CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "ABG. DIOSNEL GIMENEZ, AGENTE FISCAL Asunción, de 0.3o de2.ri?/;.- : La Acción de Inconstitucionalidad presentada por Diosnel Giménez, por derecho atrocinio bajo patrocinio, de'abogado, contra la S.D. N'?. 03/14 del 18 de nifarzo de
CONSIDERANDO
OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN: En este caso particular, antes de entrar a juzgar los requisitos de admisibilidad de la demanda, cabe primero, como cuestión previa, determinar si la instancia constitucional ha o no perimido.
Conforme a lo establecido en el Art. 172 del Código Procesal Civil, el plazo para que opere la caducidad de la instancia en este tipo de juicio es de seis meses. Siendo el inicio de dicho cómputo a partir de la fecha de la última petición de las partes, resolución o actuación del Juez o Tribunal orden de cosas, el Art. 175 de dicho código dice: "La caducidad será declarada de o a pe icion de parte por el juez o tribunal.:", de igual forma el Art. 174 establece: "La idad se era de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. No podrá iligencias a actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por ido es que la caducidad de la instancia es un modo de terminación de los procesos que e pleno derecho y se basa en la inactividad injustificada de la parte a quien corresponde puls r el trámite. Ahora bien, tratándose de un modo anormal de terminación del proceso, se ha e d9 e las normas que lo rigen son de interpretación restringida, y que en caso de duda ..)uo c. 'e 1por la continuación del proceso y no por su extinción. Por tanto, examinaremos si se secffi re , tivamente los requisitos que hacen procedente su declaración, es decir, si hubo inacción i o esal i putable a la parte interesada en mantener vigente la instancia recursiva durante el plazo el expediente se colige que, esta ema a fue presentada en fecha 03 de abril de 2014, Página 1 de 11 Por último, resulta pertinente advertir que el hecho de que se hallara pendiente el dictado de la resolución que ordena el traslado, no puede impedir que se declare la caducidad de este juicio.
Ello, porque dicha decisión es de mero trámite y la misma se relaciona únicamente con la sustanciación del contradictorio ante esta instancia, a tenor de la disposición recientemente mencionada, sin que exima al accionante de la carga de impulsar la instancia.
Esto decimos, para indicar que la circunstancia de autos, en la que se hallaba pendiente de dictado una resolución de mero trámite, no está incursa en el Art. 176 inc. c) del Código Procesal Civil. La operatividad de dicha disposición se circunscribe a las resoluciones que deciden artículo, es decir, a aquellas que tienen por objeto el pronunciamiento sobre una pretensión de las partes. Las providencias de mero trámite, como se advierte del texto del Art. 157 del Código Procesal Civil, solo tienden al desarrollo del proceso y ordenan actos de ejecución, por lo que el dictado de las mismas, al ser cuestión de diligencia procesal, no puede impedir la caducidad, atentos a que el Art.
173 del Código Procesal Civil requiere la actividad tendiente a impulsar el procedimiento. El conjunto de las normas citadas indica que la providencia de mero trámite solo tiende al impulso del procedimiento, y la caducidad se cuenta desde la última actuación en tal sentido.
