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Acuerdo y SentenciaSala PenalPenal

Acuerdo y Sentencia N° 249/2024

9 de agosto de 2024

EXPEDIENTE: “ROBERTO MARANDARI ENCISO S/ RESISTENCIA Y VIOLACIÓN DE LA LEY 4840/13 DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL”

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EXPEDIENTE: “ROBERTO MARANDARI ENCISO S/ RESISTENCIA Y VIOLACIÓN DE LA LEY 4840/13 DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMALACUERDO Y SENTENCIAEn la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal- los Dres. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL RAMÍREZ CANDIA Y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, se trajo el expediente caratulado: “ROBERTO MARANDARI ENCISO S/ RESISTENCIA Y VIOLACIÓN DE LA LEY 4840/13 DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, a fin de resolver el Recurso Extraordinario de Casación, interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nº 21, de fecha 12 de mayo de 2022, dictado en los autos mencionados, por el Tribunal de Apelación Penal, de la circunscripción judicial de Cordillera.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes:

CUESTIONES: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto?

En su caso, ¿Resulta procedente?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, arrojó el siguiente resultado: LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL RAMÍREZ CANDIA Y MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Ministro BENÍTEZ RIERA dijo: Para analizar las condiciones de admisibilidad del recurso se debe tener presente lo dispuesto por el Art. 477 del Código Procesal Penal que determina el OBJETO de la impugnación al señalar: “Sólo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencias definitivas del tribunal de apelaciones o contra aquellas decisiones de ese Tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.

Asimismo, el Art. 478 del mismo Código individualiza en sus tres incisos, los únicos y exclusivos MOTIVOS que hacen a la procedencia de la casación y a ese respecto dispone: “El recurso extraordinario de casación procederá exclusivamente: 1) cuando en la sentencia de condena se imponga una pena privativa de libertad mayor a diez años, y se alegue la inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional, 2) cuando la sentencia o el auto impugnado sea contradictorio con un fallo anterior de un Tribunal de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia y 3) cuando la sentencia o el auto sean manifiestamente infundados” .

El Art. 480 del Código Procesal Penal, en concordancia con el Art. 468 del mismo cuerpo legal, dispone que el Recurso Extraordinario de Casación debe Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

interponerse en el término de diez días de notificada la resolución que se impugna, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

No debe olvidarse que el Recurso de Casación es de carácter extraordinario, lo que implica que las normas que lo regulan son de interpretación restrictiva, sin posibilidad de ampliar lo que ellas expresan, ni entenderlas analógicamente, y más cuando las mismas son tan claras, transparentes y terminantes, como lo son los Art. 477, 478 y 480 del Código Procesal Penal.

Precisado de este modo los límites para la admisibilidad del Recurso Extraordinario de Casación; veremos seguidamente si el planteo del recurrente se halla o no circunscripto dentro del marco fijado por nuestra Ley penal de forma.

Lo que se desprende de la lectura de la presentación del escrito recursivo, es que el Recurso Extraordinario de Casación fue interpuesto por la Defensora Pública María Eliane Ovelar en representación del procesado Roberto Marandari Enciso, contra el Acuerdo y Sentencia Nº 21, de fecha 12 de mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, de la circunscripción judicial de Cordillera, que resolvió: “…III. CONFIRMAR, la SENTENCIA DEFINITIVA NRO 34 DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2022, dictada por el Tribunal de Sentencia Colegiado, integrado por los Jueces: Alberto Peralta como Presidente, Cristel Muller de Peralta y Lilian Ruíz Díaz como miembros titulares, en todos sus puntos, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución…”; En ese sentido, en virtud de la resolución confirmada, el Tribunal de Mérito resolvió condenar a Roberto Marandari Enciso a la Pena Privativa de libertad de 1 año.

