ACCIÓN DE INCONS1 ITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LIDIO ANTONIO FLOR CABRAL C/ ART 1 DE LA LEY Nº 4.333 DEL ACUERDO v SENTENCIA tJúMERO: O uh;:,(A'c,J;::) Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicando el sorteo de la ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN y VICTOR RIOS A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR M. DIÉSEL JUNGHANNS dijo:
"Artículo 1.- Modificase el Artículo 1de la Ley Nº2.018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS, modificada por la Ley Nº2. 153103, cuyo texto queda redactado A rt. 1.- Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad mayor a diez años, contados a partir del año de su fabricación Excepcionase de esta prohibición a las maquinarias agrícolas usadas, maquinarias de construcción usadas y tractocamiones con más de veinte toneladas de capacidad de carga, de cualquier procedencia, modelo o año de fabricación, sujeta al cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº125/91 "QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIMENTE TRIBUTARIO" Podrán ser importados, los vehículos deportivos clásicos de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad superior a diez eños contados a partir del año de su fabricación, debiendo ser certificados; a ese efecto, por la autoridad aduanera nacional pertinente, como vehículo nti uos de colección de circulación restringida a ocasiones especiales, conforme a L s mis os estarán sujetos a medidas y controles técnicos ehicula s, de nformidad a l i pues por la Ley Nº3850 del 15 de o tubre de 2 9 "QUE EA L ISTEMA ACI AL E 1 CIÓN TÉCNI EHIC LARY E ABLECE L 0B GATO IEDAD E LA EA CIÓN D LA INSPEC N TÉC /iC REQUIS O P EVIO P RALA enio .Jimé.nez.
:Ministro ' 1 1eda Víctor Rt05 Dr. ,-Anhtro OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DE LA PATENTE MUNICIPAL PE RODADOS EN TODO EL Los escribanos y notarios públicos deberán exigir el documento que acredite la inspección técnica vehicularvigente para protocolizare inscribirlas escrituras de trasferencia de vehículos A los efectos de lo dispuesto en la primera parte del párrafo de esta Ley, queda prohibida cualquier discriminación en lo que se refiere a la ubicación original del sistema de dirección del vehículo a ser importado, y que vaya más allá de las restricciones vinculadas al sistema de Para su circulación en el territorio nacional en todos los casos, la dirección del - autovehículo estará ubicada o reubicada en el lado izquierdo del mismo".
En primer término, cabe distinguir que en realidad la Ley que dispone la restricción de la que se agravia el accionante es la Nº2018/02 en su Art.1 º tal como se halla vigente en virtud de la modificación última de su redacción dispuesta en la aludida Ley Nº4333/11.
No obstante, identificada la norma impugnada, y aclarado el punto, hemos de abocarnos al estudio de la acción, cuyo fin debe ser determinar si la determinación por ley de una restricción de importación de vehículos usados impidiendo la de aquellos con más de diez años de antigüedad, violenta o no alguna norma de nivel Constitucional.
Es preciso puntualizar las normas constitucionales pertinentes, aducidas como violentadas, referentes a la liberad de concurrencia y a la libre circulación de productos. Dice " A rtí cu lo 107. DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica licita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la Ley Penaf'.
"Artículo 108. DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS. Los bienes de producción o fabricación nacional, y los de procedencia extranjera introducidos legalmente, circularán Señalemos, inicialmente, que se garantiza que toda persona pueda: Dedicarse a la actividad de su libre preferencia, a condición que sea lícita y que se encuadre dentro de un marco de igualdad de oportunidades. El Actor dice dedicarse a la actividad de su preferencia, la cual es indudablemente lícita: el comercio de automotores y maquinarias, dejando ver que dicha actividad no se circunscribe exclusivamente a la importación de los vehículos restringidos por la norma importada. Surge claramente que la libertad de dedicarse a la actividad lícita de su elección, no se halla cercenada. En cuanto a su ejercicio dentro de un marco de igualdad de oportunidades, notamos que ella tampoco está restringida, pues la norma (que dice le agravia) rige a todo aquel que vaya a importar vehículos, sea ocasional o habitualmente, como representante, distribuidor o comerciante sin régimen establecido con los proveedores.
