Expediente: "LUCY BEATRIZ HUERTA C/ RESOLUCIÓN NRO. 62 DEL 21 DE ENERO DEL 2020 DICTADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN días,del, - de qdoo del año "'" -r,-_J vestando reunidos en la j. CortSema de Justicia, Sala Penal, los Ores. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, ', -i-,,Bfi DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente: "LUCY BEATRIZ HUERTA C/ RESOLUCIÓN NRO. 62 DEL 21 DE ENERO DEL 2020 DICTADA POR L_A MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO" a fin de resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por los Abg.
Diego Ramón y Derlis Cubilla, en representación de la Municipalidad de San Bernardino, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 06 de fecha 23 de febrero del Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia,
CUESTIONES:
1. ¿Es nula la Sentencia recurrida? - 2. En caso contrarío, ¿se halla ajustada a Derecho? - Practicado el sorteo de la Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RAMÍREZ CANDIA, LLANES OCAMPOS y BENÍTEZ RIERA.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, DIJO: Los Abg. Diego Ramón y Derlis Cubilla, no fundamentaron expresamente el recurso de nulidad interpuesto, pero al ser de carácter público hace viable su estudio de oficio. En ese sentido, no se observan vicios o defectos procesales que ameriten la declaración de nulidad en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad interpuesto. Es DIJO: INISTRA MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS Min tro preopinante, Dr. Manuel Dejesús A SU TURNO, EL MINISTRO LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA DIJO': Disiento con mi colega preopinante que me antecedió, Dr. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, por los siguientes fundamentos que pasaré a exponer. La parte recurrente expone sus agravios de manera indiscriminada, sin separar el recurso de nulidad del de apelación, pues, de la lectura de los mismos se advierte que versan, en apretada síntesis, acerca de la falta de fundamentación de la resolución en crisis, ya que la misma no hizo mención a las normativas legales En este sentido, corresponde abocarnos al estudio de lo propuesto por la parte recurrente. Sabido es que el recurso de nulidad, conforme con el art. 404 del Código Procesal Civil, se da contra las resoluciones dictadas con violación de la forma y solemnidades previstas por las leyes. Esta decisión se encuentra reservada para los casos en" que la forma o contenido de la resolución se encuentren comprometidos legÉllmente; o cuando el responsable del decisorio haya incurrido en algún defecto de capital importancia para el pronunciamiento de E I art. 15 del Código Procesal Civil expresa: "Son deberes de los Jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial: ... inciso b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia, bajo pena de nulidad; d) pronunciarse necesaria y únicamente sobre lo que sea objeto de petición, salvo disposiciones especiales ... ". A su vez el art.
159 del citado cuerpo legal dispone: "Sentencia definitiva de primera instancia. La sentencia definitiva de primera instancia, destinada a poner fin al litigio, deberá contener, además: a) las designaciones 'de las partes; b) la relación sucinta de las cuestiones de hecho y de aerecno que constituyen el objeto del juicio; c) la consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. El juez deberá decidir todas las pretensiones deducidas y sólo sobre ellas. No está obligado a analizar las argumentaciones que no sean conducentes para decidir el litigio; d) los fundamentos de hecho y de derecho; e) la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por la ley, declarando el derecho de los litigantes, y, en consecuencia, condenando o absolviendo de la demanda o reconvención, en su Expediente: "LUCY BEATRIZ HUERTA C/ o L oonrs RESOLUCIÓN NRO. 62 DEL 21 DE ENERO DEL 2020 e,'?: .o s .1'. DICTADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN UPREMA BERNARDINO" Nro. 693 - Año 2023.
... './úf}.tJJ. s ptible de ejecución; y g) el pronunciamiento sobre costas".