Esta posición ha sido sostenida por mayoritaria doctrina y jurisprudencia: "(..) La "resolución" a la que se refiere el inc. 3º del Art. 313, "se imbrica en las especies contempladas en los Arts. 161, 163 y 164 del Código Procesal. No comprende, en cambio, la especie 'providencias simples' del Art. 160 del mismo Código. En tal orden de ideas, no podría vincularse la pendencia de resolución a la demora en dictar el llamado de autos que sólo tiende, sin sustanciación, al 'desarrollo del proceso". (Loutayf Ranea, Roberto G. y Ovejero López, Julio C. Caducidad de la instancia. Buenos Aires, Astrea, l" ed., 1999, pp. 330/331). "La inactividad del tribunal que impide el transcurso de los plazos de caducidad, no se refiere a la demora en dictar providencias de mero trámite, que deben ser urgidas por los interesados". ED 23- 459; ED 46-433. "Solo existe demora imputable al Tribunal cuando la resolución pendiente es la definitiva o una interlocutoria, y no en los casos de las providencias de mero trámite". (Eisner, Isidoro. Caducidad de instancia. Buenos Aires, Depalma, 1 ª ed., 1995, p. 185). "Mientras las demoras del proceso no se vinculen al dictado de la resolución del fondo del asunto es obligación de las partes urgir e instar el procedimiento en todas aquellas cuestiones de simple trámite, so pena de caer en la caducidad de la instancia". ED, 46-434; ED 54-359; 54-355; 59-435. Efectivamente, no debe olvidarse que "si bien el art. 313, inc.
3. del Código Procesal determina que no se producirá la caducidad de instancia cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuera imputable al tribunal, no lo es menos que sobre las partes pesa la carga de impulsar el procedimiento". (ED, 35- Así, es evidente que la demora en dictar resolución -prevista en el Art. 176 inc. c)- no puede entenderse extendida a las resoluciones de mero trámite. Al no haberse pronunciado el órgano jurisdiccional, la accionante debió urgir e impulsar su dictado a los efectos de mantener en vida la De esta manera, queda claro que al haber transcurrido el plazo de seis meses establecido por el Art. 172 del Código Procesal Civil, corresponde declarar la caducidad oficiosamente, en virtud a CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL lP '.l.;; ' IÓN DEL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMON: 1 Corno cii.l ión previa al estudio de la admisibilidad, se propone la declaración de caducidad de la presentee"': ón de inconstitucionalidad, estudiada por el colega que me precede en orden de "impone así el estudio de la posible caducidad de la instancia en la etapa de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. El Art. 12 de la Ley 609/95 que establece: "Rechazo "in limine". No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables, ni a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, sentencia definitiva o interlocutoria".
De la lectura de la normativa transcripta surge que ninguna acción de inconstitucionalidad será admitida sin previo análisis de admisibilidad. Bajo estas premisas, es posible advertir que el trámite a seguir en la acción de inconstitucionalidad, independientemente del tipo de juicio de que se trate, es el del análisis de la admisibilidad por parte de la Sala Constitucional una vez presentada sí 1 ha establecido con mucho criterio la doctrina nacional al establecer. "La acción de incon titucio alidad contra actos normativos, que como ya lo dijéramos, tiene carácter de rete sián a tónoma, se inicia mediante escrito de demanda presentado ante la Corte Suprema de J; ti ia, Sal Constitucional, conforme lo manda el Art. 552 del Código Procesal Civil. El escrito en c estián debe individualizar claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de au o "dad ifringido, o la disposición inconstitucional. Además de ello, debe mencionar la norma co st u anal que se asume violada, fundando en términos claros y concretos la petición. La Ley 6 91... , en su Art. 12, agrega más requisitos en cuanto al contenido de la demanda, ya que dispone tific r la lesión concreta que ocasiona la ley, acto normativo, sentencia definitiva o nter toria, J:.l examen de estos requisitos de admisibilidad es previo al trámite de la acción, i ' i nes permiten el examen, por parte de la Sala Constitucional o del pleno de la Corte p e e lrusticia, en su caso, del cum limiento de dichos requisitos, estableciendo como i de la omisión de los recau o cuestión, el rechazo liminar de la acción."
IRMSER, José Raúl. La praxis del co ol de constitucionalidad en el Paraguay, libro Comentario a la Constitución.Torno III, ivisión de Investigación, Legislación y licacrones Centro Internacional de Estudios Judiciales, Co Suprema de Justicia, Año 2007, 1,e1QtMerda. éko entonces, que luego de promover la acción de incon tucionalidad, uiente a o procesal es el del estudio de la admisibilidad de la acción por parte de a Sala onstitu onal la Corte Suprema de Justicia. rto Martinez Simón Ministro acciones de inconstitucionalidad, una vez presentadas ante la Secretaría Judicial I de la Corte Suprema de Justicia, deben ser puestas a consideración por parte del Secretario Judicial, encargado de la misma, a los Ministros integrantes de la Sala Constitucional, a los efectos de disponer su admisibilidad o no, en el plazo máximo de veinte (20)días".
