CORTE SUPREM.A DIJUSTICIA JUICIO: "ACCIÓN DE INCONSTlTUCIONALlDAD: "JORGE JARA Y OTROS C/ RAMÓN VILLALBA RUÍZ DÍAZ SI PÉRDIDA DE INVESTIDURA". Nº 895/2014.
'1.. 'u'6,. "y1sT a Acción de Inconstitucionalidad promovida por el señor Ramón Villalba Ruíz . . ítpor su opios derechos y bajo patrocinio de Abogado, contra el AJ. Nº 40/2014 de fecha ,, 9 fejuni ,O 14 y el AJ. Nº 40/2014 (BIS) de fecha 26 de junio de 2014, dictados por el Tribunal Asunción, de2oZ.IA-
CONSIDERANDO
OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA: A(Z{íuE, el accionante manifiesta: "(..) Las resoluciones recurridas son manifiestamente arbitrarias, irracionales, carentes de sustento y nulas, pues existe una clara y concreta marginación de claros preceptos legales, que de hecho, denuncian la existencia de no sentencia, puesto q a ue por tal se impugna, se resiente del vicio de inconstitucional de su ostensible ilegitim 'dad ( .. ". Sostiene que fueron infringidos los artículos 137 y 256 de la Constitución QUE, e artículo 557 del C. P. C. dispone: "Citará el actorademás la norma, derecho, exe ci , n, gar, ntia o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundando en térn in s el iros y concretos su petición ( . .) En todos los casos, la Corte examinará previamente si se 'all satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción".
UE, el artículo 12 de la Ley Nº 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que o preci e la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, e 'ªvon r see et.:.M Q E, en autos se impugna la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral que revocó el . l. Nº 16/14, de fecha 19 de febrero de 2014, el que a su vez dispuso el decaimiento del derech de la prueba de informes de la parte actora y el cierre del período probatorio. Igualmente se cuestiona el fallo que rechazó el recurso de aclaratoria planteado contra el A. l. Nº QUE, en el presente caso, no se observan indicios de arbitrariedad, en atención a que las argumentaciones del accionante únicamente denotan desacuerdo, disconformidad con la apreciación de los Juzgadores y la resolución atacada está suficientemente fundada en D rec o.
Cabe resaltar que la arbit alegada"( .. ) debe ser expresa y ha de demostrar con aridad afectación de al ' Gustavo E. Santander Dans Ministro - P ágina 1 de 11 Dr. Manuel D o,.(,,. ílamfrez andl así para ventilar cuestiones de fondo y de forma que tienen su ámbito natural de dilucidación en QUE, además, para la procedencia del control constitucional se requiere que el decisorio atacado tenga carácter definitivo o cause lesión irreparable y se hayan agotado las instancias ordinarias. En tal sentido, la resolución que admite una prueba en el proceso no puede causar agravio de entidad suficiente para activar esta instancia extraordinaria, pues no resuelve el fondo de la cuestión, encontrándose abierto el proceso y pendiente la decisión final.
QUE, Néstor Pedro Sagüés, respecto a la inadmisibilidad del recurso extraordinario contra resoluciones anteriores a la sentencia final, sostiene: "(. .. ) Como regla, tales pronunciamientos n hacen concluir el proceso, y además encuentran habitualmente vía de neutralización con las sentencias finales o con los recursos articulados contra las sentencias definitivas propiamente ' dichas (..)" (Compendio de Derecho Procesal Constitucional, Editorial Astrea, Buenos Aires, Genaro R. Carrió y Alejandro D. Carrió, enseñan que: "la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de la prueba producida o de la inteligencia atribuida a los preceptos del derecho común ( . .) Esta tacha no tiene por objeto corrección en tercera instancia de sentencias equivocadas o que se estimen de tales sino que atiende solo a los supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, las sentencias quedan descalificadas como actos judiciales ( . .) 11 (El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria, Abeledo-Perrot, 3Edición, Buenos Aires, 1995, pág. 29).
QUE, al no darse cumplimiento a los requisitos exigidos por el Código de forma y la jurisprudencia de esta Corte, corresponde el rechazo de la acción.
OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS: Manifiesta que se adhiere al voto del Ministro Luis María Benítez Riera por sus mismos OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN El artículo 72 de la Ley Nº 635/95, establece procedimientos y plazos que deben seguir las demandas de inconstitucionalidad incoadas contra resoluciones, en materia electoral. Dicho artículo dispone: "Trámite. Presentada la demanda, la Corte Suprema de Justicia, previo traslado por el plazo de cinco días perentorios al Fiscal General del Estado, dictará sentencia en el término de diez días. En todo lo demás, se aplicarán supletoriamente las disposiciones pertinentes de la Ley Que Organiza la Corte Suprema de Justicia y el Código Procesal Civil.".
Es importante recordar que, conforme a lo establecido en el art. 172 del Código Procesal Civil, el plazo para que opere la caducidad de la instancia en este tipo de juicio es de seis meses.
Siendo el inicio de dicho cómputo a partir de la fecha de la última petición de las partes, resolución o actuación del Juez o Tribunal que tuviere por objeto impulsar el procedimiento.
En ese orden de cosas, el art. 175 de dicho código dice: "La caducidad será declarada de oficio o a petición de parte por el juez o tribunal ... ", de igual forma el art. 174 establece: "La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. No Página 2 de 11 DE J :.(- ífICIA ('. rjPa ubrirp-_eg on diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni ,;,, ., - .,., .. SaJJÍ'tf8 es que la caducidad de la instancia es un modo de terminación de los procesos que (/ rte-rn-tfoilo derecho y se basa en la inactividad injustificada de la parte a quien corresponde -1 .p rrsar e tramite. ora ten, tratan ose e un mo o anorma e terminación e proceso, se a establecido que las normas que lo rigen son de interpretación restringida, y que en caso de duda debe estarse por la continuación del proceso y no por su extinción. Por tanto, examinaremos si se dieron efectivamente los requisitos que hacen procedente su declaración, es decir, si hubo inacción procesal imputable a la parte interesada en mantener vigente la instancia durante el plazo previsto JORGE JARA Y OTROS C/ RAMÓN VILLALBA RUÍZ DÍAZ Del expediente se colige que, esta demanda fue presentada en fecha 9 de julio de 2014, según cargo obrante f. 23 vlto. Desde esa fecha, no se comprueba que hubo un trámite idóneo para impulsar la instancia, habiéndose cumplido en exceso el plazo de seis meses de inactividad establecidos por ley para que se produzca la caducidad de la instancia. Esto es así, en vista de que no obran en autos escritos de urgimientos presentados por la accionante, los cuales hubieran sido idóneos para interrumpir la caducidad de la instancia (art. 173 del Código Procesal Civil). En consecuencia, la instancia caducó, efectivamente, el 9 de febrero de 2015 .
Aquí debe decirse que si bien existieron actuaciones posteriores para la integración de esta Corte e fech 29 de marzo del 2019, las mismas se produjeron con posterioridad al haberse operad la cad cidad, y en virtud del art. 174 del Código Procesal Civil, no pueden tener el efecto e ur arla. Y unque el procedimiento de integración se hubiere producido con anterioridad, las ones p a integrar el órgano jurisdiccional -colegiado o juzgador individual- son inocuas para 1 terrun ir o suspender el transcurso del plazo de caducidad, pues ellas no constituyen po expresa disposición de los arts. 25 y 31 del Código Procesal Civil, concordantes con or tanto, el procedimiento de integración de la Corte Suprema de Justicia, realizado con o 'dad, no puede tener la virtualidad de interrumpir ni de purgar el plazo de caducidad ti.o 9Juocit.:.rirPo último, debemos advertir que la circunstancia de autos, en la que se hallaba pendiente de dictado a resolución de mero trámite, no está incursa en el art. 176 inc. c) del Código Procesal Civil en virt d del cual no es posible pronunciar la caducidad de la instancia cuando en el proceso estuviere pendiente alguna resolución y la demora en dictarla sea imputable al juez o tribunal.
