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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalPenal

Acuerdo y Sentencia N° 859/2024

14 de agosto de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PROMOVIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE YAGUARON EN LOS AUTOS CARATULADOS: "MINISTERIO PUBLICO C/ JUAN ALBERTO DENIS Y OTROS S/ INFRACCION A LA LEY 716196". AÑO: 2021. Nº: 773

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PROMOVIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE YAGUARON EN LOS AUTOS CARATULADOS: "MINISTERIO PUBLICO CI JUAN ALBERTO DENIS Y OTROS SI INFRACCION A LA LEY 716196". O Y SENTENCIA NÚMERO: cQ0nC1v1 -t. ored' -,.- .,. ' f.1-la ad de Asunción, Capital de la Repúb!1cdel Paraguay, a los GO. ras d. s d co o. J00o del año dos mil v'e,1vitt0,,,,.Jr, .estando en la Sala de curdos .:i.;tl'--:tc uprema de Justicia, los Excmos. eñores M_irnstros de la Sala ,Const1tuconal, Doctc USTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RIOS OJEDA y CESAR DIESEL 51 ' NNS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PROMOVIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE YAGUARON EN LOS AUTOS -CARATULADOS: "MINISTERIO PUBLICO CI JUAN ALBERTO DENIS Y OTROS SI INFRACCION A LA LEY 716196", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por los Abgs Osear Luis Turna (h) Y Osear Manuel Huerta, en nombre y representación de la Municipalidad de Yaguarón.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIÉSEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.

A la cuestión planteada, el Ministro Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Los Abgs. Osear Luis Turna (h) y Osear Manuel Huerta, eh nombre y representación de la Municipalidad de Yaguarón, promueven acción de inconstitucionalidad contra el A. 1 Nº 113 de fecha 17 de marzo de 2021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, en el marco de la causa caratulada: "MINISTERIO PÚBLICO C/ JUAN ALBERTO DENIS Y OTROS S/ INFRACCIÓN A LA LEY La resolución del Tribunal de Apelaciones impugnada resolvió: "1.- DECLARAR ADMISIBLE el recurso de Apelación General interpuesto por el Dr. CARLOS FRANCISCO ALVAREZ contra las resoluciones; A./. Nº 693 y A./ Nº 694 de fecha 13 de octubre de 2020, dictado por el Juez Penal de Garantías de Carapeguá, Abg. HILAR/O BUSTOS. 2- REVOCAR las resoluciones; A. l. Nº 693 y A. l. Nº 694 de fecha 13 de octubre de 2020, dictado por el Juez Penal de garantías de Carapeguá, Abg. HILAR/O BUSTOS, en consecuencia; DECLARAR EL ABANDONO de Querella Adhesiva en estos autos, Querella Adhesiva presentada por la Abg.

Sara Lezcano Torres en representación de la Comisión de Fomento y Desarrollo de la compañía Curupayty del Distrito de Yaguarón, y la Querella Adhesiva presentada por los Abgs. Osear Turna y Osear Manuel Huerta en representación de la Municipalidad de la ciudad de Yaguarón por las razones expuestas en el considerando de la presente resolución. 3. - ANOTAR, registrar y remitir ejemplar a la Excelentísima Corte Suprema JL .... ".

arantí s de C apeguá, tubre 2020 s expidió Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ, Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro l ?e agosto de 2020, y la Excepción de Falta de Acción y de representación insuficiente, mterpuesto por el Abg. CARLOS ALVAREZ JARA, ... ". A su vez, el A.I. Nº 694 de fecha 13 de octubre 2020, resolvió: "1) RECHAZAR el incidente de Nulidad Parcial de Actuaciones y decíerecior. de Abandono de Querella, interpuesto por el Abg. CARLOS ALVAREZ JARA en Aleqa la parte accionante que la resolución impugnada infringe las disposiciones contenidas en los Arts. 16, 17, 46, 47, 127, 137 y 256 de la Constitución Nacional. Al respecto refierque la misma es un acto jurisdiccional arbitrario porque lesiona los derechos y garantías constitucionales de su mandante - la Municipalidad de Yaguarón -. En ese sentido arguye que se ha violentado el principio del debido proceso al haberse declarado el abandono de querella adhesiva presentada por la Abg. Sara Lezcano Torres, y de los Abgs. Osear Luis Turna y Osear Manuel Huerta en representación de la Municipalidad de la ciudad de Yaguarón; que la resolución carece de fundamentación; que infringe el principio de congruencia, razonabilidad, sana crítica y porque agravia la garantía constitucional de los derechos de la víctima. Por tanto, solicita hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida, declarando la inconstitucionalidad y la nulidad del fallo impugnado.

