ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARICARMEN SEQUERA BUZARQUIS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "AMPARO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO POR MARICARMEN SEQUERA BUZARQUIS BAJO PATROCINIO DE LOS ABOGADOS FEDERICO LEGAL AGUILAR Y EZEQUIEL F. SANTAGADA CI MINISTERIO DEL INTERIOR" A:, Y SENTENCIA NÚMERO <.Üc.ho¿; "'O'i eco re," k , r, Doctores GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RIOS OJEDA y CESAR DIÉSEL JUNGHANNS , "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARICARMEN SEQUERA BUZARQUIS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "AMPARO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO POR MARICARMEN SEQUERA BUZARQUIS BAJO PATROCINIO DE LOS ABOGADOS FEDERICO LEGAL AGUILAR Y EZEQUIEL F.
SANTAGADA CI MINISTERIO DEL .INTERIOR", CUESTIÓN: Doctor DIÉSEL JUNGHANNS dijo: acceso-. R NAM n caso de denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información o d cualq 'er otro incumplimiento de una repetticic ública con relación a las obligaciones prevista en la presente ley, el solicitante, hay no interpuesto el recurso de reconsider ión, pod -, su el , dir ante c ien Juez Primera Instancia con jurisdicción en el fuga de su Cesar M. Diesel Junghnns Ministro e . - ,ustavo E. Santander Dans Dr. Víctor Ríos Ojeda Minbtro No obstante, esta Ley omitió establecer el procedimiento por el cual se tramitarán las acciones judiciales de acceso a la información pública, por lo que la Corte Suprema de Justicia dictó la Acordada Nº 1005/2015 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS ACCIONES JUDICIALES DERIVADAS DE LA LEY 5282/14", que prescribe que para los casos en que se deniegue una solicitud de acceso a la información pública, la acción judicial se debe tramitar según las reglas relativas al amparo, establecidas en la Constitución Es evidente que no nos encontramos en presencia de acciones de amparo constitucional, sino ante acciones de acceso a la información pública, a las que se aplicarán los requisitos de procedencia así como las reglas procesales del amparo, siempre y cuando no contradigan las disposiciones generales establecidas en la Ley que rige la materia -Nº 5282/2014.
AI respecto de los presupuestos de viabilidad de la acción promovida en el juicio principal, el Tribunal interviniente sostuvo, por medio del Ac. y Sent. N.º 70/2019, que no correspondía hacer lugar a la "acción de amparo" porque no se cumplió con el requisito de la individualización de la lesión grave o el perjuicio causado por la omisión ni con el requisito de Sin embargo, como disposición general, la propia Ley N.º 5282/14 en su Art. 4º reza: "Cualquier persona, sin discriminación de ningún tipo, podrá acceder a la información pública, en forma gratuita y sin necesidad alguna de justificar las razones por las que formulan su pedido, conforme al procedimiento establecido en la presente ley'. De allí que si cualquier persona, sin necesidad de justificar las razones de su solicitud, puede realizar un pedido de acceso a informaciones públicas ante la oficina establecida en la fuente pública correspondiente, también puede reclamar la efectivización de este derecho por medio de una Es por ello que, en virtud del orden jerárquico de las normas jurídicas establecido en el Art. 137 de la Ley Suprema, la Ley N.º 5282/2014 tiene prelación sobre la Acordada N.º 1005/2015 y por tanto no pueden ser aplicadas las normas procesales del amparo E n consecuencia, considero que es arbitraria la decisión del Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, por desconocer lo establecido en la Ley N.º 5282/14 y considerar que la En conclusión, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad y declarar la nulidad del Ac. y Sent. N. º 70 de fecha 28 de agosto de 2019, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, Cuarta Sala, debiendo remitir los autos principales al Tribunal de Apelación que le sigue en orden de turno, a fin de que estudie nuevamente la cuestión de fondo. Asimismo, opino que las costas deben ser impuestas en el orden causado, en razón de que la parte vencida pude considerar que le A su turno, el Doctor RÍOS OJEDA, dijo: Me adhiero al voto del ministro preopinante 1. - En la instancia ordinaria se estudió un pedido de acceso a la información pública.