.. a º mativa precedentemente citada impone al juez el deber de fundar ú.íicien ente toda- resolución. Ahora bien, del análisis de la resolución , , A. y S. Nº 06 de fecha 23 de febrero de 2023, surge que la misma se encuentra fundada y no presenta vicios de congruencia, como así tampoco se advierte falta de logicidad. En efecto, explicita razonable y compresiblemente los hechos en que se funda, los cuales llevaron a los miembros de la baja instancia a resolver los recursos de una determinada manera. Así, se debe aclarar que en sede de nulidad solo puede analizarse si la resolución se halla fundada, no así la pertinencia o corrección de los argumentos utilizados para justificar la posición adoptada, lo que solo podría ser discutido en sede de apelación. Por lo demás, y dado que no se advierten vicios o defectos en la resolución recurrida, que autoricen a declarar de oficio su nulidad, el recurso debe ser desestimado.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO RAMÍREZ CANDIA, PROSIGUIÓ DICIENDO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 06 de fecha 23 de febrero del 2023, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: "1-HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa instaurada por LUCY BEATRIZ HUERTA C/ RESOLUCIÓN NRO. 62 DEL 21 DE ENERO DEL 2020 DICTADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución; 2- ANULAR la Resolución Nro. 62 del 21 de enero del 2020, dictada por la Municipalidad de San Bernardino; 3- IMPONER las costas a la parte perdidosa; 4- NOTIFICAR DE E I fundamento del Tribunal de Cuentas para hacer lugar a la demanda, se basó -en resumen- en que, la Municipalidad de San Bernardino no justificó la razón por la cual otorga a los inmuebles de la accionante, un valor fiscal distinto al establecido rvicio Nacional de Catastro (SNC), el cual es mucho más i o por la citada entidad. En ese sentido, el Tribunal indicó s rar que el tación en Dr. Manuel Oejesús amírez andl V. MINISTRO la resolución impugnada. En consecuencia, al no encontrarse debidamente Los Abg. Diego Fernández y Derlis Cubilla, en representación de la Municipalidad de San Bernardino, al momento de expresar agravios manifestaron -en resumen- que, la resolución apelada no posee un argumento sólido, pues no hace mención a las normas legales utilizadas para resolver la cuestión, careciendo así de una.estructura lógica, en contravención a lo dispuesto por el artículo 256 de la Constitución y artículo 15, inciso b) del Código Procesal Civil. Indicaron, respecto al fondo de la cuestión, que el inmueble en cuestión se encuentra dentro del área urbana de la ciudad, en virtud al Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 3438/99 y que los datos emitidos por el SNC sirven de base para la realización del cálculo del impuesto inmobiliario, más no significa una imposición a los Municipios, ya que cada inmueble posee características diferentes, y que el inmueble en cuestión además de estar en zona urbana, se encuentra sobre ruta asfaltada, por lo que solicitan sea revocada la sentencia. --- El Abg. José Avalos, representante de la señora Lucy Beatriz Arza, al momento de contestar el traslado de agravios corrido a su parte, señaló -en resumen- que lo argüido por la Municipalidad de San Bernardino en lo referente a que " ... /os datos emitidos por el SNC sirven de base para la realización del cálculo del impuesto inmobiliario, más no significa una imposición a /os Municipios ... " es contrapuesto a las normas vigentes, pues el artículo 60 de la Ley Nro. 5531 /2015 devuelve la competencia para la liquidación del impuesto inmobiliario a la Administración Central, es decir, Servicio Nacional de Catastro.
Así, para resolver la cuestión, corresponde mencionar brevemente los En ese orden, se advierte que la señora Lucy Beatriz Arza solicitó en fecha 01 de noviembre del 2019 a la Municipalidad de San Bernardino, la actualización de los valores del impuesto inmobiliario de la Finca Nro. 8677 con Padrón Nro. 5564 y Finca Nro. 8679 con Padrón Nro. 5566. Dicha solicitud de actualización, fue en baseal Informe Técnico del SNC del 03 de setiembre del 2018 (fs. 14) en el cual se indicaba, que, para los valores fiscales del año 2018, accionante, manifestaba a la Municipalidad que existían valores percibidos indebidamente dicha Administración, por la suma de Gs. 94.507.864, pues en el año 2017, la Municipalidad cobró por el inmueble con Padrón Nro. 5564 la suma de Gs. 23.214.899 y por el inmueble con Padrón Nro. 5566 la suma de Gs. 29.249. 