Expte.:“CASACION: RONY MAXIMILIANO ROMAN RAMIREZ Y OTROS S/LAVADO DE DINERO (DELITOS ECON.) Y OTROS N° 2871/2016.
ACUERDO Y SENTENCIAEn la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal- los Dres. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA Y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: RONY MAXIMILIANO ROMAN RAMIREZ Y OTROS S/LAVADO DE DINERO (DELITOS ECON.) Y OTROS, a fin de resolver los Recursos Extraordinarios de Casación, interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nº 28, de fecha 28 de abril de 2022 dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala de la Circunscripción Judicial de la Capital.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar las siguientes:
C U E S T I O N E S:¿Son admisibles los recursos de casación interpuestos?En su caso, ¿resultan procedentes?Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, arrojó el siguiente resultado: LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Ministro BENÍTEZ RIERA dijo: En primer término, corresponde hacer el examen de la admisibilidad de los recursos, y para analizar las condiciones de admisibilidad, se debe tener presente en primer lugar lo dispuesto por el art. 477 del C.P.P. que determina el “objeto” de la impugnación al Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
señalar que: Solo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencias definitivas del Tribunal de Apelaciones o contra aquellas decisiones de ese Tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la penaAsimismo, el art. 478 del mismo Código individualiza en sus tres incisos, los únicos y exclusivos motivos que hacen a la procedencia de la casación, y a ese respecto dispone: “El recurso extraordinario de casación procederá exclusivamente: 1) cuando en la sentencia de condena se imponga una pena privativa de libertad de diez años, y se alegue la inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional, 2) cuando la sentencia o el auto impugnado sea contradictorio con un fallo anterior de un Tribunal de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia y 3) cuando la sentencia o el auto sean manifiestamente infundadosSobre la forma de interposición, el art. 480 del C.P.P., en concordancia con el art. 468 del mismo cuerpo legal, dispone que el Recurso Extraordinario de Casación debe interponerse en el término de diez días de notificada la resolución que se impugna, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
No debe olvidarse que el Recurso de Casación es de carácter extraordinario, lo que implica que las normas que lo regulan son de interpretación estricta, sin posibilidad de ampliar lo que ellas expresan ni entenderlas analógicamente, más aún cuando las mismas son tan claras, transparentes y terminantes, como son las disposiciones contenidas en los artículos 477, 478 y 480 del C.P.P.
Una vez establecidos estos parámetros y cuestiones relevantes al tema, y teniendo presente que en este caso se plantearon cuatro recursos de casación, corresponde iniciar el análisis de admisibilidad de cada uno de ellos por separado.
ANÁLISIS DEL RECURSO PLANTEADO POR LA DEFENSA DE HUGO RENÉ AYALA HENRY Y CLAUDIO DANIEL MELGAREJO MERELES:Corresponde observar primero las condiciones de interposición de los recursos, y vemos que los mismos han sido presentados en fecha 06 de junio de 2022. Las notificaciones personales a los procesados de la resolución en cuestión fue practicada el 23 de mayo de 2022, cabe decir, que los recursos fueron planteados dentro del plazo legal de diez días.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Sobre la impugnabilidad subjetiva, se puede observar que el Abogado Defensor, Abg. Gustavo Bogado, tiene intervención legal en la presente causa conforme constancias de autos, por lo que se halla acreditada su personería, hallándose debidamente legitimado para recurrir en casación conforme a lo dispuesto por el art. 449 del C.P.P.
Sobre la impugnabilidad objetiva, vemos que el Acuerdo y Sentencia recurrido se trata de una resolución que pone fin al procedimiento, tal como lo establece el artículo 477 del C.P.P., ya que la misma confirma la sentencia del Tribunal de Sentencia que, entre otras cosas, impuso condena a HUGO RENE AYALA HENRY a la pena privativa de libertad de cinco años y a CLAUDIO DANIEL MELGAREJO MERELES a la pena privativa de libertad de cuatro años por el hecho punible de Lavado de Dinero.
En lo que hace al escrito de interposición: La forma del mismo se rige por lo dispuesto en el art. 468 del CPP, al cual remite el art. 480 del mismo cuerpo legal, que exige que el escrito sea fundado y que en él se expresen concreta y separadamente cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende.
De la lectura del escrito de casación se observa que el recurrente invocó el motivo previsto en el inciso 3 del 478 del C.P.P.
La causa expresada por el recurrente en representación de los citados procesados es la prevista en el inciso tercero del artículo 478 del C.P.P.
En relación al procesado HUGO RENÉ AYALA HENRY, el abogado defensor expone los siguientes agravios:
En primer lugar, el transcurso del plazo establecido en el art. 136 del C.P.P., notamos que fue realizado un cómputo por el mismo, y también un análisis de lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones, por lo que este agravio es admisible para su estudio.
Como segundo punto de su casación, a partir de la página 14 del escrito recursivo, el recurrente manifiesta aparentemente tres agravios: 1. Sentencia infundada y contradictoria por falta de fundamentación del Tribunal de Apelaciones sobre la participación de su defendido; 2. Violación de las reglas de congruencia entre la sentencia, la acusación y el auto de apertura a juicio; 3. Inadvertencia de las previsiones contenidas en el art. 400 del C.P.P.- Analizando estos agravios, notamos que el recurrente a fin de fundar estos puntos hace referencia a cuestiones fácticas y probatorias, de hecho, gran parte de la fundamentación del recurrente en este punto hace referencia a lo resuelto por el Tribunal de Sentencias, sin realizar un análisis de lo resuelto por el Tribunal de Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Apelaciones, que finalmente es la resolución recurrida, por lo que este agravio es INADMISIBLE.
Como tercer punto, a partir de la página 22 de su escrito recursivo, la defensa de Hugo Ayala Henry señala que existió una errónea aplicación del art. 65 del C.P. pues se utilizaron frases formularias, señala que la aplicación de la pena de cinco años a su defendido es excesiva y realiza un análisis de los puntos que a su criterio fueron valorados erróneamente, por lo que este agravio se encuentra fundado lo que hace admisible su estudio.
Ahora bien, en relación al procesado CLAUDIO DANIEL MELGAREJO MERELES, el abogado representante de la defensa técnica expuso los siguientes agravios:
El transcurso en exceso del plazo previsto en el art. 136 del C.P.P. notamos que fue realizado un cómputo por el mismo, y también un análisis de lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones, por lo que este agravio es admisible para su estudio.
A partir de la página 13 de su escrito recursivo, en términos similares al recurso analizado anteriormente, señala tres cuestiones: 1. Sentencia infundada y contradictoria por falta de fundamentación del Tribunal de Apelaciones sobre la participación de su defendido; 2. Violación de las reglas de congruencia entre la sentencia, la acusación y el auto de apertura a juicio; 3. Falta de valoración de las pruebas invocadas por la defensa. Revisados estos agravios, vemos que el recurrente a fin de fundar estos puntos hace referencia a cuestiones fácticas y probatorias, de hecho, el mismo recurrente hace mención a ciertos medios probatorios que a su criterio son insuficientes, y también menciona otros medios de prueba que fueron producidos, sin embargo, omite señalar cuál es la valoración correcta y el efecto que dicha valoración tendría en la decisión, por lo que claramente han incumplido lo establecido en el artículo 468 del C.P.P., al cual remite el art. 480 del mismo cuerpo legal, el cual exige que el escrito sea fundado y que en él se expresen concreta y separadamente cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende, por lo que este agravio es INADMISIBLE.
Siguiendo con el análisis del recurso en estudio, tenemos que a partir de la página 22 de su escrito recursivo el recurrente cuestiona la falta de expedición del Tribunal respecto a la pena impuesta al señor CLAUDIO MELGAREJO, y realiza un análisis de los puntos que a su criterio fueron valorados erróneamente, por lo que este agravio se encuentra fundado lo que hace admisible su estudio.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
En conclusión, del análisis de los recursos interpuestos por el Abg. GUSTAVO BOGADO representante de la Defensa Técnica de los procesados HUGO RENÉ AYALA HENRY y CLAUDIO DANIEL MELGAREJO MERELES, se desprende que corresponde declarar la admisibilidad parcial de los mismos, debiendo analizarse la procedencia de los agravios respecto al plazo previsto en el art. 136 del C.P.P. y la medición de la pena.
ANÁLISIS DEL RECURSO PLANTEADO POR LA DEFENSA DE AMADO RAMÓN SALINAS:Respecto al tercer recurso analizado, corresponde verificar primero las condiciones de interposición del recurso, y vemos que el mismo ha sido presentado en fecha 07 de junio de 2022. La notificación a la defensa técnica de la resolución en cuestión fue practicada el 24 de mayo de 2022, cabe decir, que el recurso fue planteado dentro del plazo legal de diez días.
Sobre la impugnabilidad subjetiva, se puede observar que el Abogado Idilio Acosta tiene intervención legal en la presente causa conforme constancias de autos, por lo que se halla acreditada su personería, hallándose debidamente legitimado para recurrir en casación conforme a lo dispuesto por el art. 449 del C.P.P.
Sobre la impugnabilidad objetiva, vemos que el Acuerdo y Sentencia recurrido se trata de una resolución que pone fin al procedimiento, tal como lo establece el artículo 477 del C.P.P., ya que la misma confirma la sentencia del Tribunal de Sentencia que, entre otras cosas, impuso condena a AMADO RAMÓN SALINAS a la pena privativa de libertad de seis años y seis meses, por el hecho punible de Lavado de Dinero.
En lo que hace al escrito de interposición: La forma del mismo se rige por lo dispuesto en el art. 468 del CPP, al cual remite el art. 480 del mismo cuerpo legal, que exige que el escrito sea fundado y que en él se expresen concreta y separadamente cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende.
De la lectura del escrito de casación se observa que el recurrente invocó el motivo previsto en el inciso 3 del 478 del C.P.P.
Ahora bien, analizando cada agravio en particular -para determinar la correcta fundamentación de cada uno- tenemos lo siguiente:
La defensa del procesado AMADO RAMÓN SALINAS introduce como primer agravio la medición de la pena impuesta a su defendido, pues señala que a pesar de Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
haberse encontrado tres circunstancias a favor del procesado, de igual manera le fue impuesta una pena mayor a la pena máxima, considero que este agravio es admisible pues se encuentra fundado en ciertos aspectos, por lo que corresponde analizar la procedencia del mismo en el análisis de la segunda cuestión.
Por otro lado, como segundo agravio el recurrente señala “la improcedencia de la acción penal” por el transcurso en exceso del plazo previsto en el art. 136 del C.P.P., tenemos que fue realizado un cómputo por el mismo, y también un análisis de lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones, por lo que este agravio es admisible para su estudio.
En síntesis, corresponde declarar la admisibilidad del escrito de casación interpuesto por el Abg. Idilio Acosta en representación del Señor AMADO RAMÓN SALINAS.
ANÁLISIS DEL RECURSO PLANTEADO POR LA DEFENSA DE CRISTIAN PAOLO ORTIZ:Respecto al cuarto recurso analizado, corresponde analizar también las condiciones de interposición del mismo, y vemos que ha sido presentado en fecha 09 de junio de 2022. La notificación a la defensa técnica de la resolución en cuestión fue practicada el 30 de mayo de 2022, cabe decir, que el recurso fue planteado dentro del plazo legal de diez días.