. .. ecir, el hecho de que se hallara pendiente el dictado de la resolución que ordena el ado, f norma del art. 72 de la Ley Nº 635/95, no puede impedir que se declare la cad 1 de á ictorio ante esta instancia, a tenor de la disposición re ienteme te Gustavo E. Santander Dans Minístro del art. 157 del Código Procesal Civil, solo tienden al desarrollo del proceso y ordenan actos de ejecución, por lo que el dictado de las mismas, al ser cuestión de diligencia procesal, no puede impedir la caducidad, atentos a que el art. 173 del Código Procesal Civil requiere la actividad tendiente a impulsar el procedimiento. El conjunto de las normas citadas indica que la providencia de mero trámite solo tiende al impulso del procedimiento, y la caducidad se cuenta desde la última Entonces, el referido art. 176 debe ser entendido en el sentido de que la instancia se ha cerrado y el litigio se encuentra en estado de resolución de las cuestiones debatidas. Así lo ha consagrado la jurisprudencia en forma conteste: "la carga de las partes de impulsar el procedimiento cesa únicamente con el llamamiento de autos para sentencia. Aun cuando el próximo acto procesal fuere el dictado de dicha providencia, esta circunstancia no libera a las partes de la necesidad de llevar adelante el proceso, cargo que es de los litigantes y no del juzgado.
Si no se ha dictado esa providencia y se han cumplido los requisitos exigidos por la ley, En otras palabras, la pendencia de resolución no se refiere a cualquier providencia, sino tan solo la pendencia del decisorio en la causa principal o incidental. De lo contrario los procesos no caducarían jamás si se encontrase pendiente de resolución una providencia cualquiera, de mero Esta posición ha sido sostenida por mayoritaria doctrina y jurisprudencia: "(. .. ) La "resolución" a la que se refiere el inc. 3º del Art. 313, "se imbrica en las especies contempladas en los Arts. 161, 163 y 164 del Código Procesal. No comprende, en cambio, la especie 'providencias simples' del Art. 160 del mismo Código. En tal orden de ideas, no podría vincularse la pendencia de resolución a la demora en dictar el llamado de autos que sólo tiende, sin sustanciación, al 'desarrollo del proceso". (Loutayf Ranea, Roberto G. y Ovejero López, Julio C. Caducidad de la instancia, Buenos Aires, Astrea, 1 ed., 1999, págs. 330/331 ). "La inactividad del tribunal que impide el transcurso de los plazos de caducidad, no se refiere a la demora en dictar providencias de mero trámite, que deben ser urgidas por los interesados". ED 23-459; ED 46-433. "Solo existe demora imputable al Tribunal cuando la resolución pendiente es la definitiva o una interlocutoria, y no en los casos de las providencias de mero trámite". (Eisner, Isidoro. Caducidad de instancia.
Buenos Aires, Depalma, 1 ed., 1995, pág. 185). "Mientras las demoras del proceso no se vinculen al dictado de la resolución del fondo del asunto es obligación de las partes urgir e instar el procedimiento en todas aquellas cuestiones de simple trámite, so pena de caer en la caducidad de la instancia". ED, 46-434; ED 54-359; 54-355; 59-435. Efectivamente, no debe olvidarse que "si bien el art. 313, inc. 3. del Código Procesal determina que no se producirá la caducidad de instancia cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuera imputable al tribunal, no lo es menos que sobre las partes pesa la carga de impulsar el Así, es evidente que la demora en dictar resolución -prevista en el art. 176 inc. c)- no puede Este criterio en nada se ve afectado por la vigencia de la Acordada 979/15, pues, independientemente a la forma que acoja la decisión, providencia o auto interlocutorio fundado, el contenido de aquella es el mismo. Reiteramos, las resoluciones de trámite no tienen otro objeto que hacer avanzar el proceso, de modo que la pendencia en su dictado no impide la prosecución del Página 4 de 11 CORTE SUPREMA plaz, cadlícf ad; y, si el órgano jurisdiccional no se pronuncia en plazo, incumbe a quien tiene 1 .::;,.: Así, Yvidente que la demora en dictar resolución -prevista en el art. 176 literal "c" del 10- .. Código, .. P1tsisal Civil- no puede entenderse extendida a las resoluciones de mero trámite, en este carácter de resolución de mero trámite; es así, pues debe prevalecer la esencia sobre la forma.