Tampoco se nota que la norma impugnada sea propiciadora de la creación de Monopolios, ya que, como se ha señalado, es de aplicación general y no especial a un grupo de personas, ya sea negativamente en favor de otras o positivamente en favor de ellas, creando una situación de desigualdad de oportunidades y restricción a la competencia. Distinto sería si la norma impugnada no rigiese para tales o cuales comerciantes, lo cual no se produce con la situación Ca be señalar que, cuando la Constitución impone la libre circulación de productos nacionales o extranjeros, en cuanto a éstos, la condiciona a que hayan sido " ... introducidos legalmente". Se nota claramente la remisión a la "ley" como instrumento normativo dictado por el Poder Legislativo dentro de sus atribuciones, que regule la materia. De allí que, por imperio de la misma norma invocada, es atribución del Poder Legislativo regular, establecer el marco de normas, dentro de las cuales debe producirse la introducción de los productos extranjeros.
Así sucede con un sin número de bienes y productos que deben cumplir con normas sanitarias, aduaneras o de seguridad, todas impuestas por ley. La libertad de concurrencia y la garantía .-;-;,-e re cir -ción de productos, y agrego: de bienes y servicios, no puede entenderse como -1,' pn;p-ee , . ue inhabilie toda reglación, s.itac!n ésta que implicaría el abandono del " timo, las alegaciones que se hacen invocando la justicia social, o la adopción de - endientes a la corrección de los desequilibrios entre distintos sectores de la población , sin dudas, argumentos atendibles y de tratamiento recomendable. Sin embargo, no es competencia de esta Corte, y específicamente de esta Sala Constitucional, el diseñar o rediseñar o aún implementar políticas en tal sentido, a través de sus sentencias, pues estaría usurpando atribuciones Constitucionales de otro -Poder Constitutivo de la República, rompiendo así el equilibrio entre Poderes, lo que llevaría a una situación contraria - frontalmente - al Estado de Derecho constituido por el Pueblo a través de la Convención Nacional Constituyente. En otras palabras, escapa a las atribuciones y a la competencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, juzgar el mayor o menor acierto o efectividad de las leyes, o que las políticas que implante o ejecuten sean mejores o peores.
Debemos, en el marco de las impugnaciones de inconstitucionalidad, como la que nos ocupa, limitarnos a estudiar si las normas puestas en crisis se adecuan a la Constitución Nacional, es decir, que hayan sido dictadas por Órganos con competencia, con respecto de las formas requeridas, y sin contradecir los principios y garantías establecidas por la Constitución Me permito aclarar que el expediente ha ingresado a este despacho en fecha 24 de marzo de 2021, habiendo asumido el cargo de Ministro en fecha 27 de mayo de 2020.
En ese contexto y por tales razones, concluyo que la norma impugnada de inconstitucionalidad, el Artículo 1de la L1ey Nº2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", en su redacción actual dada por el Artículo 1de la Ley Nº4333/2011, no vulnera a la Constitución Nacional y por tanto, la acción debe ser rechazada, PROMOVIDA POR LIDIO ANTONIO FLOR CABRAL C/ ART 1 DE LA LEY Nº 4.333 DEL A su turno, el Doctor EUGENIO JIMlNEZ ROLÓN, dijo: La presente acción de inconstitucionalidad fue promovida por los Abqs. Gustavo Martínez Agüero y Pedro Cardozo Méreles, en nombre y representación del señor Lidio Antonio Flor Cabral, contra el art. 1de la Ley 4333/11 "Que modifica el artículo 1de la Ley Nº 2.018/02 "Que autoriza la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados", El accionante, acreditó su legitimación activa con la documental agregada a f. 19, y sostuvo, como fundamento de su presentación, que se dedica a la actividad comercial de importación de ve os y que la norma impugnada, restringe las disposiciones de los arts. 107, 108, 137, 259 260 núm. 1 de la Constitución. En ese sentido, alegó que la ley lesiona la libertad de con urrenc a al prohibir, en beneficio de una minoría, la importación de vehículos que se ne entren dentro de un periodo de antigüedad determinado, sin tomar en cuenta la condición e los mismos. Expresó que el criterio para prohibir la importación debe de ser la ecánica en la 'que se encuentra el vehículo, y que además la ley en cuestión de p la oferta más conveniente a sus intereses. Solicitó la declaración de ucionalidad de I ley impugnada, y señalo jurisprudencia de la Sala Constitucional ble a su pretensión. (Fs. 22/29) ida la vista pertinente, el fiscal adjunt Edgar Mor o Agüer , encar o de la nci n d1 2s vitas y traslados cor s a la Fi calía Ge ral del Est do, e su di tamen Fisce ec 08 de mayo 013, rec ma er lugar a a pres nte ac ión de Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. 3 Ministro : En primer lugar, se debe resaltar que esta Acción de lnconstitucionalidad fue promovida en fecha 5 de febrero de 2013 y quedó en estado resolutivo, el 31 de mayo del mismo año (f.
