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Auto Interlocutorio N° 1232/2024

21 de agosto de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "ABOG. ALBERTO JRALA AGUILERA, JUEZ PENAL DE EJECUCIÓN DE TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ITAPUA S/ ENJUICIAMIENTO" AÑO 2011, Nº 65

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "ABOG. ALBERTO JRALA AGUILERA, JUEZ PENAL DE EJECUCIÓN DE TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ITAPUA S/ ENJUICIAMIENTO" AÑO 2011, Nº 659.

Asunción, de o.yso de-Z-,0?4.-

CONSIDERANDO

OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO VÍCTOR RÓS OJEDA: El Abogado Alberto Ireneo Irala Aguilera, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado, promovió acción de inconstitucionalidad contra la S.D. Nº 11/11 de fecha 19 de mayo de 2011, dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en el marco de la causa caratulada: "ABG. ALBERTO !RALA AGUILERA, JUEZ PENAL DE EJECUCION DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ITAPUA SI ENJUICIAMIENTO".

El fallo cuestionado (S.D. Nº Nºl 1/11 de fecha 19 de mayo de 2011, dictada por Enjuiciamiento de Magistrados), resolvió: "REMOVER al Juez Penal de Ejecución Circunscripción Judicial de Itapuá, Abg. ALBERTO IRENEO !RALA AGUILE incurrido en la causal de "mal desempeño de funciones", especíjicame fundamenta su acción en que: En la inobservancia de los preceptos fon titucionalidad directa de la resolución impugnada, al vulnerar las mencionadas disposiciones constitucí ales y convencionales. En primer lugar, al haber ignorado el derecho del hoy accionante u parte, a emás, a actuado como Página 1 de 8 órgano jurisdiccional al revisar y Juzgar las actuaciones de orden procesal y resoluciones jurisdiccionales dictadas en su carácter de Juez de Ejecución. Además, señala que, de las mismas constancias de los expedientes que se tramitaron en el Juzgado que estuvo a su cargo, se observa que en las causas de los condenados Nelson Alfredo Escurra, Sergio Daniel Ramírez y Elio Vidal Núñez, ante tales situaciones, el mismo, efectuó lo que correspondía, recurriendo a una Comisión de Médicos Forenses de Turno del Poder Judicial, quienes a través de sus informes, confirmaron la veracidad del padecimiento de las enfermedades por los reclusos, y que por esas condiciones, requieren estudios y tratamientos de urgencia y constantes, lo que implicaría visitas periódicas, en incluso diarias a los consultorios médicos y laboratorios, como también del tratamiento médico sugerido por los Médicos, que no podrían realizarse a cabo, desde el lugar de reclusión, teniendo conocimiento de las condiciones en las que se vive dentro de los centros penitenciarios de nuestro país. Estas cuestiones fueron tenidas en cuenta por el accionante, quien sostiene que la responsabilidad recaía específicamente en el mismo, no solamente respecto a las condiciones de vida de los reclusos, sino que también ante las condiciones graves de salud de los mismos, debió velar por la atención médica adecuada para que mejoren sus condiciones de salud, a pesar de no contar con la edad establecida por ley, para evitar sus muertes. Finalmente, sostiene que ninguna de las actuaciones dentro del proceso, fueron cuestionadas ni atacadas por las partes a través de los resortes procesales con los que contaban en dicho momento, y que las actuaciones llevadas a cabo por el mismo, ejerciendo el cargo de Juez de Ejecución Penal, se hallan encuadradas dentro de la autonomía e independencia consagradas en la Constitución Nacional, y en uso de las atribuciones jurisdiccionales y discrecionales, fundamentadas en la Carta Magna, en los artículos 68 "Del Derecho a la Salud', art. 45 "De los Derechos y Garantías no enunciadas de la Constitución Nacional", Códigos Penal y Procesal Penal y en la Acordada Nº 222/01, de la Corte Suprema de Justicia, siempre invocando a la sana critica. Por último, hace énfasis a que el derecho a ser asistidos' en su salud a los internos cuyas medidas dispuso, es inherente a la persona humana.

Cabe traer a colación el art. 557 del CPC, el cual prescribe: "Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, -asi como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su petición. El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, Página 2 de 8 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "ABOG. ALBERTO !RALA AGUILERA, JUEZ PENAL DE EJECUCIÓN DE TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ITAPUA SI ENJUICIAMIENTO" AÑO 2011, Nº 659.

