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Auto InterlocutorioSala PenalPenal

Auto Interlocutorio N° 409/2024

16 de agosto de 2024

EXPEDIENTE: “RECUSACION: MIGUEL ANGEL INSFRAN GALEANO Y OTROS S/ LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LA LEY 1340”.-

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EXPEDIENTE: “RECUSACION: MIGUEL ANGEL INSFRAN GALEANO Y OTROS S/ LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LA LEY 1340”.- AUTO INTERLOCUTORIOVISTA: la recusación planteada por el Abg. Gerardo Ortiz Rolon, contra los Miembros del Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción de la Segunda Sala, y: -CONSIDERANDO: Que, se presenta el Abg. Gerardo Ortiz Rolon, a los efectos de recusar a los Miembros del Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción de la Segunda Sala. A ese efecto, expresa cuanto sigue: En primer lugar, no puede tenerse una fuente indirecta del Derecho por sobre lo establecido en la Constitución Nacional para pretender tener como fundamento en una resolución Judicial, y considerar que la doctrina se encuentre por encima de nuestra carta magna. Y por otro lado, no se ha realizado una correcta interpretación del texto legal del Libro de la Dra. María Carolina Llanes, la Ministra, conforme a la Hermenéutica Jurídica, si bien la misma hace referencia al arresto o inmovilización de la persona en el lugar del hecho, es para la correcta identificación de la persona en el lugar del hecho, y no para transformarla en una “PRISION PREVENTIVA”, en total violación de los derechos procesales y constitucionales.- Como cuestión previa cabe recordar que esta Sala Penal en numerosos fallos, ha sostenido que el Instituto de la recusación constituye una figura que debe ser interpretada de manera estricta, con recta observancia al principio del Juez Natural, y su utilización por las partes en un proceso determinado debe ser siempre sostenida con los elementos de prueba que sustenten la afirmación que se pretende incorporar al proceso. Contrario, los simples dichos de cualquiera de ellas, dirigidas contra un Magistrado determinado serían suficientes para provocar la separación, lo que conduciría a desnaturalizar el instituto. No debe permitirse que meras afirmaciones sin sustento probatorio, surjan como razones atendibles para provocar el alejamiento de un Magistrado, a cuya competencia se halla el conocimiento de una causa determinada.-Lo expuesto nos lleva a afirmar que las normas que regulan el Instituto de la Recusación exigen antes del estudio sobre su contenido un previo examen riguroso para discernir la admisión del incidente al procedimiento pues, el escrito correspondiente deberá estar rodeado del cumplimiento de los presupuestos formales indispensables para ello, como ser: presentación por escrito, dentro del plazo señalado en la ley, a lo que se debe sumar las condiciones de fundamentabilidad, que se resumen en la demostración de la causal que se alega, apuntalada con los medios probatorios necesarios que demuestren o hagan verosímil su existencia. - Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

La presentación que nos ocupa carece justamente de dicho presupuesto formal pues, se formula sobre la base de suposiciones carentes de contenido que no son más que meras conjeturas. Esta palpable deficiencia en la formulación del incidente de recusación planteada, en términos carentes de prueba, impiden la consideración de los argumentos expuestos por la recusante. En efecto, la pretendida separación en contra de los Miembros del Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción de la Segunda Sala, carece de argumentación en torno a la demostración de la causal de motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia pues, el escrito hace más bien alusiones vagas, imprecisas y generales de supuestas anormalidades, por las cuales el Tribunal de Apelaciones, supuestamente bajo premisas arbitrarias y con intención, fallaría contra los intereses del procesado; no obstante, no se puede deducir la existencia de irregularidad alguna, de la que se pueda inferir parcialidad o falta de independencia. Estas circunstancias se traducen en un obstáculo insanable para considerar admisible la causal alegada.-Cabe apuntar que, el artículo 343 del C.P.P. prescribe: “La recusación se interpondrá por escrito, en cualquier estado del procedimiento, indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes. La interposición de recusaciones manifiestamente infundadas o de modo repetitivo con la finalidad de entorpecer la marcha del procedimiento se considerará falta profesional grave”.-Todo ello no hace sino incidir negativamente en la presentación efectuada por el recusante y, conducir indefectiblemente a la declaración de inadmisibilidad de la recusación promovida por el ostensible incumplimiento de las formas indispensables en su presentación. ES MI OPINIÓN.-OPINIÓN DEL DR. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA:Me adhiero al voto del Ministro preopinante, el DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, por compartir los mismos fundamentos. ES MI OPINIÓN.-OPINION DE LA MINISTRA MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS:Comparto lo manifestado por el Ministro preopinante en el apartado del considerando de la resolución, no obstante a mi entender debe resolverse NO HACER LUGAR a la recusación planteada en contra de los Miembros del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción de la Segunda Sala.- Igualmente, me permito realizar las siguientes consideraciones: Que, el Abog. Gerardo Ortiz Rolón por la defensa de Federico Ezequiel Santoro Vasallo ha planteado recusación contra el Ad quem invocando la causal del inc. 13 del Art. 50 del Código Procesal Penal, argumentando en lo medular que: el Tribunal de Apelación en Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

