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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 868/2024

20 de agosto de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: BELERMINA BARUJA DE MENDOZA C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODIFICA EL ART. 9º DE LA LEY Nº 2345/2003. Nº 1189. AÑO 2020. --

Antecedente ART. 1º DE LA LEY Nº 4252/2010

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: BELERMINA BARUJA DE MENDOZA C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODIFICA EL ART. 9º DE Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: RÍOS OJEDA, SANTANDER DANS y DIESEL JUNGHANNS.

1. Se presenta la Sra. BELERMINA BARUJA DE MENDOZA, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley N 4252/1 O "QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 3, 9Y 1 Oº DE LA LEY Nº 2345/03 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", en lo que respecta a la modificación .del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", en su calidad de jubilada de la administración pública, conforme se desprende de las instrumentales que obran en autos y del escrito 2. Alega la accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 4, 46, 47, 49, 86 y 95 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: "(. . .)

sostengo que afectan /as normas constitucionales de referencia, por el hecho de que se obliga a pasar a la INACTIVIDAD LABO,RAL por la so/a razón de tener 65 años de edad, vulnera el derecho de continuar trabajando a una persona capaz, honesta e idónea, que son factores indispensables exigidos para el acceso a /as funciones 3. Así las cosas, tenemos que la ac nant revis calidad de funcionaria ública, a que en el escrito de promoción men on qu media te Resolución Nº 21 de fecha 04 de octubre d nombrad por la Honor le Cámara de Dip ados, así ismo surge la Cédula de dentidad glosa a foja O ma cuen a 68 años. - Cesar M. Diesel Ju Ministro CSJ.

4. Examinadas las documentaciones citadas (que obran en autos) y considerando que la accionante a la fecha de emitir esta opinión cuenta con 68 años de edad y ante la inminencia de la aplicación de la ley 4252/201 O, procederé al estudio de esta acción en 5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .)". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida del trabajador.

6. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un 7. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley N.º 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en 9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria del mandato constitucional.

10. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor de las nuevas generaciones, posibilitando su legítimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector público, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: BELERMINA BARUJA DE MENDOZA C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODIFICA EL ART. 9º DE T.sunsgnc º éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un 4,ons rón obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artíc -y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos a ey (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el derecho al 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de 13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente Se presenta la señora BELERMINA BARUJA DE MENDOZA, a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts. 3, 9y 1 Oº de la Ley 2345/03 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones La forma es un requisito elemental a los efectos de la admisión de la acción intentada, es decir, se deben cumplir con las mismas formalidades de presentación exigidas en La primera cuestión a examinar en cualquier proceso es la relativa a la legitimación procesal. Es decir, si la relación señalada y suscitada con motivo del proceso, puede tener la virtualidad de generar una confirmación, modificación o extinción de la relación jurídica de fondo que subyace en el mismo, vale decir, si existe la "legitimatio ad causam". Es esta la primera obligación a cargo de cualquier juzgador, y es la razón por la cual nos imponemos Sa bid o es que, la promoción de la acción de inconstitucionalidad debe ajustarse a los requisitos formales exigidos no sólo en el Art. 552 del C.P.C., sino también las contempladas en los Arts. 106, 215 y 219 del mismo cuerpo legal, caso contrario ameritaría su rechazo por Examinad o el expediente y el escrito inicial de promoción de acción, a simple vista se observa que no fue acreditada válidamente la legitimación activa de la accionante (resolución de nombramiento o contrato). Ni siquiera la Constancia de Trabajo o el Certificado de Trabajo resultan suficientes documentos par: ac ditar la condición alegada, ni la legitim ' activa de la misma como funcionaria d endien e de la Honorable Cámara de Dip ados, por lo cual la Acción no se ajus a la formalid des. Esta acción carece por lo tanto de s ntido ló o formal, s no s cu nta con doc entos que demuestren de manera fehaci te la alidad de accion nte d la is a, ya que el único documento que lo habilit como le Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. vtcs»: P"s acreedora de tal derecho no se encuentra agregado al expediente, resultando entonces ésta en una presentación incompleta y sin posibilidad de resolverse sobre el fondo de la cuestión "La acción debe ser intentada por el titular del derecho... Llamase legitimatio ad causam, la demostración de la existencia de la calidad invocada, que es activa cuando se Corresponde al actor la prueba de las condiciones de su acción, a él incumbe demostrar su calidad de titular del derecho y la calidad de obligado del demandado ... Por consiguiente, la legitimación de la calidad de obrar no es un requisito para el ejercicio de la acción, sino para su admisión en la sentencia ... " (Hugo Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", 2º Edición, Parte General, Ediar Soc. Anon.- Editores, Fundad o en lo expuesto, visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no procede la acción planteada por defectos de forma. Es mi voto.

A su turno, el Doctor DIESEL JUN NS, manifestó que se adhiere al voto del Ante mí: Gustavo E. Santander Dans Ministro D vta«: T?ras 1e Müüstro Asunción, 2de Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, Sala Constitucional

RESUELVE:

NO HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por I Se ora BELERMINA BARUJA DE MENDOZA, de conformidad a lo establecido en .el exor io Ante mí: R, Oieda Vctol' ws 1 Ministro