Avocados ya, al análisis de admisibilidad del recurso de casación interpuesto, surge que éste fue presentado ante la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fecha 3 de junio de 2022, estando dicha presentación planteada en tiempo, ya que la resolución les fue notificada a la defensora el viernes 20 de mayo de 2022, según se observa en la Cédula de Notificación adjuntada a la presentación recursiva. En ese sentido, descontando los días inhábiles (sábados 21 y 28 y domingos 22 y 29 de mayo) se tiene que la presentación recursiva fue realizada al décimo día hábil siguiente a la notificación, cumpliéndose con lo establecido en el Art. 468 del C.P.P.

Con relación a la impugnabilidad subjetiva, la Defensora Pública Abogada María Eliane Ovelar ejerce la defensa técnica del procesado Roberto Marandari Enciso, por lo que se halla debidamente legitimada a recurrir en casación de conformidad a lo dispuesto en el Art. 449 del Código Procesal Penal, segundo párrafo.

El Acuerdo y Sentencia impugnado, se trata de una resolución que pone fin al procedimiento ya que confirma la condena de primera instancia (Pena Privativa de Libertad de Un Año); y habiendo sido dictado por un Tribunal de Apelaciones, cumple a cabalidad el objeto de la Casación contenido en el Art. 477 del C. P.P.

En lo que hace al escrito de interposición: La forma del mismo se rige por lo dispuesto en el Art. 468 del Código Procesal Penal, al cual remite el Art. 480 del mismo cuerpo legal, que exige que el escrito sea fundado y que en él se expresen concreta y separadamente cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende.

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El Recurso Extraordinario de Casación es un medio de impugnación formal, cuyos motivos están expresamente establecidos en la ley, y no basta solamente mencionarlos, sino que principalmente deben ser objeto de argumentación jurídica por las partes, puesto que a través de esa operación intelectual llegan a control del órgano revisor.-También es dable destacar, que el Órgano Juzgador no puede conocer otro motivo que aquellos a los cuales se refieren los agravios, por ello es imprescindible que el recurrente señale específicamente su queja, citando concretamente las disposiciones legales que considere violadas o erróneamente aplicadas y expresando cuál es la aplicación que pretende. En conclusión: el acto impugnativo debe bastarse a sí mismo. La competencia del Juzgador queda limitada a los motivos invocados en el escrito de interposición del recurso, de manera que si los motivos no se hallan consignados en el escrito respectivo o simplemente si los mismos no son argumentados por los impugnantes, es imposible dar trámite al recurso en cuestión tornándose así inadmisible el planteamiento.

De un minucioso análisis y posterior confrontación del acto impugnativo con los requisitos formales más arriba señalados, se concluye que el escrito presentado carece de fundamentos válidos para la admisibilidad del estudio del inciso 3º del Art. 478 del C.P.P, teniendo en cuenta que la recurrente, si bien ha señalado que el Acuerdo y Sentencia de segunda instancia es manifiestamente infundado; ésta, a lo largo de su escrito, ha centrado sus agravios en la labor del Tribunal de Sentencia, atacando la valoración probatoria, y que no se haya aplicado la regla del in dubio pro reo a favor de su defendido, ya que -a su criterio- las pruebas producidas resultaron insuficientes para la comprobación de los hechos punibles acusados y la participación de su defendido. También ha manifestado su desacuerdo con la forma en que fue desarrollado el juicio oral y público y con la pena aplicada, sin indicar en qué ha consistido el vicio del que supuestamente adolece el fallo de Alzada, así como tampoco ha señalado las razones por las cuales consideran que la resolución recurrida es manifiestamente infundada o bien en qué consiste la incorrección desde el punto de vista jurídico del fallo, sino que más bien se ha limitado a criticar la resolución de primera instancia, sin referirse en concreto contra el fallo objeto de recurso, pretendiendo que por esta vía extraordinaria se abra un nuevo análisis de la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia. En ese sentido, es criterio constante y uniforme de esta Sala Penal, que la interposición del recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con los mismos fundamentos utilizados por el casacionista al momento de recurrir en apelación especial, distorsiona el sentido del recurso, pretendiéndose lograr una tercera instancia para el tratamiento de los puntos cuestionados en el planteamiento de ambas vías recursivas.

