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Auto Interlocutorio N° 1236/2024

21 de agosto de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "RODOLFO MAX FRIEDMAN ALFARO C/ JUNTA DEPARTAMENTO DEL GUAIRÁ S/ NULIDAD DE RESOLUCIÓN Nº 2 DE FECHA 3 DE MARZO DE 2017 Y RES. Nº 3 DE FECHA 3 DE MARZO DEL 2017 EMANADA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DEL DPTO DEL GUAIRÁ". AÑO 2017. Nº 1538"

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "RODOLFO MAX FRIEDMAN ALFARO C/ JUNTA DEPART AMENTL DEL GUAIRÁ SI NULIDAD DE RESOLUCIÓN Nº 2 DE FECHA 3 DE MARZO DE 2017 Y RES. Nº 3 DE FECHA 3 DE MARZO DEL 2017 EMANADA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DEL DPTO DEL GUAIRÁ". AÑO 2017. Nº VISTación de inconstitucionalidad presentada por el Abogado Sergio Andrés Coscia, en . nombre y representación de Rodolfo Max Friedmann Alfara, contra del Acuerdo y Sentencia Nº 19 de >tr ,fechaf5 de;.iosto de 2017, dictado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en los autos arriba

CONSIDERANDO

PINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO CESAR DIESEL JUNGHANNS: -&t(;(,U sdhéu'7dh di 1e el citado recurrente promueve acción de constitucionalidad contra la resolución del Tribunal Superi r de Justicia Electoral, que confirma el Acuerdo y Sentencia Nº 14 de fecha 11 de agosto de Asunción, Z-f de f)-o de 2024.- Que, alega el accionante, que por la citada resolución se han lesionado derecho y garantías consagradas en los artículos 17 y 256 de la Constitución Nacional. Sostiene en lo medular, que la prueba pericial a que hace alusión el TSJE para fundamentar sus fallo, fue arrimada por una de las partes sin las formalidades exigidas, de manera arbitraria, excluyendo de su participación para la realización de la pericia, violando así la garantía constitucional de la defensa en juicio.

Que el artículo 3de la ley Nº 609/95 estableces: Deberes y atribuciones. Son deberes y Corte Suprema de Justicia, en pleno: (. . .) i) Conocer y decidir en procedimiento Qu , el Ar. 557 del C.P:C: dispone: "Citará (el actor) además la norma, derecho, exención, ri 'ipio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claro y eticián. ... En todos los caso, la Corte examinará previamente si se halla satisfechos estos 2 de la ley Nº 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la revi 'n en esta instancia extraordinaria, cuestiones ya ítucional competente. Al respecto, cabe re ltar que la 1A:Eier expresa y clara con relación a los fall Jiménez inistro Cusctvo E .. Samandu Dans Ministro parámetros razonables que impidan calificarlas de arbitraria y no se demuestre violación efectiva a reglas del debido proceso; es una vía excepcional prevista para salvaguardar los principio y derecho consagrados en la constitución Nacional, no así para ventilar cuestiones de fondo y de forma que tiene su ámbito natural de dilucidación en las instancia pertinente, que en este caso es de naturaleza electoral.- Que, al no haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos en las normas legales citadas con anterioridad, corresponde el rechazo de la acción sin más trámite.

A SU TURNO EL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN: El Artículo 72 de la Ley Nº 635/95, establece procedimientos y plazos que deben seguir las demandas de inconstitucionalidad incoadas contra resoluciones, en materia electoral. Dicho artículo dispone: "Trámite. Presentada la demanda, la Corte Suprema de Justicia, previo traslado por el plazo de cinco días perentorios al Fiscal General del Estado. dictará sentencia en el término de diez días. En todo lo demás, se aplicarán supletoriamente las disposiciones pertinentes de la Ley Que Organiza la Es importante recordar que, conforme a lo establecido en el Art. 172 del Código Procesal Civil, el plazo para que opere la caducidad de la instancia en este tipo de juicio es de seis meses. Siendo el inicio de dicho cómputo a partir de la fecha de la última petición de las partes, resolución o actuación del Juez o Tribunal que tuviere por objeto impulsar el procedimiento.

En ese orden de cosas, el Art. 175 de dicho código dice: "La caducidad será declarada de oficio o a petición de parte por el juez o tribunal ... ", de igual forma el Art. 174 establece: "La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de las Sabido es que la caducidad de la instancia es un modo de terminación de los procesos que opera de pleno derecho y se basa en la inactividad injustificada de la parte a quien corresponde impulsar el trámite. Ahora bien, tratándose de un modo anormal de terminación del proceso, se ha establecido que las normas que lo rigen son de interpretación restringida, y que en caso de duda debe estarse por la continuación del proceso y no por su extinción. Por tanto, examinaremos si se dieron efectivamente los requisitos que hacen procedente su declaración, es decir, si hubo inacción procesal imputable a la parte interesada en mantener vigente la instancia durante el plazo previsto en el artículo 172 del Código Del expediente se colige que, esta demanda fue presentada en fecha 29 de agosto de 2017, según cargo obrante f. 30 vlto. Desde esa fecha, no se comprueba que hubo un trámite idóneo para impulsar la instancia, habiéndose cumplido en exceso el plazo de seis meses de inactividad establecidos por Ley para que se produzca la caducidad de la instancia. Esto es así, en vista de que no obra en autos escritos de urgimientos presentados por el accionante, los cuales hubieran sido idóneos para interrumpir la caducidad de la instancia (Art. 173 del Código Procesal Civil). En consecuencia, la instancia caducó, y si bien existieron actuaciones posteriores para la integración de esta Corte (fs. 31/35), las mismas son inocuas para interrumpir o suspender el transcurso del plazo de caducidad.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "RODOLFO MAX FRIEDMAN ALFARO C/ JUNTA DEPART AMENTL DEL GUAIRÁ SI NULIDAD DE RESOLUCIÓN Nº 2 DE FECHA 3 DE MARZO DE 2017 Y RES. Nº t. 3 DE FECHA 3 DE MARZO DEL 2017 EMANADA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DEL DPTO DEL GUAIRÁ". AÑO 2017. Nº bien, uándo s 1 la de trámite debe entenderse como el proceso de debate en sí, que importa 9. ytensioRQ tra-pretensiones y los actos necesarios para llevar la causa a estado de resolución. --- (l) b stituyen trámite, por tanto, las actuaciones que se hacen para integrar el órgano jurisdiccional, ya sea éste colegiado o un juzgador individual; por expresa disposición de los arts. 25 y 31 del Código Procesal Civil, concordantes con lo dispuesto por el art. 34 del mismo cuerpo legal.

Las normas advierten que los actos relacionados con la recusación y excusación de jueces no suspenden el trámite, los plazos, ni el cumplimiento de las diligencias ordenadas, y por ende no son interruptivos de la caducidad en los términos de los arts. 172 y 173 del Código Procesal Civil.

Al preverse la integración provisional a efectos de continuar la sustanciación del trámite, resulta claro que la integración y el trámite son cosas distintas. Amén de ello surge de los mismos artículos que el trámite no se interrumpe, esto es, que la falta de integración del órgano no es una causal de suspensión de los plazos de caducidad .. Esta solución se encuentra avalada asimismo por la doctrina y la jurisprudencia. En efecto: "El impulso del procedimiento constituye una carga procesal; y las partes deben realizar el acto adecuado, de conformidad con el momento procesal de que se trata, para que el trámite avance del estadio en que se encuentra al consecutivo; el acto tiene que ser idóneo y capaz de llevar adelante la causa; y si ninguna vinculación aparece entre él y la etapa respectiva o si no tiende a que el iroc o avance, no se trata de uno que presente las condiciones establecidas para dar por cumpli .a la car a; en el caso de la recusación de un juez o la integración oficiosa del tribunal, no se d n a caracteri. ticas expuestas; no se hace avanzar el proceso sino que queda justamente en el mismo no produjeron un efectivo progreso en el desarrollo del proceso, sino porque no 'an l producción de actos impulsorios de la instancia, dado lo dispuesto en el art. 13, inc. IV del ocesal, que establece que la recusación sin expresión de causa no suspende los plazos" 1vCom Minas, Paz y Tribut. Mendoza, 7/11/80, JA, 1981-II-392). "La excusación no es un acto se el procedimiento sino que, por el contrario, es extraña o ajena al progreso del trámite" 1 º Ap 1 Mar del Plata, 24/5/66, LL, 123-688). "La incidencia por excusación no justifica la suspensión 1, ts,(}A-atlíqSJ efectos de la caducidad de la instancia. Ello así por ue nada impide a la parte 9Jn U'lí1 . efectuar peticiones que impulsen el proceso, porque para el e de excusación la ley establece ue en el peor de los casos -es decir, cuando el juez sustitutivo hace opasión-, no se paraliza la sustanciación de la causa (art. 31, párr. 1 Cód. Procesal). De ello se deduc ue mal puede considerársela paralizad té! se presta a intervenir" (CNCom, Sala C, 21/6 4, LL, 156- inistro Gustavo E. Sant nder Danc_s Mjn/stro , ean or ManueUeie ús Raomne relaciona únicamente con la sustanciación del contradictorio ante esta instancia, a tenor de la disposición recientemente mencionada, sin que exima al accionante de la carga de impulsar la instancia.

Esto decimos, para indicar que la circunstancia de autos, en la que se hallaba pendiente de dictado una resolución de mero trámite, no está incursa en el Art. 176 inc. c) del Código Procesal Civil, en virtud del cual no es posible pronunciar la caducidad de la instancia cuando en el proceso estuviere pendiente alguna resolución y la demora en dictarla sea imputable al juez o tribunal. El referido art. 176 debe ser entendido en el sentido de que la instancia se ha cerrado y el litigio se encuentra en estado de resolución de las cuestiones debatidas. Así lo ha consagrado la jurisprudencia en forma conteste: "la carga de las partes de impulsar el procedimiento cesa únicamente con el llamamiento de autos para sentencia. Aun cuando el próximo acto procesal fuere el dictado de dicha providencia, esta circunstancia no libera a las partes de la necesidad de llevar adelante el proceso, carga que es de los litigantes y no del juzgado.

Si no se ha dictado esa providencia y se han cumplido los requisitos exigidos por la ley, corresponde En otras palabras, la pendencia de resolución no se refiere a cualquier providencia, sino tan solo la pendencia del decisorio en la causa principal o incidental. De lo contrario los procesos no caducarían jamás si se encontrase pendiente de resolución una providencia cualquiera, de mero trámite o La operatividad del Art. 176 inc. c) del Código Procesal Civil, se circunscribe a las resoluciones que deciden artículo, es decir, a aquellas que tienen por objeto el pronunciamiento sobre una pretensión de las partes. Las providencias de mero trámite, como se advierte del texto del Art. 157 del Código Procesal Civil, solo tienden al desarrollo del proceso y ordenan actos de ejecución, por lo que el dictado de las mismas, al ser cuestión de diligencia procesal, no puede impedir la caducidad, atentos a que el Art. 173 del Código Procesal Civil requiere la actividad tendiente a impulsar el procedimiento. El conjunto de las normas citadas indica que la providencia de mero trámite solo tiende al impulso del procedimiento, y la caducidad se cuenta desde la última actuación en tal sentido.

Esta posición ha sido sostenida por mayoritaria doctrina y jurisprudencia: "(. . .) La "resolución" a la que se refiere el inc. 3º del Art. 313, "se imbrica en las especies contempladas en los Arts. 161, 163 y 164 del Código Procesal. No comprende, en cambio, la especie 'providencias simples' 'del Art. 160 del mismo Código. En tal orden de ideas, no podría vincularse la pendencia de resolución a la demora en dictar el llamado de autos que sólo tiende, sin sustanciación, al 'desarrollo del proceso:", (Loutayf Ranea, Roberto G. y Ovejero López, Julio C. Caducidad de la instancia. Buenos Aires, Astrea, 1 ª ed., 1999, págs. 330/331). "La inactividad del tribunal que impide el transcurso de los plazos de caducidad, no se refiere a la demora en dictar providencias de mero trámite, que deben ser urgidas por los interesados". ED 23-459; ED 46-433. "Solo existe demora imputable al Tribunal cuando la'resotucion pendiente es la definitiva o una interlocutoria, y no en los casos de las providencias de mero trámite".

(Eisner, Isidoro. Caducidad de instancia. Buenos Aires, Depalma, 1 ª ed., 1995, pág. 185). "Mientras las demoras del proceso no se vinculen al dictado de la resolución del fondo del asunto es obligación de las partes urgir e instar e procedimiento en todas aquellas cuestiones de simple trámite, so pena de caer en la caducidad de la instancia". ED, 46-434; ED 54-359; 54-355; 59-435. Efectivamente, no debe olvidarse que "si bien el art. 313, inc. 3. del Código Procesal determina que no se producirá la caducidad de instancia cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuera imputable al tribunal, no lo es menos que sobre las partes pesa la carga de impulsar el ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "RODOLFO MAX FRIEDMAN ALF ARO C/ JUNTA DEPARTAMENTL DEL GUAIRÁ S/ NULIDAD DE RESOLUCIÓN Nº 2 DE FECHA 3 DE MARZO DE 2017 Y RES. Nº 3 DE FECHA 3 DE MARZO DEL 2017 EMANADA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DEL DPTO DEL GUAIRÁ". AÑO 2017. Nº . Así Yes e4Í, .ite que I a demora en dictar reso I uci ón -prevista en el Art. 176 inc. e)- no puede De esta.-l:'fi,:, ma, surge que es deber de la parte urgir al órgano que dicte la resolución correspondiente a caso, y que si así no lo hiciere, debe echar mano a los resortes procesales creados para tal fin en l código de forma. En este caso, se encontraba pendiente la resolución inicial del trámite de la acción. Al no haberse pronunciado el órgano jurisdiccional, conforme lo indica claramente el art.

72 de la Ley Nº 635/95, la accionante debió urgir e impulsar su dictado a los efectos de mantener en De esta manera, que claro que al haber transcurrido el plazo de seis meses establecido por el Art. 172 del Código Procesal Civil, corresponde declarar la caducidad oficiosamente, en virtud a lo dispuesto eh el Art. el Código Procesal Civil. Con imposición de costas a la accionante. Es mi voto.

OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN: Como cu stión previa al estudio de la admisibilidad, se propone la declaración de caducidad de La cues 'ón versa fundamentalmente sobre la posibilidad de la perención de instancia en la etapa 10 bien se advierte en el voto que antecede, el art. 72 de la Ley 635/95 establece que: ada la demanda, la Corte Suprema de Justicia, previo traslado por el plazo de cinco días iscal General del Estado, dictará sentencia en el término de diez días. En todo lo demás, e aplic rán supletoriamente las disposiciones pertinentes a la Ley que Organiza la Corte Suprema de J üc avo .

u Se: at .. riJ.. ora bien, esta normativa no puede ser interpretada de manera aislada, dado que el art. 12 de la Ley 609/ 5 que establece: "Rechazo "in limine". No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables, ni a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, sentencia definitiva o interlocutoria". ,, ,- ---"1rca,,,cti?.,e la lectura de la norma transcripta surge que ninguna acción de inconstitucionalidad será Cf?é,(ja¡t c.Y)idi¡f ffiilf previo análisis de admisibilidad. por tanto, si bien la normativa electoral' itada en la opinión es de posterior data, es claro que la misma no es derogatorio de la Ley 609/95 dado qu 1 artículo 12 precedentemente citado nada refiere respecto del trámite que debe tener la ción de advertir que el trámite a seguir en la acción de vv.llll!Je,l)'l.e el tipo del juicio que se trate, es el del análisis de arácter de pretensión m.a de Justicia, Sala Gustavo E. Santander Dans Ministro individualizar claramente la Ley, Decreto, Acto normativo de autoridad infringido, o la disposición inconstitucional. Además de ello, debe mencionar la norma constitucional que se asume violada, fundando en términos claros y concretos la petición. La Ley 609/95, en su Art. 12 agrega más requisitos en cuanto al contenido de la demanda, ya que dispone justificar la lesión concreta que ocasiona la ley, acto normativo, sentencia definitiva o interlocutorio. El examen de estos requisitos de admisibilidad es previo al trámite de la acción, conforme con los Arts. 552 in fine del Código Procesal Civil y 12 de la Ley 609/95. Ambas disposiciones permiten el examen, por parte de la Sala Constitucional o del pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su caso, del cumplimiento de dichos requisitos, estableciendo como consecuencia de la omisión de los recaudos en cuestión, el rechazo liminar de la acción." (TORRES KIRMSER, José Raúl. La praxis del control de la constitucionalidad en el Paraguay, artículo del libro Comentario a la Constitución, Tomo III, División de Investigación, Legislación y Publicaciones Centro Internacional de Estudios Judiciales, Corte Suprema de Justicia, Año 2007, Asunción, Pág. 546, 547).-- Queda claro entonces, que luego de promover la acción de inconstitucionalidad, el siguiente acto procesal es el de estudio de admisibilidad de la acción por parte de la Sala Constitucional o, como es el caso que nos ocupa, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, al tratarse de una cuestión electoral, Establecido lo anterior, queda por determinar el alcance y envergadura de la resolución que Para ello, resulta imperioso analizar la Acordada Nº 979 de fecha 4 de agosto de 2015, que reglamenta el artículo 12 de la Ley 609/95. El artículo 1 de la mencionada acordada establece: "Las acciones de inconstitucionalidad, una vez presentada ante la Secretaria Judicial I de la Corte Suprema de Justicia, deben ser puestas a consideración por parte del Secretario Judicial, encargado de la misma, a los Ministros integrantes de la Sala Constitucional, a los efectos de disponer su admisibilidad o no, en Luego, el artículo 2 de la mencionada acordada establece: "Disponer que tanto el trámite como el rechazo "in limine", de las acciones de inconstitucionalidad, serán suscriptas por los Ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitiendo su opinión en cada caso particular".

De la normativa que antecede, surge que la resolución que decide la admisibilidad de laacción de inconstitucionalidad no puede ser considerada como de mero trámite, ya que establece que cada ministro estudie y se expida respecto de la cuestión puesta a su consideración.

La exigencia de la consignación de la opinión de cada ministro en la resolución que decide respecto de la admisibilidad, otorga al decisorio en cuestión el alcance de definitivo, y por tanto, no En esta tesitura y volviendo al objeto de estudio, es lógico concluir que no procede la caducidad de instancia en la etapa de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad, dado que una vez presentada la misma, la siguiente actividad procesal esperada es el dictado de la resolución por el Órgano Jurisdiccional y por tanto, el proceso queda sustraído de la actividad de las partes.

De esta manera, al haber estado estos autos en estado de resolución, y habiendo cesado las cargas de las partes de impulsar el proceso, no se produjo la caducidad, y por tanto, el caso se encuadra dentro En cuanto a la cuestión referente a la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad, disiento en el rechazo liminar de la presente acción en razón de que, en mi opinión, no se dan los presupuestos ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "RODOLFO MAX FRIEDMAN ALFARO C/ JUNTA DEPARTAMENTL DEL GUAIRÁ SI NULIDAD DE RESOLUCIÓN Nº 2 DE FECHA 3 DE MARZO DE 2017 Y RES. Nº 3 DE FECHA 3 DE MARZO DEL 2017 EMANADA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DEL DPTO DEL GUAIRÁ". AÑO 2017. Nº par --proce : cía; debiendo, por el contrario, darse trámite a la presente acción, de conformidad col) ,' En ecto, de conformidad a lo establecido en el art. 557 del C.P.C., el accionante individualizó claramente la resolución impugnada, A. y S. Nº 19/2017 de fecha 25 de agosto de 2017, dictado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral en los autos: "RODOLFO MAX FRIEDMAN ALF ARO C/ JUNTA DEPARTAMENTAL DEL GUAIRAS/ NULIDAD DE RESOLUCIÓN Nº 2 DE FECHA 3 DE MARZO DEL 2017, Y RES. Nº 3- DE FECHA 3 DE MARZO DEL 2017 EMANADA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DEL DPTO. DEL GUAIRA.-", además de acompañar copia de dicha Individualizó, además, de modo claro y concreto, las normas y principios constitucionales que bers infringido y que en la especie son - según la postulación del accionante - los artículos 17 y 25 de la nstitución. Alegó el peticionante que las resoluciones cuestionadas son arbitrarias ya a sido die adas en abierta contradicción con las normas fundamentales de nuestro ordenamiento Por tant , la presente exposición de la parte accionante, en suma, cumplimenta los requisitos os en el rt. 557 del C.P.C., por lo que resulta que sus alegaciones deben ser estudiadas en cuanto r lo demás, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 609/95, se halla indicado el 1 concreto que produce la lesión de normas de índole constitucional, es decir, la específica olaci 'n titucional manifestada por el accionante, al decir entre otras cosas, el hecho de validar una une que nunca ha sucedido y que el agraviado manifestó no haber realizado dicho acto.

p.09juÍi,t: .. q e, de acuerdo a lo expuesto en la demanda, y sin adelantar opinión sobre su procedencia, se demuestr con creces que la acción ha cumplido con los requisitos formales que hacen a la admisibilidad, r lo que corresponde darle trámite de conformidad al mi. 558 del C.P.C. Es mi voto.

é(jalt -i:-l11,' c7 - , OPINION DEL SENOR MINISTRO CESAR ANTONIO GARA Y: El Abogado Sergio Andrés Coscia, con Matricula N8.200, en ejer icio de la representación de R fíolfo Max Friedmann, conforme al testimonio de Poder que acompa promovió Acción de I constitucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia número 19/2.017 de fecha 2 e Agosto de 2.017, que dictó el Tribunal Superior de Justicia Electoral en el expediente caratulado: "Rodolfo Max Friedmann Alfara c/ Junta Departamental del Guairá s/ Nulidad de Resolución N2 de fech de Marzo de 2.017 y Resolución Nec 3 de Marzo de 2.017 emanada de la Junta Departam tal del anual ee¡esús amívz eand1 Or. MINIS'I' O Constitución Nacional, resolviendo en caso Contra Legem, configurándose con ellos una causal de arbitrariedad reconocida, determinado también la inobservancia de la garantía consagrada en el Articulo 256, Segundo Párrafo de la Constitución, que exige a los jueces fundar sus sentencias en la Ley, siendo con ello la misma nula de nulidad absoluta, y completamente arbitraria por la razón El Artículo 550 del Código Procesal Civil, referente a la procedencia de la Acción, norma: "Toda persona lesionada en sus legítimos derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, los principios o normas de la Constitución, tendrá facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por las disposiciones de este Capítulo".

El Artículo 552 del mismo Cuerpo Legal -taxativamente- enuncia los requisitos de la demanda en los siguientes términos: "Al presentar su escrito ele demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionará claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad impugnado, o, en su caso, la disposición inconstitucional. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la petición. En todos los casos la Corte Suprema examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, El Artículo 554 del Código Procesal Civil prescribe: "La Corte Suprema sustanciará la demanda oyendo al Fiscal General del Estado". Mientras que el Artículo 556 dispone: "La acción procederá contra resoluciones de los jueces o tribunales cuando: a) Por sí mismas sean violatorias de la Constitución; o Se funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad contrario a la En cuanto a los requisitos de la demanda, el Artículo 557 del Código Procesal Civil reza: "Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos su petición". Igualmente manda en el Artículo 558, correr traslado del escrito de demanda al En atención a lo expuesto, se estima que no están dadas las condiciones para el rechazo liminar de la pretensión, considerando que dicha determinación se halla delimitada en sus exigencias formales -muy rigurosamente- y con sujeción al Código respectivo. Prima facie no se observan deficiencias en la, presentación del impugnante, por lo que corresponde dar el trámite de Ley al pedido y substanciar la Garantía Constitucional oyendo a la Fiscalía General del Estado, Parte esencial en Causas de esta naturaleza, trámite que se encuentra aún pendiente y que no fue proveído. Sin aquella inexorable y obligatoria tramitación, mal podría dictarse decisión definitiva para resolver la cuestión propuesta.

Uno de los logros más formidables de la República Moderna ha sido precisamente que el justiciable sea oído en más de una Instancia y por disímiles Magistrados.

César Garay ilustra: "Nuestro país acepta el principio de la doble instancia, sin perjuicio de la facultad exclusiva que se reconoce a la Corte Suprema para entender n las contiendas de jurisdicción y competencia ( ... ) y en las decisiones sobre inconstitucionalidad di las leyes e inaplicabilidad de las disposiciones que contraríen a la Constitución; e igualmente sin perjuicio de que algunos litigios o asuntos puedan llegar a untercera instancia"(Técnica Jurídica, Tomo I, Segunda Edición, pág. 408).

Tan sabias enseñanzas ameritan, ennoblecen y abonan plenamente la pertinencia de proveer el trámite CORTE 'SUPREMA DE JUSTICIA -corres 'f e y es de rigor, a la presentación que nos ocupa, todo en observancia de los Artículos 1!n.el Sistema C.on.stitucional, la facultad de r.ec1az,preliminar de pretens.io.nes de los Justiiables debernterpretarse restrictivamente, pues configura limitación del Derecho de peticionar a las autoridades y del Derecho a la Defensa en Juicio. Por tanto, el rechazo "in limine" cabe únicamente cuando surge la palmaria, notoria e inexcusable improcedencia por defecto de forma de la Acción, en protección del Derecho a la "Tutela Judicial Efectiva", entendida como facultad de acceder al Sistema Judicial y obtener de los Tribunales Resoluciones motivadas concernientes al fondo de la cuestión planteada.

En las expresadas circunstancias, se concluye que la Causa no se encuentra en condiciones de plenitud y validez para ser resuelta, ya que -se insiste- al no haber motivos rechazo liminar de la Acción de Inconstitucionalidad debe substanciarse con la autoridad competente, cumpliendo así el Principio de bilateralidad procesal que hace a la correcta y debida integración de la litis. Cumplido este obligatorio e ineludible trámite procedimental -corno lo es la substanciación- esta Magistratura podrá, con sujeción a Derecho y en observancia de disposiciones legales de Orden Público, juzgar y resolver el thema "RODOLFO MAX FRIEDMAN ALFARO C/ JUNTA DEP ART AMENTL DEL GUAIRÁ S/ NULIDAD DE .

RESOLUCIÓN Nº 2 DE FECHA 3 DE MARZO DE 2017 Y RES. Nº 3 DE FECHA 3 DE MARZO DEL 2017 EMANADA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DEL DPTO DEL GUAIRÁ". AÑO 2017. Nº RNO EL SEÑOR MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA: Manresta ue se adhiere al voto del Ministro Alberto Martínez Simón, por sus mismos TURNO EL SEÑOR MINISTRO LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA: que se adhiere al voto del Ministro Alberto Martínez Simón, por sus mismos A SU TURNO EL MAGISTRADO JUAN CARLOS PAREDES: ue se adhiere al voto al voto del Excmo. Ministro Alberto Martínez Simón, por sus A SU TURNO MAGISTRADO LINEO INSFRÁN: se adhiere al voto del Ministro Alberto Martínez- imón, por sus mismos ISTRO GUSTAVO SANTANDER DANS: Jiméne.z1<, inistrO / A r, Dr. Manu 1 Qes!i R<1mí ei Caodl MNISTAO año, además de haber ejercido el cargo de Senador de la Nación en el periodo 2018-2023, notoriamente la pretensión asumida en la postulación de la acción carece de agravio actual, por haber cesado el interés Es sabido que la vigilancia del agravio es de primordial importancia para que esta Sala pueda expedirse al caso concreto puesto en crisis, entonces, la desaparición del interés y el agravio propiamente dicho, imposibilita el pronunciamiento de una cuestión abstracta, por lo que se impone el rechazo liminar Convengamos que el leitmotiv de la reclamación en estudio resulta a este tiempo notablemente inoperante y desprovisto de objeto, en atención a que inclusive después de fenecido el mandato para el cual fuera electo el impugnante, se produjeron justas electorales donde surgieron nuevas autoridades, entre ellas el Gobernador del Guairá para el periodo 2018-2023, suceso de conocimiento público que Al respecto la Ley 609/95 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia" en cuyo artículo 12 se expresa: "No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables, ni a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, sentencia definitiva o interlocutoria". Exponiendo de ésta manera que la necesidad de una suficiente y acabada justificación del petitorio resulta vital a los efectos de la viabilidad de la acción. Concluimos que la misma no reúne los requisitos exigidos por la norma respecto al agravio actual y determinado. En ese sentido el Dr. Casco Pagano en su obra Código Procesal Civil Comentado y Concordado cuando en referencia a la declaración en abstracto y el interés legítimo en este tipo de acciones nos dice: " ... debe existir un interés en obtener la declaración por parte del afectado, de modo a tutelar efectivamente un derecho violado. Siendo así, no se concibe la declaración en abstracto de la inconstitucionalidad, vale decir, en el sólo beneficio de la ley, sin un concreto y legítimo interés en su En definitiva, la acción promovida debe declararse inoficiosa conforme a las argumentaciones

POR TANTO, la
RESUELVE:

TENER por. resentado al recurrente en el carácter invocado y or constituido su domicilio en DAR TRÁMITE a la acción nt da por el Abogado Sergio Andrés -,-, ai , contra del Acuerdo y Sentencia .io 11 Justi .ia Electoral, por los ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "RODOLFO MAX FRIEDMAN ALFA C/ JUNTA DEPARTAMENTL DEL GUAIRÁ SI DE RESOLUCIÓN Nº 2 DE FECHA 3 DE MARZO DE 201 RES. Nº 3 DE FECHA 3 DE ,.,.,.,,u,,O DEL 2017 EMA '.ADA DE LA NTA DEPARTAMEN O DEL Cesar M, Diesel Jun hanns Ministro CSl. stavo E. Santander Dans Ministro