cuestión no han realizado el mínimo análisis en controlar el cumplimiento de todos los principios y garantías previstos en la constitución, en el derecho internacional vigente y en este código…”, tal cómo lo establece el Art. 282 del C.P.P., a los efectos de contrastar sus afirmaciones, se remite al A.I. Nº 318 de fecha 06 de Noviembre de 2.023, donde ha quedado patente y se constata que han considerado la “doctrina” por sobre lo establecido en la “Constitución Nacional”, en inobservancia del Art. 12 “De la detención y del arresto”, considerando grave la exégesis del Tribunal de Apelación en aplicar la doctrina por sobre la Carta Magna. Dice que no se ha realizado una correcta interpretación, conforme a la Hermenéutica Jurídica, si bien la misma hace referencia al arresto o inmovilización de la persona en el lugar del hecho, es para la correcta identificación de la persona en el lugar del hecho, y no para transformarla en una “Prisión Preventiva”, en total violación de los derechos procesales y constitucionales.” -Que, en primer término, se debe entender que la recusación de jueces es un resorte procesal que la Ley establece a los fines de precautelar la independencia e imparcialidad del juzgador, en aras de un juicio justo. Las causas que lleven a una de las partes de un proceso, a echar mano a esa herramienta procesal tienen que ser atinentes a aspectos intrínsecos del órgano Jurisdiccional, a alguna circunstancia que influya de tal manera que peligre su capacidad de administrar recta justicia.-En ese sentido, la recusación constituye una figura que debe ser interpretada estrictamente, con recta observancia al principio de juez natural; y su utilización por las partes en un proceso determinado debe ser siempre esgrimido con los elementos de prueba que sustenten la afirmación que se pretende incorporar al proceso. En consecuencia, las simples manifestaciones de cualquiera de ellas dirigidas contra uno o más magistrados no tienen la entidad suficiente para provocar la separación, puesto que ello desnaturalizaría el instituto en estudio.- Pasando a analizar los argumentos del recurrente, cabe recordar que el Art. 50 inc. 13 del Código Procesal Penal reza: “MOTIVOS. 13) cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia”. Así también, el Art. 343 del Código Procesal Penal dispone: “La recusación se interpondrá por escrito; en cualquier estado del procedimiento, indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes. La interposición de recusaciones manifiestamente infundadas o de modorepetitivo con la finalidad de entorpecer la marcha del procedimiento se considerará falta profesional grave.”-Del análisis de la cuestión planteada, se puede inferir claramente que las causales alegadas carecen de fundamentación fáctica y jurídica, atendiendo a que la mayor parte del escrito impugnativo esboza alegaciones inconducentes para estudiar la recusación contra el Ad quem, tampoco se ha ocupado de agregar caudal probatorio que sustente la existencia de alguna causal prevista en el Art. 50 del C.P.P. En conclusión, no se encuentra circunstancia alguna que inhabilite al Tribunal de Apelaciones a entender en la presente causa.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

No obstante, es importante mencionar que, en caso de verse el justiciable vulnerado en sus derechos y garantías, tiene a su disposición las herramientas que el Código de Procedimientos Penales le otorga para obtener su rectificación, instrumentos que no deben ser confundidos con la figura de la recusación que esta prescripta para casos puntuales y específicos. -Por todo lo expuesto ut supra, corresponde NO HACER LUGAR a la presente recusación, por así corresponder en estricto derecho. ES MI OPINIÓN. -POR TANTO, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENALRESUELVE:1.- DECLARAR INADMISIBLE la recusación planteada por el Abg. Gerardo Ortiz Rolon, contra los Miembros del Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción de la Segunda Sala, por los motivos expuestos en el exordio de la presente resolución.-2.- ANOTAR, registrar y notificar.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.