Sobre la impugnabilidad subjetiva, se puede observar que el Abogado Harry S. Biedermann tiene intervención legal en la presente causa conforme consta a fs. 3029 de autos, por lo que se halla acreditada su personería, hallándose debidamente legitimado para recurrir en casación conforme a lo dispuesto por el art. 449 del C.P.P.
Sobre la impugnabilidad objetiva, vemos que el Acuerdo y Sentencia recurrido se trata de una resolución que pone fin al procedimiento, tal como lo establece el artículo 477 del C.P.P., ya que la misma confirma la sentencia del Tribunal de Sentencia que, entre otras cosas, impuso condena a CRISTIAN PAOLO ORTIZ a la pena privativa de libertad de cuatro años, por el hecho punible de Lavado de Dinero.
En lo que hace al escrito de interposición: La forma del mismo se rige por lo dispuesto en el art. 468 del CPP, al cual remite el art. 480 del mismo cuerpo legal, que exige que el escrito sea fundado y que en él se expresen concreta y separadamente cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
El recurrente en su escrito recursivo señala como motivos los establecidos en el art. 478 incisos 2 y 3.
Del análisis del primer motivo aducido la contradicción del fallo recurrido con algún otro fallo anterior dictado por un Tribunal de Apelaciones o por la Corte Suprema de Justicia expuestos bajo el título II. LOS FALLOS IMPUGNADOS SON CONTRADICTORIOS A LA JURISPRUDENCIA tenemos que el mismo debe ser declarado inadmisible. Esto es así debido a que la Sala Penal, a través de sucesivos fallos ha definido cuáles son los requisitos exigidos para la admisibilidad por el ya mencionado motivo legal establecido, y estos requisitos son: 1) la resolución impugnada y el fallo presentado como precedente deben ser de la misma instancia y deben tratar sobre una materia común, y debe tener un diverso tratamiento legal de situaciones similares por aplicación o interpretación diferente de normas idénticas; 2) el fallo presentado como precedente debe ser anterior a la sentencia impugnada; 3) la resolución presentada como precedente debe hallarse firme; 4) debe acompañarse la presentación con la copia autenticada del fallo invocado como precedente y; 5) el recurrente debe realizar una argumentación jurídica y un trabajo de exégesis para demostrar la contradicción existente entre el fallo impugnado y el precedente invocado. En el este caso, el recurrente no presentó las copias autenticadas de las resoluciones invocadas como “jurisprudencia” ni demostró que las mismas se encuentren firmes y ejecutoriadas, por lo que el planteamiento deducido por este motivo deviene inadmisible.
En lo que respecta a la causa expresada por el recurrente prevista en el inciso tercero del artículo 478 del C.P.P. Tenemos que los agravios expresados por la defensa técnica de CRISTIAN ORTIZ son los siguientes:
Como primer agravio, el recurrente señala que “Ambas resoluciones son manifiestamente infundadas”, sin embargo, se limita a señalar que el Tribunal de Apelaciones no atendió sus argumentos y luego realiza una reseña de cuestiones fácticas y se refiere más bien a lo resuelto por el Tribunal de Sentencias luego de la realización del juicio oral y público; además, hace mención a ciertos medios probatorios que a su criterio son insuficientes, y hace mención a otros medios de prueba que fueron producidos, sin analizar cuál es la valoración correcta y el efecto que dicha valoración tendría en la decisión, por lo que claramente han incumplido lo establecido en el artículo 468 del C.P.P., al cual remite el art. 480 del mismo cuerpo legal, el cual exige que el escrito sea fundado y que en él se expresen concreta y separadamente cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende, por lo que este agravio es INADMISIBLE.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Como “petición subsidiaria” el recurrente manifiesta que existió una incorrecta medición de la pena de su defendido, pues el mismo fue condenado a cuatro años de pena privativa de libertad, violándose lo dispuesto por el art. 67 inc. 1° num. 1° ya que su defendido fue condenado como cómplice. Considero que este agravio se encuentra fundado por lo que sobrepasa el tamiz de admisibilidad.
En atención a lo analizado precedentemente, corresponde declarar parcialmente admisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa técnica del procesado CRISTIAN PAOLO ORTIZ, debiendo estudiarse la procedencia del punto referente a la medición de la pena del mismo.
ANÁLISIS DE LA PRESCRIPCIÓN SOLICITADA POR LA DEFENSA DE HUGO RENÉ AYALA HENRY.-Como cuestión previa, antes de pasar al estudio del fondo de la cuestión, cabe señalar que durante la tramitación del presente recurso, el Abg. Gustavo Bogado Benítez, por la defensa técnica del procesado HUGO RENÉ AYALA HENRY en fecha 06 de octubre de 2023 presenta escrito en donde solicita sea declarada la prescripción en la presente causa. En este punto debo señalar que el recurrente, además de solicitar la prescripción hace referencia a cuestiones que nada tienen que ver con la prescripción: Tampoco podemos dejar de mencionar, disipando cualquier duda, que la referencia a la empresa TAITA JU S.A., bien vinculado a una actividad precedente familiar y con existencia real hasta la fecha, conforme se acredita con la documentación que se arrima a esta presentación, no ha sido inhibida ni sancionada por ninguna circunstancia relativa a la punición propia de este tipo de hechos; lo que nuevamente nos remite a la posición capaz de ser contrastada legalmente y con incidencia en el acaecimiento delictivo justiciable que se determina por la temporalidad de las creaciones empresariales, calificadas de maletín…” siendo esta situación totalmente improcedente para su estudio.
Ahora bien, respecto a la prescripción señala en lo medular cuanto sigue: resulta claro que el comportamiento finalmente acreditado y sostenido durante todo el proceso se circunscribe a la constitución e integración del Señor HUGO RENE AYALA HENRY BASTOS en carácter de Sindico de dos empresas creadas en fecha 30 de agosto de 2013, NOTTLE S.A. y RSS INTERNACIONAL S.A, además de haber sido la persona encargada de vincular al escribano constituyente con los socios de ambas Firmas…” luego, en el mismo escrito, señala que el plazo de prescripción es de cinco años, y que el doble del plazo de prescripción es de diez años por lo cual a su criterioPara conocer la validez del documento, verifique aquí.
ha transcurrido el doble del plazo previsto para la prescripción es decir luego de 10 años de la conducta que enerva el procedimiento penal, y que justamente se cumplió el 30 de agosto de 2023 (sic).
Analizando lo planteado por la defensa, debo adelantar que la prescripción requerida es improcedente, por los siguientes motivos:
1.La defensa técnica toma como fecha de inicio para el cómputo del plazo de la prescripción el 30 de agosto de 2013, sin embargo, el art. 102 inc. 2° es claro al señalar que: 2° El plazo correrá desde el momento en que termine la conducta punible. En caso de ocurrir posteriormente un resultado que pertenezca al tipo legal, el plazo correrá desde ese momento2.En este caso, según la Sentencia Definitiva, la conducta del procesado HUGO RENÉ AYALA HENRY fue incursada dentro de las disposiciones del art. 196 inc. 1° num. 2,3, 4 y este tipo penal establece: El que ocultara un objeto proveniente de un hecho antijurídico, o respecto de tal objeto disimulara su procedencia, frustrara o peligrara el conocimiento de su procedencia o ubicación, su hallazgo, su comiso, su comiso especial o su secuestro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa por tanto tenemos que este tipo penal lo que castiga es el ocultamiento de un objeto proveniente de un hecho antijurídico o la disimulación de la procedencia de ese objeto, por tanto, en este caso el plazo empieza a computarse desde la producción del resultado que pertenece al tipo legal, en este caso, por ejemplo el ocultamiento de un bien o la disimulación de la procedencia de ese objeto.
Consecuentemente, el planteo del recurrente parte de una premisa equivocada, pues el plazo debe computarse no desde la fecha de constitución de las empresas NOTTLE S.A. y RSS INTERNATIONAL S.A. sino desde uno de los presupuestos del art. 196 C.P. (ocultamiento de bienes, disimulación de su procedencia, frustración del conocimiento de su procedencia, etc. ), no siendo esto señalado por el recurrente en su planteamiento, por lo cual el mismo debe ser rechazado.
CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD DE LOS CUATRO RECURSOSVolviendo al estudio de admisibilidad, luego del estudio pormenorizado de cada recurso, corresponde declarar admisibles para su estudio los agravios referentes al transcurso del plazo máximo de duración del proceso y la medición de la pena de todos Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
los procesados, no así los demás agravios, de conformidad a lo señalado anteriormente. ES MI VOTO.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Ministro MANUEL DEJESÚS RAMIREZ CANDIA dijo:
I.ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD1. A mi criterio, corresponde declarar los Recursos de Casación interpuestos por: 1. El Abg. Gustavo Brígido Bogado Benítez, en representación de Hugo René Ayala y Claudio Daniel Melgarejo, y 2. Abg. Idilio Acosta González, en representación de Amado Ramón Salinas, con relación a los agravios sobre: “Extinción de la acción penal”, y considero que debe declararse la ADMISIBILIDAD del recurso de Casación interpuesto por el Abog. Harry S. Biedermann, en representación del acusado Cristian Paolo Ortíz, por el agravio respecto a la “pena desproporcionada”, por los siguientes fundamentos que expongo a continuación.
2. Con relación al plazo de interposición de los recursos de casación, comparto el análisis realizado por el Ministro Preopinante, Luis María Benítez Riera, así como la capacidad para recurrir, conforme a lo establecido en el voto del referido Ministro Preopinante.
3. En cuanto al objeto del recurso de casación, a mi criterio, está dado en los términos del Art. 477 del CPP, en su primera alternativa, porque el recurrente utiliza este medio de impugnación contra una sentencia del Tribunal de Apelaciones y el precepto legal citado establece que basta que el recurso de casación se interponga contra una sentencia a diferencia de los interlocutorios dictados por el órgano revisor que para ser recurribles en casación deben además poner fin al procedimiento.
4. Los defensores técnicos: 1.Abg. Gustavo Brígido Bogado Benítez, en representación de Hugo René Ayala y Claudio Daniel Melgarejo, 2.Abg. Idilio Acosta González, en representación de Amado Ramón Salinas, y 3. Abog. Harry S. Biedermann, en representación del acusado Cristian Paolo Ortíz, interponen recurso de casación contra el y Sentencia N° 28, de fecha 28 de abril de 2022 dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Tercera Sala, de la Capital, que CONFIRMÓ la Sentencia Definitiva N° 497, de fecha 24 de noviembre de 2021, dictada por el Tribunal de Sentencia, por la cual se condenó a los acusados: 1. Claudio Daniel Melgarejo, a la pena privativa de libertad de CUATRO (4) AÑOS, por el hecho punible de Lavado de Dinero (Art. 196, inc. 1° numerales 2, 3, 4 y el inc. 7 del CP en concordancia con el Art. 29, inc. 1° del mismo Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
cuerpo legal), 2.Hugo René Ayala, a la pena privativa de libertad de CINCO (5) años, por el hecho punible de Lavado de Dinero (Art. 196, inc. 1° numerales 2, 3, 4 y el inc. 7 del CP en concordancia con el Art. 29, inc. 1° del mismo cuerpo legal), 3.Amado Ramón Salinas, a la pena privativa de libertad de SEIS (6) años y SEIS (6) meses, por el hecho punible de Lavado de Dinero (Art. 196, inc. 1° numerales 2, 3, 4 y el inc. 7 del CP en concordancia con el Art. 29, inc. 1° del mismo cuerpo legal), y 4. Cristian Paolo Ortíz, a la pena privativa de libertad de CUATRO (4) años, por el hecho punible de Lavado de Dinero (Art. 196, inc. 1° numerales 2, 3, 4 y el inc. 7 del CP en concordancia con el Art. 31 del mismo cuerpo legal).