Cabe traer a colación que el procedimiento aplicable a dicha pretensión, ciertamente, es el del amparo constitucional, esto, con arreglo a la Acordada 1005 de fecha 21 de septiembre de ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARICARMEN SEQUERA BUZARQUIS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "AMPARO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO POR MARICARMEN SEQUERA BUZARQUIS BAJO PATROCINIO DE LOS ABOGADOS FEDERICO LEGAL AGUILAR Y EZEQUIEL F. SANTAGADA C/ MINISTERIO DEL INTERIOR" 2.- Ahora 8-1 n, hay que tener por aclarado que dicha acordada estableció el trámite /)r procedimevnt_i;i;g/as sricarr:ente rituales- que debe aplicarse par, proear aquellos csos fé)los que solic1ta, jurisdiccionalrnente, el acceso a una información publica. El tenor literal " ispositiva así lo indica -véase la utilización de la palabra trámite- sobre todo si nos remitimos a los motivos que propiciaron su dictarniento y que obran dentro de la propia 3. - De hecho que, desde un enfoque estrictamente constitucional, el alcance de la acordada no puede ser otro, ya que, una acordada no puede modificar los presupuestos sustanciales de procedencia de una pretensión basada en una ley especial so pena de conculcar el orden jerárquico de prelación de normas -art. 137 de la CN- existente dentro del ordenamiento normativo vigente. En rigor, las peticiones jurisdiccionales del acceso a la información pública imponen el abordaje analítico a la luz de la Ley 5282/14, con un enfoque constitucional que parte de lo dispuesto por el art. 28, en concordancia con el art. 40 de la CN; sopesado con otros derechos igualmente constitucionales si el caso así lo demandare.
4.- En el presente caso, sin embargo, vemos que los juzgadores ordinarios, para proceder al rechazo de la demanda, razonaron sobre la base de exigencias de fondo para la procedencia de un amparo, es decir, extendieron el rango de aplicación de la acordada incluyendo aspectos sustanciales y alterando, con ello, el orden jerárquico existente produciendo en la praxis una notoria inobservancia de la norma jurídica especialmente prevista para la cuestión sometida a juzgamiento sin dar mayores razones para tal efecto.
5.- Se cometió, pues, arbitrariedad normativa en al menos dos tipologías reconocidas en doctrina, a saber: 1) interpretación desordenada; 2) prescindir del texto legal al caso aplicable.- 5.1.- Sobre el primero de ellos, la doctrina enseña que se produce cuando la interpretación dada por los jueces « ... habría afectado en primer término al valor orden, puesto que habría eventualmente alterado la jerarquía normativa .. » 1 . Eso ocurrió, como se ha visto, porque los camaristas dieron un alcance mayor y sobre todo sustancial a la acordada de la Corte, introduciendo a partir de esa concepción extensiva, requisitos de procedencia que son propios de otra figura jurídica. Se alteró así, Ed orden de prelación de normas previsto en el art. 137 de la CN; dado que, acordada mediante se dejó, en la práctica, sin efe jun ico la el Dr. César Diesel. La razón para dejar de lado la norma aplicable al caso no resulta plausible y mucho menos razonable en razón de que guarda relación con la primera causal de 6. - Ambos supuestos dan cuenta de que no estamos ante una decisión que deriva razonadamente del derecho vigente. En consecuencia, debe hacerse lugar a la presente acción de inconstitucionalidad con los alcances señalados por los distinguidos colegas que 7. - En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas conforme a la regla objetiva de la derrota, en este caso, a la perdidosa de conformidad al art. 192 del CPC, esto, sustentado en el hecho cierto de que la parte accionada defendió la tesis esgrimida por el colegiado A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: Los Abogados Federico Legal y Ezequiel Francisco Santagada, en representación de Maricarmen Sequera Buzarquis, promueven acción de inconstitucionalidad contra la S.D. Nº 40 de fecha 01 de agosto de 2019, dictada por el Juzgado Penal de Garantías Nº 09 y contra el Acuerdo y Sentencia Nº 70 de fecha 28 de agosto de 2019, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, y por extensión contra la Resolución Nº 238 de fecha 26 de abril de 2019 "Por la cual se da respuesta parcial a la solicitud ingresada al portal de acceso a la información pública de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Interior, a través del Por la S.D. Nº 40 de fecha 01 de Agosto de 2019, el Juez Penal de Garantías Nº 9 de Asunción, dispuso: "/- NO HACER LUGAR al Amparo Constitucional promovido por la señora MAR/CARMEN SEQUERA BUZARQUIS, por derecho propio y BAJO PATROCINIO DE LOS ABOGADOS FEDERICO LEGAL AGUILAR Y EZEQUIEL F. SANTAGADA, en contra del MINISTERIO DEL INTERIOR. IMPONER las costas en el orden causado. ANOTAR.. ".(sic).- EI Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala de la Capital, por el Acuerdo y Sentencia Nº 70 de fecha 28 de agosto de 201B, resolvió: "CONFIRMAR, por los fundamentos precedentemente expuestos, la sentencia apelada - S.D.Nº40 de fecha 01 de agosto de 2019 Cabe aclarar que la acción judicial de acceso a la información se entabla en referencia a la Resolución Nº 238 de fecha 26 de abril de 2019, "Por la cual se da respuesta parcial a la solicitud ingresada al portal de acceso a la información pública de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Interior, a través del Número 19983", del Ministerio del Interior, que a criterio de la accionante vulnera el art. 28, 257 y 13 de la "A rt. 1Dar respuesta parcial a la solicitud realizada a través del Portal de Acceso a la Información Pública de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio del Interior, por la señora Maricarmen Sequero Buzarquis, conforme a los siguientes puntos Punto 2. Informar sobre los detalles de implementación, protocolos y cualquier tipo de tratamientos de datos personales de las personas que son utilizadas en el sistema de reconocimiento facial. Las preguntas identificadas con las letras a) a la k) guardan relación CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARICARMEN SEQUERA BUZARQUIS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "AMPARO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO POR MARICARMEN SEQUERA BUZARQUIS BAJO PATROCINIO DE LOS ABOGADOS FEDERICO LEGAL AGUILAR Y EZEQUIEL F.