34). Desde esa fecha, se han sucedido una serie de inhibiciones que impidieron el dictado dela sentencia definitiva. No deja de ser llamativo que no encontramosagregado a estos autos escritos de la parte accionante urgiendo la integración del órgano ni la decisión sobre el fondo. La integración de esta Sala Constitucional fue puesta a consideración de esta Magistratura recién en fecha 06 de diciembre de 2019 y notificada al accionante en fecha 19 de enero de 2021. De tal suerte, demora en dictar sentencia en este juicio, en estado resolutivo desde el 29 de agosto de 2019 y notificada al accionante en fecha 29 de julio de 2020, conforme con la cédula de notificación agregada a fs. 39 de estos autos. La demora en dictar .
sentencia en este juicio, en estado resolutivo desde el 31 de mayo de 2013, no puede atribuirse En segundo lugar, cabe decir que la norma impugnada establece una prohibición de importar vehículos usados con más ele diez años de antigüedad y afecta a los importadores en general. Si bien el accionante únicamente agregó un solo Certificado de Nacionalización de Auto vehículos, la documentación es suficiente para acreditar que la norma impugnada le afecta, pues en dicho instrumento la Dirección Nacional de Aduanas certificó que el vehículo de la marca Nissan, que fue fabricado en el año 2022, con despacho de importación Nº 12027IC04001876U, ha sido consignado al accionante, este es: Lidio Antonio Flor Cabra! (f.
19); por tanto, el accione cuenta con legitimación en esta acción de inconstitucionalidad.- Ya adentrándonos al estudio del caso concreto, observamos que la norma atacada de inconstitucional-Ley 4333/11 "Que modifica el artículo 1de la Ley Nº 2.018/02 Que autoriza la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados", modificada por la Ley Nº 2. 'l 53103'- dispone: ''Artículo 1.- Modificase el Artículo 1de la Ley Nº 2.018/02 "Que autoriza la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados", modificada por la Ley Nº 2. 153/03, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma: Art. 1.- Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad mayor a diez años, contados a partir del año de su fabricación hasta la de su despacho en el lugar de origen. .. ".
Ahora bien, como sabemos, el principio de supremacía constitucional consagrado en el art. 137 impone que todos los actos normativos se ajusten a los postulados de la Constitución.
El análisis de la constitucionalidad de una norma supone siempre un contraste entre las normas constitucionales involucradas y la ley inferior. Por ello, a fin de conocer la conformidad de esta última con la Constitución, es fundamental que el juzgador conozca cómo opera o qué protege el derecho o principio constitucional en cuestión, puesto que una violación irrazonable o desproporcionada a un derecho individual podrá producir tal lesión al individuo que tacharía de Para facilitar la lectura de este análisis e identificar claramente las cuestiones constitucionales que se plantean en esta acción, conviene caracterizar los argumentos traídos En primer lugar, menciono dos violaciones a principio constitucionales. Primero una supuesta conculcación al principio de razonabilidad, al decir que la ley no cuenta con parámetros objetivos y concretos que justifiquen la prohibición de introducir al país vehículos con más de diez años de antigüedad. En ese sentido, critico el criterio de la antigüedad utilizado por el legislador, e indicó que el parámetro de restricción debió haber sido la condición mecánica del vehículo. En segundo lugar, alegó una violación al principio de igualdad, al argumentar que la limitación normativa hace una distinción arbitraria que beneficia injustamente a otros importadores, y que permite que vehículos con menos diez años, pero en pésimas condiciones, circulen libremente. Sostuvo, además, que la ley vulnera el derecho a la libertad de concurrencia, la libre circulación de productos y el derecho de los consumidores a elegir el producto que más convenga a sus intereses dentro del mercado.
