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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 853/2024

12 de agosto de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "NORA GIZELLA SAMUDIO CABALLERO Y JULIO EFRAIN RAMÍREZ GONZÁLEZ C/ ART. 1º DE LA LEY 4333/11". AÑO: 2018. Nº:864. ---

Antecedente ART. 1º DE LA LEY 4333/11

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "NORA GIZELLA SAMUDIO CABALLERO Y ,JULIO EFRAIN RAMÍREZ GONZÁLEZ C/ 1 -irJ A ilfü d,de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los O-.?c días , e la Co, prema e Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, ;.e oireG'ESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y EUGENIO JIMENEZ RdéóN, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "NORA GIZELLA SAMUDIO CABALLERO Y JULIO EFRAÍN RAMÍREZ GONZÁLEZ C/ ART. 1º DE LA LEY 4333/11", a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por los Sres. Nora Gizella Samudio Caballero y Julio Efraín González, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJECIA y JIMENEZ ROLÓN.

A la cuestión planteada, el Ministro Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, dijo: Los accionantes promueven la impugnación de inconstitucionalidad, por vía de la acción, en contra del art. 1 de la Ley Nº 4333 de fecha 24 de mayo de 2011 "QUE MODIFICA EL ART. 1 DE LA LEY Nº 2018/2002 QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTANCIÓN DE VEHÍCULOSMAQUINARIAS AGRICOLAS. Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS". Afirma que, a la luz la Constitución Nacional, la prohibición impuesta por la norma impugnada es absolutamente injusta e inconstitucional, pues constitucionalmente se le garantiza la libertad de concurrencia, de dedicarse a la actividad lícita de su preferencia, a la libre competencia en el mercado y afecta el equilibrio de la oferta y la demanda, a hacer circular libremente los productos de procedencia extranjera introducidos Finalmente identifica como las normas que dice vulneradas, los Arts. 107, 108 y "Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1º de la Ley Nº 2.018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS, modificada por la Ley Nº 2. 153/03, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma:

Art.1 º.- Se prohíbe la importación de vehículos usados de ual uier procedencia y modelo, con una antigüedad mayor a diez eños, contados rtir del a o de su fabricación Ministru ...:s.J.

,, s Ojeda nr Víctor Rio 1 . rAinistro carga; de cualquier procedencia, modelo o año de fabricación, sujeta al cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº 125191 "QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO" y la Ley Nº1034/83 "DEL COMERCIANTE" y sus modificaciones.

Podrán ser importados, los vehículos deportivos clásicos de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad superior a diez años contados a partir del año de su fabricación, debiendo ser certificados, a eseefecto, por la autoridad aduanera nacional pertinente, como vehículos antiguos de colección de circulación restringida a ocasiones Los mismos estarán sujetos a medidas y controles técnicos vehiculares, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 3850 del 15 de octubre de 2009 "QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA COMO REQUISITO PREVIO PAJA LA OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DE LA PATENTE MUNICIPAL DE RODADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.- Los escribanos y notarios públicos deberán exigir el documento que acredite la inspección técnica vehicular vigente para protocolizar e inscribir las escrituras de transferencia de vehículos usados, cuelouiere sea su tiempo de uso.

A los efectos de lo dispuesto en la primera parte del párrafo de esta Ley, queda prohibida cualquier discriminación en lo que se refiere a la ubicación original del sistema de dirección del vehículo a ser importado, y que vaya más allá de las restricciones vinculadas al sistema de aire acondicionado, que no podrá utilizar CFC0 11 y/o CFC-12.

Para su circulación en el territorio nacional en todos los casos, la dirección del autovehículo estará ubicada o reubicada en el lado izquierdo del mismo".

En primer término, cabe distinguir que en realidad la Ley que dispone la restricción de la que se agravia el accionante es la Nº 2018/02 en su Art.1 º tal como se halla vigente en virtud de la modificación última de su redacción dispuesta en la aludida Lev Nº 4333/11.