SANTAGADA C/ MINISTERIO DEL INTERIOR" , ... (J R.spues ,a e os detalles de implementación, protocolos y tratamiento de datos personales de las persa, a' , son datos de seguridad reservados por lo que dicha información es /2.uF' 3. Brindar un mapa detallado con la ubicación de las cámaras de seguridad del Sistema 911 y con que incluyen (sic) el sistema de identificación biométrica (reconocimiento Respuesta: Los detalles sobre ubicación de las cámaras son datos de seguridad Art. 2La denegación de la información solicitada en los puntos 2 y 3 se basa en las consideraciones de hecho y de derecho del Articulo 2º de la Ley Nº 5285/2014, que establece: Información Pública: aquella producida, obtenida, bajo control o en poder de las fuentes públicas, independientemente de su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, salvo que se encuentre establecida como secreta o de carácter reservado por las leyes. Asimismo, el Art. 20 del mismo cuerpo legal establece: Información Pública reservada. Definición. La información pública reservada es aquella que ha sido o sea calificada Art. 3º Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.".
Medularmente, aducen los representantes de la accionante que el acto administrativo y las resoluciones judiciales le deniegan arbitrariamente, tanto a ella como a la sociedad, el acceso a información pública, afectando con ello derechos fundamentales, produciéndose la alteración del orden de prelación normativa en que se cimienta la Constitución, infringiéndose los artículos 28, 137 y 257 de nuestra Carta Magna, que consagran la garantía del derecho a informarse, la supremacía de la Constitución Nacional así como la obligación de colaborar con la justicia, el cumplimiento de la ley así como la obligación que pesa sobre todo pronunciamiento judicial de estar fundado tanto en nuestra Constitución como en la ley.
La accionante sostiene que la respuesta brindada por el Ministerio del Interior no solo es parcial, como lo admite, sino que es vaga y ambigua, ejerciendo el derecho a la reserva de cierta información que califica como "datos de seguridad" por ser reservados, sin que la ley les conceda tal calidad, destacando la importancia de que se proporcionen datos respecto del sistema de tecnología biométrica que se implementará y la dependencia que se en ará de resol s cada pr upuestos de p oc del principio de legalidad y prop rcionalid d, en amentación del acto administrati o y de mbas de arbitrarias por requerir la reunión e los odir el inc. "c" del art. 1 9 del Cod Proc.
Cesar M. Diesel Jungttanns Ministro CS - 'Minís';:.ro . Dr. Víctor Ríos 1e Ministro Civ. al omitir pronunicarse concreta y específicamente sobre cada uno de los argumentos en A su vez, el Procurador General de la República, Juan Rafael Caballero Gónzalez, la contraria, al momento de contestar el traslado que se le otorgo, solicitó el rechazo de la Por su parte, la Agente Fiscal Adjunta, Abg. Gilda Villalba Tottil, contesta la vista que se dispuso mediante su Dictamen Nº 1288 del 25 de junio de 2021, en el que refiere que los juzgadores intervinientes han resuelto conforme a las constancias obrantes en los autos principales y a las normativas legales vigente en la materia, concluyendo que la presente Que, el caso que nos ocupa tuvo su origen en la petición de acceso a la información que la Sra. Maricarmen Sequera Buzarquis realizó al Ministerio del Interior, en fecha 08 de abril de 2019, en la que le requirió cierto caudal de información vinculada al conjunta de iniciativas del sistema 911 que buscaban implementar tecnología biométrica en las calles de Asunción y el área Metropolitana, petición que mereció respuesta - a su parecer - insatisfactoria, por Resolución Nº 238 de fecha 26 de abril de 2019 "Por la cual se da respuesta parcial a la solicitud ingresada al portal de acceso a la información pública de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Interior, a través del Número 1983", del Ministerio del Interior. Ello, a su vez, motivó la acción judicial respectiva, que fue sucedáneamente desestimada, por S.D. Nº 40 de fecha 01 de agosto de 2019, del Juzgado Penal de Garantías Nº 09 y Acuerdo y Sentencia Nº 70 de fecha 28 de agosto de 2019, del La primera de las resoluciones judiciales atacadas, la S.D. Nº 40 de fecha 01 de agosto de 2019, del Juzgado Penal de Garantías Nº 09, realizó una valoración formal y sustantiva de la respuesta emitida por el Ministerio, juzgando ajustada a derecho la decisión de la Cartera del Estado de reservarse parte de la información solicitada en tanto guardarían relación o estarían comprometiendo la seguridad interna nacional, trayendo a colación la ley 1337/99, En Alzada, el Acuerdo y Sentencia Nº 70 de fecha 28 de agosto de 2019, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, desestimó el recurso, bajo afirmación de que la vía del amparo no se hallaba habilitada para el planteamiento, dado que no se reunían los presupuestos exigidos por el art. 134 de la Constitución Nacional.