5. Los recurrentes Abg. Gustavo Brígido Bogado Benítez, en representación de Hugo René Ayala y Claudio Daniel Melgarejo, y el Abg. Idilio Acosta González, en representación de Amado Ramón Salinas invocaron como principal motivo de agravio el dispuesto en el Art. 478, inc. 3° del CPP. Por su parte, el recurrente Abog. Harry S. Biedermann, en representación del acusado Cristian Paolo Ortíz, invocó los motivos dispuestos en el Art. 478, incs. 2 y 3 del CPP. En este sentido, el art. 449 primer párrafo CPP establece que las resoluciones judiciales son recurribles siempre que causen agravio al recurrente. También el art. 450 CPP exige que los recursos se interpongan con indicación específica de los puntos de la resolución impugnada. Y, además, se requiere la expresión concreta y separada de cada motivo del recurso y la solución que se pretende (art. 468 párrafo primero CPP).
6.En este contexto, considero que corresponde declarar la INADMISIBILIDAD de los siguientes recursos de casación, porque no cumplen con los requisitos legales.
a.Recurso de casación del Abg. Gustavo Brígido Bogado Benítez, en representación de Hugo René Ayala y Claudio Daniel Melgarejo. a.1.El Abg. Gustavo Brígido Bogado Benítez, en representación de Hugo René Ayala, alegó que, a su parecer, el Tribunal de Apelaciones “evadió sus agravios expuestos en su apelación especial”, pero de la lectura del escrito recursivo se observa que, el casacionista se limitó a citar el título de cada uno de los agravios que expuso en su apelación especial consistentes en: b.Sentencia infundada, contradictoria y arbitraria en los términos del Art. 403, inc. 3 del CPP c.Violación de las reglas de congruencia entre la sentencia, la acusación y el auto de apertura a juicio oral y público, previsto en el Art. 403, inc. 8 del CPP”, d. Inadvertencia de las previsiones contenidas en el Art. 400 del CPP, con los alcances de la atribución de hechos nuevos”, e.Admisión de elementos probatorios de forma extemporánea y en violación del Art.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. 17 numerales 8 y 9 de la CN”, sin explicar qué fue lo que reclamó en cada uno de estos agravios, y por qué lo resuelto por el Tribunal de Sentencia fue incorrecto.
a.2.Además, el planteamiento es genérico e incorrecto, debido a que el recurrente tampoco detalló ni explicó de forma concreta por qué el Tribunal de Apelaciones al momento de confirmar el fallo de primera instancia incurrió en un error o vicio, solo se limitó a transcribir párrafos del fallo dictado por el Tribunal de Apelaciones y del Tribunal de Sentencia, sin justificar su argumentación respecto a la supuesta “evasión del análisis de sus agravios”, lo cual dificulta a esta Sala Penal la verificación de los extremos alegados por la defensa, y si se llegó a una solución del caso que no fue correcta, por lo que estos agravios no fueron debidamente fundados y deben ser declarados inadmisibles.
a.3.Así también, respecto al agravio f. Aplicación retroactiva de la ley de Comiso del año 2017, en la decisión del Tribunal, en violación de las prescripciones del Art. 14 de la Constitución Nacional de la misma forma que en los demás agravios mencionados, el recurrente se limitó a citar el título de este agravio que expuso en su apelación especial, pero en ningún momento explicó cómo se produjo “la supuesta aplicación retroactiva de la ley de Comiso del año 2017” por parte del Tribunal de Sentencia, y menos aún explicó por qué la confirmación de este punto por el Tribunal de Apelaciones fue incorrecta. Cabe agregar, que el comiso y sus diferentes formas ya fue regulado en el Código Penal desde el año 1997, por lo que se denota que este planteamiento es erróneo, teniendo en cuenta que no puede existir aplicación retroactiva de una ley del comiso del año 2017, debido a que el mismo ya fue regulado desde el año 1997. Por lo tanto, este agravio debe ser declarado inadmisible.
a.4.Además, con relación al agravio referente a g. Errónea aplicación del Art. 65, violación de la proscripción contenida en el inciso 3° del referido artículo, si bien, el recurrente menciona que, a su parecer, el Tribunal de Apelaciones omitió su estudio, de la lectura del escrito surge que se limitó a transcribir lo referente a los parámetros de la medición de la pena expuestos por el Tribunal de Sentencia en su fallo, pero en ningún momento explicó por qué la valoración del Tribunal de Sentencia fue incorrecta, o si se dio doble valoración en alguno de los parámetros del Art. 65 del CP, solo describió circunstancias fácticas que, a su parecer, no fueron consideradas por el Tribunal de Mérito, pero en ningún momento explicó por qué la confirmación por parte del Tribunal de Apelaciones en este punto fue incorrecta. Por lo tanto, este agravio no fue Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
debidamente fundado en los términos del Art. 468 del CPP, por lo que su estudio no es viable, y debe declararse inadmisible el recurso de casación con relación a este agravio.-a.5.Por otra parte, el Abog. Gustavo Bogado en representación de Claudio Daniel Melgarejo, menciona que, a su parecer, el Tribunal de Apelaciones no se pronunció respecto a sus agravios expuestos en su apelación especial referentes a: 1.Sentencia infundada, contradictoria y arbitraria en los términos del Art. 403 inciso 3 del CPP, en concordancia con el Art. 125 del CPP”, “2. Violación de las reglas de congruencia entre la sentencia, la acusación y el auto de elevación a juicio oral y público, previsto en el Art. 403, inciso 8 del CPP”, 3. “Falta de valoración de las pruebas invocadas por la defensa, sin responder la no pertinencia de las mismas en las alegaciones de los hechos atribuidos como elementos de descargo pero nuevamente se limitó a transcribir párrafos del fallo dictado por el Tribunal de Apelaciones, y no señaló ni explicó en qué consistió el error jurídico del Tribunal de Alzada respecto a dichos cuestionamientos, y al confirmar la sentencia condenatoria de primera instancia, lo que denota que este agravio es infundado, y debe ser declarado inadmisible.
a.6.En cuanto al agravio referente a la medición de la pena el recurrente manifiesta que, el Tribunal de Apelaciones no se pronunció respecto a cada parámetro del Art. 65 de CP que cuestionó en su apelación especial, referentes a “los móviles y fines del autor”, “la intensidad de la energía criminal”, “la relevancia del daño ocasionado”, “las consecuencias reprochables del hecho” y “la conducta posterior a la realización del hecho”, sin embargo, el recurrente no explicó por qué los mencionados parámetros del Art. 65 del CP fueron valorados de forma errónea por el Tribunal de Sentencia. En ese sentido, el casacionista debió mencionar el error en la valoración del Tribunal de Sentencia respecto a cada uno de los parámetros señalados, o si consideró que el Tribunal de Sentencia incurrió en doble valoración, y si para la determinación de la pena se valoraron elementos del tipo legal, debiendo señalar cuáles fueron y de qué manera se produjo, así como la posición del Tribunal de Apelaciones. Al no plantear correctamente el agravio, resulta imposible en esta instancia judicial verificar si el Tribunal de mérito incurrió o no en la errónea aplicación de las bases de la medición de la pena, al momento de establecer la sanción a su defendido y el Tribunal de Apelaciones al confirmar la decisión. Por lo tanto, este agravio no ha sido debidamente fundado, por lo que corresponde que sea declarado inadmisible este recurso de casación.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
b.Recurso de casación del Abg. Idilio Acosta González, en representación de Amado Ramón Salinas. b.1.El casacionista menciona que el Tribunal de Apelaciones le dio una respuesta incorrecta, respecto a su agravio referente a la errónea aplicación del Art. 65 del CP Sin embargo, de la lectura integra del escrito recursivo, se observa que el recurrente se limitó a señalar que “el Tribunal de Apelaciones utilizó una rebuscada argumentación invocando el Art. 70 del CP pero no justificó dicha argumentación, en atención a que no explicó de forma concreta por qué consideró incorrecta o “rebuscada” la fundamentación expuesta por el órgano revisor al confirmar la pena impuesta por el Tribunal de Sentencia.
b.2.Además, si bien el recurrente señala que, el Tribunal de Sentencia incurrió en una “errónea valoración de los parámetros del Art. 65 del CP”, del escrito recursivo surge que se limitó a transcribir parte de la sentencia definitiva en la que el Tribunal de Sentencia valoró los parámetros en cuestión, pero no explicó cómo se produjo la errónea valoración por el Tribunal de Sentencia que alega, y por qué la confirmación de este punto por el Tribunal de Apelaciones fue incorrecta. En ese sentido, el recurrente debió detallar de manera concreta, si el Tribunal de Sentencia incurrió en doble valoración, y si para la determinación de la pena se consideraron elementos del tipo legal y señalar cuáles fueron o en otro error de derecho en la evaluación de los parámetros del Art. 65 del CP, y al no hacerlo, resulta imposible a esta instancia judicial verificar si el Tribunal de mérito incurrió o no en la errónea aplicación de las bases de la medición de la pena al momento de establecer la sanción a su defendido. Por lo tanto, corresponde que se declare inadmisible el recurso de casación respecto a este agravio porque fue planteado de forma incorrecta.
c.Recurso de casación del Abog. Harry S. Biedermann, en representación del acusado Cristian Paolo Ortíz.
c.1.El Abg. Harry S. Biedermann, en representación del acusado Cristian Paolo Ortíz, invocó el motivo dispuesto en el Art. 478, inc. 2° del CPP. Al respecto, el Art. 478, inc. 2° del CPP, hace referencia a una contradicción existente con un fallo anterior del Tribunal de Apelaciones o de esta instancia judicial. Dentro de ese contexto, se observa que el impugnante se ha limitado a indicar el fallo anterior de esta Sala Penal Acuerdo y Sentencia N°467 de fecha 21 de julio de 2020 Expte.: Juan Marcelo Junior Santander s/Homicidio y la resolución del 27 de julio de 2018 dictada por la Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Sala Penal que revocó el caso Curuguaty con los cuales existe la supuesta contradicción, pero no ha señalado de forma concreta en qué consiste la contradicción existente entre el fallo impugnado del Tribunal de Apelaciones y los citados fallos dictados por la Sala Penal, y si la misma se refiere a una cuestión procesal o material, por lo tanto el recurso debe ser declarado inadmisible el recurso de casación interpuesto por este motivo.
c.2. Con relación a lo dispuesto en el Art. 478, inc. 3° del CPP, que hace referencia a una sentencia manifiestamente infundada, el recurrente alega dos agravios consistente en: “1.Falta de apreciación de las pruebas aportadas por la defensa técnica”, y “2. Pena desproporcionada”.
c.3.En este contexto, respecto al primer agravio sobre Falta de apreciación de las pruebas aportadas por la defensa técnica el casacionista se limita a señalar cómo su defendido fue involucrado en el presente proceso penal, apuntando a modificar los hechos fijados por el Tribunal de Sentencia, lo que demuestra más bien su disconformidad con relación a los hechos acreditados por el Tribunal de Mérito. Luego, el recurrente menciona que, a su parecer, se estableció una condena en base a copias simples de un Acta de Asamblea, y que no se contrastó dicho documento con los demás informes y documentos públicos ofrecidos por la defensac.4.En efecto, este planteamiento es incorrecto porque, si bien el recurrente menciona que “el Acta de Asamblea no fue contrastada con los demás informes y documentos públicos”, no especifica a qué informes y documentos se refiere, y qué circunstancia fáctica se iba a establecer de manera diferente a partir de esta “contrastación” es decir cual fue el error producido a consecuencia de que no se “contrastó una prueba con la otra”. Tampoco explica, cómo la falta de valoración de las citadas pruebas incidiría en la condena impuesta a su defendido por el Tribunal de Sentencia. Además, el impugnante no expone de forma detallada por qué la valoración de las pruebas por el Tribunal de Sentencia fue incorrecta, y si violó las reglas de la sana crítica, menos aún menciona por qué la confirmación del Tribunal de Apelaciones respecto a este cuestionamiento fue incorrecta. Por lo tanto, debe declararse inadmisible el recurso de casación interpuesto con relación a este agravio, porque no fue fundado de forma correcta y precisa.