Luego, el artículo 2 de la mencionada acordada establece: "Disponer que, tanto el trámite como el rechazo "in limine ", de las acciones de inconstitucionalidad, serán suscriptas por los Ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitiendo su opinión en cada De la normativa que antecede, surge que la resolución que decide la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad no puede ser considerada como de "mero trámite", ya que establece que cada Ministro estudie y se expida respecto de la cuestión puesta a su consideración.
La exigencia de la consignación de la opinión de cada ministro en la resolución que decide respecto de la admisibilidad, otorga al decisorio en cuestión el alcance de definitivo, y por tanto, no En esta tesitura, y volviendo al objeto de estudio, es lógico concluir que no procede la caducidad de instancia en la etapa de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad, dado que, una vez presentada la misma, la siguiente actividad procesal esperada es el dictado de la resolución por el Órgano Jurisdiccional y por tanto, el proceso queda sustraído de la actividad de las partes.-- De esta manera, al haber estado estos autos en estado de resolución, y habiendo cesado la carga de las partes de impulsar el proceso, no se produjo la caducidad, y por tanto, el caso se encuadra dentro de las previsiones del Art. 176 inc. c) del Código Procesal Civil.
En lo referente a la admisibilidad, previamente corresponde aclarar la naturaleza jurídica de la decisión dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, al respecto se expide el conocido jurista nacional, Dr. Lezcano Claude en los siguientes términos: "Cuando se trata. de una sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, nos encontramos ante decisiones adoptadas por órganos de carácter politico. en el caso del Jurado dicho carácter deriva del modo en que está integrado el mismo. tendiendo a que nuestra Ley Suprema exige que en los procedimientos que culminan con mencionadas resoluciones, se observen los derechos procesales. una mejor solución será equiparlas a aquellas a actos jurisdiccionales" (Lezcano Claude, Luis. El Control Constitucional en el Paraguay. Editorial la Ley Paraguaya S.A. Página Hecha esta aclaración, queda claro que corresponde analizar la admisibilidad de la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a la luz de las disposiciones normativas previstas para acción de inconstitucionalidad contra resoluciones jurisdiccionales.
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:- En este lineamiento, en atención a lo dispuesto por el Art. 557 del CPC, es obligación de la Corte Suprema de Justicia examinar si están reunidos todos los requisitos establecidos en la ley procesal para dar el trámite de rigor a la acción de inconstitucionalidad incoada. Así, en caso de no cumplirse con los requisitos formales, de modo, tiempo y forma, la acción incoada debe CORTE SUPREMA USTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL Por e cabe hacer una breve disquisición de las disposiciones normativas aplicables al . ca o <2ncreartiendo de los requisitos de procedencia dispuestos en el Código de Forma.
En este sentido, el Art. 556 del CPC que dispone: "Acción contra resoluciones judiciales.
La acción procederá contra resoluciones de los jueces o tribunales cuando: a) por sí mismas sean violatorias de la Constitución; o, b) se funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad, contrarios a la Constitución en los términos del artículo 550", en concordancia con el Art. 557 del C.P.C. dispone: "Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos su petición. El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción".