768; y en el año 2018 cobró por el inmueble con Padrón Nro. 5566 la Por medio de la Resolución I.M. S.B. Nro. 62 de fecha 21 de enero del 2020, el Intendente de la Municipalidad de San Bernardino (fs. 04) resolvió rechazar el pedido de actualización de valores. El rechazo se basó en que, si bien, el SNC es el órgano encargado de establecer los valores fiscales conforme la Ley Nro. 5513/2015, los datos consignados en su Informe Técnico no se ajustan a la realidad, ni al Decreto Nro. 3438/99 que establece como zona urbana el área donde se encuentran los inmuebles, por ende, corresponde rechazar la Ha bien do expuesto los antecedentes del caso, corresponde pasar al análisis de los agravios expuestos por los abogados representantes de la Municipalidad de San Bernardino. Rememorando, la apelante manifestó que la sentencia no posee un argumento sólido, pues no hace mención a las normas legales utilizadas para resolver la cuestión, careciendo así de una estructura lógica, en contravención a lo dispuesto por el artículo 256 de la Constitución y artículo 15, inciso b , digo Procesal Civil y respecto al fondo de la cuestión, 1 SNC sirven de base para la realización del cálculo para resolver el caso, la solución jurídica a la que arribó es correcta, en base a las consideraciones que a contínuación se exponen: En primer lugar, es oportuno aclarar, que lo analizado en el presente caso, concierne a la base imponible del impuesto inmobiliario. En ese sentido, la base imponible debe ser entendida como el valor de los bienes determinado por la ley sobre la que habrá de aplicarse la tasa impositiva para determinar la cuantía de la Sobre el punto, el autor Fernando Pérez Royo expresa que "Podemos definir la base como la expresión cifrada y numérica del hecho imponible. Se trata de una magnitud definida en la ley y que expresa la medición del hecho imponible o, más exactamente, de su elemento material, el criterio para mensurar cada hecho imponible real o concreto" (Pérez Royo, Fernando. Derecho Financiero y Ahora bien, en el orden jurídico nacional, es preciso destacar, que si bien la normativa municipal vigente, Ley Nro. 3966/1 O regula en relación al impuesto inmobiliario en sus artículos 153/157, en lo concerniente al aspecto sustantivo, se debe remitir siempre a las disposiciones de la Ley Nro. 125/92, atendiendo que esta norma establece y regula lo atinente a la cuestión de fondo del impuesto En ese contexto, la Ley Nro. 125192, dispone en el artículo 60 -texto modificado por el artículo 1 de la Ley Nro. 5513/15- que: "Base Imponible. La base imponible constituirá la valuación fiscal de los inmuebles establecida por el Servicio Nacional de Catastro, la cual estará dividida en inmuebles urbanos y rurales. El Poder Ejecutivo aprobará por Decreto anualmente el sistema de valoración fiscal de los inmuebles urbanos y rurales, determinado por el Servicio Por otra parte, una cuestión importante a mencionar es que, el artículo 154 de la Ley Nro. 3966/1 O, que establecía que la base imponible correspondía determinarla a la Municipalidad, se halla derogado por el artículo 5 de la Ley Nro.
5513/15, por lo que no caben dudas, que la norma aplicable a la solución del CORTE SUPREMA c1Jf la Expediente: "LUCY BEATRIZ HUERTA C/ RESOLUCIÓN NRO. 62 DEL 21 DE ENERO DEL 2020 DICTADA POR A MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO" Nro. 693 - Año 2023. aplicación del artículo 60 de la Ley Nro. 125/92, -texto 1. . ""so1iqitid mulada por la contribuyente, se concluye que es procedente la ''áctu, IJ. lón de los valores de la Finca Nro. 8677 con Padrón Nro. 5564 y Finca ,'J-?8679 con Padrón Nro. 5566, pues la autoridad administrativa encargada de fijar la base imponible, es decir, el precio del inmueble, es el Servicio Nacional de Por tanto, en base a las consideraciones expuestas, corresponde RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia; CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 06 de fecha 23 de febrero del 2023, Respecto a las COSTAS, éstas deben ser impuestas al funcionario emisor del acto administrativo anulado por imperio del artículo 106 de la Constitución que establece la responsabilidad personal de los funcionarios o empleados públicos por las irregularidades cometidas en el ejercicio de la función.
En efecto, cuando el acto administrativo se declara nulo por la autoridad competente, en este caso, por el Tribunal de Cuentas y es confirmado en esta instancia, es porque se ha dictado en transgresión a los requisitos de regularidad, por lo que corresponde imponer las costas al funcionario emisor del acto administrativo anulado; pues, de imponerse las costas a la entidad pública, además de contradecir la Constitución, constituye un premio para el funcionario negligente y un castigo para los contribuyentes quienes deben soportar la carga En el mismo lineamiento, el autor Rafael Bielsa enseña: "Si se hace responsable al Estado y no a los funcionarios culpables, éstos seguirán gozando de la impuni 'él de sus ctos irregulares, y el Estado, es decir, el tesoro público, cargará ar-wt:irncias de esos hechos. Con hacer responsable al Estado, sa responsabilidad en los paga, se resuelve en una carga para /os contribuyentes honestos o no culpables de las faltas de /os funcionarios". (8/ELSA, RAFAEL; Estudios de Derecho Público, Tomo IV, Ed. Depalma, Buenos Aires. 1962. Págs. 309/310). Es mi voto.