7. Ahora bien, corresponde DECLARAR LA ADMISIBILIDAD de los recursos de casación de casación interpuestos por los: 1. Abg. Gustavo Brígido Bogado Benítez, en representación de Hugo René Ayala y Claudio Daniel Melgarejo, Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
y 2. Abg. Idilio Acosta González, en representación de Amado Ramón Salinas, por el agravio referente a la Extinción de la acción dispuesto en el Art. 136 del CPP en atención a que los recursos de casación mencionados cumplen con lo dispuesto en el Art. 468, última parte del CPP, tal como lo expuso el Ministro Preopinante en su voto, debido a que los recurrentes explicaron y justificaron de forma concreta, por qué consideraron que el plazo dispuesto en el Art. 136 del CPP se cumplió, por lo que se verifica que se ha cumplido con los requisitos de admisibilidad respecto al referido agravio.
8.Así también, corresponde declarar ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el Abg. Harry Bierdermann en representación del Sr. Cristian Paolo Ortiz, respecto al segundo agravio referente a la Pena desproporcionada impuesta a su defendido. El recurrente señala que su defendido fue condenado como cómplice por la comisión del hecho punible de Lavado de Dinero, y resalta que no fue atendido por el Tribunal de Sentencia dicha circunstancia al momento de la determinación de la pena, debido a que no aplicó lo dispuesto en el Art. 67 del CP, por lo que considera que la pena impuesta a su defendido es desproporcionada. Además, agrega que el cómputo que fue formulado para la medición del Art. 65 del CP es erróneo, pues se estableció el marco penal tomando en consideración el máximo de pena de cinco años y de acuerdo al Art. 67 del mismo cuerpo legal, a su parecer, ese máximo es diferente. Por ello, solicita la nulidad del fallo dictado por el Tribunal de Apelaciones que confirmó la sentencia definitiva del Tribunal de Sentencia, y que se reenvíe la presente causa penal para la realización de un nuevo juicio oral sobre la pena a ser impuesta a su defendido.- 9. Por último, respecto al “incidente de prescripción de la sanción penal” planteado por la defensa técnica del procesado Hugo Rene Ayala Henry, en fecha 06 de octubre de 2023, en forma posterior a la presentación del recurso de casación que interpuso contra el fallo del Tribunal de Apelaciones, considero que dicha solicitud no puede ser estudiada, al no haber sido invocado como agravio dentro del Recurso de Casación, en atención a lo dispuesto en el Art. 468 último párrafo, del CPP1. Esta misma postura, ya la he sostenido en el Acuerdo y Sentencia N° 1122, del 04 de noviembre de 2021, en el expediente judicial caratulado: “Fátima María Torres Ferreira y otros s/Apropiación y Producción de documentos no auténticos”. Además, tampoco ha argumentado la defensa que esta se ha producido, a su criterio, con posterioridad a la presentación del recurso, lo que le hubiese impedido realizar la presentación al plantear la casación. ES MI VOTO.
1 Art. 468 del CPP. “…Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo…”.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, dijo: De los cuatro recursos de Casación presentados es pertinente analizarlos uno por uno. Primeramente, adhiero mi voto al del ministro Luis María Benítez Riera en lo que respecta a declarar la admisibilidad parcial de los recursos incoados por el Abg. Gustavo Bogado, representante de la defensa técnica de los procesados Hugo René Ayala Henry y Claudio Daniel Melgarejo Mereles, siendo los agravios admitidos aquellos qué hacen referencia al plazo previsto en el Art. 136 del C.P.P. y aquel referente al Art. 65 del C.P. o medición de la pena. En lo que respecta al tercer recurso presentado por Idilio Acosta, representante de la defensa del procesado Amado Ramón Salinas, adhiero igualmente al preopinante, siendo los agravios admitidos, idénticos al caso anterior. Finalmente, en el caso del recurso planteado por Harry S. Biedermann, representante de la defensa del procesado Cristian Paolo Ortíz, adhiero igualmente al preopinante, siendo el agravio admitido aquél que versa sobre la determinación de la pena.
Por otra parte, con relación a lo peticionado por la defensa del procesado HUGO RENÉ AYALA HENRY en fecha 06 de octubre de 2023, donde solicita sea declarada la prescripción en la presente causa, corresponde adelantar que esta resulta improcedente. Esta Judicatura coincide con lo expresado por el ministro Benítez Riera, cuando refiere con relación al pedido de prescripción que el planteo del recurrente parte de una premisa errada, pues el plazo debe computarse no desde la fecha de constitución de las Sociedades Anónimas NOTTLE y RSS INTERNATIONAL (como lo hace el representante de la defensa técnica), sino desde uno de los presupuestos del Art. 196 C.P. (Lavado de Dinero), no siendo esto señalado por el recurrente en su planteamiento, por lo cual el mismo debe ser rechazado. ES MI VOTO.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el Ministro BENÍTEZ RIERA dijo: El Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala de la Circunscripción Judicial de Capital, a través del Acuerdo y Sentencia Nº 28, de fecha 28 de abril de 2022 confirma la Sentencia Definitiva N° 497 de fecha 24 de noviembre de 2021, por la cual el Tribunal de Sentencia resolvió condenar a HUGO RENÉ AYALA HENRY, CLAUDIO DANIEL MELGAREJO MERELES, AMADO RAMÓN SALINAS y CRISTIAN PAOLO ORTIZ, entre otros, por el hecho punible de "Lavado de Dinero".
Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Análisis sobre la procedencia del recurso extraordinario de casación:En primer término, la doctrina reconoce en el Recurso de Casación una institución establecida con el fin de garantizar la corrección sustancial y la legalidad formal del juicio previo exigido por la Constitución Nacional para asegurar el respeto a los derechos individuales y las garantías de igualdad ante la Ley e inviolabilidad de la defensa en juicio, así como también el mantenimiento del orden jurídico penal por una más uniforme aplicación de la ley sustantiva. El recurso se refiere únicamente a las cuestiones de derecho, lo cual implica la exclusión de las cuestiones de hecho y, por lo mismo, de todo problema atinente a la valoración de las pruebas (Fernando De la Rúa. La Casación Penal. Pág. 22).
Que, una de las características propias de la Casación es que solo tiene viabilidad en el caso de que exista un motivo legal; por ende, no es suficiente el simple interés - el agravio - sino que se precisa que el defecto o error que se le imputa al decisorio recurrido esté expresamente tipificado - objetivado - por la ley. Su objeto es de delimitación restringida, pues se basa en dos elementos fundamentales: primeramente, debe tratarse de la misma cuestión sobre la que versa el proceso principal, como sucede en todo recurso y, en segundo lugar, siendo esta vía extraordinaria, es necesario realizar una delimitación del tema recursivo y circunscribirse a él.
Que, del escrito de expresión de agravios se deduce que los recursos sientan sus bases en las disposiciones de los artículos 477 y 478 inciso 3) del Código Procesal Penal.-Corresponde a la Sala Penal analizar y resolver la procedencia o no de los recursos deducidos por los impugnantes. Debe distinguirse la expresión de motivos de la exposición de los fundamentos. Motivos del recurso extraordinario de casación son la inobservancia o errónea aplicación por el fallo de determinadas normas del derecho sustantivo o procesal alegadas por el recurrente, en tanto que fundamentos son las argumentaciones tendientes a demostrar la existencia del error configurativo del motivo, indicándose cuál es la norma que debió ser aplicada, con qué alcance y sentido (De la Rúa. El recurso de casación. Argentina - 1968. pp.225-226). Por tanto, la fundamentación tiene dependencia del motivo y debe tener congruencia con él. (Javier Llobet Rodríguez. Proceso Penal Comentado. Editorial San José - 1998. página 843).
En este caso, nos encontramos ante el análisis de cuatro recursos extraordinarios de casación, y luego de haber realizado el estudio de admisibilidad de los mismos en la cuestión anterior, tenemos que existen dos agravios cuya procedencia pasará a ser Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
analizada, estos son: el transcurso en exceso del plazo previsto en el art. 136 del C.P.P. alegado por las Defensas de HUGO RENÉ AYALA HENRY, CLAUDIO DANIEL MELGAREJO MERELES y AMADO RAMÓN SALINAS; y la medición de la pena impuesta a los recurrentes - HUGO RENÉ AYALA HENRY, CLAUDIO DANIEL MELGAREJO MERELES, AMADO RAMÓN SALINAS y CRISTIAN PAOLO ORTIZ-.
En este punto cabe señalar que por providencia de fecha 23 de agosto de 2022 notificada en la misma fecha, según constancias del expediente electrónico, se corrió traslado al Ministerio Público de los recursos en estudio, siendo presentada la contestación por la Fiscal Adjunta MARIA SOLEDAD MACHUCA VIDAL en fecha 07 de setiembre de 2022. Todo esto también se encuentra señalado en el informe suscripto por la Secretaria de la Sala Penal en fecha 20 de octubre de 2022. Del análisis de la temporalidad de la contestación, se desprende que la misma fue realizada al undécimo día hábil, por lo tanto, en forma extemporánea de conformidad a las disposiciones previstas en el art. 480 y 470 del C.P.P., por lo que no será analizado.
Pasando al análisis de los agravios admitidos, en primer lugar, corresponde analizar el cuestionamiento a la vigencia de la acción penal realizada por la defensa técnica de los procesados HUGO RENÉ AYALA HENRY, CLAUDIO DANIEL MELGAREJO MERELES y AMADO RAMÓN SALINAS, todos ellos en sus respectivos escritos recursivos señalan que ha transcurrido en exceso el plazo previsto en el art. 136 del C.P.P.