Antes de pasar a juzgar el caso concreto, debemos partir de una premisa fundamental y básica: todo derecho es susceptible de limitaciones. Los derechos fundamentales de las personas están sujetos a límites, ya sean explícitos o implícitos. Advertir esta circunstancia no ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LIDIO ANTONIO FLOR , , DE CABRAL C/ ART 1 DE LA LEY Nº 4.333 DEL 'é... W L-:' reº cienes legislativas a derechos individuales son admisibles bajo ciertas 'l. ?di?,.!.:9es:j"" nes de iterés genera, ordepúblico, o lgún propósito -statal según las necesidades EJ1 cada sociedad democrática. Ese es el estandar que fue fiiado por la Corte 9, 9Wramerio a de Derechos Humanos (vide: Opinión Consultiva OC-6/86 de fecha 9 de mayo " - e 19 1. por los precedentes de la Sala Constitucional de esta Excma. Corte Suprema de Justicia (vide: Acuerdo y Sentencia Nº 77 4 de fecha 17 de septiembre de 2019).
En el mismo sentido, esta Sala ya ha establecido que para que las limitaciones sean constitucionalmente permitidas, es fundamental que ellas se encuentren justificadas en la realización de otros derechos, bienes o valores con-stitucionales, respetando al contenido esencial del derecho que se está limitando. Por ello la doctrina ha dicho que el desarrollo legislativo o la determinación de una restricción no expresada en el texto constitucional, pero que deriva implícitamente del derecho de terceros ó del bien común general siempre debe seguir ciertos requisitos, entre los cuales se cuentaIa cláusula del contenido esencial de derechos y la exigencia de justificación, ya que la facultad normativa de las limitaciones de derechos constitucionales no puede ser ejercida de manera arbitraria. (PRIETO SANCHÍS, Luis. 2003. Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Madrid. Trotta págs.232/241 ).
La justificación supone la existencia de una causa o motivo jurídico por el que requiere la presencia de la restricción. Esto se vincula íntimamente con el principio de razonabilidad, que ordena que las medidas de autoridad, o restricciones, sean razonadas y razonables, nunca caprichosas o arbitrarias. La razonabilidad: "supone la existencia de una política legislativa que pueda ser controlada en cuanto a su proporcionalidad entre el objetivo claramente definido y legítimo, y el medio eficiente para lograrlo" (SOLA, Juan Vicente. 2009. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo 11. Primera Edición. Buenos Aires: La Ley. p. 473). La proporcionalidad supone que eí daño o deterioro que se produzca al ejercicio del derecho sea el mínimo en Esto quiere decir que la regulación no debe restringir otros derechos fundamentales, a menos que dicha limitación se encuentre autorizada por la Constitución, o justificada por un objetivo o una finalidad pública, y sea la menos gravosa en relación con los derechos limitados.
En ese caso, en cumplimiento con el principio de proporcionalidad, los medios empleados deben ser idóneos y adecuados al fin perseguido con la toma de la medida de autoridad.
Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe adentrarse al estudio del fondo de la cuestión.- La norma impugnada impone una limitación a antigüedad que pueden tener los automotores que se introduzcan al país por importación: 1 O años. Desde ya, debo decir que no considero que la reglamentación a la importación de automotores usados de cierta antigüedad constituya una violación a un derecho fundamental El derecho individual garantizado por el art. 107 es el de dedicarse a una actividad económica lícita de su preferencia, es decir, a una actividad que no se encuentre prohibida, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. El art. 108 se refiere también a la licitud, al garantizar la li e circulación de productos, y disponer que los bienes de procedencia extranjera intro uci s legalmente circularán libremente dentro del territorio de la República.