, el art. 12 de la Ley Nº 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que Que, analizado el escrito de presentación se constata que el accionante ha justificado concretamente la lesión constitucional alegada, como también ha citado las normas que considera vulneradas, exponiendo con claridad y precisión su planteamiento, razones por las que corresponde dar trámite a la acción de inconstitucionalidad y librar el oficio correspondiente, de conformidad En atención a las consideraciones expuestas, corresponde admitir la presente acción de OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN: En lo que concierne a la admisibilidad de la presente acción de inconstitucionalidad, previamente corresponde aclarar la naturaleza de las decisiones dictadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Al respecto, la doctrina nacional ha sostenido con gran acierto "Cuando se trata .. de una sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado , nos dicho carácter deriva del modo en que está integrado el mismo .. teniendo a que Suprema exige que en los procedimientos que culminan con mencionadas resoluci stitucional en el Paraguay. La Ley Paraguaya, Asunción, p. 47.- Dra. u« Carolimts O.

M.i11ish'fl Así pues, el régimen legal aplicable a esta acción de inconstitucionalidad debe ser aquel previsto para los casos de inconstitucionalidad de resoluciones jurisdiccionales.

En ese orden de ideas, en atención a lo dispuesto por el art. 557 del C.P.C., es obligación de la Corte Suprema de Justicia examinar si se encuentran reunidos todos los requisitos previstos en la ley procesal para imprimir el trámite de rigor a la acción de inconstitucionalidad incoada. Por el contrario, en caso de que no se constate el cumplimiento cabal de los requisitos de forma, modo y tiempo que la ley establece para la presentación de la acción, la misma debe ser rechazada En ese lineamiento, los requisitos cuya verificación debemos examinar se encuentran Art. 556 del C.P.C.: "Acción contra resoluciones judiciales. La acción procederá contra resoluciones de los jueces o tribunales cuando: a) por sí mismas sean violatorias de la Constitución; o b) se funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad, contrarios a la Art. 557 del C.P.C.: "Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su petición. El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso Concordantemente, el art. 12 de la Ley Nº 609/95 establece: "Rechazo in limine. No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables, ni a la demanda que no precise la norma constitucional afectada ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normatzvo, sentencia e Establecidas las bases para la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad contra resoluciones jurisdiccionales -entre las que, como señalamos, debemos incluir a aquellas dictadas El Abg. Alberto Ireneo Irala Aguilera promovió, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, una acción de inconstitucionalidad contra la S.D. Nº 11/11 del 19 de mayo de 2011, Página 4 de 8 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "ABOG. ALBERTO IRALA AGUILERA, JUEZ PENAL DE EJECUCIÓN DE TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ITAPUA S/ ENJUICIAMIENTO" AÑO 2011, Nº 659.

1.. 1,. ada por el' .M. en la causa individualizada como "Abog. Alberto Ireneo Irala Aguilera, Juez ,. Penal de EJetc'cio de la Tercera Circunscripción Judicial de Itapúa s/ Enjuiciamiento". De esta rm- :i; '-i{ cionante ha cumplido su deber de identificar concretamente la resolución impugnada y e proceso en el que fue dictada. Por lo demás, también se advierte que el mismo dio cumplimiento El accionante ha mencionado que la resolución impugnada conculca las disposiciones contenidas en los arts. 16 y 17 numerales 3) y 8) de la Constitución. A lo largo de su escrito promociona! se ha enfocado en justificar las decisiones jurisdiccionales que dieron pie al enjuiciamiento llevado en su contra, de lo que se infiere que el mismo intenta explicar el criterio adoptado en los procesos judiciales que fueron objeto de investigación por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Más adelante, realiza citas jurisprudenciales relacionadas con los procesos de enjuiciamiento. Luego, menciona que no se le ha llamado a prestar declaración ante dicho órgano, que el J.E.M. ha rechazado la producción de las pruebas testificales ofrecidas y que en ningún momento menciona la lesión causada por los supuestos iento, así como tampoco justifica acabadamente de qué manera el orno n tribunal especializado, limitándose a una exposición genérica de amente podrían haberle causado un perjuicio, lo que no fue indi e sable para la admi ibilidad de acciones de inconstitucionalidad, es necesario que exista una de lesión concreta que perjudique a la parte impugnante, es decir, se debe hacer men fund a a la lesión que haya causado la resolución al conculcar la Constitución.

Cot! ,oób" 'en los casos en ue se pretenda demandar por vía de la inconstitucionalidad una sentencia del Jurado de Enjuiciamiento e Magistrados, sin que se hayajustific Ministro Página 5 de 8 señalar algunos actos del procedimiento que considera contrarios a la Constitución, aunque sin Al respecto, se puede notar que la Sala Constitucional ha sostenido, de forma constante y uniforme, que la esfera de la acción de inconstitucionalidad es excepcional, de interpretación restrictiva. Ésta no es una vía para cuestionar interpretaciones o valoraciones realizadas por los miembros del J.E.M., si dichas tareas, como en el presente caso, se encuadran dentro de parámetros razonables que impidan calificar la resolución de arbitraria y no se demuestra lesión concreta fehaciente a derechos de rango constitucional, más aún teniendo en cuenta que el propio accionante ha omitido referirse a una posible arbitrariedad o a la lesión concreta de sus derechos por el actuar del J.E.M., con lo que no es posible tener por cumplidos los requisitos para la admisión de la acciónEn estas condiciones, no habiéndose cumplido los requisitos formales previstos en la ley, corresponde rechazar in limine la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abg. Alberto Ireneo Irala Aguilera contra la S.D. Nº 11/11 del 19 de mayo de 2011 dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en la causa "Abg, Alberto Ireneo Irala Aguilera, Juez Penal de Ejecución de la Tercera Circunscripción Judicial de Itapúa s/ Enjuiciamiento". Es mi voto.

OPINIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS: Me adhiero a las conclusiones arribadas por el Ministro Alberto Martínez Simón, en el sentido que corresponde rechazar in limine la presente acción de inconstitucionalidad por los De la lectura de las pretensiones del accionante se desprende que la presente acción no reúnen los requisitos exigidos por la norma para enervar la validez del fallo, ello debido a la falta de expresión detallada del agravio concreto. En este sentido, esta Sala ha mencionado siempre en situaciones similares lo imprescindible de señalar la obligación de la existencia un nexo efectivo En el caso en cuestión el accionante si bien señala los preceptos constitucionales conculcados ( art. 16 y 17) los mismos no fueron subsumidos, es decir, los hechos que mencionó no se encuadran dentro de las garantías citadas. A lo largo de su presentación se observa que el accionante pretende justificar su decisión, limitándose a exponer insistentemente su posición sobre el problema de fondo, obviando la demostración ante esta Sala de la conexión entre los efectos de la resolución que ataca y las disposiciones de rango constitucional que consideró lesionadas.

Página 6 de 8 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "ABOG. ALBERTO !RALA AGUILERA, JUEZ PENAL DE EJECUCIÓN DE TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE 1T APUA SI ENJUICIAMIENTO" AÑO 2011, Nº 659.

e los manifestado corresponde, el rechazo in limine de la acción de incons itucionalgI é:I promovida por el Abogado Alberto Irala contra la S.D. Nº 11 de fecha 19 de OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY: Me adhiero a la opinión esgrimida por el Ministro Víctor Ríos Ojeda, por compartir sus OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN: Es importante recordar que, conforme con lo establecido los Artículos 174 y 175 del Código Procesal Civil, la caducidad opera de pleno derecho y puede ser declarada de oficio. A este respecto, el Artículo 172 del mismo Código dispone que el plazo para la perención de la instancia en este tipo de juicio es de seis meses. El cómputo inicia a partir de la fecha de la última actuación que tuviere por objeto impulsar el procedimiento, ex Artículo 173 del Rito Civil.

De las constancias de autos y del informe del Actuario obrante a fs. 343/345, se colige que esta acción fue planteada en fecha 31 de mayo de 2011. Posteriormente, el accionante urgió los trámites de rigor en numerosas oportunidades. No obstante, realizados los cómputos pertinentes, se advierte que desde el urgimiento de fecha 12 de setiembre de 2012 (f. 70) hasta el siguiente urgimiento, de fecha 24 de abril de 2013 (f. 71), operó el plazo de seis meses antes señalado.

Aquí, se debe recordar que las actuaciones practicadas con posterioridad al cumplimiento del plazo de perención, no pueden purgar los efectos de la caducidad ya operada, según el Artículo Por su parte, las actuaciones realizadas para la integración de esta Sala, son inocuas para interrumpir o suspender el transcurso del plazo de la perención de la instancia, puesto que no En conclusión, y dado que no cualquier resolución pendiente puede dar lugar a la inaplicabilidad del instituto de la perención, no hay otra alternativa posible que declarar oficiosamente la caducidad de la instancia en estos autos. Esta es la postura asumida invariablemente por este Magistrado en casos análogos (ex plurimis: Sala Constitucional, Auto Interlocutorio Nº De esta manera, ya no es necesario el análisis de los requisitos formales de admisibilidad Página 7 de 8 OPINIÓN DEL SEÑOR MAGISTRADO NERI E. VILLALBA: Me adhiero a la opinión esgrimida por el Ministro Alberto Martínez Simón, por compartir OPINIÓN DEL SEÑOR MAGISTRADO GUIDO coceo SAMUDIO: Me adhiero a la opinión esgrimida por el Ministro Alberto Martínez Simón, por compartir OPINIÓN DE LA SEÑORA MAGISTRADA NIDIA FERNÁNDEZ CATTEBEKE: Me adhiero a la opinión esgrimida por el Ministro Alberto Martínez Simón, por compartir 0 PINI Ó N DEL SEÑOR MAGISTRADO LINNEO YNSFRAN SALDÍV AR: Me adhiero a la opinión esgrimida por el Ministro Alberto Martínez Simón, por compartir

RESUELVE:

1eda . Víctor n.ws 1,üstro OA. fERNÁNDEZ CA.1iEBEKE MIEMBRO Página 8 de 8