Para mayor ilustración, corresponde primeramente traer a colación lo dispuesto por el ya mencionado art. 136 del C.P.P., en este punto cabe precisar que la ley vigente sobre este aspecto es la Ley N° 2341/03, y dicha norma dispone: Art. 136.- Toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de cuatro años, contados desde el primer acto del procedimiento.- Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, suspenden automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelva lo planteado o el expediente vuelva a origen.- Este plazo solo se podrá extender por doce meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos.- La fuga o rebeldía del imputado interrumpirá el plazo de duración del procedimiento.- Cuando comparezca o sea capturado, se reiniciará el plazo”.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Acerca de la normativa transcripta, corresponde hacer ciertas precisiones interpretativas de manera a dejar claro mi criterio sobre esta cuestión. En primer lugar, respecto al “primer acto del procedimiento” considero que es el “primer acto coercitivo”, y esto es así atendiendo a lo dispuesto por el art. 6 del C.P.P. que en su parte pertinente dispone: A los efectos de sus derechos procesales, se entenderá por primer acto del procedimiento, toda actuación del fiscal, o cualquier actuación o diligencia realizada después del vencimiento del plazo establecido de seis horas Es decir, si previa a la realización de la imputación se realizaron allanamientos u otras actuaciones fiscales, entonces el plazo empezará a correr desde ese momento. Otra cuestión que debo señalar, es que el art. 136 del C.P.P. establece que Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, suspenden automáticamente el plazo…” (las negrillas son mías). Es decir, la norma establece claramente que todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes suspenden el plazo, por ende las suspensiones por los planteamientos ya referidos, afectan a todas las partes, por lo que en caso de multiplicidad de procesados, los planteamientos realizados por cualquiera de ellos, o por el Ministerio Público o en su caso querella adhesiva, suspende el plazo para todos los demás. Ahora bien, en lo que respecta a la “rebeldía” tenemos que el artículo analizado dispone: La fuga o rebeldía del imputado interrumpirá el plazo de duración del procedimiento.- Cuando comparezca o sea capturado, se reiniciará el plazo…”, sobre este punto corresponde realizar una interpretación sistemática, y referirnos necesariamente al art. 83 del C.P.P. que dispone claramente en su parte pertinente que: el procedimiento sólo se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los imputados presentes en otras palabras, a mi criterio en lo que respecta al plazo previsto en el art. 136 del C.P.P., la rebeldía tiene únicamente un efecto suspensivo -no interruptivo- y solo afecta al procesado rebelde, por lo que la rebeldía decretada de uno de los procesados, suspende el plazo únicamente para este, no afectando a los demás.
Hechas estas aclaraciones, corresponde analizar las actuaciones realizadas en autos, para así determinar la vigencia de la acción penal, y revisadas los autos principales tenemos lo siguiente:
Realización de allanamientos (primer acto coercitivo): 22 de diciembre de 2016 (fs. 19). Inicio del procedimiento para HUGO RENE AYALA HENRY, AMADO RAMÓN SALINAS y CLAUDIO DANIEL MELGAREJO MERELES.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Acta de Imputación 23 de diciembre de 2016 (fs. 49/54) a HUGO RENE AYALA HENRY, AMADO RAMÓN SALINAS y CLAUDIO DANIEL MELGAREJO MERELES, entre otros.
Providencia de “téngase por recibida el acta de imputación” en contra de HUGO RENE AYALA HENRY, AMADO RAMÓN SALINAS y CLAUDIO DANIEL MELGAREJO MERELES, entre otros (fs. 219 y vlto.).
Auto Interlocutorio N° 1 de fecha 02 de enero de 2017 por el cual se declara la rebeldía de HUGO RENÉ AYALA HENRY y AMADO RAMON SALINAS, entre otros (fs. 242/243).
Auto Interlocutorio N° 4 de fecha 06 de enero de 2017 por el cual se levanta el estado de rebeldía de HUGO RENE AYALA HENRY (fs. 281/282).- Tiempo de suspensión para HUGO AYALA HENRY: 4 días.
Recurso de Apelación General interpuesto por la Defensa del procesado CLAUDIO DANIEL MELGAREJO MERELES en fecha 09 de enero de 2017 (fs. 286/288). Resuelto por A.I. N° 24 del 17 de enero de 2017. Pedido de aclaratoria realizada por la defensa de CLAUDIO DANIEL MELGAREJO MERELES (fs. 317/318) realizada el 20 de enero de 2017 resuelto por A.I. N° 30 de 23 de enero de 2017 devuelto a origen el 01 de febrero de 2017 (fs. 321).- Tiempo de suspensión: 23 días.
Recurso de apelación general interpuesto por la Defensa de Rony Maximiliano Román Ramírez en fecha 21 de febrero de 2017 (fs.377/383) resuelto por A.I. N° 41 de fecha 08 de marzo de 2017 (fs. 452/454) devuelto a origen el 20 de marzo de 2017 (fs. 457).- Tiempo de suspensión: 27 días.
Acta de imputación a CRISTIAN PAOLO ORTIZ y otros, de fecha 06 de octubre de 2017 (fs. 728/732). Inicio del procedimiento para CRISTIAN PAOLO ORTIZ.
Auto Interlocutorio N° 609 de fecha 06 de octubre de 2017 por el que se extingue el estado de rebeldía de AMADO RAMÓN SALINAS (fs.735/737).- Tiempo de suspensión para AMADO RAMÓN SALINAS por rebeldía: 277 días o 9 meses 4 días.
A.I. N° 684 de fecha 17 de octubre de 2017 por el cual se declara la rebeldía del procesado CRISTIAN PAOLO ORTIZ y otro (fs.976).
“Incidente de Libertad ambulatoria” solicitada a favor de LUIS RAFAEL FRANCO presentado el 30 de octubre de 2017 (fs. 1010/1012) resuelto por Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
A.I. N° 710 del 8 de noviembre de 2017 (fs. 1024/1025).- Tiempo de suspensión: 9 días.
“Incidente de Libertad” solicitada a favor de LUIS RAFAEL FRANCO presentado el 16 de noviembre de 2017 (fs. 1053/1054). Se vuelve a plantear incidente el 01 de diciembre de 2017 (fs. 1088/1089) resuelto por A.I. N° 869 del 11 de diciembre de 2017 (fs. 1099/1101).- Tiempo de suspensión: 25 días.
Requerimiento conclusivo de Acusación presentado en contra de AMADO RAMON SALINAS, CLAUDIO DANIEL MELGAREJO MERELES y HUGO RENÉ AYALA HENRY presentado en fecha 23 de diciembre de 2017 (fs. 1125//1203).
Incidente de revocatoria de auto de prisión a favor de AMADO RAMÓN SALINAS presentado en fecha 15 de junio de 2018 (fs. 1370/1374) resuelto por A.I. N° 549 de fecha 22 de junio de 2018 (fs. 1385) recurso de apelación general interpuesto por la defensa de AMADO RAMÓN SALINAS (fs. 1386/1391) interpuesto el 26 de junio de 2018 resuelto por A.I. N° 188 de fecha 17 de julio de 2018 (fs. 1403/1407) devuelto a origen el 18 de julio de 2018 (fs. 1411). Tiempo de suspensión: 33 días.
Auto Interlocutorio Nº 646 de fecha 24 de julio de 2018 (fs. 1438/1439) por el cual se extingue el estado de rebeldía de CRISTIAN PAOLO ORTIZ. Tiempo de suspensión para CRISTIAN PAOLO ORTIZ por rebeldía: 277 días o 9 meses 4 días.
Recurso de apelación general interpuesto por la Defensa de CRISTIAN PAOLO ORTIZ contra A.I. N° 749 de fecha 22 de agosto de 2018 presentado en fecha 30 de agosto de 2018 (fs.1467/1473) resuelto por A.I. N° 254 del 14 de setiembre de 2018 (fs. 1733) remisión a origen el 02 de noviembre de 2018 (fs. 1730). Tiempo de suspensión: 64 días.
Auto Interlocutorio Nº 1269 del 23 de octubre de 2018, auto de apertura a juicio contra CLAUDIO MELGAREJO, AMADO SALINAS y HUGO RENE AYALA (fs. 1690/1723) aclarado por A.I. N° 1294 de fecha 02 de noviembre de 2018 (fs. 1787/1814).
Recurso de Apelación General interpuesto por la Fiscal Zully Figueredo contra el A.I. N° 1377 del 06 de diciembre de 2018 respecto a CRISTHIAN PAOLO ORTIZ (fs. 1855/1863) presentado el 12 de diciembre de 2018 resuelto por A.I. N° 01 del 03 de enero de 2019 remitido a origen el 15 de enero de 2019 (fs. 1894 vlto.). Tiempo de suspensión: 34 días.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Auto Interlocutorio N° 712 de fecha 3 de setiembre de 2019 (fs. 2108/2168) auto de apertura a juicio CRISTIAN PAOLO ORTIZ.
Recurso de reposición con apelación en subsidio interpuesto por la defensa de CLAUDIO MELGAREJO en fecha 7 de febrero de 2020 (fs. 2074) devuelto a origen en fecha 17 de febrero de 2020 (fs. 2108). (Tomo XI Bis)- Tiempo de suspensión: 10 días.
Recurso de apelación general interpuesto por la defensa de CRISTIAN PAOLO ORTIZ en fecha 13 de febrero de 2020 (fs. 2124/2127) contra el A.I. N° 31 del 06 de febrero (Tomo XI Bis). Resuelto por A.I. N° 131 del 16 de junio de 2020 y devuelto a origen el 10 de julio de 2020 (fs. 2155). Tiempo de suspensión: 148 días.
Recurso de reposición con apelación en subsidio interpuesto por la Defensa de CRISTIAN PAOLO ORTIZ en fecha 22 de setiembre de 2020 (fs.2203/2204) resuelto en la misma fecha.
A fs. 2225 obra nota de fecha 22 de octubre de 2020 por la cual se informa que se presentó una recusación y por providencia de fecha 30 de noviembre se dispone habiéndose resuelto la recusación, señálese nueva fecha de Juicio Oral y Público (fs. 2226).- Tiempo de suspensión: 39 días.
En fecha 15 de enero de 2021 la defensa de CLAUDIO MELGAREJO presenta recusación según informe del Tribunal recusado- dictándose el 11 de marzo de 2021 la providencia que dispone “habiéndose resuelto la recusación, señálese nueva fecha de Juicio Oral y Público” (fs. 2265).- Tiempo de suspensión: 55 días.
En fecha 20 de agosto de 2021 según providencia de fecha 20 de agosto de 2021 se presentó una excepción de inconstitucionalidad por la defensa del acusado CLAUDIO MELGAREJO MERELES (fs. 2421) por oficio de fecha 03 de setiembre de 2021 se remite el cuadernillo de excepción de inconstitucionalidad (fs. 2444). Se resolvió el 13 de octubre de 2021.- Tiempo de suspensión: 54 días.