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De esta manera, es claro que al haber transcurrido el plazo de seis meses establecido por el art. 172 del Código Procesal Civil, corresponde declarar la caducidad de la instancia oficiosamente, en virtud a lo dispuesto en el art. 175 del Código Procesal Civil. Con imposición de costas al OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO ALBERTO JOAQUIN MARTÍNEZ SIMÓN Como cuestión previa al estudio de la admisibilidad, se propone declaración de caducidad La cuestión versa fundamentalmente sobre posibilidad de la perención de instancia en la etapa la de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad.
Como bien se advierte en el voto que antecede, el art. 72 de la Ley 635/95 establece que: "Presentada la demanda, la Corte Suprema de Justicia, previo traslado por el plazo de cinco días perentorios al Fiscal General del Estado, dictará sentencia en el término de diez días. En todo lo demás, se aplicarán supletoriamente las disposiciones pertinentes a la Ley que Organiza la Corte Ahora bien, esta normativa no puede ser interpretada de manera aislada, dado que el art.
12 de la Ley 609/9 5 que establece: "Rechazo "in limine ". No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables, ni a la demanda que no precise la norma onstitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, t?;ttla lectura de la normativa transcripta surge que ninguna acción de inconstitucionalidad a 1t1 sin previo análisis de admisibilidad. Por tanto, si bien la normativa electoral citada pinión es de posterior data, es claro que la misma no es derogatoria de la Ley 609/95 dado artícul 12 precedentemente citado nada refiere respecto del trámite que debe tener la acción onstitr 'ionalidad, sino respecto de la admisibilidad de la misma.
njc1ís 'l-imí,z Car1dl 11?-llSTHO autoridad infringido, la disposición inconstitucional. Además de ello, debe mencionar la norma constitucional que se asume violada, fundando en términos claros y concretos la petición. La Ley 609/95, en su Art. 12, agrega más requisitos en cuanto al contenido de la demanda, ya que dispone justificar la lesión concreta que ocasiona la ley, acto normativo, sentencia definitiva interlocutoria. El examen de estos requisitos de admisibilidad es previo al trámite de la acción, conforme con los Arts. 552 in fine del Código Procesal Civil y 12 de la Ley 609/95. Ambas disposiciones permiten el examen, por parte de la Sala Constitucional o del pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su caso, del cumplimiento de dichos requisitos, estableciendo como consecuencia de la omisión de los recaudos en cuestión, el rechazo liminar de la acción."
(TORRES KIRMSER, José Raúl. La praxis del control de constitucionalidad en el Paraguay, artículo del libro Comentario a la Constitución, Tomo III, División de Investigación, Legislación y Publicaciones Centro Internacional de Estudios Judiciales, Corte Suprema de Justicia, Año 2007, Queda claro entonces, que luego de promover la acción inconstitucionalidad, el siguiente acto procesal es el del estudio de la admisibilidad de la acción por parte de la Sala constitucional o, como es el caso que nos ocupa, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, al tratarse de una Establecido lo anterior, queda por determinar el alcance y envergadura de la resolución que Para ello, resulta imperioso analizar la Acordada Nº 979 de fecha 4 de agosto de 2015, que reglamenta el artículo 12 de la Ley 609/95. El artículo 1 de la mencionada acordada establece: "Las acciones de inconstitucionalidad, una vez presentadas ante la Secretaría Judicial 1 de la Corte Suprema de Justicia, deben ser puestas a consideración por parte del Secretario Judicial, encargado de la misma, a los Ministros integrantes de la Sala Constitucional, a los efectos de disponer su admisibilidad o no, en el plazo máximo de veinte (20) días".