Analizando las constancias de autos a la luz de las disposiciones legales transcriptas, se puede verificar que el accionante encuadra su petición en los Arts. 21 y 33 de la Ley Nº 3759/09 "Que regula el Procedimiento para el Enjuiciamiento y Remoción de Magistrados y Deroga las Leyes Antecedentes", en concordancia con los Arts. 550, 556 y concordantes del CPC, alegando que la resolución impugnada transgrede normas expresas de la Constitución que hacen al debido om se desprende del presente juicio vemos que el recurrente cumplió con su deber de tuir do icilio e individualizar claramente la resolución impugnada - S.D. Nº 03/14 del 18 de r o de 2014- así como el juicio en el cual recayó la misma: "Abg. Diosnel Giménez si stante, se verifica que no se tuvo en cuenta el requisito temporal, previsto en el Art .
Página 5 de 11 OPINIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS: QUE, se agravia el accionante contra la resolución dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por la cual se ha resuelto su apercibimiento. Funda la impugnación en los Artículos 1, 3, 14,16,17 numerales 3, 7 y 8, 137 y 256 de la Constitución Nacional. Manifiesta que la resolución impugnada lesiona el principio de legalidad material (taxatividad), que la formulación de la normativa aplicada es imprecisa, que las causales invocadas no están definidas claramente en la Ley. Agrega que ha quedado en evidencia la aplicación retroactiva de una ley, en su perjuicio, lo que motivó que el Jurado aplique por analogía la norma para sancionarlo.
QUE, el Art. 557 del C.P.C. dispone: "Citará (el actor) además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos su petición ... En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción".- QUE, el artículo 12 de la Ley Nº 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que la ocasiona la ley, QUE, la ley 3759/2009, prevé en el art. 33: "Contra la sentencia definitiva del Jurado podrá interponerse además del recurso de aclaratoria, la acción de inconstitucionalidad, que será QUE, analiza la pretensión y conforme a la normativa citada, debemos precisar que el accionante se limita a estructurar una serie d afirmaciones que hacen a una valoración subjetiva sobre las consideraciones de hecho y derecho que llevaron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a pronunciar la sentencia definitiva impugnada. Sin embargo, se observa en el fallo en cuestión, que éste ha sido dictado acorde a la Ley 3759/2009, normativa vigente, específica y QUE, en la acción de Inconstitucionalidad objeto de análisis, no se observan argumentos convincentes, sólidos y diáfanos que sean suficientes para sustentar la pretensión del accionante. No puede dejar de señalarse que el accionante no ha logrado - en forma cierta, verosímil y razonable - justificar la lesión concreta producida por la resolución impugnada por esta vía, por lo que se concluye que no se ha dado cumplido a lo establecido por el Art. 557 del CPC en concordancia con lo previsto por el Art. 12 de la Ley Nº 609/95, arriba trascriptos. En consecuencia, habiéndose dictado la sentencia conforme a la Ley y no configurándose lo supuestos necesarios, para dar trámite a la acción de inconstitucionalidad, corresponde su rechazo in llmine sin más trámite.
OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARA Y: Diosnel Giménez, por propios Derechos y bajo patrocinio del Abogado Osmar Legal con Matrícula N2. 21.747, promovió Acción de Inconstitucionalidad contra: Sentencia Definitiva N.2. 3 con fecha 18 de Marzo del 2.014, dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en la intitulada: Página 6 de 11 CORTE SUPREMA , cJUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL Sot!,wo solamente que el Pleno de nuestra Corte Suprema de Justicia considera al proceso ant eJ, J.urad, o una cuestión jurídica, sino además entiende -acertadamente- que al ser un proceso jurídico en e ue se aplica una sanción, deberán necesariamente ser observados cada uno de los principi garantías que rigen un proceso penal. (. . .) Entonces se puede concluir, sin temor a equívocos, que las reglas contenidas en el Proceso de Enjuiciamiento que quebranten el derecho a la defensa, el de ser juzgados por jueces imparciales, la presunción de inocencia o el juicio previo, deberán ser declaradas inconstitucionales; pues éstos, son principios y garantías consagrados en los artículos El Artículo 550 del Código Procesal Civil, referente a la procedencia de la Acción, norma: "Toda persona lesionada en sus legítimos derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, los principios o normas de la Constitución, tendrá facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por las El Artículo 552 del mismo Cuerpo legal -taxativamente- enuncia los requisitos de la demanda en los siguientes términos: "Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor, ncionará claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad impugnado, o, en su aso, la disposición inconstitucional. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o Pi incipio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la pe tic. En todos lo casos la Corte Suprema examinará previamente si se hallan satisfechos estos 1 Artíc lo 554 del Código Procesal Civil reza: "La Corte Suprema sustanciará la demanda eneral del Estado". Mientras que el Artículo 556 preceptúa: "La acción procederá ca ra re al ones de los jueces o tribunales cuando: a) Por si mismas sean violatorias de la Ca tit vn; o b) Se funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad to Ja los requisitos de la demanda, el Artículo 557 prevé: "Requisitos de la demanda a edw¡trla. Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e liz rá c aramente la resolución impu da, así como el juicio en que hubiese recaído. Citará l norm , derecho, exención, garantta rincipio constitucional que sostenga haberse o, fund 'do en términos claros y concretos su p ción. El plazo para deducir la acción será de ias, c ntados a partir de la notificación de la r olución impugnada, sin perjuicio de la Ab fR_Í ción or razón de la distancia. En todos los casos, la te examinará previa e si se hallan g. / RI o r: IEVfS Cf. E . d . , . , . l , " T a is .aos 1;;'1rr:1:sztos. n caso contrario, esestimará sin ma tramites a ac ton . - ,,,,ur,ar r'11 ft11t,i;¼elón !it;i Sala .
po á apreciar esa Excma. Sala Constituci nal, la pres.ente acción se z rpone dent o del plazo esta lecido en la norma proces , lnclu ído el 'culo 1 'O del Código "ivil, ya q¡J._e ca que me 'he no i en fech 21 de Marz de 2. constancia de la fecha en que fue notificado el Accionante de la Resolución, lo que imposibilita realizar el cómputo del plazo establecido por el Artículo 557 del Código Procesal Civil.
Consecuentemente, es responsabilidad del interesado dar certeza que determine la fecha en que fue notificado -requisito esencial- para determinar el plazo exigido por Ley. La insanable inobservancia procedimental imposibilita dar trámite a la presentación, correspondiendo así desestimar la Acción de O PINI Ó N DEL SEÑOR MINISTRO VÍCTOR RIOS OJEDA: Adhiero al voto del Ministro Dr. Alberto Martínez Simón, en cuanto al rechazo liminar de la acción por incumplimiento del requisito temporal argumentado por el citado colega, agregando Analizando la presentación y si la misma reúne los requisitos establecidos en el art. 557 del CPC, encontramos que el impugnante no acompañó la cédula de notificación correspondiente a los Si bien el accionante menciona haber sido notificado personalmente en la Secretaría del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados el 21 de marzo de 2014, en autos no consta ninguna No obstante, contrastando la fecha de la resolución impugnada que data del 18 de marzo de 2014 y la fecha de presentación de la acción ocurrida el 03 de abril de 2014 a las 12:00 horas, tenemos que el plazo de nueve días exigido por el Art. 557 del CPC y los 2 días adicionales en razón a la distancia contemplados en los Artículos 149 y 557 párrafo 2º del mismo cuerpo legal, además, teniendo en consideración que el impugnante en su postulación indicó domicilio como real la ciudad de Coronel Oviedo distante a 134 km de la Capital, en estas circunstancias se verifica el fenecimiento del plazo el 03 de abril de 2014 a las 09:00 horas, amparado en el Art. 150 del CPC inclusive. Repetimos, al haberse presentado la acción de inconstitucionalidad en la fecha señalada a las 12:20 horas, a todas luces resulta intempestiva, lo que amerita el rechazo liminar de la acción Es sabido que la promoción de la acción de inconstitucionalidad se inicia una nueva instancia ante el órgano jurisdiccional, y por ende debe bastarse por sí misma, lo cual no acontece en el caso que nos asiste por la displicencia mencionada. Ante este incumplimiento, se hace innecesario el estudio de cualquier otro aspecto referente al pretendido trámite. Es mi voto.