De lo precedentemente expuesto, se concluye que el escrito presentado incumple claramente los requisitos procesales fijados por el Código Ritual con relación a la forma de interposición del recurso, correspondiendo en consecuencia la declaración de inadmisibilidad de la casación deducida con sustento legal en el Art. 480, en concordancia con el 468 del Código Procesal Penal. ES MI VOTO.

A su turno, el Ministro MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo:

1. A mi criterio, corresponde declarar la ADMISIBILIDAD del Recurso de Casación interpuesto por la Defensora Pública, Abg. María Eliane Ovelar, en representación de Roberto Marandari Enciso, por el agravio sobre la Incorrecta aplicación del Art. 65 del Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

Código Penal, y el motivo dispuesto en el Art. 478, inc. 3° del CPP, en base a los siguientes fundamentos:

2.Por Acuerdo y Sentencia N° 21, de fecha 12 de mayo de 2022, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se CONFIRMÓ la S.D N° 34, de fecha 17 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Alberto Peralta como Presidente, y los Jueces Penales Cristel Muller y Lilian Ruiz Diaz, en calidad de Miembros Titulares, que condenó a la pena privativa de libertad de UN (1) año al acusado ROBERTO MARANDARI ENCISO por el hecho punible de Resistencia (Art. 296, inc. 2° del Código Penal) y por Violación de la Ley 4840/12 “Protección y bienestar animal -zoofilia” (Art. 32, inciso 3, literal 5 en concordancia con el artículo 38 de la misma ley modificada por la Ley N° 5892/17).

3. La Defensora Pública, Abg. María Eliane Ovelar, en representación del acusado Roberto Marandari Enciso, interpone recurso de casación contra el referido fallo del Tribunal de Apelaciones.

4. Con relación a la temporalidad de la presentación del recurso de casación, y a la capacidad para recurrir, comparto el análisis expuesto por el Ministro Preopinante, Luis María Benítez Riera, en su voto.

5. Respecto al objeto del recurso de casación con relación al fallo dictado por el Tribunal de Apelaciones, se observa que la recurrente utiliza este medio de impugnación contra una sentencia definitiva del Tribunal de Apelaciones. En este contexto, el objeto de casación se adecua a los presupuestos del art. 477, primera alternativa del CPP1.

6.El último requisito que también debe ser contemplado por el recurrente es el de la fundamentación. La competencia de la Corte Suprema de Justicia solo puede ser habilitada cuando el recurrente haya propuesto sus agravios en los términos exigidos por las normas procesales que rigen tal actuación, Art. 449, 450 y 468 del C.P.P.

7.El casacionista invoca como motivo de casación el dispuesto en el Art. 478, inciso 3° del CPP, que hace referencia a una sentencia manifiestamente infundada.

8.Dentro de ese contexto, la casacionista menciona que el fallo del Tribunal de Apelaciones es manifiestamente infundado, debido a que, a su parecer, el fallo del Tribunal de Alzada “se encuentra viciada por contener una fundamentación aparente e insuficiente”, y alega varios agravios.

9.En ese sentido, considero que corresponde declarar la INADMISIBILIDAD de los siguientes agravios, porque no cumplen con todos los requisitos previstos en la ley para su admisibilidad, específicamente el que se refiere a la fundamentación.

a. “Falta de determinación en la calificación jurídica”. La recurrente expone que reclamó en su escrito de Apelación Especial, que el Tribunal de Sentencia en base al relato fáctico acreditado en juicio calificó la conducta de su defendido dentro de lo dispuesto en el 1 El art. 477 CPP dispone “Sólo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencias definitivas del tribunal de apelaciones o contra aquéllas decisiones de ese tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