No obstante, identificada la norma impugnada, y aclarado el punto, hemos de abocarnos al estudio de la acción, cuyo fin debe ser verificar sí la determinación por ley de una restricción de importación de vehículos usados impidiendo la de aquellos con más de diez años de Es preciso puntualizar las normas constitucionales pertinentes, aducidas como violentadas, referentes a la liberad de concurrencia y a la libre circulación de productos. Dice "Artículo 107. DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades.- Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la Ley Penal".

,ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "'NORA GIZELLA SAMUDIO CABALLERO Y ,JULIO EFRAIN RAMÍREZ GONZÁLEZ CI .. 'Artícll(J)J, 08. DE LA LIBRE CIRCULACION DE PRODUCTOS. Los bienes de producción fabricació. , nacional, y los de procedencia extranjera introducidos legalmente circularán 1emos, inicialmente, que se garantiza que toda persona pueda: Dedicarse a la actividad de su libre preferencia, a condición que sea lícita y que se encuadre dentro de un marco de igualdad de oportunidades. El Actor dice dedicarse a la actividad de su preferencia, la cual es indudablemente lícita: el comercio de automotores y maquinarias, dejando ver que dicha actividad no se circunscribe exclusivamente a la importación de los vehículos restringidos por la norma importada. Surge claramente que la libertad de dedicarse a la actividad lícita de su elección, no se halla cercenada. En cuanto a su ejercicio dentro de un marco de igualdad de oportunidades, notamos que ella tampoco está restringida, pues la norma (que dice le agravia) rige a todo aquel que vaya a importar vehículos, sea ocasional o habitualmente, como representante; -distribuidor o comerciante sin régimen establecido con los proveedores.

Tampoco se nota que la norma impugnada sea propiciadora de la creación de Monopolios, ya que, como se ha señalado, es de aplicación general y no especial a un grupo de personas, ya sea negativamente en favor de otras o positivamente en favor de ellas, creando una situación de desigualdad de oportunidades y restricción a la competencia. Distinto sería si la norma impugnada no rigiese para tales o cuales comerciantes, lo cual no se produce con la situación Cabe señalar que, cuando la Constitución impone la libre circulación de productos nacionales o extranjeros, en cuanto a éstos, la condiciona a que hayan sido " ... introducidos legalmente". Se nota claramente la remisión a la "ley" como instrumento normativo dictado por el Poder Legislativo dentro de sus atribuciones, que regule la materia. De allí que, por imperio de la misma norma invocada, es atribución del Poder Legislativo regular, establecer el marco de normas, dentro de las cuales debe producirse la introducción de los productos extranjeros.

Así sucede con un sin número de bienes y productos que deben cumplir con normas sanitarias, aduaneras o de seguridad, todas impuestas por ley. La libertad de concurrencia y la garantía de libre circulación de productos, y agrego: de bienes y servicios, no puede entenderse como presupuesto que inhabilite toda regulación, situación ésta que implicaría el abandono del En relación a la vulneración al Art. 179 de la Constitución Nacional, a la que alude el actor, ella es inexistente, pues la norma irnpuqnada en la acción no es de carácter tributario, Por último, las alegaciones que se hacen invocando la justicia social, o la adopción de medidas tendientes a la corrección de los desequilibrios entre distintos sectores de la población son, sin dudas, argumentos atendibles y de tratamiento recomendable. Sin embargo, no es competencia de esta Corte, y específicamente de esta Sala Constitucional, el diseñar o rediseñar o aún implementar políticas en tal sentido, a través de sus sentencias, pues estaría usurpando atribuciones Constitucionales de otro Poder Constitutivo de la República, rompiendo así el equilibrio entre Poderes, lo que llevaría a una situación contraria - frontalmente - al Estado de Derecho constituido por el Pueblo a través de la Convención Nacional Constituyente. tras palabras, escapa a las atribucio y la compet cia de la Sala Constitucional la C rte Suprema de Justicia, juzgar ma or o men r a ierto o yes, o q e las políticas que implante je ten s an mejo es o p ores.

