N° 1257/2024

21 de agosto de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE EN LOS AUTOS CARATULADOS: "ESTACIONAMIENTO DEL ESTE S.A. CONTRA RES. Nº 4285/2020 DEL 23 DE OCTUBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE - CDE". Año 2022, Nº 2505

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ACCIÓN DE INCO:NSTiTUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE EN LOS AUTOS CARATULADOS: "ESTACIONAMIENTO DEL ESTE S.A. CONTRA RES. Nº 4285/2020 DEL 23 DE OCTUBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE - CDE".

CONSIDERANDO

1. La Acción de Inconstitucionalidad fue presentada contra el Acuerdo y Sentencia Nº 260 de fecha 28 de septiembre de 2021 dictada por el Tribunal de Cuentas - Contencioso Administrativo, Segunda Sala y Acuerdo y Sentencia Nº 657 de fecha 30 de septiembre de 2.022, dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema . 2. Al respecto el Art. 17 de la ley Nº 609/95 establece: "Irrecurribilidad de las Resoluciones. Las "resoluciones de las salas o del pleno de la Corte solamente son susceptibles del recurso de aclaratoria y, tratándose de providencia de mero trámite o resolución de regulación de honorarios originados en dicha instancia, del recurso de reposición. No se admite impugnación de ningún género, incluso las fundadas en 3. En este sentido, la acción intentada resulta improcedente de conformidad a la disposición arriba transcripta, que, al prohibir la acción de inconstitucionalidad contra resoluciones de las salas, reconoce que éstas ejercen el control constructivo de constitucionalidad, al igual que la Sala Constitucional, es por ello que, en este punto, la norma coloca en el mismo nivel las resoluciones de las Salas y del Pleno de la Corte Suprema 4. En atención a estas consideraciones, la acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada in limine.

Se presenta el Abog. Wilmer Ramos Cuevas, en nombre y representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo patrocinio de Abogados, contra las resoluciones Acuerdo y Sentencia Nº 260 de fecha 28 de septiembre del 2021, dictado por el Tribunal de Cuentas - Contencioso Administrativo, Segunda Sala, y contra el Acuerdo y Sentencia Nº 657, de fecha 30 de septiembre del 2022, dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sostiene el recurrente que las resoluciones mencionadas han sido dictadas en abierta transgresión a las disposiciones contenidas en los artículos 17, 256 y 260 de la Constitución Nacional, además afirma que son arbitrarias por vulnerar el debido proceso y se fundan en criterios personales.

En primer lugar, se debe tener presente que la vía de control de constitucionalidad de resoluciones judiciales es extraordinaria, excepcional y no puede ser utilizada con el solo propósito de cuestionar la interpretación y valoración realizadas por los Magistrados judiciales, siempre que dichas tareas se encuadren dentro de parámetros razonables que impidan calificarlas de arbitrarias y no se demuestre lesión concreta a En autos se impugna la resolución (Acuerdo y Sentencia Nº 260) que resolvió hacer lugar a la Acción Contencioso Administrativo y revocar la Res. 4285/20 del 23 de octubre, dictada por la Municipalidad de Ciudad del Este. Consta en el expediente que contra la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas fueron interpuestos recursos de Apelación y Nulidad, resolviendo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, declarar desierto elrecurso de nulidad y confirmarla resolución apelada. En consecuencia, la Sala Penal a través del recurso contemplado en la norma procesal, puso fin a la controversia y su decisión es irrecurrible en virtud al artículo 17 de la Ley Nº 609/95, que establece: "Las resoluciones de las salas o del pleno de la Corte solamente son susceptibles del recurso de aclaratoria y, tratándose de providencias de mero trámite o resolución de regulación de honorarios originados en dicha instancia, del recurso de reposición. No se admite impugnación Igualmente, el artículo 564 del Código Procesal Civil establece la inimpugnabilidad de las resoluciones En tal sentido, esta Sala viene sosteniendo que "no existen jerarquía de Salas" en la C01ie Suprema de Justicia, porque así lo dispone con claridad la Ley Nº 609/95, aun cuando sea la Sala Constitucional la que precise el alcance de los preceptos constitucionales aplicados por los jueces en las sentencias. La Corte constituye un solo cuerpo, conformado por tres Salas y las disposiciones emanadas de las mismas son el resultado del último recurso válido, viable y posible con relación a la jurisdicción competente en razón de la materia. En consecuencia, existiendo una decisión de la Sala Panal respecto a la concesión de los recursos planteados, esta Sala Constitucional no puede entrar a estudiar lo pretendido por el accionante, en atención a que éste finalmente solicita un nuevo análisis del caso, es decir, imponer un criterio de interpretación distinto, reeditando cuestiones que han recibido oportuno estudio, a través de los mecanismos procesales pertinentes. -- En las condiciones sefialadas y al haber resuelto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en forma definitiva en la causa principal, corresponde el rechazo in límine de la acción.

Por tanto, al no haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos por las normas legales, de conformidad al artículo 557 del Código Procesal Civil y al artículo 12 de la Ley Nº 609/95, así como la jurisprudencia de esta Sala, corresponde el rechazo de la acción sin más trámite.

Es importante recordar que, conforme con lo establecido los Artículos 174 y 175 del Código Procesal Civil, la caducidad opera de pleno derecho y puede ser declarada de oficio. A este respecto, el Artículo 172 del mismo Código dispone que el plazo para que opere la perención de la instancia en este tipo de juicio es de seis meses. El inicio de dicho cómputo se da a partir de la fecha de la última actuación que tuviere por objeto En el presente caso, revisado el expediente, se observa que esta acción fue planteada en fecha 11 de octubre de 2022 (f. 43). Ahora bien, desde dicho escrito, no hubo otro acto procesal idóneo para impulsar el procedimiento, habiéndose cumplido en exceso el plazo de seis meses de inactividad establecido por la Ley para que se produzca la caducidad de instancia. Tal circunstancia queda evidenciada a través del informe del Actuario obrante a f. 4 7 de autos, ya que no fue mencionado por el mismo ninguna actuación que tenga la característica de instar el procedimiento luego del escrito presentado en fecha 11 de octubre de 2022.

Además, se debe decir que las actuaciones realizadas para la integración de esta Sala (fs. 43/45), son inocuas para interrumpir o suspender el transcurso del plazo para la perención de la instancia, puesto que no En conclusión, y dado que no cualquier resolución pendiente puede dar lugar a la inaplicabilidad del instituto de la perención, no hay otra alternativa posible que declarar oficiosamente la caducidad de la instancia en estos autos. Esta es la postura asumida-invariablemente- por este Magistrado en casos análogos (ex plurimis: Sala Constitucional, Auto Interlocutorio Nº 1868 de fecha 06 de noviembre de 2020).

De esta manera, ya no es necesario el análisis de los requisitos formales de admisibilidad previstos en

POR TANTO, la

SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

TENER por reconocida la personería del recurrente en el carácter invocado y por constituido su ugenioJimé. Afinist1i Abg. Gustavo E. Santander Dans Ministro