Al traslado respectivo, el Dr. Carlos Francisco Álvarez Jara, en representación de los señores Juan Francisco Denis Pintos, María Laura Cañete y Hugo César Centurión, solicitó el rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida por el accionante contra la resolución de la Cámara impugnada, por su evidente improcedencia. Al respecto manifestó - entre otras cosas - que: " ... la falta de poder suficiente, la falta de motivación de la acción que no menciona cual es el perjuicio que le produce la resolución impugnada, la falta de la demostración del derecho afectado, constituyen entidad suficiente para rechazar la presente acción de inconstitucionalidad promovida por los Abg. Osear Turna y Osear Huerta ... ".

En su contestación, el Agente Fiscal, Abg. Carlos Rojas Martínez, de la Unidad Penal Nº 3 de la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales de Asunción, Departamento Central, Cordillera y Paraguarí, solicitó la nulidad de la resolución impugnada, por estimar que existe una violación de derechos consagrados en los Arts. 46, 4 7, 127, 137 y 256 de la Constitución Asimismo, el Fiscal Adjunto, Abg. Celso Sanabria González - al contestar la vista corrida a la Fiscalía General del Estado-, en el Dictamen Nº 631 de fecha 19 de abril de 2022, se expidió en el sentido de hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por los acciones, al concluir que la decisión del A quem quebranta la norma constitucional prevista en el Art. 256, circunstancia que señala, torna viable en lo sustancial, la presente impugnación. -- Previa a cualquier consideración, corresponde determinar la competencia de la Sala Constitucional para entender en la cuestión planteada. En efecto, dicha competencia surge de lo establecido en el Art. 260 lnc. 2 de la Constitución Nacional, concordante con el Art. 11 lnc.

Ahora bien, con respecto a la viabilidad o no de la presente acción, el Art. 556 del C.P.C, preceptúa que la acción de inconstitucionalidad procederá contra las resoluciones de los jueces o tribunales cuando en sí mismas sean violatorias de la Constitución; o se funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad, contrarios a la Constitución en los Al respecto, el ordenamiento positivo nacional dispone en el Art. 256 - segundo párrafo - de la Constitución Nacional que: "Toda sentencia debe estar fundada en la Constitución y en la Ley. .. " y en igual sentido el Art. 125 del C. P. P así lo dispone al señalar: "Las sentencias definitivas y los autos interlocutorios contendrán una clara y precisa fundamentación de la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PROMOVIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE YAGUARON EN LOS AUTOS CARATULADOS: "MINISTERIO PUBLICO C/ JUAN ALBERTO DENIS Y OTROS SI INFRACCION A LA LEY 716/96".

inobservancia conlleva a la pena de nulidad. Surge entonces como deber de si 'll ' es bien, de las alegaciones de la parte accionante, de las constancias de los autos traídos a la vista y analizado el interlocutorio objeto de impugnación, se verifica que el decisorio unánime asumido por los Magistrados de segunda instancia, se halla sustentado en las constancias de los autos examinados, en disposiciones legales que rigen la materia analizada, las que prevén el tipo el tipo de hecho punible investigado y las demás disposiciones legales En efecto, el Tribunal de Apelación al abordar los cuestionamientos incidentales puestos a su consideración en la apelación general sentó, justificó y fundó la decisión de revocar los interlocutorios revisados en alzada. En ese sentido, el Tribunal de Apelación expresó - entre otras consideraciones - que la querella adhesiva que fuera admitida por el Juzgado en los autos, no puede ser parte en aquella causa penal por carecer de legitimidad activa, por tratarse de un hecho punible que tiene en carácter de víctima a todos los habitantes de una ciudad; y que ante la ausencia en nuestro sistema jurídico de una disposición o norma operativa de la disposición constitucional establecida en el Art. 38, la autoridad pública en el caso recae en el . representante de la sociedad que es el Ministerio Público, quien en tal carácter - sostuvo - ha intervenido desde el inicio de la investigación ejerciendo la titularidad de la acción penal pública, en base a los deberes y atribuciones que le fueron conferidas por la Constitución y las Leyes, y que en ese sentido ha partido el mismo desde la denuncia respectiva de los pobladores de la ciudad de Yaguarón. Por lo cual consideró hacer lugar al recurso deducido y Cabe en cualquier proceso, examinar la cuestión atinente a la legitimación procesal. Es decir, si la relación señalada y suscitada con motivo del proceso, puede tener la virtualidad de generar una confirmación, modificación o extinción de la relación jurídica de fondo que subyace en el mismo. En otras palabras, se debe verificar si existe la llamada "legitimatio ad causam". Esta es una obligación y facultad a cargo del juzgador.