co de I impugnaciones ele inconsti cio a dad, c mola q e nos o upa, Cesar M. Di,e.s nghanns Minis ro es . Víctor Kíos OjeJ'ª pr. Ministro decir, que hayan sido dictadas por Órganos con competencia, con respecto de las formas requeridas, y sin contradecir los principios y garantías establecidas por la Constitución En ese contexto y por tales razones, concluyo que la norma impugnada de inconstitucionalidad, el Artículo 1 º de la Ley Nº 2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", en su redacción actual dada por el Artículo 1 º de la Ley Nº 4333/2011, no vulnera a la Constitución Nacional y por tanto la acción debe ser rechazada, y 1.- Los abogados NORA GIZELLA SAMUDIO CABALLERO Y JULIO EFRAIN RAMIREZ GONZALEZ en representación de la firma ROBERTA CIA. S.A., promueven acción de inconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4333/11 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY Nº 2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", 2.- El accionante alega la vulneración de los Artículos 46, 47,107, 108 y 137 de la Constitución.

Y funda: su acción manifestando, entre otras cosas, que la prohibición de importar vehículos con más de 1 O años de antigüedad impuesta por la norma impugnada, constituye una flagrante 3. - A los efectos de arribar a una solución razonada de la existencia o no de violaciones de normas constitucionales, es necesario traer a colación lo dispuesto por el acto normativo 4. - "Artículo 1 º,- Modificase el Artículo 1 º de la Ley Nº 2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", modificada por la Ley Nº 2153/03 cuyo texto queda redactado de la siguiente forma: "Art. 1.- Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad mayor a diez años, contados a partir del año de su fabricación hasta la de su despacho en el lugar de origen "(subrayado es mío).

5.- En mi opinión la norma transcripta es razonable, considerando que el Estado tiene el legítimo derecho de regular las políticas en esta materia, con el propósito de hacer posible que los consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. Asimismo, la política estatal debe tratar de alcanzar las metas en materia de producción satisfactoria y normas de funcionamiento, procedimientos adecuados de distribución, prácticas comerciales legales, comercialización informativa y protección efectiva contra las que puedan perjudicar los intereses económicos de los consumidores y la posibilidad de elegir en el mercado.

6.- Con respecto al menoscabo que supuestamente sufrirían los consumidores, en caso de ser privados por el derecho que les corresponde para adquirir los bienes y servicios de su elección, quebrantando con ello la libertad de concurrencia, destacada doctrina nos enseña: "Una orientación creciente en la política económica del Estado ha ido produciendo paulatinamente limitaciones a la libertad de comercio, justificadas en el interés social de evitar los abusos que el individualismo económico provoca. Distorsionada la igualdad de condiciones -supuesto constitucional de la igualdad ante la ley por los excesos de la libertad de comercio, el Estado ha intervenido estableciendo monopolios oficiales de hecho o comercializaciones compulsivas ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "NORA GIZELLA SAMUDIO CABALLERO Y .JULIO EFRAIN RAMÍREZ GONZÁLEZ C/ n beneficio :o I interés general". (Vide: QUIROGA LAVIE, Humberto; Curso de Derecho 7.- Por otro. ado, el vehículo denominado "utilitario" es el que llega a la sociedad, y éste, en 'I j;( e as ceridiciones, sin duda alguna tiene mercado. El público lo compra porque se adecua a un;cesidades y está más al alcance que un vehículo nuevo. Esa es la opción que tienen los 8. - La norma atacada no pretende prohibir las importaciones de vehículos usados, como ya hizo en otros países como Perú, Panamá y Costa Rica, sino regular esa actividad para que no se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, no se afecte económicamente al comprador 9.- Una realidad palpable nos indica que desde hace varios años miles de automóviles descartados, desechados (por ejemplo, los casos de autos importados como consecuencia de fenómenos atmosféricos como Katrina), salidos de circulación en sus países de origen (v.gr.