Del análisis realizado, podemos concluir lo siguiente respecto a los procesados HUGO RENE AYALA HENRY, CLAUDIO DENIEL MELGAREJO y AMADO RAMÓN SALINAS:
Con relación al procesado HUGO RENÉ AYALA HENRY, el inicio del cómputo se da el 22 de diciembre de 2016, conforme lo señalado anteriormente, por lo que en principio la fecha tope para el dictamiento de la sentencia era el 22 de diciembre de 2020, Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
sin embargo, a dicho plazo se le debe adicionar el plazo de suspensión, que totalizan un año, cinco meses y seis días (1 año 5 meses 6 días), para este procesado, teniendo en cuenta que además de los plazos comunes de suspensión, debe añadirse cuatro (04) días que el procesado estuvo rebelde. Por lo que al plazo original de cuatro años, debe sumarse el tiempo de suspensión, feneciendo el mismo el 28 de mayo de 2022, por lo que el dictamiento de la S.D. N° 497 del 24 de noviembre de 2021 fue realizado dentro del plazo establecido legalmente.
Ahora bien, respecto al procesado CLAUDIO DANIEL MELGAREJO, el inicio del cómputo se da el 22 de diciembre de 2016, conforme lo señalado anteriormente, por lo que al igual que el caso anterior, en principio la fecha tope para el dictamiento de la sentencia era el 22 de diciembre de 2020, sin embargo, a dicho plazo se le debe adicionar el plazo de suspensión, que totalizan un año, cinco meses y dos días (1 año 5 meses 2 días) para este procesado, por lo que al plazo original de cuatro años, debe sumarse el tiempo de suspensión, feneciendo el mismo el 24 de mayo de 2022, por lo que el dictamiento de la S.D. N° 497 del 24 de noviembre de 2021 fue realizado dentro del plazo establecido legalmente.
Por último, en relación al procesado AMADO RAMÒN SALINAS, el inicio del cómputo se da el 22 de diciembre de 2016, conforme lo señalado anteriormente, por lo que al igual que los casos anteriores, en principio la fecha tope para el dictamiento de la sentencia era el 22 de diciembre de 2020, a dicho plazo se le debe adicionar el plazo de suspensión, que totalizan dos años, dos meses y seis días (2 años 2 meses 6 días), para este procesado, teniendo en cuenta que además de los plazos comunes de suspensión, debe añadirse doscientos setenta y siete (277) días que el procesado estuvo rebelde, por lo que al plazo original de cuatro años, debe sumarse el tiempo de suspensión, feneciendo el mismo el 28 de febrero de 2023, por lo que el dictamiento de la S.D. N° 497 del 24 de noviembre de 2021 fue realizado dentro del plazo establecido legalmente.
Respecto al agravio que hace al cómputo de la “excepción de inconstitucionalidad” como causal de suspensión del plazo previsto en el art. 136 del C.P.P., considero que la respuesta del Tribunal de Apelaciones es correcta, pues el art. 136 del C.P.P. establece que las excepciones planteadas por las partes deben ser computadas como causal de suspensión, y al respecto no hace ninguna salvedad en cuanto a su naturaleza, por lo que, en aplicación del argumento a contrario, debemos asumir la presunción de que si el legislador ha regulado expresamente una hipótesis entonces esa regulación se refiere a esa hipótesis y solo a ella, por lo que debe rechazarse su aplicación a cualquier otro caso distinto al expresamente contemplado por el legislador. En consecuencia, debe entenderse Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
que cualquier “excepción” planteada en el marco de la causa y que pueda tener efecto en ella debe ser considerada como causal de suspensión, tal y como es la excepción de inconstitucionalidad, por lo que lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones en este punto es correcto. Por otro lado, respecto al cómputo del plazo de la “pandemia”, no corresponde tener en cuenta el mismo, puesto que dicho lapso quedó comprendido dentro del trámite de uno de los recursos planteados, el interpuesto en fecha 13 de febrero de 2020 y devuelto a origen el 10 de julio de 2020, por lo que las suspensiones se superponen debiendo computarse una sola vez, de conformidad al análisis realizado en párrafos anteriores.
Concluyendo con el análisis del primer agravio, tenemos que la decisión arribada por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Sentencias respecto a la vigencia de la acción penal es correcta, debiendo rectificarse los argumentos teniendo en cuenta el cómputo realizado en esta resolución.
Pasando al análisis del segundo agravio, respecto a la medición de la pena impuesta a los procesados HUGO RENE AYALA HENRY, CLAUDIO DANIEL MELGAREJO, AMADO RAMÓN SALINAS y CRISTIAN PAOLO ORTIZ, tenemos que las cuatro defensas técnicas cuestionan la medición de la pena.
La defensa técnica del procesado HUGO RENE AYALA HENRY manifiesta que el Tribunal de Apelaciones omitió realizar un análisis de la imposición de la pena y que: la imposición de la SANCION MAXIMA NO SE COMPADECE con el razonamiento esbozado por los Sentenciantes obligando, cuanto menos, a una disminución de la pena resuelta, o sustentando la solución que precede (sic). Pues su defendido fue condenado a cinco años de pena privativa de libertad, a pesar de las circunstancias “positivas” observadas al momento de la medición de la pena.
En el mismo tenor, la defensa técnica del procesado CLAUDIO DANIEL MELGAREJO MERELES cuestiona la imposición de la pena de cuatro años de pena privativa de libertad y manifiesta que: la imposición de la SANCION DE 4 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO SE COMPADECE con el razonamiento esbozado por los Sentenciantes obligando, cuanto menos, a una disminución de la pena resuelta (sic).
Por otro lado, la defensa técnica del procesado AMADO RAMÓN SALINAS cuestiona la medición de la pena en los siguientes términos: las integrantes del Tribunal de Sentencia en su afán de condenar a mi defendido a una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público, y luego de declarar no probada la existencia del Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
hecho tipo de Asociación Criminal, condena a mi defendido a la injusta y arbitraria pena de SEIS AÑOS Y SEIS MESES, cuando que LA PENA MÁXIMA ESTABLECIDA EN EL ART. 196 INC. 1º ES DE CINCO AÑOS (sic).
Por último, la Defensa Técnica del procesado CRISTIAN PAOLO ORTIZ en su escrito recursivo manifiesta cuanto sigue: Se ha impuesto una pena de 4 años de pena privativa de libertad al Sr. CRISTIAN PAOLO ORTIZ y puntualmente no fue atendido que mi cliente fue condenado como cómplice de la comisión del hecho punible de “Lavado de Dinero” (art. 31 del C.P.8), y que, por específica aplicación de esa normativa, se tendrán que considerar las atenuaciones explícitamente mencionadas en el art. 67 del mismo cuerpo legal. Reitero, esa circunstancia no fue considerada por los Juzgadores, quienes establecieron el quantum de la pena a mi cliente, como si el mismo haya sido condenado como autor del hecho (sic).
Abocados al análisis de lo planteado, tenemos que cada uno de los recurrentes omite señalar cual es la pena que a su criterio consideran “justa”, además, cada uno de ellos cuestiona que la pena es excesiva atendiendo al marco penal previsto por el art. 196 del Código Penal, sin embargo, cada uno de ellos convenientemente omiten mencionar que en este caso se aplicaron las disposiciones del art. 70 del Código Penal “Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley” y esto fue correctamente analizado por el Tribunal de Apelaciones que se remite a lo señalado por el Tribunal de Sentencias que señaló, y cito textualmente: En ese sentido, debe atenderse que la conducta de los acusados fue calificada dentro de lo dispuesto en el artículo 196 inc. 1 num. 2, 3, 4 y el inc. 7 del Código Penal, en concordancia con el art. 29 inc. 1 y 31 del Código Penal y conforme al Art. 70 el marco penal aplicable es de hasta 7 años y seis meses (fs. 2860). Es decir, el marco penal se vio aumentado por aplicación del art. 70 del Código de Fondo, por lo que los agravios señalados por las defensas de HUGO RENE AYALA HENRY, CLAUDIO DENIEL MELGAREJO y CRISTIAN PAOLO ORTIZ deben ser rechazados, pues la medición de la pena impuesta a cada uno de ellos se encuentra ajustada a derecho.
Mención aparte merece la situación del procesado AMADO RAMÓN SALINAS, pues si bien lo señalado en el párrafo anterior también se aplica al mismo, su caso tiene un aditivo, pues le fue impuesta una pena mayor a la solicitada por el Ministerio Público. Veamos, el Tribunal de Sentencias en el punto 7 de la Sentencia Definitiva resuelve condenar al mismo a una pena privativa de libertad de seis años y seis meses (6 años y seis meses), sin embargo, revisadas las constancias de autos tenemos que a fs. 2743, en el acta de audiencia de juicio oral y público, se lee que los representantes del Ministerio Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Público, al momento de culminar sus alegatos finales manifiestan: En definitiva, el Ministerio Público solicita la aplicación de una pena privativa de libertad para cada uno de los procesados: AMADO RAMÓN SALINAS la pena de 6 años (fs. 2743).
En este punto, debo señalar que, he sostenido en numerosos fallos, que en nuestro procedimiento penal se ha adoptado el sistema acusatorio, sistema que está basado en la configuración tripartita, del Juez Natural e Imparcial, el órgano acusador (constituido por el Ministerio Público) y el imputado (sujeto de derechos y beneficiario de la presunción de inocencia) configurando de este modo el Debido Proceso. Se diferencia del proceso inquisitivo en que la figura del acusador y juzgador recaen en personas distintas. El sistema acusatorio es considerado el más acorde con el régimen democrático en contraposición al sistema inquisitivo que es acogido por los regímenes dictatoriales. Son algunas de sus características las siguientes:
1- El titular de la acción penal pública es el Ministerio Público, y en determinados casos, la víctima.
2- La Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes reconocen a favor del imputado garantías que le son irrenunciables.
3- En la etapa preparatoria del proceso el Juez se limita a garantizar los derechos al imputado y a autorizar determinadas actuaciones en la investigación como ser orden judicial para proceder a escuchas telefónicas, allanamientos, entre otros.
4- A la Carpeta Fiscal y al Expediente Judicial se van agregando los elementos de convicción de cargo y de descargo arrimadas por las partes.
5- El Juicio es Oral y Público.
6- El Tribunal que conoce en el Juicio Oral y Público es distinto al de la etapa investigativa, constituido por el Juez Penal de Garantías.
La acción penal consiste en la atribución legal de iniciar un proceso penal invocando una pretensión punitiva, atribuida al Ministerio Público o a la víctima, según la naturaleza del hecho punible, para establecer, mediante el órgano jurisdiccional la existencia del hecho punible y la reprochabilidad del autor o los autores.
Son características de la acción penal pública entre otras:
1. Autónoma: Es independiente del derecho material.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
2. Oficialidad Carácter Público: El ejercicio de la acción es facultad del Ministerio Publico salvo contadas excepciones.
3. Irrevocabilidad: La regla general es que una vez promovida la acción penal no existe posibilidad de desistimiento. Se puede interrumpir, suspender o hacer cesar, sólo y exclusivamente cuando está expresamente previsto en la ley.
4. Indivisibilidad: La acción es una sola y comprende a todos los que hayan participado en el hecho delictivo.
5. Principio de oportunidad: Por este principio, el órgano persecutor e iniciador de la acción penal (Ministerio Público) tiene la facultad de abstenerse de ejercitar la Acción Penal o archivar la causa penal. Es decir, se permite que los órganos Públicos encargados de la persecución penal prescindan de ella y cierren definitivamente el caso.