La Constitució cons gra la libertad económica, siempre y cuando las actividades comerciales utel consti ucional del comercio se realiza a los efectos de nti la libertad Ministro CSJ. 5 Dr. Víctor Ríos Ojeda Miohtro El ejercicio de la actividad económica se sujeta a reglas y limitaciones relativas al orden público, al bien común, a la seguridad nacional, a la salud y el bienestar general, etc.
Un sinnúmero de leyes y reglamentos existen en este sentido en nuestro derecho, e incluso se establecen prohibiciones absolutas vinculadas a la actividad comercial, como el caso de bienes de comercialización o exportación e importación prohibidas, restringidas y condicionadas-productos farmacéuticos, armas, semillas y productos vegetales, animales Es natural, que el Congreso tenga la potestad de calificar o prohibir actividades. Esto es constitucional. Sostener lo contrario, significaría, desconocer que el Congreso pueda dictar leyes económicas o, pueda legislar en base a un interés general.
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Lo que se reprocha no puede ser, entonces, la limitación al derecho, sino que la determinación legislativa de restringir la importación de vehículos con más de diez años de antigüedad es arbitraria y discriminatoria. Y eso nos lleva necesariamente al control de razonabilidad de la ley, y de su conformidad con el principio de igualdad.
En este estadio, surge la interrcqante de si la restricción legal es razonable y proporcional, es decir, si responde a un propósito u objetivo estatal, y si la medida es apropiada -y La respuesta es clara. El objetivo estatal de prohibir la importación de vehículos usados con más de diez años de antigüedad responde a un propósito estatal. Basta con ir a los antecedentes legislativos que se encuentran en el expediente D-0913769, para identificar su El anteproyecto de esta ley propuso originalmente la restricción a la importación de vehículos con más de -cinco años de antigüedad. Luego de todo el trámite legislativo, el proceso culminó en la sanción de la Ley 4333/11, que restringió la importación a vehículos con Si recurrimos al documento de iniciativa de esta propuesta legislativa, el propósito estatal resulta evidente: "Cuando se pretende prohibir la importación de vehículos usados hasta cierta cantidad de años de antigüedad, se quiere otorgar: seguridad al tráfico nacional, para garantizar; el derecho a la vida de nuestros conciudadanos; el derecho a un medio ambiente sano . también Bolivia redujo a cinco años de antigüedad de los vehículos que pueden ser 'importados, quedando como mercados-depósitos de toda la chatarra internacional, Perú y Paraguay. Por ello, todo lo que no se compre más en ningún lugar se llevará a Paraguay y a Perú, allí sí que el derecho de elección del consumidor paraguayo no irá más allá de lo que sobre después de la colocación en otros mercados de autos usados que se puede presumir no estarán en mejores condiciones. Conocemos que año a año aumentan las víctimas mortales en accidentes de tránsito. Aunque no debe reducirse todo a las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos, sin embargo, es una arista a considerar y a regular para acompañar la tarea del Ejecutivo en el control del estado de los autos vehículos. El derecho a la vida de nuestros conciudadanos, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la seguridad en el tránsito y el derecho a la integridad física sirven de parámetro no solo para prohibir la importación de autos usados de no más de diez alias, sino de hacerlo con relación a los que tengan una antigüedad superior a cinco años. . Tampoco debe olvidarse que la prohibición pretendida se traduce en protección a favor de una mayoría que carece de autos, pero que debe respirar las emisiones de los que se encuentran en mal estado y tal vez soportar accidentes por desperfectos mecánicos o físicos del vehículo. Estos no tienen por qué cargar con que se les prohíba a los otros que importen vehículos con más o menos antigüedad.".