A SU TURNO, LA MINISTRA MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS PROSIGUIÓ DICIENDO: Me adhiero al voto del Ministro Ramírez Candia en lo que refiere al fondo de la cuestión, por compartir sus mismos fundamentos; sin embargo, disiento respecto a la imposición de costas al funcionario emisor del acto administrativo por las siguientes consideraciones:
En primer lugar, considero que las costas deben ser impuestas a las partes del proceso, en este caso en particular las partes son el señor Lucy Beatriz Huerta, quien promueve la demanda y por otra parte la MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO- ente que emitió la resolución impugnada.
Ahora bien, el principio general que rige -en cuanto a la imposición de costas- es lo dispuesto en el Art. 192 del Código Procesal Civil, que contiene el Principio de Resultado Objetivo Del Pleito, esto es que hay una parte que resulta vencedora por habérsele reconocido sus pretensiones y otra vencida por no haber Las costas constituyen un resarcimiento, establecido por la Ley, para compensar o indemnizar al vencedor por los gastos originados en el juicio y su exoneración debe merecer fundamentos mediante razones valederas.
En el presente, la parte actora Lucy Beatriz Huerta obtuvo resolución favorable, por ende, deben ser impuestas a la MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO de conformidad a lo que establece el art. 203 inc. a) del C.P.C. ES A SU TURNO, EL MINISTRO LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA PROSIGUIÓ DICIENDO: Me adhiero al sentido del voto del Ministro Preopinante por los CORTE PREMA 1!Expediente: "LUCY BEATRIZ HUERTA C/ RESOLUCIÓN NRO. 62 DEL 21 DE ENERO DEL 2020 DICTADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO" Nro. 693 - Año 2023.
vertidos por la parte recurrente y su correspondiente ya fueron resumidos adecuadamente por el Ministro preopinante, por one la remisión por razones de brevedad, ergo, pasaremos a estudiar s, " t1,n el presente caso, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala resolvió anular la Resolución Nº 62 del 21 de enero de 2020, dictada por la Municipalidad de San Bernardino. Ante esta situación, corresponde pasar al análisis de la resolución anulada, a fin de elucidar su regularidad conforme a derecho.
A fs. 04 de autos se observa la resolución en cuestión - Nº 62- que pretendía responder al pedido de actualización del impuesto inmobiliario formulado por la señora Lucy Beatriz Arza Huerta. De la lectura de la misma, surge que aquella contiene defectos insoslayables de insuficiencia de fundamentación, dado que, si bien cita las normativas que, a su criterio, devienen aplicables al caso estudiado, no explicita particularmente los valores utilizados para concluir que la suma recaudada en concepto de impuesto inmobiliario para el presente caso resulta regular y conforme a derecho. Pues, únicamente se limita a mencionar frases sin sustento suficiente o con sustento "aparente" cuando manifiesta: "Que, conforme a los registros municipales el inmueble se halla ubicado en zona urbana, sobre asfalto y le corresponde los valores que le fueron asignados en la referida liquidación" (sic.). Asimismo, en el mentado fallo se ciñeron a desacreditar con ligereza el informe técnico del Servicio Nacional de Catastro, puesto que, no argumentaron mínimamente con los "valores actualizados" a su criterio, que hacía A tenor de todo lo expuesto supra, cabe concluir que el dictamen realizado por la Municipalidad de San Bernardino carece de fundamentación suficiente, por tanto, la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas que declaró la nulidad del s ada a derecho, ergo, el recurso de apelación interpuesto ado. En lo concerniente a las imposición de arolina LI nes, por compartir sus Con lo que se dio por terminado el acto, previa lectura y ratificación del mis os de la orte Suprema de Justicia, Sala Penal, por Carolltlª vra. Mit1istra ACUERDO Y SENTENCIA Nro. i 9 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excma.
SALA PENAL
RESUELVE:
1. DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad interpuesto por los Abg. Diego Ramón y Derlis Cubilla, en representación de la Municipalidad de 2. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por los Abg. Diego Ramón y Derlis Cubilla, en representación de la Municipalidad de San Bernardino y, en consecuencia; CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia e fecha 23 de febrero del 2023, dictado por el Tribunal de P i 'era Sala, por: los fundamentos expuestos en la resolución.- cos s a la parte perdidosa, Municipalidad de San vi ud al artículo 203, inciso a) del Código Procesal Civil.-- e ítez Riera o icar y archivar.