Por tanto, el titular de la acción penal pública durante todo el proceso penal que tenga por objeto un hecho punible de acción penal pública es el Ministerio Público. Su deber legal como representante de la sociedad es actuar con criterio objetivo. En caso de sospecha de un hecho punible de acción penal pública es el encargado de imputar, luego de recolectar elementos de convicción, si correspondiere, debe acusar y, si hubiere méritos para ello, de sostener esa acusación durante el juicio oral y público. En este caso, repito, luego de haber participado en los alegatos iniciales, la producción de las pruebas durante el juicio oral y público, en los alegatos finales los Representantes del Ministerio Público solicitaron la pena de SEIS AÑOS para el procesado AMADO RAMÓN SALINAS, es decir, en uso del criterio objetivo que le exige la ley, el titular de la acción penal pública solicitó la aplicación de una pena de seis años; no obstante, el Tribunal de Apelaciones resuelve CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencias, Tribunal que a pesar del principio acusatorio ya explicado, consideró erróneamente- que tenía la facultad legal de imponer una condena a una pena superior, seis años seis meses, y así lo hizo.
Es mi opinión, y repito, en distintos fallos así he sostenido, que el Tribunal de Sentencias no puede exceder la sanción solicitada por el Ministerio Público en atención al diseño tripartito del sistema acusatorio constituido por el Juez Natural e Imparcial (Art. 16 de la Constitución Nacional), el órgano acusador (constituido por el Ministerio Público como titular de la acción penal pública) y el imputado (sujeto de derechos y beneficiario de la presunción de inocencia), razones por las cuales el Tribunal de Apelaciones debió haber rectificado la pena impuesta por el Tribunal de Sentencias Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
respecto al procesado AMADO RAMÓN SALINAS, ya que este último órgano debió haber impuesto la pena de SEIS AÑOS, tal y como lo solicitó el Ministerio Público.
Por otro lado, si analizamos el artículo 400 del CPP que se titula Sentencia y Acusación, textualmente dice: La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descriptos en la acusación y admitidos en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de la apertura a juicio, o aplicar sanciones más graves o distintas a las solicitadas. Sin embargo, el imputado no podrá ser condenado en virtud de un tipo penal distinto del invocado en la acusación, su ampliación o en el auto de apertura a juicio y que en ningún momento fue tomado en cuenta durante el juicio. Si el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes advertirá al imputado sobre esa posibilidad, para que prepare su defensa”, es posible deducir del artículo transcripto que la acusación puede ser ampliada en el juicio oral, lo cual indica que la primigenia acusación no es definitiva, pues el Agente Fiscal puede modificarla durante el juicio oral y público, siempre bajo el control judicial y brindando al imputado la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa; también dice que en la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de la apertura a juicio, o aplicar sanciones más graves o distintas a las solicitadas, de lo cual se colige que para imponer una sanción el titular de la acción penal pública debe expresar su pretensión punitiva a través de la petición de una sanción en concreto, es decir, el monto de sanción que pretende, por lo que es posible afirmar que la acusación presentada como acto conclusivo de la etapa preparatoria debe ser sostenida por el Ministerio Público durante el juicio oral y público para que sea posible imponer una condena.
En conclusión, corresponde NO HACER LUGAR al recurso extraordinario de casación interpuesto por las Defensas Técnicas de los procesados HUGO RENE AYALA HENRY, CLAUDIO DENIEL MELGAREJO y CRISTIAN PAOLO ORTIZ, debiendo rectificarse los argumentos respecto al cálculo del plazo de extinción de la acción penal, de conformidad a lo señalado en esta resolución.
Ahora bien, respecto al procesado AMADO RAMÓN SALINAS, corresponde rectificar los argumentos respecto al cálculo del plazo de extinción de la acción penal del mismo, HACER LUGAR al recurso extraordinario de casación, respecto a la medición de la pena y por decisión directa MODIFICAR la pena impuesta al Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
procesado AMADO RAMÓN SALINAS, dejando la misma fijada en seis años de pena privativa de libertad, por así haber sido requerido por el órgano acusador. ES MI VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el Ministro MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, dijo:
ANALISIS DE PROCEDENCIA10. Comparto la decisión asumida en el voto del Ministro Preopinante, Luis María Benítez Riera, en el sentido de NO interpuesto por los defensores técnicos: 1. Abg. Gustavo Brígido Bogado Benítez, en representación de Hugo René Ayala y Claudio Daniel Melgarejo, 2. Abg. Idilio Acosta González, en representación de Amado Ramón Salinas, con relación al agravio referente a la extinción de la acción penal, debido a que no se dan los presupuestos con relación al plazo dispuesto en el Art. 136 del CPP, conforme al análisis del cálculo del plazo de extinción expuesto por el referido Preopinante en su voto, y en atención a que la sentencia de primera instancia fue dictada dentro del plazo razonable previsto en el Art. 136 del Código Procesal Penal.
11.Con relación al agravio sobre la Pena desproporcionada”, planteado en casación por el Abg. Harry Bierdermann en representación del Sr. Cristian Paolo Ortiz, del análisis de las constancias de autos surge que, no fue planteado por el recurrente en su recurso de apelación especial, en el cual solo planteó los siguientes agravios: 1.Nulidad del fallo por Violación de las disposiciones contenidas en el Art. 403, incisos 3 y 4 del CPP. a) Medios de prueba incorporados ilegalmente a juicio y valoración indebida de dichos elementos de convicción, b) La insuficiencia de fundamentación, y c) Alteraciones de la sentencia definitiva (fs. 2919/2943). En ese sentido, el Tribunal de Apelaciones no puede responder otras cuestiones que no le fueron planteadas en la apelación especial, por imperio del Art. 4562 del CPP. Por lo tanto, este cuestionamiento planteado no puede ser estudiado en esta instancia judicial al no haber sido objeto de agravio en apelación especial, por lo que quedó firme en el sentido del 1273 del CPP. ES MI VOTO.
2 Artículo 456. COMPETENCIA. Al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del procedimiento, exclusivamente en cuanto a los puntos de la resolución que han sido impugnados. 3 Art. 127. RESOLUCION FIRME. Las resoluciones judiciales quedarán firmes sin necesidad de declaración alguna, cuando ya no sean impugnables.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. A la segunda cuestión planteada, la ministra María Carolina Llanes Ocampos manifestó: corresponde NO HACER lugar al recurso extraordinario de Casación planteado por los representantes de la Defensa Técnica de los procesados Hugo René Ayala Henri, Claudio Daniel Melgarejo Mereles, Amado Ramón Salinas y Cristian Paolo Ortíz, en consecuencia confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 28, de fecha 28 de abril de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, tercera sala de la Capital.
De la lectura delos escritos presentados por las defensas se advierten los siguientes agravios admitidos: 1) Extinción de la acción penal (Art. 136 C.P.P.) 2) Errores en la aplicación del Art. 65 del C.P. Finalmente, solicitan la nulidad del fallo dictado por la Alzada y, en consecuencia, el sobreseimiento definitivo delosprocesados.
Con relación al primer agravio, previamente es oportuno recordar que el instituto de la extinción de la acción penal se erige como una limitación al poder represor y garantía procesal -reconocida constitucionalmente en beneficio del imputado-4 de cuyo cumplimiento no puede sustraerse ningún órgano del Estado; de allí, la exigencia de analizar “la vigencia” de la causa considerando estos cuatro elementos a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. De esta manera, se garantiza la salvaguarda del debido proceso como del plazo razonable5, del cual, emerge categóricamente la obligación de observar los términos judiciales y presupuestos legales -que sean aplicables al caso concreto- sin dilaciones injustificadas a fin de beneficiar a quienes tienen asuntos pendientes o pretenden acceder a la administración de justicia.
En ese mismo sentido, se encuentra regulado en nuestro Código Procesal Penal en el art. 136 con sus modificaciones pertinentes por la Ley 2341/03 primer y tercer párrafo que reza DURACIÓN MÁXIMA. Toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de cuatro años, contados desde el primer acto del procedimiento. Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes suspenden automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelve lo planteado o el expediente vuelva a origen… La fuga o 4La Constitución Nacional en su art. 17 dispone: ...De los derechos procesales. En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: inc.10 El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley…” Asimismo, el Pacto de San José de Costa Rica prescribe en suart. 8: Garantías Judiciales. ...1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable…”.5La CorteIDH, ha señalado que esta garantía que se desprende de la Convención Americana y de la jurisprudencia constante de este Tribunal: “no sólo es aplicable a los procesos internos dentro de cada uno de los Estados Parte, sino también para los tribunales u organismos internacionales que tienen como función resolver peticiones sobre presuntas violaciones a derechos humanos”. La demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma una violación de las garantías judiciales, por lo que corresponde al Estado exponer y probar la razón por la cual se ha requerido más tiempo del razonable para dictar sentencia definitiva en un caso particular. (Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, 2004. Párr 142).
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. rebeldía del imputado interrumpirá el plazo de duración del procedimiento. Cuando comparezca o sea capturado se reiniciará el plazo Por tanto, la mera interposición de un recurso ordinario o extraordinario o una excepción o un incidente por cualquiera de las partes del juicio, suspende automáticamente la prosecución de la causa, en vista de que, el plazo de duración máxima del procedimiento es único e indivisible.
No obstante, cabe señalar que esta máxima instancia judicial, luego de realizar una interpretación armónica de los artículos que regulan la materia ha determinado que el cómputo del plazo máximo de duración se inicia a partir de la notificación al procesado de la resolución del juez de la causa, que luego de tomar conocimiento del acta de imputación tiene por iniciado el procedimiento, conforme a las previsiones del Art. 303 del Código Procesal Penal (Acuerdo y Sentencia Nº 1322 del 24 de septiembre de 2004).
Primeramente debemos analizar el caso de Hugo René Ayala Henri, los hechos que se atribuyen ocurrieron el 22 de diciembre de 2016. Posteriormente, en fecha 23 de diciembre de 2016 el Ministerio Público no solo formuló imputación en contra del incoado por el hecho punible de Lavado de Dinero y Asociación Criminal sino también solicitó que sea declarada su rebeldía porque no se ha puesto a disposición de la justicia pese que se ha tratado de llegar a él por diversos medios.
Ante estas circunstancias, el juez penal resolvió por A.I. N° 1 del 2 de enero de 2017 declarar rebelde al imputado y, en consecuencia, ordena su captura. Esta resolución quedó sin efecto por A.I. Nº 04 del 06 de enero de 2017 con la presentación del procesado ante el órgano jurisdiccional, oportunidad en que se le notificó de la imputación formulada por el Ministerio Público. Consecuentemente, esa es la fecha de inicio del cómputo del plazo de duración máxima del procedimiento de conformidad a la jurisprudencia de esta máxima instancia judicial.