El propósito detrás de dicha restricción legislativa proviene de la necesidad de dar protección a otros derechos, intereses y valores de bien común, como los de seguridad en el tránsito y a los ciudadanos, la salud pública, el derecho a un ambiente saludable y la protección A criterio de esta Magistratura, el objetivo más importante y cardinal, con el que se justifica plenamente la razonabilidad de la norma, es la protección al medio ambiente. De hecho, cuando el Estado reglamenta las actividades económicas, lo hace para reducir las externalidades o consecuencias negativas causadas por ellas. La doctrina constitucional explica en este sentido: "Una de las funciones del Estado en cumplimiento de un mandato ACCIÓN DE INCONS1'ITUCJONALIDAD PROMOVIDA POR LIDIO ANTONIO FLOR CABRAL C/ ART 1 º DE LA LEY Nº 4.333 DEL - .. sti(y:Pi º es el control de la calidad del medio ambiente, La contaminación no es más que i t¿!Jr-1fmpl ti'. un fenómeno mucho más aml!o que son las externa/idades. Siempre que una '1{_(;.11Bonq;¡ a empresa emprenden una eccion que produce un efecto en otra persona por el cual -' tima no paga ni es pagada existe una externalidad. Esta externalidad es una falla 1 .sí' q ado y podría dar lugar a una intervención del Estado .. El gobierno puede imponer as, puede subsidiar los gastos para reducir las externalidades negativas, puede hacer una reglamentación para atenuar las externalidades negativas que imponen unos grupos a otros, o puede intentar definir un conjunto de derecho de propiedad que disuada a los individuos de ocasionar externalidades negativas.. El Estado en lugar de imponer sanciones por la contaminación o de subvencionar los gasto:s realizados para reducirla, generalmente ha dictado normas en un intento de reducir las externalidades negativas. Han establecido niveles de emisión para los automóviles y hapropuesto un detallado conjunto de reglamentaciones relacionadas con los vertimientos de productos tóxicos, de esta manera exige a las compañías aéreas y a los ferrocarriles aplicar una prohibición de fumar" (SOLA, Entonces, la decisión estatal de regular la importación de vehículos, se funda en una intención legítima: reducir las externalidades negativas que producen los vehículos con más de 1 O años de antigüedad que circulan desmedidamente en el territorio nacional. A nadie escapa que el estado de la ciencia y la técnica avanza vertiginosamente con el tiempo, y que, como consecuencia de ello, las medidas tendientes a proteger el medio ambiente, incorporadas a los vehículos, son cada vez mayores. Entonces, esta regulación es adecuada y proporcional para la consecución del objetivo establecido por el Estado, cual es, reducir la contaminación ambiental causada por dichos vehículos. La limitación no puede verse como desproporciona! o excesivamente lesiva al accionante, porque la norma no le prohíbe al individuo que se dedique a la actividad comercial de su preferencia, es decir, no prohíbe la importación de vehículos usados, sino que se limita únicamente la importación de un tipo de vehículo: aquel que supera diez años de antigüedad desde su fabricación.
Se colige así que la elección de este remedio y el criterio para hacerlo -antigüedad- no viola el principio de razonabilidad. La medida legislativa tomada en la Ley 4333/11 es, por La norma tampoco viola el principio de igualdad. La distinción del legislador ni es arbitraria, ni concede privilegios a cierto grupo de personas en detrimento de otros. La clasificación que hace el legislador, de prohibir la importación de vehículos con más de diez años de antigüedad, como vimos, cuenta con una justificación objetiva y razonable: preservar el medio ambiente, la seguridad pública y la salud de la población.
La prohibición de importar vehículos con más de diez años de antigüedad se aplica a todos por igual, sin distinción. No se establecen excepciones ni privilegios a favor de otros grupos que se encuentran en iguales circunstancias. Tampoco se crea un monopolio a favor de representantes oficiales de vehículos nuevos. Si dichos representantes se dedicasen también a la importación de vehículos usados, la norma se aplicaría a los mismos por igual.--- La única clasificación que hace la norma es respecto del producto importado. Y esto es así porque el le islador consideró que dichos vehículos, repetimos, presentan un riesgo al ambiente y a sa d pública. Por ende, la misma no puede considerarse discriminatoria en el sentido de ulnerar un derecho individual, responde, más bien, a regulación económica compro arse la vulneración a un d recho fund ental, la istinción del legislador ficiad s -en otros , no puede M meseJung Cesar Ministro csr. 7 D Víctor Ríos 1e T, fü;ht0 sustentar, la violación del principio de igualdad, porque esa es, precisamente, una situació'n de hecho ajena a la norma. No es un problema de la constitucionalidad de ella, sino un efecto de los precedentes de esta Sala Constitucional en relación con ciertas personas. Y no pueden estos precedentes, cuyos fundamentos no comparto, vincular mi decisión. En nuestro sistema, Dichos fallos han considerado que la norma impugnada vulnera el derecho del trabajo y el de los consumidores. Estos arqumentos resultan completamente desacertados, porque En conclusión, la restricción del art. 1de la Ley 4333/11 es constitucional. Por todas las consideraciones que anteceden, la presente acción de inconstitucionalidad debe ser A su turno, el Doctor VICTOR IRIOS OJEDA, dijo: Los Abog. Gustavo Martínez y Pedro Quintín Cardozo M. en nombre y representación del Sr. LIDIO ANTONIO FLOR CABRAL, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4333/11 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1DE LA LEY Nº 2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE 2. El accionante alega la vulneración de los Artículos 107, 108,137, 256 INC. 5) Y 260 INC. 1) de la Constitución. Y funda su acción manifestando, entre otras cosas, que la prohibición de importar vehículos con más de 1 O años de antigüedad impuesta por la norma impugnada, constituye una flagrante violación de las garantías constitucionales.
3. A los efectos de arribar a una solución razonada de la existencia o no de violaciones de normas constitucionales, es necesario traer a colación lo dispuesto por el acto normativo 4. "Artículo 1.- Modificase el Artículo 1de la Ley Nº 2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRICOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", modificada por la Ley Nº 2153/03, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma: "Art. 1.- Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia v modelo. con una antigüedad mayor a diez años, contados a partir del año de su fabricación hasta la de su despacho en el lugar de origen"(subrayado es mío) .
5. En mi opinión la norma transcripta es razonable, considerando que el Estado e tiene el legítimo derecho de regular las políticas en esta materia, con el propósito de hacer posible que los consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. Asimismo, la política estatal debe tratar de alcanzar las metas en materia de producción satisfactoria y normas de funcionamiento, procedimientos adecuados de distribución, prácticas comerciales legales, comercialización informativa y protección efectiva contra las que puedan perjudicar los intereses económicos de los consumidores y la posibilidad de elegir en el mercado.
6. Con respecto al menoscabo que supuestamente sufrirían los consumidores, en caso de ser privados por el derecho que les corresponde para adquirir los bienes y servicios de su elección, quebrantando con ello la libertad de concurrencia, destacada doctrina nos enseña: "Una orientación creciente en la política económica del Estado ha ido produciendo paulatinamente limitaciones a la liberted de comercio, justificadas en el interés social de evitar los abusos que el individualismo económico provoca. Distorsionada la igualdad de condiciones-supuesto constitucional de la igualdad ante la ley- por los excesos de la libertad de comercio, el Estado ha intervenido estableciendo monopolios oficiales de hecho o comercializaciones compulsivas en beneficio del interés generar'. (Vide: QUIROGA LAVIE, Humberto; Curso de Derecho Constitucional, Reimpresión, Buenos Aires, Depalma, 1.987, 7. Por otro lado, el vehículo denominado "utilitario" es el que llega a la sociedad, y éste, en buenas condiciones, sin duda alguna tiene mercado. El público lo compra porque se adecua a sus necesidades y está más al alcance que un vehículo nuevo. Esa es la opción que tienen 8. La norma atacada no pretende prohibir las importaciones de vehículos usados, como ya se hizo en otros países como Perú, Panamá y Costa Rica, sino regular esa actividad para CORTE , ACCIÓN DE INCONS1ITUCIONALIDAD / ' iUPREMA PROMOVIDA POR LIDIO ANTONIO FLOR .fu'.tSTICIA CABRAL C/ ART 1DELLEY Nº 4.333 DEL e"Cno se trm,hga en riesgo la seguridad de los usuarios, no se afecte económicamente al --.:ifi:s:"( 9. U realidad palpable nos indica que desde hace varios años, miles de automóviles desea a- , desechados (por ejemplo, los casos de autos importados como consecuencia de 1 ' :1,1Ós atmosféricos como Katrina), salidos de circulación en sus países de origen (v.gr.
ehículos importados de lquique, Chile, provenientes de Japón), comenzaron a circular en las ya congestionadas calles de las principales ciudades del país, eón los efectos propios que 10. En su edición del 16 de noviembre de 2019, -el diario La Nación, publicó datos sobre la "Contaminación del Aire - Porcentaje sobre el nivel seguro", diciendo lo siguiente: "Según los índices demostrados, Asunción tiene un 80de nivel seguro de contaminación, un poco más que Tokyo (70) y menos que Taipéi (90), a pesar de existir una Ley de Calidad de Aire (5.211/14) que garantiza el control de emisión de contaminantes. Los factores que coadyuvan a desarrollar la contaminación atmosférica son los combustibles fósiles o humo negro, emanados por los autos usados que despiden estas sustancias tóxicas para el organismo.
Miles de automóviles de gran porte circulan por la capital y contaminan el aire que respiramos. En el 2018 se importaron 71.820 vehículos usados, de los cuales 63.582 tienen más de 10 años (. .. ) la Dirección General del Aire capitalina, remarcó que el aumento del parque automotor influyó en el incremento de índices de polución. En el 201 O había un total de 872. 126 vehículos, en tanto que en el 2019 la cifra llegó a 2.363.499. Cada uno de esos motores emite polución y cuanto más antiguo sea, mayor es el nivel. El promedio de nuestro parque automotor 11. De lo dicho hasta aquí, entiendo que la medida impugnada se encuentra ajustada al mandato constitucional que obliga al Estado a preservar el ambiente, como objetivo prioritario de interés social. La lucha contra la contaminación, sin lugar a dudas, ha condicionado la sanción y promulgación del dispositivo jurídico atacado. Cabe resaltar que un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado, provee el entorno necesario para la vida humana, flora y fauna. Razón por la cual el "derecho a habitar en un ambiente saludable" ha adquirido rango 12. No tenemos que perder de vista que el derecho a un ambiente saludable, se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a la salud y la vida, reconocidos constitucionalmente como derecho fundamental e inherente a la persona humana, por lo que toda norma que integre nuestro derecho positivo deberá indefectiblemente estar orientada a tutelarlos, a los efectos de lograr el bienestar social, tornando operante el carácter de Estado Social de Derecho proclamado por la Constitución, cuestiones estas observadas en el contenido de la 13. Así las cosas, entiendo que la pretensión del legislador al dictar la norma impugnada fue mantener la vigencia de los derechos y principios tutelados por la Constitución, en coherencia con las convenciones internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento interno, con el objetivo de velar por los intereses de todos los ciudadanos, entre los que, la vida, la salud y el bienestar social se encuentran en un lugar de privilegio.
14. Al respecto, la "Declaración Universal de Derechos Humanos", en su numeral 25, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y 15. La Organización Mundial de la Salud se pronunció el 22 de setiembre de 2021 sobre datos y cifras relacionados a la "Contaminación del aire ambiente (exterior)". Dijo que la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo: "Cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del aire mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tonto a lrgo como a corto plazo. Asimismo, exigió que la salud debe ser la máxima prioridad 16. Por lo tanto, en atención a las manifestaciones vertidas, opino que corresponde recha r presente Acción de lnconstitucionalidad. ES MI VOTO.
. el ª1?-J.--firman f S.E., todo por ante mí, de que io Jiménez " Ministro TENCIA NÚMERO: b½ VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional
RESUELVE:
RECHAZAR la presente Acción de lnconstitucionalidad, promovida por los Abgs. GUSTAVO MARTINEZ AGÜERO y PEDRO QUINTIN CA Z MERELES en nombre y representación del señor LIDIO ANTONIO FLO ABRA , de conformidad a lo establecido en el exordio de I P, esents Resolució 'LUJl.ettt'o-Jiménez :Ministro Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojed .. Mini.stro