Luego, el artículo 2 de la mencionada acordada establece: "Disponer que, tanto el trámite como el rechazo "in limine ", de las acciones de inconstitucionalidad, serán suscriptas por los Ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitiendo su opinión en cada De la normativa que antecede, surge que la resolución que decide la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad no puede ser considerada como de "mero trámite", ya que establece que cada ministro estudie y se expida respecto de la cuestión puesta a su consideración.
La exigencia de la consignación de la opinión de cada ministro en la resolución que decide respecto de la admisibilidad, otorga al decisorio en cuestión el alcance de definitivo, y por tanto, no puede ser considerada como una mera resolución de trámite.
En esta tesitura, y volviendo al objeto de estudio, es lógico concluir que no procede la caducidad de instancia en la etapa de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad, dado que, una vez presentada la misma, la siguiente actividad procesal esperada es el dictado de la resolución por el Órgano Jurisdiccional y por tanto, el proceso queda sustraído de la actividad de las partes. - Página 6 de 11 (n J,ri.. 'E . CUOPRR1EEM. .A JUICIO: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: 'tJ.. "JORGE JARA Y OTROS C/ RAMÓN VILLALBA RUÍZ , u s T re IA DÍAZ PÉRDIDA DE INVESTIDURA". Nº s9s12014.
e estnera, al haber estado estos autos en estado de resolución, y habiendo cesado la ca ga deIas Pf1s de impulsar el proceso, no se produjo la caducidad, y por tanto, el caso se encuadra dentre las previsiones del art. 176 inc. e) del Cód. Proc. Civ.
. Eanto a la cuestión referente a la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad, me adhiero-al criterio del preopinante en cuanto a la correspondencia del rechazo liminar de la presente OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA Antes del análisis de la cuestión sometida a estudio, considero pertinente señalar que la presente acción ha sido promovida en fecha 9 de julio de 2014, ingresando a mi gabinete para su estudio y resolución en diciembre de 2019, volviendo a salir -con el respectivo voto- en fecha 17 de diciembre de 2019, por lo que el exceso temporal para dictar resolución no es de mi responsabilidad. Además, la excesiva demora para dictar resolución en la presente acción, justifica la realización de una auditoria de gestión, a fin de deslindar responsabilidades, pues desde que la acción fue promovida han transcurrido más de 5 años sin que la Corte Suprema de Justicia se expida Por este motivo, corresponde la remisión de los antecedentes de la presente acción a la Dirección General de Auditoria de Gestión Jurisdiccional del Poder Judicial.
En cuanto a la acción de inconstitucionalidad promovida, es importante precisar que la misma posee requisitos de admisibilidad que deben ser cumplidos al promover la acción y que en caso de incumplimiento de estos presupuestos formales, la Corte Suprema de Justicia debe proceder En este caso en particular, el accionante impugna el Auto Interlocutorio Nro. 40 de fecha 9 de junio de 2014 y el Auto Interlocutorio Nro. 40 (BIS) de fecha 26 de junio de 2014 dictado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, es decir, se debe verificar si el impugnante cumplió con los requisitos de admisibilidad formal contra resoluciones judiciales.