OPINION DEL SEÑOR MAGISTRADO GIUSEPPE FOSSATI LÓPEZ: Adhiero al voto del señor Ministro Eugenio Jiménez Rolón, por cuanto el examen de los presentes autos, cuya tramitación inició con la presentación del 03 de abril de 2014 (fs. 14/25), evidencia que a partir de dicho escrito, solamente se produjeron trámites relacionados con la integración de la Excma. Co11e Suprema de Justicia, debido a la excusación de diversos Ministros; constatándose urgimiento recién en fecha 1 de junio de 2023 (fs. 42/43), cuando el plazo semestral de la caducidad contemplado en el a11. 172 del f fagina 8 de 11 CORTE UPREMA USTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL unto, debe decirse, en primer lugar, que es el escrito inicial el que impetra la pretensión y n de la causa, y por ende, desde allí el interesado, que viene a ser el actor, Abg. Diosnel Giménez"''impulsar el procedimiento. Así lo entiende, desde luego, la doctrina especializada: "La prirñeta--instancia puede perimir desde el momento mismo en que se la ha iniciado, es decir, desde que se planteó judicialmente la cuestión por medio de la promoción de la demanda" (LOUT A YF RANEA, Roberto G. y OVEJERO LOPEZ, Julio C. Caducidad de la instancia. Buenos Aires, Astrea, 2014, 2ª ed. (reimpresión), pág. 48). Es con el mismo criterio que PARRY. Adolfo E. Perención de la instancia. Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 1964, 3ª ed., pág. 215 y siguientes, consigna numerosos fallos en los cuales se concluye que la instancia inicia desde la promoción de la demanda: "La instancia es una acción puesta en movimiento dentro del proceso que se inicia con la demanda; se suspende por las excepciones dilatorias, se extingue por las excepciones perentorias, continúa por la contestación, y encuentra su solución en la sentencia" (JA 38- 701 ); "Como la primera instancia nace con la promoción de la demanda, es indudable el interés que asiste ara impetrar la caducidad, aun cuando no se le hubiere notificado la acción" (Cámara D, 6 de abril de 1959); "Debe considerarse por instancia, a los efectos de la ley 14.191, esde el momento de la presentación del escrito de demanda, aunque no haya sido 2-lV-159), "La obligación de impulsar el procedimiento comienza a correr para la n la inter osición de la demanda, trátese de juicio ejecutivo y ordinario, pues con ella, en ambos ábrese a instancia" (LL 37-714; LL 71-615; LL. 77- 558). Esta conclusión resulta lógicamente , p sto que si se admite que es la instancia la que caduca, no puede extinguirse lo que aún no co uni rá aquella, para que dentro de tercero día informe sobre los hechos alegados, y se integrará o te en afi ma prescripta para la sustitución de magistrados, a fin de resolver el incidente, sin perjuicio sentencia. Si el recusado fuere un miembro del Tribunal las, el escrito de recusación, acompañado de un ces ario, se integrará el Tribunal en la forma Esta postura ha sido mantenida en varios precedentes anteriores, todos emanados del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Cuarta Sala, a saber: A.I. Nº 176 del 28 de diciembre de 2018, A.I. Nº 580 del 26 de setiembre de 2019, A.l. Nº 142 del 18 de mayo de 2020, el voto minoritario suscripto por esta magistratura en el A.I. Nº 39 del 25 de enero de 2021, A.!. Nº 239 del 29 de abril de 2021, A.I. Nº 749 del 30 de noviembre de 2021, A.I. Nº 650 del 18 de octubre de 2022. En todos estos casos se ha sostenido, con la mejor doctrina, que "la recusación, así como su notificación, no son actos idóneos para interrumpir la caducidad. No sólo porque no provocan el avance del proceso, sino porque además no impiden la producción de actos impulsorios de la instancia (MAURINO, Alberto Luis. Perención de