los vehículos importados de lquique, Chile, provenientes de Japón), comenzaron a circular en las ya congestionadas calles de las principales ciudades del país, con los efectos propios que 10.- En su edición del 16 de noviembre de 2019, el diario La Nación, publicó datos sobre la 'Contaminación del Aire Porcentaje sobre el nivel seguro, diciendo lo siguiente: "Según los índices demostrados, Asunción tiene un 80ele nivel seguro de contaminación, un poco más que Tokio (70) y menos que Taipéi (90), a pesar de existir una Ley de Calidad de Aire (5.211/14) que garantiza el control de emisión de contaminantes. Los factores que coadyuvan a desarrollar la contaminación atmosférica son los combustibles fósiles o humo negro, emanados por los autos usados que despiden estas sustancias toxicas para el organismo.

Miles de automóviles de gran porte circulan por la capital y contaminan el aire que respiramos. En el 2018 se importaron 71.820 vehículos usados, de los cuales 63.582 tienen más de 1 O años ( ... ) la Dirección General del Aire capitalina, remarcó que el aumento del parque automotor influyó en el incremento de índices de polución. En el 201 O había un total de 872.126 vehículos, en tanto que en el 2019 la cifra llegó a 2.363.499. Cada uno de esos motores emite polución y cuanto más antiguo sea, mayor es el nivel. El promedio de nuestro parque automotor 11. - De lo dicho hasta aquí, entiendo que la medida impugnada se encuentra ajustada al mandato constitucional que obliga al Estado a preservar el ambiente, como objetivo prioritario de interés social. La lucha contra la contaminación, sin lugar a dudas, ha condicionado la sanción y promulgación del dispositivo jurídico atacado. Cabe resaltar que un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado, provee el entorno necesario para la vida humana, flora y fauna. Razón por la cual el "derecho a habitar en un ambiente saludable" ha adquirido rango Dr. Vctor Rl-os Ojeda Ministro 5 13.- Así las cosas, entiendo que la pretensión del legislador al dictar la norma impugnada fue mantener la vigencia de los derechos y principios tutelados por la Constitución, en coherencia con las convenciones internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento interno, con el objetivo de velar por los intereses de todos los ciudadanos, entre los que, la vida, la salud y 14.- Al respecto, la "Declaración Universal ele Derechos Humanos", en su numeral 25, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y 15- La Organización Mundial de la Salud se pronunció el 22 de setiembre de 2021 sobre datos y cifras relacionados a la "Contaminación del aire ambiente (exterior)". Dijo que la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo: Cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del aire mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto como a corto plazo". Así mismo, exigió que la salud debe ser la máxima prioridad de los 16- Por lo tanto, en atención a las manifestaciones vertidas, opino que corresponde rechazar A su turno, el Ministro Doctor EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN dijo: Si bien me adhiero al sentido del voto del distinguido colega César Diésel Junghanns, me permito hacer algunas P ri meramente, cabe aclarar que la presente acción de inconstitucionalidad fue promovida por Nora Gizella Samudio Caballero y Julio Efraín Ramírez contra la Ley 4333/11. Los accionantes se presentaron en este juicio invocando un derecho propio, y además, la representación de la firma "Robert Cía. S.A.". La demanda de inconstitucionalidad fue La norma atacada de inconstitucional -Ley 4333/11 "Que modifica el artículo 1de la Ley Nº 2.018/02 'Que autoriza la libre imporl-ación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados", modificada por la Ley Nº 2. 153/03'- dispone: "Artículo 1 º. - Modifícase el Artículo 1de la Ley Nº 2. 018/02 "Que autoriza la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados", modificada por la Ley Nº 2.153/03, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma: Art. 1º.- Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad mayor a diez años, contados a partir del año de su fabricación hasta la de su despacho en el Como se sabe, para poder ejercer -en juicio- un derecho es imprescindible que exista un nexo que vincule a la persona con la prerrogativa que se entiende afectada, lesionada o amenazada. Sobre este punto, la doctrina especializada ha dicho que: " ... quien titulariza o cree titularizar un derecho o un interés legítimo, debe disponer procesa/mente de legitimación para postularlo (sea que intervenga en el proceso como actor, como demandado, o como tercero) y para impetrar dicho control en resguardo del derecho o del interés propios, o lo que es lo mismo, para introducir en el proceso la cuestión constitucional que requiere control. Si del derecho personal o del interés legítimo propio descendemos a otras categorías -como la de los intereses difusos o colectivos- tenemos convicción personal afianzada en el sentido de que también hay que reconocer legitimación procesal a quien tiene parte (su, parte) en ese interés compartido por muchos o por todos, con lo que esa misma legitimación lo debe capacitar para promover el control, sea que él inicie el proceso como actor, sea que resulte ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "NORA GIZELLA SAMUDIO CABALLERO Y JULIO EFRAIN RAMÍREZ GONZÁLEZ C/ .. f}imanda, (BIDART CAMPOS, Germán. 2001. Manual de la Constitución Reformada. Tomo l. Bueno,s':.., res. Ediar. Pág. 364); "Determinar quién puede actuar en el proceso como parte actora (le. "::'Jimación activa) y frente a quién puede actuar (legitimación pasiva) es una cuestión ,: que delguna manera, exige ahondar en el derecho constitucional para averiguar varias i' ¡n- ,e -' 1,entre ellas, la correspondencia del derecho que se hace valer con el sujeto que pretende hacerlo valer o, dicho en otros términos, la pertenencia o titularidad del derecho por parte de quien lo pretende en el proceso; también hay que ver si el sujeto ante quien se pretende hacer valer el derecho es el obligado a satisfacerlo con una prestación (de omisión, de dar, o de hacer), y si entre ambos sujetos existe una relación jurídica sustancial con el objeto del Nuestro sistema de control de constitucionalidad no prescinde de la legitimación para reclamar la inconstitucionalidad de un acto normativo. En ese sentido, el art. 550 del Código Procesal Civil dispone: "Toda persona lesionada en su legítimo derecho por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, principios o normas de la Constitución, tendrá facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por las disposiciones de este capítulo". Concuerda en el mismo sentido, el Art. 12 de la Ley 609/95 que exige al accionante que justifique una lesión concreta, para no rechazar in límine su Dicho de otro modo: nuestro diseño no permite que cualquier persona, sin estar legitimada, procure la defensa de la Constitución a través de la garantía de inconstitucionalidad. La ley exige que el sujeto habilitado para reclamar la inconstitucionalidad se encuentre lesionado en sus derechos por la norma que ataca de inconstitucional. Por ello, quien impugna una ley, debe verse directamente afectado por ella.

Aquí verificamos un problema de leqitimación. Los accionantes han invocado un interés propio y la representación de una persona jurídica, la firma "Robert Cía. S.A.".

Por A.I. Nº 1360 de fecha 19 de julio de 2019, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la Sala Constitucional ha dado trámite a la acción únicamente en relación con los Señores Nora Gizella Samudio Caballero y Julio Efraín Ramírez, y no respecto de la firma Di ch a determinación ha sido procesalmente correcta, pues el Art. 46 del Código Procesal Civil, establece claramente: "La comparecencia en juicio se regirá por lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Organización Judicial. Las personas jurídicas solo podrán intervenir mediante mandatario profesional matriculado". A su vez el Art. 87 del Código de Organización Judicial dispone: "Toda persona física capaz puede gestionar personalmente en juicio, bajo patrocinio de abogado, sus propios derechos y los de sus hijos menores, cuya representación tenga.