Art. 38 de la Ley de Protección Animal, que en forma genérica señala “la habilitación del Ministerio Público para perseguir ciertos hechos por estar entablado en Acción Penal Pública”, y agrega que resaltó que el Agente Fiscal interviniente no señaló en forma concreta en su acusación, el artículo de la Ley en el cual se subsumió los hechos en la acusación, y tampoco lo hizo la Jueza Penal de Garantías. Sin embargo, según la recurrente la calificación jurídica concreta del juicio oral y público, fue la dispuesta en el auto de apertura a juicio (A.I. N° 1485 del 23 de noviembre de 2021), que quedó establecida en el Art. 296, inc. 2° del Código Penal, y Transgresión a la Ley 4840/13 (Protección y Bienestar animal) Art. 38 de la Ley 5892/17 que modifica la Ley N° 4840/13 en concordancia con el Art. 29, inc. 1° del Código Penal.

a.1.Añade la defensa, que desde el inicio del proceso el Ministerio Público no indicó la calificación jurídica que describe la conducta punible de su defendido, sólo se limitó a relatar el supuesto hecho atribuido a su defendido, y resalta que, esto se corrobora con la transcripción del Alegato inicial del Ministerio Público en la sentencia definitiva (pág. 3), donde se señala el Art. 38 de la Ley N° 5842/17 que modifica la Ley N° 4840/13, que sólo hace referencia a que el supuesto hecho es de acción penal pública, y perseguible por el Ministerio Público pero no indicó concretamente en qué artículo se describe el hecho que según su relato fáctico pretendía probar en juicio.

a.2.Además, señala la recurrente que reclamó en su Apelación Especial que, en esta causa penal, el Tribunal de Sentencia al no estar especificada en la acusación fiscal, ni en el auto de apertura a juicio la calificación jurídica de forma concreta, solicitó al Agente Fiscal que describa el tipo legal en el cual estaba incursada la conducta del acusado, y sugirió al parecer de la defensa, que la conducta sea subsumida dentro de lo dispuesto en el “Art. 32, literal k de la Ley de Protección y Bienestar Animal”, sin que se haya hecho la advertencia dispuesta en el Art. 400 del CPP.

a.3. Sin embargo, se denota que el planteamiento es incorrecto, porque la recurrente se limitó a mencionar todos los vicios procesales que expuso en su Apelación Especial con relación al fallo del Tribunal de Sentencia, y transcribió la fundamentación expuesta por el órgano revisor sobre esos puntos, pero no expuso en forma concreta cuál fue el error o vicio en el que incurrió el Tribunal de Apelaciones al responder este agravio y confirmar el fallo de primera instancia, demostrando solo la disconformidad de la recurrente con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia, por lo tanto este agravio no se encuentra debidamente fundado.

b. “Incorrecta valoración de las pruebas testificales por el Tribunal de Sentencia por mala aplicación de las reglas de la sana crítica La recurrente señala que el Tribunal de Sentencia valoró de forma incorrecta las declaraciones testificales de Enrique Mongelos, Patricia Pérez, Graciela Noemí Huespe y Julia Verón, y que “existió inseguridad en sus declaraciones y algunas contradicciones que se denotan a prima facie”, y agrega la recurrente que “conforme a la declaración de la Sra. Julia Verón, su defendido ingresó a una casa”, sin embargo, según la defensa, “conforme al relato fáctico objeto de juicio, el supuesto hecho ocurrió en el fondo del patio de su casa entre los arbustos”, por lo que “no se ha podido definir claramente la autoría o participación certera de su defendido en el hecho”. Agrega que, el Tribunal de Apelaciones señaló que se llegó a la corroboración del hecho de abuso sexual en una gallina zoofilia, luego de la valoración de las declaraciones testificales, específicamente de la Sra. Julia Verón. La recurrente resalta que, el Tribunal de Apelaciones se ha abocado a la tarea de constatar la existencia del hecho acusado a la luz de las pruebas producidas en el debate oral y público, en los mismos términos que el Tribunal de Sentencia, por lo que, al Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

parecer de la defensa, el Tribunal de Apelaciones no aportó ninguna fundamentación paralela a los términos de la Sentencia Definitiva, por lo tanto el fallo es infundado.