La legitimación deriva de un derecho inherente a la persona (física o jurídica) particularmente e individualmente afectada, que resulta ofendida directamente por el hecho punible. Dicha legitimación es necesaria para invocar y requerir la protección de los derechos A I respecto, se ha señalado que: "la acción debe ser intentada por el titular del derecho ... Llámese legitimatio ad causam, la demostración de la existencia de la calidad invocada, que es activa cuando se refiere aJ actor y pasiva cuando al demandado.

Correspondiendo al actor la prueba de las condiciones de su acción, a él i be demostrar su calidad de titular del derecho y la cali e obligado del demanda o ... " ugo Alsina, "Tratado r:teGctico del derecho Pro esal ivil y Comercial", 2ª E ición, P rte General, Cesar M. Diesel Junghanns Ministro e . Ministro 3 .. Ya specíficamente dentro del marco del proceso penal, conforme a nuestra legislación oositiva vigente se adquiere legitimación para intervenir como querellante adhesivo en los hechos punibles de acción penal pública, eri los términos dispuesto en el Art. 69 del CPP, toda vez qe seposea la "calidad de víctima". Y la víctima en el Art. 67 del CPP es "/a persona ofendida directamente por el hecho punible ... ". o, el cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o segundo de afinidad, al representante legal y al heredero testamentario en los hechos punibles cuyo resultado sea la muerte de la víctima;... "o" ... los socios, respecto de los hechos punibles que afecten a una sociedad cometidos por quienes la dirigen, administren o controlen, o sus gerentes".

Entonces, la persona que pretenda intervenir en un proceso penal como parte y utilizar los mecanismos legales debe ser titular del derecho afectado; y en el caso en particular, tomando en cuenta el tipo de hecho punible procesado en los autos, a saber: Infracción a la Ley 716/96 -que sanciona los delitos contra el medio ambiente -, en que el bien jurídico protegido es el medio ambiente, y donde se encuentran en juego la protección y defensa de intereses difusos, la persona que se considere ofendida o agraviada requiere la justificación del dicha condición de agravio particular para que tenga la legitimación. Requisito este, que en el entendimiento de los Miembros del Tribunal de Apelaciones - y según se ha visto - no En cuanto al otro reclamo que también fuera tratado por el Tribunal de Apelación, -la acusación presentada justamente por los representantes de la querella adhesiva alegando su extemporaneidad -, el órgano jurisdiccional de alzada también observó que en la fecha en que fuera celebrada la audiencia de recurso de reposición solicitada por el Ministerio Público -16 de julio de 2020-, ya había sobrepasado en demasía el plazo investigativo de seis meses que se había establecido; que en ese sentido el juzgado aplicó el procedimiento dispuesto en el Art. 139 del CPP - intimación al Fiscal General del Estado para que requiera lo que considere pertinente en el plazo de diez días -, a los efectos de reencausar el procedimiento, pero sin advertir el Juez que dicho plazo solo rige para el Ministerio Público, por tratarse de un plazo legal y judicial en los términos establecidos en el Art. 129 del CPP, el cual -sostuvo- no puede ser interpretado más allá de lo dispuesto en el Art. 1 O segunda parte del CPP que prescribe la "prohibición de la analogía y la interpretación extensiva salvo que favorezca al imputado", por lo que en el razonamiento y entendimiento del órgano jurisdiccional de alzada, el plazo en que los querellantes acusaron, se encontraban ya fuera del plazo legal y judicial pertinente. En dicho contexto resolvieron, revocar igualmente el A.I. Nº 694 de fecha 13 de octubre de 2020; consecuentemente declaró el abandono de la querella adhesiva presentada por la Abg. Sara Lezcano Torres en representación de la Comisión de Fomento y Desarrollo de la Compañía Curupayty del distrito de Yaguarón, y la Querella Adhesiva presentada por los Abgs. Osear Luis Turna y Osear Manuel Huerta en representación de la Municipalidad de la ciudad de Yaguarón, Entonces, de las alegaciones vertidas por la parte accionante, del examen de la resolución impugnada y de las constancias de autos, se observa que el A. l. Nº 113 de fecha 17 de marzo de 2021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, cumple con la fundamentación exigida por el Art. 256 de la Constitución Nacional, pues se advierte que sus miembros han realizado el debido control de las resoluciones puestas en crisis ante los mismos, que atendiendo las posiciones asumidas por los litigantes, se expidieron en base a las constancias de los autos de la causa examinados y de acuerdo a la interpretación de las leyes aplicables al caso Los Magistrados en alzada abordaron los cuestionamientos sometidos a su consideración, expresaron los motivos y razones por los cuales las resoluciones apeladas a CORTE SUPREMA oEJUSTIC'lA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PROMOVIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE YAGUARON EN LOS AUTOS CARATULADOS: "MINISTERIO PUBLICO C/ JUAN ALBERTO DENIS Y OTROS SI INFRACCION A LA LEY 716/96".

. , , 1iresp @f ,.se dbe tenerpresente que la interpretación de la ley saplicación al caso concretos a na opinable, mientras no ingrese al terreno de la arbitrariedad, que se halla - s1 l tlas condiciones apuntadas, no se advierte que los fundamentos jurídicos desarrollados por los Magistrados sea producto de un razonamiento inmotivado ni arbitrario como lo afirma la parte accionante. Tampoco se vislumbra que el fallo se encuentre carente de fundamentos razonables, ni que vulnere garantías constitucionales. Se evidencia más bien, en la acción que aquí analizamos, disconformidad con la apreciación, interpretación y determinación asumida por los magistrados en los autos, pero dicha discrepancia subjetiva no resulta suficiente para considerar a la resolución como arbitraria. La arbitrariedad "debe ser expresa y ha de demostrar la afectación de algún derecho o garantía constitucional".

(Guastavino Elías, recurso Extraordinario de lnconstitucionalidad, Ed. La Roca, Buenos Aires, La máxima instancia judicial ha venido sosteniendo que: "La acción de inconstitucionalidad es una acción autónoma cuya finalidad esencial es la de cuidar la vigencia del orden constitucional que pudiera haberse por cualquier norma o decisión. Pero de ninguna manera puede sustituir a los órganos jurisdiccionales ordinarios, toda vez que éstos no configuren decisiones arbitrarias o aberrantes" (Ac. y Sent. Nº 186 del 16 de julio de 1998). -- Por tanto, al no constatarse la violación de principios, derechos y garantías constitucionales, considero que corresponde el rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida por los Abgs. Osear Turna (h) y Osear Manuel Huerta, en representación de la Municipalidad de Yaguarón, por improcedente. Con relación a las costas, no existiendo motivo que amerite soslayar el principio general aplicable establecido por el CPC, de conformidad a su artículo 19, ellas deben ser impuestas a la perdidosa, es decir a la actora del presente . A sus turnos, los Doctores VÍCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, manifestaron que, se adhieren al voto del Ministro preopinante Doctor DIÉSEL JUNGHANNS, C on o-quase-e io por termina e acto, firmando SS.EE., tod por nte mí, de que certific , quedando aco dada la sent ncia ue inmediatamente sigue:

Gustavo E. Santander Dans Ministro Cesar M. Diesel Jun hanns Ante mí: Ministro CSJ.

Dr, Víctor Ríos 1e Ministro SENTENCIA NÚMERO: <t)<'.1 Asunción, tde o VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima, de 2.024.- Sala Constitucional

RESUELVE:

RECHAZAR la Acción de lnconstitucionalidad promovida por los Abgs. Osear Turna (h) y Osear Manuel Huerta, en representación de la MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN, por 1 M PON E R costas a la perdidosa, de conformidad a lo establecido en el Art. 192 de(t) Ante mí: Cesar M. Diesel Ministro 1eda Víctor R,ios pr. Ministro