Como se aprecia, el procedimiento penal recién inició el 06 de enero de 2017 con la notificación efectiva del acta de comunicación al incoado y acorde la normativa vigente en ese momento art. 1° de la Ley N° 2341/03 su duración máxima no podía sobrepasar los cuatro años. Por consiguiente, la disposición legal aplicable al presente caso debe ser esa y no la mencionada por el recurrente, quien confunde el alcance de las normas establecidas en el código de fondo con las reguladas en código de forma, obviando que la primera refiere a los tipos legales que describen la conducta sancionada y el quantum de la pena mientras que la segunda se dirige a organizar la administración de justicia con miras a lograr celeridad, concentración y economía en el procedimiento penal para garantizar el cumplimiento efectivo de las exigencias enmarcadas en nuestra carta magna, por lo que resulta improcedente considerar que el tribunal inobservó lo dispuesto en nuestro ordenamiento penal y constitucional Art. 5 , CP y art. 14, CN atendiendo que en la presente causa no existe controversia alguna entre la aplicación de la ley en el tiempo que condiciona la imposición de una sanción penal de Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
acuerdo al momento de la realización del hecho evento fáctico jurídico que otorga seguridad al ciudadano al saber con anterioridad cuál será la ley que le será aplicada en caso de delinquir y la prohibición de la irretroactividad de la ley salvo que ella sea más favorable para el encausado que rige en el futuro a los efectos de evitar el empeoramiento de la situación del incoado, ley ex post facto.
En segundo término debemos analizar el caso de Amado Ramón Salinas, los hechos que se atribuyen ocurrieron el 22 de diciembre de 2016. Posteriormente, en fecha 23 de diciembre de 2016 el Ministerio Público no solo formuló imputación en contra del incoado por el hecho punible de Lavado de Dinero y Asociación Criminal sino también solicitó que sea declarada su rebeldía porque no se ha puesto a disposición de la justicia pese que se ha tratado de llegar a él por diversos medios.
Ante estas circunstancias, el juez penal resolvió por AI N.° 1 del 2 de enero de 2017 declarar rebelde al imputado y, en consecuencia, ordena su captura. Esta resolución quedó sin efecto por A.I. Nº 609 del 06 de octubre de 2017 con la presentación del procesado ante el órgano jurisdiccional, oportunidad en que se le notificó de la imputación formulada por el Ministerio Público. Consecuentemente, esa es la fecha de inicio del cómputo del plazo de duración máxima del procedimiento de conformidad a la jurisprudencia de esta máxima instancia judicial.
Como se aprecia, el procedimiento penal recién inició el 06 de octubre de 2017 con la notificación efectiva del acta de comunicación al incoado y acorde la normativa vigente en ese momento art. 1° de la Ley N° 2341/03 su duración máxima no podía sobrepasar los cuatro años. Por consiguiente, la disposición legal aplicable al presente caso debe ser esa y no la mencionada por el recurrente, quien confunde el alcance de las normas establecidas en el código de fondo con las reguladas en código de forma, obviando que la primera refiere a los tipos legales que describen la conducta sancionada y el quantum de la pena mientras que la segunda se dirige a organizar la administración de justicia con miras a lograr celeridad, concentración y economía en el procedimiento penal para garantizar el cumplimiento efectivo de las exigencias enmarcadas en nuestra carta magna, por lo que resulta improcedente considerar que el tribunal inobservó lo dispuesto en nuestro ordenamiento penal y constitucional Art. 5 , CP y art. 14, CN atendiendo que en la presente causa no existe controversia alguna entre la aplicación de la ley en el tiempo que condiciona la imposición de una sanción penal de acuerdo al momento de la realización del hecho evento fáctico jurídico que otorga seguridad al ciudadano al saber con anterioridad cuál será la ley que le será aplicada en caso de delinquir y la prohibición de la irretroactividad de la ley salvo que ella sea más favorable para el encausado que rige en el futuro a los efectos de evitar el empeoramiento de la situación del incoado, ley ex post facto.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Finalmente con respecto al procesado Claudio Daniel Melgarejo Mereles, los hechos que se atribuyen ocurrieron el 22 de diciembre de 2016. Posteriormente, en fecha 23 de diciembre de 2016 el Ministerio Público formuló imputación en contra del incoado por el hecho punible de Lavado de Dinero y Asociación Criminal. Al procesado se le notificó de la imputación formulada por el Ministerio Público en fecha 24 de diciembre de 2016. Consecuentemente, esa es la fecha de inicio del cómputo del plazo de duración máxima del procedimiento de conformidad a la jurisprudencia de esta máxima instancia judicial.
Como se aprecia, el procedimiento penal recién inició el 24 de diciembre 2016 con la notificación efectiva del acta de comunicación al incoado y acorde la normativa vigente en ese momento art. 1° de la Ley N° 2341/03 su duración máxima no podía sobrepasar los cuatro años. Por consiguiente, la disposición legal aplicable al presente caso debe ser esa y no la mencionada por el recurrente, quien confunde el alcance de las normas establecidas en el código de fondo con las reguladas en código de forma, obviando que la primera refiere a los tipos legales que describen la conducta sancionada y el quantum de la pena mientras que la segunda se dirige a organizar la administración de justicia con miras a lograr celeridad, concentración y economía en el procedimiento penal para garantizar el cumplimiento efectivo de las exigencias enmarcadas en nuestra carta magna, por lo que resulta improcedente considerar que el tribunal inobservó lo dispuesto en nuestro ordenamiento penal y constitucional Art. 5 , CP y art. 14, CN atendiendo que en la presente causa no existe controversia alguna entre la aplicación de la ley en el tiempo que condiciona la imposición de una sanción penal de acuerdo al momento de la realización del hecho evento fáctico jurídico que otorga seguridad al ciudadano al saber con anterioridad cuál será la ley que le será aplicada en caso de delinquir y la prohibición de la irretroactividad de la ley salvo que ella sea más favorable para el encausado que rige en el futuro a los efectos de evitar el empeoramiento de la situación del incoado, ley ex post facto.
Precisadas estas consideraciones, corresponde identificar cuáles han sido las actuaciones procesales que produjeron la suspensión automática del plazo establecido en el Art. 136 del C.P.P. en todos los casos. Descontando los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, tenemos que fueron en total 487 días o sea 1 año 4 meses y 11 días.--- Finalmente, la sentencia fue dictada el 24 de noviembre de 2021, pese a las innumerables presentaciones dilatorias realizadas que provocaron la suspensión automática del procedimiento.
De esta manera, se observa que las defensas impidieron el avance de la causa penal como la extinción de la acción. En el caso del procesado Hugo René Ayala Henri considerando el inicio del procedimiento fue la notificación del acta de imputación el 06 de enero de 2017, en el caso del procesado Amado Ramón Salinas, notificación de la imputación el 06 de octubre de Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
2017 y en el caso de Claudio Daniel Melgarejo, notificación de la imputación el 24 de diciembre de 2016 hasta el dictamiento de resolución definitiva6 24 noviembre de 2021 han transcurrido 2 años, 8 meses y 20 días. (Descontando todas las suspensiones acaecidas que totalizan 487 días) y no los cuatro años como aduce el casacionista.
Por otra parte, el segundo párrafo del Art. 136 con sus modificaciones pertinentes por la Ley 2341/03 prescribe: ...Este plazo sólo se podrá extender por doce meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos...”. De esta manera, se infiere claramente que el plazo de cuatro años de duración máxima no contiene al plazo de los doce meses en vista de que éste solamente puede prolongarse para la tramitación de los recursos ante una sentencia condenatoria y, en el caso particular, dicha resolución fue dictada ANTES de los cuatro años, razón por la cual deviene inconducente computar el lapso posterior enmarcado en la normativa toda vez que ella no haya acaecido con anterioridad a los recursos de apelación especial y casación más aún cuando la articulación de este resorte procesal suspende indefectiblemente el cómputo de plazo máximo de duración del proceso7.
En consecuencia siendo clara la aplicación de la Ley N° 2341/03, y hallándose suspendido el plazo de duración máximo del procedimiento, el incidente de extinción de la acción penal, debe ser rechazado en el caso de todos los procesados.
Ahora bien, respecto al otro agravio planteado las defensas con respecto a la aplicación del Art. 65 del C.P. y una supuesta errónea y desproporcionada pena coincidimos con el voto esgrimido por el preopinante en el sentido de que los recurrentes no argumentan específicamente cuales fueron los errores cometidos por el tribunal de mérito ni mucho menos exponen cual pena consideran “justa”, debiendo este agravio ser rechazado por improcedente en todos los casos. Por otra parte, es dable mencionar que no adhiero a lo esgrimido por el preopinante con relación al caso del procesado Amado Ramón Salinas, debido a que esta Judicatura sostiene, que el Tribunal de Sentencia al momento de juzgar puede apartarse de lo peticionado por el Ministerio Público, criterio ya expuesto en fallos anteriores. Finalmente, y sin ánimo de extenderme en demasía, adhiero a lo expresado por el ministro Ramírez Candia en el caso del procesado Cristian Paolo Ortíz, con respecto al agravio de “pena desproporcionada”, de 6Una resolución definitiva, es aquella que pone fin al procedimiento naturaleza conclusiva del debate y es susceptible de ser impugnada por los medios establecidos en nuestro ordenamiento procesal penal ordinarios y extraordinarios siempre y cuando no esté firme.7 El alcance práctico de la referida ley, y la regla general que aplica se refiere al párrafo que textualmente dispone: "Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, suspenden automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelva lo planteado o el expediente vuelva a origen". Lo que nos lleva a la conclusión de que a manera de interpretación la mencionada normativa modificatoria nos impone la suspensión del plazo ante la imposición de recursos, incidentes, etc. Por lo tanto, la articulación de este resorte procesal por las partes, suspende indefectiblemente el cómputo de plazo máximo de duración del proceso. Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
no poder estudiarlo en esta instancia debido a que no fue planteado en el recurso de Apelación Especial.
Como se puede apreciar, las afirmaciones de los recurrentes acerca de la ausencia de fundamentación de la sentencia o fundamentos aparentes, no constituye una impugnación eficaz del decisorio, ni acreditan la existencia de razonamientos absurdos, no detectándose defecto que conlleve su anulación; así, el desacuerdo de la parte con la conclusión del tribunal no trae aparejada la nulidad del fallo, por lo que corresponde no hacer lugar al recurso planteado y, en consecuencia, confirmar el Acuerdo y Sentencia del Tribunal de Apelaciones e integrar la fundamentación complementaria realizada al mismo, por así corresponder a estricto derecho.
En cuanto a las costas, considero que deben ser impuestas en el orden causado, atendiendo lo dispuesto en el Art. 261 del C.P.P. ES MI VOTO.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
ACUERDO Y SENTENCIAY VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA PENALR E S U E L V E:1.DECLARAR admisibles para su estudio los Recurso Extraordinario de Casación interpuestos por los representantes de la Defensa Técnica de los procesados HUGO RENÉ AYALA HENRY, CLAUDIO DANIEL MELGAREJO MERELES, AMADO RAMÓN SALINAS y CRISTIAN PAOLO ORTIZ, en los términos señalados en el exordio de la presente resolución.
2.NO HACER LUGAR al Recurso Extraordinario de Casación planteado por los representantes de la Defensa Técnica de los procesados HUGO RENÉ AYALA HENRY, CLAUDIO DANIEL MELGAREJO MERELES, CRISTIAN PAOLO ORTIZ y AMADO RAMÓN SALINAS y en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nº 28, de fecha 28 de abril de 2022 dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala de la Circunscripción Judicial de la Capital, Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí.