CORTE SUPREMA DE JlJSTI ClA ACCJON DE JNCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LEONJINO BENÍTEZ CABALLERO EN LOS AUTOS CARATULADOS: "CAUSA Nº 101/2/17: "ABG. LEONJJNO IlENÍTEZ, JUEZ PENAL DE GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE CAPITÁN BADO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBA Y S/ ENJUICIAMIENTO" AÑO 2019 Nº 670.
c.', e; A: La akción de inconstitucionalidad presentada por Leonjino Benítez Caballero, -'),' , ,;'A?.,9ga e:::,or sus propios dterechos, bajo patrocinio de la Abogada Claudia Lorena Benítez Vian, ,f;..;,-.ibn . e la C.SJ. N36.202, contra la Sentencia Definitiva N058/19 de fecha 26 de !Marzo de 2 , 11> ictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y la impugnación parcial por -'--1-,ir stitucional de la Ley Nº-3759/09 "Que regula el Procedimiento para el Enjuiciamiento y Remoción de Magistrados y Deroga las Leyes Antecedentes", de Ios'jtrtículos 141incs. b) y g), 16 y Asunción, 1-1
CONSIDERANDO
OPINIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS: e, se promueve acción constitucional, en contra de la Sentencia Definitiva Nº 40/2018 lvió, entre otros: "REMOVER al Abg. LEONJINO BENÍTEZ CABALLERO, Juez Penal inerai te 'Pedro Juan Caballero, Circunscripción Judicial de Amambay, por su actuación como e al de Garantías de Capitán Bada, en el expediente: "Ministerio Público el Felipe Escurra 0 de Marihuana en la Colonia Cristino Potrero de la ciudad de Capitán Bada en esta sect I isdicció ", por haber incurrido en la causal de mal desempeño de funciones contempladas en J Que, el accionante sostiene, entre otras cosas lo siguiente: " ... En efecto, el Juicio y las nomas jurídicas invocadas en el mismo por el Jurado, y que son objetos de la presente acción de intnstitucionalidad afectan entre otros al Derecho a la defensa, al ser juzgado por jueces im arciales, a la presunción de ino ncia, del juicio previo y del debido proceso en base a las cu iles, los actos y normasjuridicas que sostienen, deberán ser declarados inconstítucio des e inJ¡plicablespor esa Exma. Corte Suprema de ticia, Sala Constitucional.:", (14).-:-- .
/ Que, tomando en consideración lo expuesto el accionante, tenemos imp:;; /1.b LEj--Gtlffi.1i sentencia dictada por el Jurado de E iiciamiento de Magistrados, así co o g. ta<Mi91h111ente la Ley Nº 3759/09 en los artículos ut s ra mencionados, manifestando que - tanto son violatorias de vanos preceptos constitucionales, como s el debido pro so, el erecho a actuar los magi rados, a as cuales, lo actos y al s e inaplicabl s.
Vfctor Ríos Ojeda Página 1 de 8 Que, el Art. 550 del C.P.C establece: "Procedencia de la acción y juez competente. Toda persona lesionada en sus legítimos derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, los principios o normas de la Constitución tendrá facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por las disposiciones de este Que, el Art. 551 del C.P.C., dispone:" Cuando el acto normativo tenga carácter particular, por afectar solamente derechos de personas expresamente individualizadas, la acción prescribirá a los seis meses, contados a partir de su conocimiento por el interesado ... ".
Que, el Art. 552 del C.P.C., menciona: "Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionará claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad impugnado, o, en su caso, la disposición inconstitucional. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos la petición. En todos los casos la Corte Suprema examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción" ..
Que, el Art. 12 de la Ley Nº 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, En base a las manifestaciones vertidas por el accionante se puede constatar que, se ha dado cumplimiento al plazo establecido por el artículo ut supra mencionado para la interposición de la acción, así como también el accionante ha realizado un análisis sucinto justificando concretamente y fundamentando las lesiones constitucionales alegadas, citando cada una de las normas que considera vulneradas, exponiendo con claridad y precisión su planteamiento, razones por las que corresponde dar trámite a la acción de inconstitucionalidad y correr vista a la Fiscalía General del OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMENEZ ROLÓN: El art. 11 de la Ley 609/95 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia", sobre Constitucional, los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional, dispone: ".. b) Conocer sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a la Constitución". Además, el art. 33 de la Ley 3 759/2009, dispone: "Contra la sentencia definitiva del Jurado podrá interponerse además del recurso de aclaratoria, la acción de inconstitucionalidad, que será resuelta por el pleno de la Corte.".
En fecha 12 de agosto de 2015 entró en vigencia la Acordada 979/15 que dispone: "Art. 1 º. - Las acciones de inconstitucionalidad, una vez presentadas ante la Secretaría Judicial I de la Corte Suprema de Justicia, deben ser puestas a consideración por parte del Secretario, Judicial, encargado de la misma, a los Ministros integrantes de la Sala Constitucional, a los efectos de disponer su admisibilidad o no, en el plazo máximo de veinte (20) días. Art. 2° . - Disponer que, tanto el trámite como el rechazo "in limine ", de las acciones de inconstitucionalidad, serán suscriptas por los Ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitiendo Página 2 de 8 -CORTE --SUPREMA .: ' fl:,'i:r ¡ 1 artí e1 72 del Código Pro ce.sal C i vi I estab 1 e ce el p lade seis. meses para que opere la 't ca - eidadde 14-nstancrn en este tipo de JU1c10; dicho computo irucia a partir de la fecha de la ultima f6tic d /Ías partes, resolución o actuación del órgano jurisdiccional que tuviere por objeto , rocedimiento, ex articulo 173 del mismo Código.
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LEONJINO BENÍTEZ CABALLERO EN LOS AUTOS CARATULADOS: "CAUSA Nº 101/2/17: "ABG. LEONJINO BENÍTEZ, JUEZ PENAL DE GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE CAPITÁN BADO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDfCIAL DE AMAMBA Y SI ENJUICIAMIENTO" AÑO 2019 Nº 670.
En ese orden de cosas, el artículo 175 del Código de Forma legisla: "La caducidad será declarada de oficio o a petición de parte por el juez o tribunal ... ", igualmente, el artículo 174 del referido Código dispone: "La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad Sabido es que la caducidad de la instancia es un modo de terminación de los procesos que opera de pleno derecho y se basa en la inactividad injustificada de la parte a quien corresponde impulsar el trámite; es decir, en el abandono de la instancia. Es importante recordar que la instancia puede rimir desde el momento mismo en que se inició, es decir, desde que se planteó judici men e la cuestión a través de promoción de la demanda. Lo único que interesa, dice Peyrano, una demanda y que la misma haya sido presentada ante un tribunal, para que mputo del término de la perención" (LOUTA YF RANEA, Roberto G. y OVEJERO C. 2014. Caducidad de la instancia. Segunda Edición. Buenos Aires: Astrea. p. 48).- Die o esto, y revisado el expediente, se colige que esta demanda fue presentada en fecha 9 bri 2019, según cargo obrante f. 32 vlta. Desde esa fecha, hasta el 9 de octubre de 2019, no o mite i 'neo para impulsar la instancia, habiéndose cumplido en exceso el plazo de seis ses d e ctividad establecidos por Ley para que se produzca la caducidad de la instancia. Esto s ', en vista,ds_que si bien obra en autos escrito de urgimiento de pronto despacho presentado or la.aes .. v1fe, este fue presentado posteriormente al vencimiento del plazo de caducidad (Art.
ete digo Procesal Civil). Tal circunstancia queda evidenciada a través del informe del tu rio o ante a f. 39. En consecuencia, la instancia caducó, efectivamente, el 9 de octu re de / Las constancias de autos y el citado informe del Actuario dan cuenta que existiera ciones tendientes a la integración de la Sala Constitucional. Sin embargo, es criterio unifor e sta Magitratura, aorde con la doctrina la jurisprudencia más autorizaa en la materia, que icl as actuaciones son inocuas para paralizar el anscurso del plazo de caducidad.
El requisito de la falta de impulso procesal igido por la ley, evidentemente se refiere Jlaglstracfo riil1ri15f.t?niºntra pretensiones. No constituyen impulso, or tanto, las actuaciones que se hacen c n el fin de integrar el órgano jurisdiccional, ya sea este coleg do o unipersonal (e luri s: Sala R, Oieda Dr- Víctor 1 M.inivtl o Página 3 de 8 decisión es de mero trámite y se relaciona únicamente con la sustanciación del contradictorio en este proceso. Al ser así, no está incursa en el artículo 176 literal "e" del Código Procesal Civil.
En ese sentido, también es criterio constante de esta Magistratura (vide: Sala Civil, Auto Interlocutorio Nº 1316 de fecha 05 de noviembre de 2019) que no cualquier resolución pendiente puede dar lugar a la inaplicabilidad del instituto de la caducidad. En efecto, las resoluciones que solo tienden al desarrollo del proceso y ordenan actos de ejecución no pueden impedir la caducidad.
Sólo la pendencia de autos interlocutorios tendientes a resolver cuestiones incidentales con efecto suspensivo del proceso principal y que ameritaron sustanciación, y de la sentencia definitiva o de resoluciones con fuerza de tal, tornan improcedente la caducidad de la instancia. Es decir, resoluciones destinadas a dirimir planteamientos controvertidos formulados por las partes. Cualquier otra interpretación traería aparejada la auténtica desaparición del instituto de referencia. Es decir, los procesos no caducarían jamás, en contra de lo que dispone el propio ordenamiento procesal; y no puede concebirse que dicho cuerpo normativo se contradiga a sí mismo.
Esta posición ha sido sostenida por mayoritaria doctrina y jurisprudencia: ".. La 'resolución' a la que se refiere el inc. 3del Art. 313, 'se imbrica en las especies contempladas en los Arts. 161, 163 y 164 del Código Procesal. No comprende, en cambio, la especie 'providencias simples' del Art. 160 del mismo Código. En tal orden de ideas, no podría vincularse la pendencia de resolución a la demora en dictar el llamado de autos que sólo tiende, sin sustanciación, al 'desarrollo del proceso"' (LOUTAYF RANEA, Roberto G. y OVEJERO LÓPEZ, Julio C. 1999.
Caducidad de la instancia. Primera Edición. Buenos Aires: Astrea. pp. 330/331); "La inactividad del tribunal que impide el transcurso de los plazos de caducidad, no se refiere a la demora en dictar providencias de mero trámite, que deben ser urgidas por los interesados" (ED 23-459; ED 46-433); "Solo existe demora imputable al Tribunal cuando la resolución pendiente es la definitiva o una interlocutoria, y no en los casos de las providencias de mero trámite". (EISNER, Isidoro. 1995. Caducidad de Instancia. Primera Edición. Buenos Aires: Depalma. p. 185). "Mientras las demoras del proceso no se vinculen al dictado de la resolución del fondo del asunto es obligación de las partes urgir e instar el procedimiento en todas aquellas cuestiones de simple trámite, so pena de caer en la caducidad de la instancia" (ED, 46-434; ED 54-359: 54- 355: 59-435): ". si bit;n el art. 313, inc. 3. del Código Procesal determina que no se producirá la caducidad de instancia cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuera imputable al tribunal, no lo es menos que sobre las partes pesa la carga de impulsar el Las opiniones transcriptas son plenamente aplicables, por ser formuladas en relación con el artículo 313 numeral "3" del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina, de análoga redacción al artículo 176 literal "c" del Código Procesal Civil de la República del Paraguay.
El criterio enunciado en nada se ve afectado por la vigencia de la Acordada 979/15; que exige la opinión suscripta de los Ministros integrantes de la Sala Constitucional, en la resolución que admita rechace "in limine" el trámite de las acciones de inconstitucionalidad, en cada caso en particular. Lo cierto es que, independientemente a la forma que acoja la decisión inicial, providencia o auto interlocutorio fundado, su naturaleza es la misma: la mera admisión del trámite de la acción, tal como sucede en todos los procesos con la primera providencia dictada por el órgano Página 4 de 8 ACCTON DE INCONSTITUCIONALJDAD PROMOVIDA POR LEONJJNO BENÍTEZ CABALLERO EN LOS AUTOS CARATULADOS: "CAUSA Nº 101/2/17: "ABG. LEONJINO BENlTEZ, JUEZ PENAL DE GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE CAPITÁN BADO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBA Y SI ENJUICIAMíENTO" AÑO 2019 Nº 670.
. 'n ya ha sido sostenida por esta Magistratura con anterioridad, en oportunidad de ' ogos. Y, se reitera, la pendencia del dictado de resoluciones de mero trámite no , ro . cución del plazo de caducidad; y, si el órgano jurisdiccional no se pronuncia en '- uno, incumbe a quien tiene el impulso procesal la carga de instar tal resolución.
Entonces, desde el 9 de abril de 2019 hubo inacción procesal imputable a la parte interesada en mantener vigente la instancia durante el plazo previsto en el artículo 172 del Código Procesal Civil; y, por tanto, la caducidad operó el 9 de octubre de 2019, y no puede cubrirse con diligencias o actos procesales posteriores al vencimiento del plazo, tal como ocurrió en el caso de autos, con la presentación del escrito urgiendo pronto despacho (fs. 36) por la accionante, luego de vencido el De esta manera, ya no es necesario el análisis de los requisitos formales de admisibilidad previstos en el Código Procesal Civil y en la Ley 609/95. En conclusión, no hay otra alternativa posible: únicamente corresponde declarar oficiosamente la caducidad de la instancia en estos a .os.
OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GAY SÍhduTUú Adhier la decisión de los preopinantes en cuanto a dar trámite ación de nstitucio lidad promovida contra la S.D. N05/19 del 26 delMi.arzo de 2019, pro novida por ado eojino Benítez Caballero, en razón de que se puede observar- en la dernai eta- que ella no h s d promovida fuera del plazo, habiendo el actor señalado concretamente el act . impugnado mbién el procedimiento en el que ella se dictó, exponiendo en forma clara concreta su obre las supuestas violaciones constitucionales, con indicación d( las normas --.,uy explicando además la lesión concreta. Cabe además resaltar que 1 cción es reuniéndose as tanto los requisitos dispuestos por el Código Procesal Ci il, como los or la Íey _N2. 609/95 QUE ORGANIZA LA CORTE/ SUPREMA DE Jl 5TICIA, por OPINION DEL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ sr 'IÓN: f Me adhiero al voto del Ministro César Antonio Garay, por los argumentos q it se exponen Con respecto a la naturaleza jurídica la decisión dictada por el Jurado de Lojuiciamiento de me expide el conocido jurista n ional, Dr. Lezcano Claude en los' siguientes 51.i'{ldo se trata.. de una sentencia de trado de Enjuiciamiento de 'Magistrados, ,:rit1l1"ª :)' eCOn tramos an e iecisiones a opta .os por organos njuiciamiento e Magistra os, nos encontramos ante decisiones adoptadas por órganos de carác 'político. en el caso del Jurado icho carácter deriva del modo en que está integrado el mismo . . tendiendo a qu n tra Ley Dr. Víctor 1 Página 5 de 8 En esta tesitura, queda claro que corresponde analizar la admisibilidad de la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a la luz de las disposiciones normativas previstas para acción de inconstitucionalidad contra resoluciones jurisdiccionales.
En este lineamiento, en atención a lo dispuesto por el Art. 557 del Código Procesal Civil, es obligación de la Corte Suprema de Justicia examinar si están reunidos todos los requisitos establecidos en la ley procesal para dar tramite de rigor a la acción de inconstitucionalidad incoada.
Así, en caso de no cumplirse con los requisitos formales, de modo, tiempo y forma, la acción P or ello, cabe hacer una breve disquisición de las disposiciones normativas aplicables al caso concreto, partiendo de los requisitos de procedencia dispuestos en el Código de Forma.
En ese sentido, el Art. 556 del CPC que dispone: "Acción contra resoluciones judiciales. La acción procederá contra resoluciones de los jueces o tribunales cuando: a) por sí mismas sean violatorias de la Constitucián; o, b) se funden en una ley, decreto, reglamento y otro acto normativo de autoridad, contrarios a la Constitución en los términos del artículo 550", en concordancia con el Art. 557 del C.P.C. dispone: "Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, o principio de constitucional que sostenga haberse infringido, fundando en los términos claros y concretos su petición. El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia, En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción".
Analizando las constancias de autos a la luz de las disposiciones legales transcriptas, se puede verificar que el accionante encuadra su petición en el instituto de la resolución judicial arbitraria, alegando que la misma es por sí misma violatoria de la Constitución. Y, por otro lado, también alega la infracción a la garantía constitucional de defensa en la tramitación del proceso de Conforme se desprende el presente juicio vemos que el recurrente cumplió con su deber constituir domicilio e individualizar claramente la resolución impugnada -S.D. Nº 05/19 del 26 de marzo de 2019- así como el juicio en el cual recayó la misma: "Abg. Leonjino Benítez, Juez Penal de Garantías de la ciudad de Capitán Bado, Circunscripción Judicial de Amambay s/ Asimismo, se verifica que tuvo en cuenta el requisito temporal, pues si bien la cédula de notificación agregada a fs. 3 no posee informe del Ujier notificador del que se pueda constatar la fecha de su diligenciamiento, si puede comprobarse que la resolución dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados data del 26 de marzo de 2019 (fs. 7 /11) y la acción de inconstitucionalidad en estudio fue promovida en fecha 9 de abril de 2019 -conforme sello de cargo obrante a fs. 32 vlto-. Además que, el accionante posee domicilio real en la ciudad de Capital Bado, por lo que en virtud a las disposiciones contenidas en el Art. 149 del CPC, corresponde adicionar A pesar de que no tenemos certeza respecto de la firmeza de dicho decisorio lo que impide establecer el dies a qua del plazo legal previsto para promover la acción, se puede verificar que Página 6 de 8 4 ORTE : lfJ,1.. REMA .i. ud- /. STICIA 1nt . , :a;-D. del 26 de marzo de 2019 y la promoción de la presente acción de constituc(s; ad, no ha transcurrido el plazo previsto en el Art. 557 y 149 del CPC.
---.;...L.,,;-rra mente, de la fundamentación expuesta en el escnto e promocion e a acc1011 - s.
12/32- se desprende que el recurrente expone circunstanciadamente porqué -al parecer del mismo la sentencia atacada debe ser considerada inconstitucional, alegando entre otras cosas, que el proceso de enjuiciamiento de magistrados no respetó el derecho a la defensa, previsto en el Art. 16 de la Constitución. En igual sentido, ataca de inconstitucional a la sentencia dictada como consecuencia de dicho proceso, sosteniendo que la misma es arbitraria conforme a las previsiones del Art. 256 de la Constitución de la República, al no estar fundamentada en la Constitución y las POR LEONJINO BENÍTEZ CABALLERO EN LOS AUTOS CARATULADOS: "CAUSA Nº 101/2/17: "ABG. LEONJINO BENÍTEZ, JUEZ PENAL DE GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE CAPITÁN BADO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBA Y SI ENJUICIAMIENTO" AÑO 2019 Nº 670.
De lo expuesto, es fácil convencerse entonces que en el escrito de promoción se individualiza la resolución impugnada y el proceso que la misma fuera dictada; además menciona la serie de derechos y garantías que considera infringidos, presentado la petición en forma clara y concreta, y exponiendo los argumentos que piden sean considerados por la Excma. Corte Suprema de Justicia. Asimismo, se verifica que la cuestión que plantea el actor es también de las llamadas Así las cosas, considero que corresponde tener por presentado al recurrente en el carácter invocado, por constituido su domicilio en los lugares señalados, dar trámite a la presente acción de inconstitucionalidad promovida contra la S.D. Nº 05/19 del 26 de marzo del 2019, dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, librar oficio al Jurado de Enjuiciamiento a los efectos pertinentes, correr traslado a la Fiscalía General del Estado. Es mi voto.
OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO VÍCTOR RIOS OJEDA: Me adhiero al voto esgrimido por la Ministra María Carolina Llanes, por compartir sus OPINION DEL SEÑOR MAGISTRADO NERI E. VLLALBA: Me adhiero al voto esgrimido por el Ministro César Antonio Garay, por compartir sus OPINIÓN DEL SEÑOR MAGISTRADO GIUSEPPE FOSSATI LÓPEZ: Me adhiero al voto esgrimido por el Ministro César Antonio Garay, por compartir sus OPINIÓN DEL SEÑOR MAGISTRADO ALEJANDRINO CUEVAS CÁCERES: Me adhiero al voto esgrimido 'por' el Ministro César Antonio Garay, por compartir sus Página 7 de 8 OPINION DEL SEÑOR MAGISTRADO LINNEO YNSFRAN SALDÍV AR: Me adhiero al voto esgrimido por el Ministro César Antonio Garay, por compartir sus
POR TANTO, la
RESUELVE:
1.- RECONOCER la personería del accionante en el carácter invocado y tener por 2.- ORDENAR la agregación de las instrumentales adjuntadas al escrito de promoción de la acción, debidamente certificadas por el Secretario de la Judicial I.
2.- DAR TRÁMITE a la acción de inconstitucionalidad presentada por Leonjino Benítez Caballero, Abogado, por sus propios derechos, bajo patrocinio de la Abogada Claudia Lorena Benítez Vian, con Mat. de la C.S.J Nº 36202, contra la Sentencia Definitiva Nº 058/19 de fecha 26 de marzo de 2019, dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y la impugnación parcial por inconstitucional de la Ley Nº 3759/09 "Que regula el Procedimiento para el Enjuiciamiento y Remoción de Magistrados y Deroga las Leyes Antecedentes", de los 4.- LIBRAR oficio al Jurado de Enjuiciar iento de Magistrados a fin de que remitan a esta Corte Suprema de Justicia los autos principales ratulados: "CA USA Nº 101/2/17: "ABG.
LEONJINO BENITEZ, JUEZ PENAL DE GARANTÍA E LA CIUDAD DE CAPITÁN BADO, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY SI ENJUJ . G/USEPPE FOSSAT/ LÓPEZ mbro de/ Tribunal de Ape/ .. Civil e . acion Y º'.;1erc;al de la Capital Cuarta Sala . AÍanes o. carol1Jt(f JAW Página 8 ele 8