Fuera de estos casos quien quiera comparecer ante los Juzgados y Tribunales de la República debe hacerse representar por procuradores o abogados matriculados".

Del estudio integral de los artículos transcriptos, surge que las personas jurídicas únicamente pueden intervenir en juicio a través de mandatario profesional matriculado; tajante es el Art. 87 del Código de anización Judicial al establecer que solo las person físicas, bajo patrocinio de abo o, p eden gestionar personalmente sus derechos o los e s hijos y al señalar tambié que fue a de esos casos se requiere la representación p r abo dos :Die normas -CJn el Art. 46 del Código Procesal Ci il quey fue ' Cesar M. Diesel ;.lungharw Jlinistro CSJ.

R, Qiedu Vlctor ws , vr. MnstrO 7 La regla es clara: las personas jurídicas deben comparecer en juicio a través de un E n esa tesitura, no se puede evitar señalar la deficiencia en la que incurrieron los representantes de la firma "Robert Cía. S.A.", al invocar el interés de dicha sociedad incumpliendo los arts. 46 del Código Procesal Civil y 87 del Código de Organización Judicial.- La situación se agrava, y es relevante en este estadio procesal, porque los accionantes acreditaron la legitimación activa con las documentales agregadas a fs. 10/38, que hacen '.eferncia alas actividades comerciales de la persona jurídica que representan, y no a un Y si bien, esta Magistratura sostiene que en las acciones de inconstitucionalidad el art.

550 debe interpretarse de manera amplia, por la naturaleza misma de la garantía constitucional en juego. Aquí, no dudamos en concluir que no se ha acreditado suficientemente el interés de los señores Nora Gizella Samudio Caballero y Julio Efraín Ramírez para impugnar dicha norma. Ello porque ninguna de las documentales agregadas confirman que estas personas se dedican efectivamente a la importación de vehículos y que, la norma impugnada los afecta directamente. Todas las documentales acreditan que la norma impugnada afecta a la firma Esta insuficiencia probatoria es suficiente para rechazar la demanda de inconstitucionalidad promovida por los señores Nora Gizella Samudio Caballero y Julio Efraín Ramírez, quienes invocaron intereses propios y distintos de la persona jurídica.

Lo único que se puede verificar de la escritura pública agregada a fs. 14/20 de este juicio, es que Nora Gizella Samudio y Julio Efraín Ramírez son comerciantes y formalizaron la constitución de una sociedad anónima denominada "Robert Cía.".

Si consideráramos, al menos hipotéticamente, que la legitimación activa de los accionantes se encuentra acreditada con esta escritura pública, la demanda devendría igualmente improcedente. Ello, porque la Ley 4333/11 no es inconstitucional.

La norma impugnada impone una limitación a antigüedad que pueden tener los automotores que se introduzcan al país por importación: 1 O años.

Ya en casos similares al de estos autos, y ratificamos aquí en carácter de obíter, hemos juzgado que esta reglamentación no constituye una violación a un derecho fundamental como lo caracterizaron los accionantes. La limitación a la importación es razonable y proporcional en relación con el fin de preservación de la salud pública y el medioambiente, la seguridad ciudadana y de la propia protección de los consumidores (Ver: Acuerdo y Sentencia N77 4 de fecha 17 de septiembre de 2019 y Acuerdo y Sentencia N: 331 de fecha 18 de junio de 2021, La Constitución consagra la libertad económica, siempre y cuando las actividades comerciales y la circulación de productos sean lícitos. El derecho individual garantizado por el art. 107 es el de dedicarse a una actividad económica lícita de su preferencia, es decir, a una actividad que no se encuentre prohibida, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades.