b.1.En efecto, se observa que este planteamiento de la defensa, es incorrecto debido a que, sólo describe las declaraciones brindadas por ciertos testigos en la presente causa penal, y dirige sus críticas hacia el fallo de primera instancia sobre la forma de valoración de las pruebas realizadas por el Tribunal de Sentencia, sin establecer qué elemento de la sana crítica fue violado, ya que no especifica cuál fue y si se valoró en contra de las reglas de ciencia, la lógica o la experiencia, y de qué manera se produjo el vicio, demostrando sólo su disconformidad con la sentencia dictada. Además, no señala por qué las conclusiones arribadas por el Tribunal de Apelaciones contienen errores de derecho y de qué forma se produjeron. Además, sostuvo la recurrente, que no se ha podido establecer la “autoría o participación”, porque no se determinó si su defendido “entró a la casa o fue en el patio trasero”, sin embargo, el lugar exacto donde ocurrió el hecho no excluye la participación de su defendido en el hecho por el cual fue acusado, por lo tanto el planteamiento es incorrecto.- 10.Ahora bien, corresponde DECLARAR LA ADMISIBILIDAD del siguiente agravio planteado por la recurrente, en atención a que cumple con lo dispuesto en el Art. 468, última parte del CPP, el cual es:

c. “Incorrecta aplicación del Art. 65 del Código Penal”. La recurrente señala que el Tribunal de Sentencia valoró de forma incorrecta los parámetros descriptos en el Art. 65 del CP, porque de los diez parámetros dosificadores de la escala penal, cuatro, señaló como neutros. Según la recurrente, dicha valoración no debe computarse ni a favor ni en contra, por lo que resulta la medición en este caso desproporcionada, sin fundamento y sustento legal.

c.1.Por último, la recurrente señala que la pena privativa de libertad de UN año, sin suspensión a prueba de la condena no se halla justificada, pues a su parecer, el Tribunal de Sentencia de manera arbitraria impuso una sanción sin explicar los motivos que la sustentan.11.Como propuesta de solución, la recurrente solicita que se haga lugar al recurso de casación, y que se declare la nulidad del fallo del Tribunal de Apelaciones, y de la Sentencia Definitiva dictada por el Tribunal de Mérito, y en consecuencia, se declare la Absolución de su defendido.

12. En este contexto, se entiende que la presentación recursiva cumple con las exigencias legales explicitadas respecto al Art. 478, inc. 3° del CPP, con relación al agravio referente a la “Incorrecta aplicación del Art. 65 del Código Penal”. Por consiguiente, corresponde declarar ADMISIBLE el presente recurso de casación por el agravio mencionado. ES MI VOTO.

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN13.Con relación al agravio expuesto por la recurrente, corresponde analizar el fallo impugnado para verificar los extremos alegados por la impugnante.

14. El Tribunal de Apelaciones con relación al agravio sobre la “Incorrecta aplicación del Art. 65 del Código Penal señaló: En relación a la sanción efectiva Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

impuesta al acusado y siendo corroborada la reprochabilidad del autor se da cumplimiento al 65, inc. 1 del CP que, dispone: “la medición de la pena se basará en el grado de reproche aplicable al autor o partícipe y considerará los efectos de la pena en su vida futura en sociedad”, hallándose probada la antijuridicidad del hecho, y reprochabilidad del condenado, no habiéndose esgrimido ninguna causal de exclusión de reprochabilidad, y en ese mismo artículo en su inciso 2° los indicadores para determinar la sanción penal justa, que estudiada la sentencia es de notarse que el Tribunal de Sentencia ha sopesado todas las circunstancias generales a favor y en contra del autor, probado en juicio su autoría las consideraciones en contra fueron 6- LAS CONSECUENCIAS REPROCHABLES DEL HECHO: pues la dueña fue privado de su mascota, a consecuencia de la ocurrencia del hecho. 7. LAS CONDICIONES PERSONALES, CULTURALES, ECONOMICAS Y SOCIALES DEL AUTOR: pues en sus declaraciones los testigos afirmaron que consume en exceso bebidas alcohólicas. 8. LA VIDA ANTERIOR DEL AUTOR: el acusado cuenta con antecedentes penales. 9. LA CONDUCTA POSTERIOR A LA REALIZACION DEL HECHO Y EN ESPECIAL LOS ESFUERZOS PARA REPARAR LOS DAÑOS Y RECONCILIARSE CON LA VÍCTIMA: pues no hay pruebas de intento de reparación del daño ni reconciliación con la víctima. 10. LA ACTITUD DEL AUTOR FRENTE A LAS EXIGENCIAS DEL DERECHO Y EN ESPECIAL LA REACCION FRENTE A CONDENAS ANTERIORES O SALIDAS ALTERNATIVAS AL PROCESADO QUE IMPLIQUEN LA ADMISION DE LOS HECHOS: pues a pesar condenas anteriores de robo no fueron idóneas a fin de disuadir su voluntad para cometer nuevos hechos. En relación a los demás puntos conforme se verifica el probar el efecto futuro de la pena del autor y el quantum de la pena considerados a favor: Se verifica el punto pues no se ha probado más de lo previsto en el tipo penal y el deficiente informe y ficha veterinaria. De la que esta alzada ratifica de los fundamentos expuestos por el Tribunal, pues las mismas fueron elaboradas conforme elementos probatorios verificados por alzada… (sic).

15.La respuesta jurisdiccional que antecede es incorrecta, porque el Tribunal de Apelaciones al mencionar En relación a la sanción efectiva impuesta al acusado y siendo corroborada la reprochabilidad del autor se da cumplimiento al 65, inc. 1 del CP confunde lo dispuesto en el Art. 65 del Código “Bases de medición de la pena”, que hace referencia a que la medición de la pena se basará en el grado de reproche del autor, que tiene relación con un aspecto cuantitativo del reproche2, con la reprochabilidad en su aspecto cualitativo, que consiste en la capacidad de conocer y motivarse del autor según la norma3, y se analiza como un presupuesto de la punibilidad. Además, se verifica que el Tribunal de Apelaciones se limitó a transcribir los parámetros valorados por el Tribunal de Sentencia sin explicar si los mismos fueron correctos o no. En consecuencia, la sentencia dictada por el órgano revisor es manifiestamente infundada, según lo dispuesto en el Art. 478, inc. 3° del CPP.

2 Schone Wolfgang, La reforma del orden jurídico penal, La Ley 1160/97 Código Penal de la República del Paraguay, Editorial La Ley, 2023, pág. 276 y 277. Al respecto, el jurista Schone refiere que “…El principio consagrado en el artículo 2, incisos 1° y 2° del CP no sólo fundamenta la pena, sino también la limita…En ese sentido, el término “reprochabilidad” señala un aspecto cualitativo: el hecho antijurídico es, o no es, reprochable, y si lo es al autor corresponde un reproche. Una vez establecido este juicio, se abre la puerta a la punición. Y si el Estado no renuncia del todo al reproche ahora posible, aparece un aspecto cuantitativo señalado por el término “reproche”: el reproche puede ser de mayor o menor gravedad. Esta cuantía depende de la dificultad de convertir la capacidad de motivarse en una motivación real: cuanto más difícil la motivación, tanto menos la gravedad del reproche, y, por consiguiente, cuanto menos difícil motivarse según la norma violada, tanto más grave la reprobación…”.-3 El Art. 14, inc. 1°, numeral 5, del CP, define la reprochabilidad como la capacidad de conocer la antijuridicidad del hecho (lado intelectual), y de motivarse conforme a ese conocimiento (lado volitivo) Para conocer la validez del documento, verifique aquí.

16.Ante dichas circunstancias, se puede apreciar que el Tribunal de Apelación no observó las normas contenidas en los artículos 125 del CPP y 256 de la Constitución, y llegó a una solución del caso que habilita la declaración de nulidad del Acuerdo y Sentencia impugnado. Por lo tanto, corresponde que el fallo objeto de impugnación deba ser casado por medio del recurso actual.

17. Ahora bien, por aplicación del Art. 474 del CPP4, por Decisión Directa corresponde analizar el fallo del Tribunal de Sentencia, y el agravio expuesto por la recurrente en su Apelación Especial, a fin de corroborar si los mismos poseen el mérito suficiente para anular o no la sentencia del Tribunal de Sentencia.

18.La defensa técnica del acusado cuestionó que “el Tribunal de Sentencia valoró de forma incorrecta los parámetros descriptos en el Art. 65 del CP, porque de los diez parámetros dosificadores de la escala penal, cuatro, señaló como neutros y agregó que “dicha valoración no debe computarse ni a favor ni en contra”, por lo que a su parecer, la medición de la pena impuesta a su defendido es desproporcionada.

19. Al respecto, se observa que lo expuesto por la defensora técnica es incorrecto, porque cuestiona la valoración de los parámetros del Art. 65 del CP como si los parámetros fueran tasados o taxativos, lo cual es erróneo, debido a que los parámetros fijados por el legislador en el Art. 65 del CP, son meramente enunciativos y no taxativos, y deben ser sopesados para la determinación de la sanción respectiva a ser aplicada en cada caso.

20.Si bien, en esta causa penal, el Tribunal de Sentencia incurrió en un error al valorar los parámetros 1 “los móviles y fines del autor”, 2 “la forma de la realización del hecho y los medios empleados”, 3 “la intensidad de la energía criminal”, y 5 “la relevancia del daño y del peligro ocasionado” como “neutro”, porque como se expresó estos parámetros son meramente enunciativos y no taxativos, por lo tanto, deben ser sopesados para la determinación de la sanción respectiva a ser aplicada, de manera positiva o negativa con respecto al acusado, y de acuerdo a las circunstancias fácticas del juicio, y sin realizar valoraciones sobre los elementos constitutivos del tipo penal (objeto, nexo causal, resultado típico). Además, como los parámetros son enunciativos de acuerdo a cada caso concreto, se podrá considerar algunos, sin que exista la necesidad de la valoración de todos ellos, esto ya dependerá del hecho punible realizado, y de las circunstancias fácticas al alcance del Tribunal de Sentencia. En este caso, el Tribunal de Sentencia si no existieron circunstancias fácticas que puedan corroborar “los móviles y fines del autor”, ni siquiera debió valorar este punto, por lo tanto, la valoración de este punto como “neutro” es incorrecta.

21. Además, la utilización de la expresión “neutro”, es un error judicial solo que no causa un agravio como tal, porque no afecta la medición de la pena, en el sentido de aumentar o reducir el reproche, porque justamente lo que faltaron son las circunstancias fácticas que permitan dar sentido a la dirección de valoración. El trasfondo de la cuestión, es que la lista prevista en el Art. 65 del CP, es enunciativa y no taxativa, y no hay necesidad de que los aplicadores del derecho se refieran indefectiblemente a cada uno de ellos, lo que además es 4 Art. 474 del C.P.P., dice: "DECISIÓN DIRECTA. Cuando de la correcta aplicación de la ley resulte la absolución del procesado, la extinción de la acción penal, o sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, el tribunal de apelaciones podrá resolver, directamente, sin reenvío."

Para conocer la validez del documento, verifique aquí. incorrecto, porque si no hay circunstancias fácticas, para analizar en el ítem concreto, no hay análisis posible. En efecto, en este caso la valoración como neutra de los referidos parámetros por el Tribunal de Sentencia no influyó en el grado de reproche del autor, por lo tanto este agravio debe ser rechazado.

22.Asi también, es importante señalar que al ser enunciativos los parámetros descriptos en el Art. 65 del CP, permite analizar otras circunstancias diferentes a las previstas en el citado precepto legal, cuando sean relevantes para establecer el reproche o lo referente a prevención especial.

23.Esta misma postura, ya la sostuve en el Acuerdo y Sentencia N° 567, de fecha 29 de diciembre de 2023, en el expediente caratulado: “MINISTERIO PUBLICO C/DEJESUS ERNAN AGÜERO OJEDA S/H.P. DE FEMINICIDIO EN YAGUARON TACUARAS”.- 24.Por último, en cuanto al cuestionamiento de la recurrente consistente en que el Tribunal de Sentencia “no explicó los fundamentos por el cual se le impuso la pena privativa de libertad de UN año, sin suspensión a prueba de la condena a su defendido, siendo por ello injustificada la sentencia definitiva”, sobre el punto, el Tribunal de Mérito expuso: Aclarando este Tribunal, que no le es otorgada la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, conforme lo dispone el artículo 44 del Código Penal, modificado por la ley 3440/98, si bien la norma de manera imperativa impone otorgar la suspensión de la ejecución de la condena, ella se encuentra sujeta a una condición que es que su personalidad, conducta y condición de vida del autor, permitan esperar que sin la aplicación efectiva de la sentencia y mediante la aplicación de reglas de conducta, pueda prestar satisfacción por el hecho punible, y no realice otros hechos, en este caso concreto se ha demostrado que el acusado, cuenta con varios antecedentes, actualmente se encuentra recluido en la Comisaría de Tobati, por una nueva causa penal, esto permite inferir y sin lugar a duda a este Tribunal, que sus condiciones personales, su vida anterior no permiten considerar que la sola imposición de reglas y obligaciones sería suficiente para satisfacer el ilícito y no volver a cometer otros hechos punibles. Es por ello que en el presente caso no se dan los presupuestos de los institutos necesarios para la suspensión a prueba de la ejecución de la condena (sic).

25. En efecto, se verifica que el Tribunal de Sentencia explicó y justificó de manera detallada los fundamentos por los cuales consideró que correspondía la aplicación de la pena privativa de libertad de UN (1) año, sin ordenar la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, porque no se daban los presupuestos establecidos en la ley para el otorgamiento del referido instituto previsto en el Art. 44 del Código Penal, por lo tanto, cumplió con lo dispuesto en el Art. 125 del CPP, en concordancia con lo previsto en el Art. 256 de la Constitución, por lo que corresponde rechazar el agravio expuesto por la defensa técnica del procesado.

26.Ante lo expuesto precedentemente, considero que corresponde CONFIRMAR la Sentencia Definitiva N°34, del 17 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal de Mérito, debido a que el agravio señalado por la recurrente no tuvo el mérito suficiente como para anularlo.

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27.En cuanto a las costas, las mismas serán impuestas en el orden causado en atención a la forma en que ha sido resuelto el recurso de casación, y en virtud a lo dispuesto en el Art. 261, segundo párrafo del CPP. ES MI VOTO.

A su turno, la Ministra MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo:

Comparto la posición asumida por el Ministro Preopinante respecto a la inadmisibilidad del presente recurso, por no cumplirse con el requisito de fundamentabilidad. ES MI VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo ante mí que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, laCORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA PENALR E S U E L V E:DECLARAR INADMISIBLE el recurso extraordinario de casación interpuesto por la Defensora Pública María Eliane Ovelar en representación del procesado ROBERTO MARANDARI ENCISO, contra el Acuerdo y Sentencia Nº 21 de fecha 12 de mayo de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, de la circunscripción judicial de Cordillera, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.

REMITIR estos autos al Juzgado competente.

ANOTAR, notificar y registrar.

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