la De hecho, la Sala Civil y Comercial de nuestra propia Corte Suprema de Justicia ha compartido el mismo criterio, indicando que: "(..) Esto quiere decir que la sola interposición de la recusación-con o sin expresión de causa, no genera la situación prevista en el art. 176 inc. c) del código procesal civil, puesto que la misma no hace que quede pendiente de resolución alguna cuestión que impida el desarrollo del proceso. Muy por el contrario, los artículos señalados son claros en indicar que el trámite no debe suspenderse sino hasta llegar al estado de autos para sentencia. (..) De este modo, el expediente en cuestión no se hallaba pendiente de ninguna resolución, sino que requería la integración pertinente a los efectos de proseguir el trámite hasta que quedara en estado para resolver (..). De este modo, expresados los agravios en fecha 24 de noviembre de 2005 (fs. 174), luego de dicha actuación no se realizó ningún acto procesal idóneo para el impulso hasta la providencia de separación del miembro del Tribunal Miguel Angel Onieva, de fecha 28 de setiembre de 2006 (fs. 179). El plazo previsto por el art. 172 del código procesal civil, en consecuencia, se ha cumplido largamente. El auto apelado debe ser confirmado, con costas a la perdidosa en virtud a los arts. 203 y 205 del código procesal civil. (..)" (A.I. Nº 1426 del 19 de setiembre de 2007).
Por su parte, otras Salas del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital han sostenido la misma postura: "(..) En primer término se debe recordar que el proceso de integración del tribunal o del juzgado por causa de recusación o excusación del magistrado o los magistrados intervinientes no suspende el trámite del proceso de instancia (..) Es claro pues que la integración no tiene efectos suspensivos sobre la instancia, luego, es claro también que el acto mismo de integración no es interruptivo, puesto que no impulsa el trámite, al no hacer avanzar la causa al estado de resolución (..)" (A.I. Nº 673 del 28 de octubre de 2013, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial - Tercera Sala).
De este modo, los actos relacionados con la integración de la Excma. Corte Suprema de Justicia en estos autos no son actos interruptivos idóneos, y por ende no son obstáculo para el cómputo del plazo semestral previsto en el art. 172 del Código Procesal Civil, puesto que tales cuestiones no impidieron jurídicamente que prosiga el trámite de la presente acción de inconstitucionalidad, a tenor de lo dispuesto por Página 10 de 11 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "ABG. DIOSNEL GIMENEZ, AGENTE FISCAL SI emos advertir que al presente caso no le es aplicable la Acordada Nº 979 del 4 de ada de la Excma. Corte Suprema de Justicia, por cuanto el art. 14 de la Constitución '-' ue las leyes o actos normativos tengan efecto retroactivo; por lo que al tiempo de la normativo no estaba vigente, y por ende, la pendencia de pronunciamiento equivalía a una decisión de mero trámite, respecto de la cual se comparten íntegramente las consideraciones hechas por el Ministro Eugenio OPINION DEL SEÑOR MAGISTRADO LINNEO YNSFRAN SALDÍVAR: Manifiesta que se adhiere al voto del Ministro Alberto Martínez Simón por sus mismos OPINION DEL SEÑOR MAGISTRADO NERI E. VILLALBA: Manifiesta que se adhiere al voto de la Ministra María Carolina Llanes Ocampos por sus OPINION DEL SEÑOR MAGIS ALEJANDRINO CUEVAS CACERES: Manifiesta que se adhiere al voto del Ministro lberto Martínez Simón por sus mismos POR TANTO, la Excelentísima CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: R S UEL VE: :PPE FOSSATI LÓPEZ Miembro del Tribunal de Apelació Civil y Comercial de la Capit Cuarta Sala ' Página 11 de 11 . tJl,Hoi(Í'