!:i e sentido, cabe señalar que cuando la acción es dirigida contra resoluciones judiciales c.¼'nw,n e los requisitos que se deben cumplir y son los siguientes: 1) Plazo, como la resolución j die al impu nada es de la Justicia Electoral, el plazo para promover la acción es de cinco días, co f rme al Art. 71 de la Ley Nro. 635/95; 2) Individualizar la resolución objeto de acción, Art. 557 del Código Procesal Civil; 3) Individualizar el expediente en que se dictó la re ol cié judicial. Esto implica mencionar en forma concreta la caratula del expediente y no es Gustavo E. Santander Dans Ministro Ahora bien, corresponde verificar si los mismos han sido cumplidos por la accionante y en ese sentido se observa que los requisitos formales de admisibilidad mencionados en el párrafo anterior han sido cumplidos por el accionante, por lo tanto, corresponde dar trámite a la presente OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY: Ramón Villalba Ruiz Díaz, por sus Derechos y bajo patrocinio del Abogado Pedro López Gabriaguez, con Matrícula Nº 3720, promovió Acción de Inconstitucionalidad contra el A.I. Nº 40, fecha 9 de junio del 2.014, (bis) fecha 26 de junio del 2014, ambos dictados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en los autos caratulados: "Jorge Jara y Otros c/ Ramon Villalba Ruiz El accionante aseveró: "Las resoluciones citadas en absoluto se ajustan a la Constitución Nacional, la Ley Nº l. 337/88 Código Procesal Civil y a la Ley Nº 635/88 Código Procesal Civil y a la Ley Nº 635/95 Que reglamenta la Justicia Electoral, conforme se pasa a fundamentar: La resolución impugnada, ha vulnerado sin motivo no justificación alguna el art. 137 de la Constitución Nacional...". Asimismo, refiere: "Las resoluciones recurridas son manifiestamente arbitrarias, irracionales, carentes de sustento y nulas, pues existe una clara y concreta marginación de claros preceptos legales, que, de hecho, denuncian la existencia de no sentencia, puesto que por tal se impugna, se resiente del vicio de inconstitucionalidad, de su ostensible ilegitimidad - art. 256 C.N. -, y ante el evidente apartamiento de la ley, la Corte Suprema, se halla en la obligación de entrar en la consideración de las constancias de autos así como las consecuencias jurídicas El Artículo 550 del Código Procesal Civil, referente a la procedencia de la Acción, norma: "Toda persona lesionada en sus legítimos derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, los principios o normas de la Constitución, tendrá facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por las disposiciones de este El Artículo 552 del mismo Cuerpo Legal -taxativamente- enuncia los requisitos de la demanda en los siguientes términos: "Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionará claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad impugnado, o, en su caso, la disposición inconstitucional. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos la petición. En todos los casos la Corte Suprema examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción".
El Artículo 554 del Código Procesal Civil prescribe: "La Corte Suprema sustanciará la demanda oyendo al Fiscal General del Estado". Mientras que el Artículo 556 dispone: "La acción procederá contra resoluciones de los jueces o tribunales cuando: a) Por sí mismas sean violatorias de la Constitución; b) Se funden en una ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad En cuanto a los requisitos de la demanda, el Artículo 557 del Código Procesal Civil reza: "Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho; Página 8 de 11 1USTICIA 1., xención, -garJ a o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundando en ó;," t 'rrnit:10s claro¡ concretos su petición". Igualmente manda en el Artículo 558, correr traslado del --'Eñ' atención a lo expuesto, se estima que no están dadas las condiciones para el rechazo liminar de la pretensión, considerando que dicha determinación se halla delimitada en sus exigencias formales -muy rigurosamente- y con sujeción al Código respectivo. Prima facie no se observan deficiencias en la presentación del impugnante, por lo que corresponde dar el trámite de Ley al pedido y substanciar la Garantía Constitucional oyendo a la Fiscalía General del Estado, Parte esencial en Causas de esta naturaleza, trámite que se encuentra aún pendiente y que no fue proveído. Sin aquella inexorable y obligatoria tramitación, mal podría dictarse decisión definitiva "JORGE JARA Y OTROS C/ RAMÓN VILLALBA RUÍZ DÍAZ SI PÉRDIDA DE INVESTIDURA". Nº 895/2014.
Uno de los logros más formidables de la República Moderna ha sido precisamente que el justiciable sea oído en más de una Instancia y por disímiles Magistrados.
César. Garay ilustra: " Nuestro país acepta el principio de la doble instancia, sin perjuicio de la facultad exclusiva que se reconoce a la Corte Suprema para entender en las contiendas de jurisdicción y competencia ( ... ) y en las decisiones sobre inconstitucionalidad de las leyes e inaplicabilidad de las disposiciones que contraríen a la Constitución; e igualmente sin perjuicio de que algunos litigios o asuntos puedan llegar a una tercera instancia" ( Técnica Jurídica, Tomo I, Segunda Edición, pág. 408). Tan sabias enseñanzas ameritan, ennoblecen y abonan plenamente la pertinencia de proveer el trámite que corresponde y es de rigor, a la presentación que nos ocupa, 'I .