El art. 108 se refiere también a la licitud, al garantizar la libre circulación de productos, y disponer que los bienes de procedencia extranjera introducidos legalmente circularán ,ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "NORA GIZELLA SAMUDIO CABALLERO Y .JULIO EFRAIN RAMÍREZ GONZÁLEZ CI - La tutel¡z,rtitucional del c?':1ercio se realizlos efectos degarntizar la, libertad eco árnica (ct1v1dades no prohibidas, por tanto, licitas. Y la determinación de cuales son las actividad)' económicas ilícitas, o los productos prohibidos, que el Estado realiza en uso de Jí su,-;".podJ fé policía", debe, lógicamente, reglamentarse pornorn:,as infrioes. Por eso, la , rtlp.ds-1el6rÍ de una limitación, en sí misma y por sí sola, no deviene 1nconst1tuc1onal.

EI ejercicio de la actividad económica se sujeta a reglas y limitciones relativas al orden público, al bien común, a la seguridad nacional, a la salud y el bienestar generI, etc. Un sinnúmero de leyes y reglamentos existen en este sentido en nuestro derecho, e incluo se establecen prohibiciones absolutas vinculadas a la actividad comercial, como el casode bienes de comercialización o exportación e importación prohibidas, restringidas y condicionadas - productos farmacéuticos, armas, semillas y productos vegetales, animales vivos, especies E s natural, que el Congreso tenga la potestad de calificar o prohibir actividades. Esto es constitucional. Sostener lo contrario, significaría, desconocer que el Congreso pueda dictar leyes económicas o, pueda legislar en base a un interés general.

Además, cabe decir que el objetivo de prohibir la importación de vehículos usados con más de diez años de antigüedad responde a un propósito estatal. Basta con ir a los antecedentes legislativos que se encuentran en el expediente D-0913769, para identificar el E I anteproyecto de esta ley propuso originalmente la restricción a la importación de vehículos con más de -cinco años- de antigüedad. Luego de todo el trámite legislativo, el proceso culminó en la sanción de la Ley 4333/11, que restringió la importación a vehículos con E I propósito estatal resulta evidente. El documento de iniciativa legislativa ha explicado que: "Cuando se pretende prohibir la importación de vehículos usados hasta cierta cantidad de años de antigüedad, se quiere otorgar: seguridad al tráfico nacional, para garantizar; el derecho a la vida de nuestros conciudadanos; el derecho a un medio ambiente sano . también Bolivia redujo a cinco años de antigüedad de los vehículos que pueden ser importados, quedando como mercados-depósitos de toda la chatarra internacional, Perú y Paraguay. Por ello, todo lo que no se compre más en ningún lugar se llevará a Paraguay y a Perú, allí sí que el derecho de elección del consumidor paraguayo no irá més allá de lo que sobre después de la colocación en otros mercados de autos usados que se puede presumir no estarán en mejores condiciones.

Conocemos que año a año aumentan las víctimas mortales en accidentes de tránsito. Aunque no debe reducirse todo a las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos, sin embargo, es una arista a considerar y a regular para acompañar la tarea del Ejecutivo en el control del estado de los autos vehículos. El derecho a la vida de nuestros conciudadanos, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la seguridad en el tránsito y el derecho a la integridad física sirven de parámetro no solo para prohibir la importación de autos usados de no más de diez años, sino de hacerlo con relación a los que tengan una antigüedad superior a cinco años.

. Tampoco debe ctvkierseue la prohibición pretendida se traduce rotección a favor de una mayoría que care de utas, pero que debe resoir. las misio es de los ue se encuentran en mal e ado y ta vez soportar accidentes po de e ectos ecán cos o sicos del vel:,ículo. Esto no tienen or quéc.arg?r con que se le pro í a a los tras que imp rten Ministro .R, Oieda D Víctor ws J Ministro orno hemos dicho, el propósito detrás ele dicha restricción legislativa proviene de la necesidad de dar protección a otros derechos, intereses y valores de bien común, como los de seguridad en el tránsito y a los ciudadanos, la salud pública, el derecho a un ambiente saludable y la protección ambiental consagrados en los arts. 68, 7 y 8 de la Constitución.

. . A criterio de esta Magistratura, el objetivo más importante y cardinal, con el que se justifica plenamente la razonabilidad de la norma, es la protección al medio ambiente. De hecho, cuando el Estado reglamenta las actividades económicas, lo hace para reducir las externalidades o consecuencias negativas causadas por ellas. La doctrina constitucional explica en este sentido: "Una de las funciones del Estado en cumplimiento de un mandato constitucional es el control de la calidad del medio ambiente. La contaminación no es más que un ejemplo de un fenómeno mucho más amplio que son las externalidades. Siempre que una persona o una empresa emprenden una acción que produce un efecto en otra persona por el cual esta última no paga ni es pagada existe una externalidad. Esta externalidad es una falla del mercado y podría dar lugar a una intervención del Estado . El gobierno puede imponer multas, puede subsidiar los gastos para reducir las externalidades negativas, puede hacer una reglamentación para atenuar las extemalidades negativas que imponen unos grupos a otros, o puede intentar definir un conjunto de derecho de propiedad que disuada a los individuos de ocasionar externalidades negativas .. El Estado en lugar de imponer sanciones por la contaminación o de subvencionar los gastos realizados para reducirla, generalmente ha dictado normas en un intento de reducir las externalidades negativas. Han establecido niveles de emisión para los automóviles y ha propuesto un detallado conjunto de reglamentaciones relacionadas con los vertimientos de productos tóxicos, de esta manera exige a las compañías aéreas y a los ferrocarriles aplicar una prohibición de fumar'' (SOLA, La decisión estatal de regular la importación de vehículos, se funda en una intención legítima: reducir las externalidades negativas que producen los vehículos con más de 1 O años de antigüedad que circulan desmedidamente en el territorio nacional. A nadie escapa que el estado de la ciencia y la técnica avanza vertiginosamente con el tiempo, y que, como consecuencia de ello, las medidas tendientes a proteger el medio ambiente, incorporadas a los vehículos, son cada vez mayores. Entonces, esta regulación es adecuada y proporcional para la consecución del objetivo establecido por el Estado, cual es, reducir la contaminación ambiental causada por dichos vehículos. La limitación no puede verse como desproporciona!

o excesivamente lesiva al accionante, porque la norma no le prohíbe al individuo que se dedique a la actividad comercial de su preferencia, es decir, no prohíbe la importación de vehículos usados; sino que se limita únicamente la importación de un tipo de vehículo: aquel La elección de este remedio y el criterio para hacerlo -antigüedad- no viola el principio de 1 gua l mente, cabe decir que la prohibición de importar vehículos con más de diez años de antigüedad se aplica a todos por igual, sin distinción. No establece excepciones ni privilegios a favor de otros grupos que se encuentran en iguales circunstancias. Tampoco se crea un monopolio a favor de representantes oficiales de vehículos nuevos, como lo argumentaron los accionantes. Si dichos representantes se dedicasen también a la importación de vehículos La única clasificación que hace la norma es respecto del producto importado y no distingue ni clasifica a los importadores. La prohibición se aplica a todos por igual. Por eso es que, no se puede considerar, ni por asomo, que estamos ante una clasificación ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "NORA GIZELLA SAMUDIO CABALLERO Y .JULIO EFRAIN RAMÍREZ GONZÁLEZ C/ Cesar M. Diesel1 Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: 'BSJ Asunción, 11'1.. de A-j-R, ovs« Vlctor ws J nr. Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

RECHAZAR la Acció lnconstitucionalidad promovida por los Sres. NORA GIZELLA SAMUDIO CABALLE y J LIO EFRAÍN RAMÍREZ GONZÁLEZ, de conformj, a a lo . OieseT Junghanns Dr. Vlctor Ríos Oieda Ministro