En el Sistema Constitucional, la facultad de rechazo preliminar de pretensiones de los Justiciables debe interpretarse restrictivamente, pues configura limitación del Derecho de peticionar a las autoridades y del Derecho a la Defensa en Juicio. Por tanto, el rechazo "in limine" cabe únicamente cuando surge la palmaria, notoria e inexcusable improcedencia por defecto de forma de la Acción, en protección del Derecho a la "Tutela Judicial Efectiva", entendida como facultad d cceder al Sistema Judicial y obtener de los Tribunales Resoluciones motivadas .las e presadas circunstancias, se concluye que la Causa no se encuentra en condiciones pl nitud y alidez para ser resuelta, ya que - se insiste- al no haber motivos de rechazo liminar --"-'-igatorio e ineludible trámite procesal -como lo es la substancia ón- est ión a Derecho y en observancia de disposiciones legale de Orden thema decidendum, pero antes de ello no le es permitido.-
ISTRO VÍCTOR RIOS OJEDA: Gustavo E. Santander Dans Página de 11 .,,., 2- En cuanto al estudio de la caducidad de instancia en estos autos, adhiero al voto del Mtro.
Alberto Martínez Simón que considera no se han cumplido los requisitos legales para que la misma 3- En cuanto a la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad expreso cuanto sigue: La Ley Nº 635/95 en el artículo 70 establece cuanto sigue: Procedencia de la acción. Las personas con legitimación activa, en materia electoral tendrá facultad para promover ante la Corte Suprema dJusticia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por las disposiciones de este Capitulo y supletoriamente por la Ley que Organiza la Corte Suprema de Justicia y el Código Procesal Civil". En su artículo 71 ordena en cuanto al plazo para de interposición de la acción: "Plazo. El plazo para deducir la acción será de cinco días, a partir del conocimiento del 4- Por su parte, el artículo 557 del Código Procesal Civil, dispone cuáles son los requisitos generales para la promoción de la acción, y establece cuanto sigue: "Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído.
Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su petición. El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más 5- Así pues, las disposiciones legales norman que debe admitirse la acción de inconstitucionalidad, presentada por quienes cuentan con legitimación activa, cuando se verifica el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) que el accionante constituya domicilio; 2) que individualice la resolución impugnada; 3) que identifique el juicio donde recayó la resolución impugnada; 4) que funde la petición en términos claros y determine el derecho, exención, garantía o principio constitucional que considera infringido y; 5) por tratarse de resoluciones emitidas por la 5- En ese sentido, observamos que el accionante cuenta con legitimación activa, y constituyó domicilio procesal; individualizó las resoluciones que son objeto de la acción de 6- En relación al cuarto requisito, el accionante determinó en términos claros y concretos el agravio constitucional que_las resoluciones le causan. Puntualmente, manifestó que el fallo vulnera los artículos 137 y 256 de la Constitución Nacional. Al respecto, expresó que las resoluciones son inconstitucionales porque violan las disposiciones que regulan el procedimiento sumario y que establecen que el período probatorio no excederá de veinte días y que no procederá el plazo extraordinario de pruebas, atentando así también contra el derecho a un debido proceso legal y el 7- En relación con la presentación de la acción dentro del plazo de ley, observamos que Página 10 de 11 JUICIO: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "JORGE JARA Y OTROS C/ RAMÓN VILLALBA RUÍZ DÍAZ SI PÉRDIDA DE INVESTIDURA". Nº 895/2014.
1,:g ON DEL SEÑOR MINISTRO GUSTAVO SANTANDER DANS Manifiesta que se adhiere al voto del Ministro Luis María Benítez Riera por sus mismos OPINION DEL MAGISTRADO NERI E. VILLALBA Manifiesta que se adhiere al voto del Ministro Luis 'María Benítez Riera por sus mismos
POR TANTO, la
TE SUPREMA DE JUSTICIA Y, tor Ríos Oje . Mº stro <J::.,ugeni/, J.rmitt r,z !iYÜitistTO Página 11 de 11