Que, en consecuencia, y atento a lo resuelto tanto por el Juzgado de origen como por el Tribunal ad quem, en cuanto a su sentido y fundamentación, corresponde realizar un necesario deslinde para abordar el caso en estudio, dacio que la controversia no solo versa sobre un aparente conflicto de derechos consagrados en la Constitución, sino que las motivaciones de uno y otro son disimiles, como se desprende del recuento realizado.
En tal sentido, es menester primeramente avocamos al estudio del Acuerdo y Sentencia Nº 70 de fecha 28 de agosto de 2019, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, si bien dada en el mismo sentido que la del juez inferior, parte de premisas diversas, que reposan, fundamentalmente, en la aparente falta de reunión de los requerimientos formales y sustanciales exigidos para entablar una acción de amparo, deteniéndose el tribunal en el ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARICARMEN SEQUERA BUZARQUIS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "AMPARO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO POR MARICARMEN SEQUERA BUZARQUIS BAJO PATROCINIO DE LOS ABOGADOS FEDERICO LEGAL AGUILAR Y EZEQUIEL F.
SANTAGADA C/ MINISTERIO DEL INTERIOR" Sin, em -o,. creemos necesario traer a colación que por Acordada Nº 1005/15, esta Corte Supffil:I de Justicia ha decidido establecer un procedimiento general para atender los 9 . casos,dejti'ti cialización de requerimiento de información pública, fijándose de esta manera Siendo asi, resulta notorio que no nos hallamos ante una acción de amparo, sino ante una acción de acceso a la información pública, para cuya tramitación procesal más idónea, por la naturaleza de los derechos en disputa, se asignaron las reglas del amparo constitucional, pero con los recaudos de procedencia propios de la ley "De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental", a la que la Acordada Así, la acordada de aplicación, al establecer el régimen procedimental, se limita a remitirse a presupuestos de procedencia propios para buscar de un derecho constitucional en particular, para garantizar su protección judicial, sin que ello implique endosar las exigencias formales y sustantivas de un amparo a un reclamo de esta naturaleza, como lo E nton ces, a la luz de la normativa señalada, desestimar una acción de acceso a la información bajo pretexto de que no se reúnen las condiciones de procedencia del amparo común, configura una decisión que interpreta arbitrariamente la ley y que, ciertamente, pone en juego el ejercicio legítimo de la defensa en juicio. En palabras del renombrado doctrinario Néstor Pedro Sagués " ... la interpretación arbitraria se ha realizado omitiendo el enlace e integración de una norma con el resto de las del ordenamiento jurídico, operación necesaria para resolver un litigio.". (Néstor Pedro Sagüés, en su obra Recurso Extraordinario, Tomo 2, Como lo tenernos dicho, la doctrina de la arbitrariedad no consiste sino en proteger a quienes acuden a los estrados judiciales ante decisiones que no tienen otro fundamento que la voluntad de quienes las suscriben, no pudiendo ser. consideradas verdaderas sentencias judiciales. Toda resolución judicial debe ser una derivación razonada que respete los hechos y el derecho debatidos en la causa. En este contexto, la obligación fundamental en un sistema jurisdiccional democrático es la motivación adecuada de los fallos como pauta de una mayor garantía de que la administración de justicia cumple con los postulados del Por las razones expuestas precedentemente, la acción de inconstitucionalidad incoada contra el Acuerdo y Sentencia Nº 70 de fecha 28 de agosto de 2019, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, debe prosperar, correspondiendo se declare la nulidad de la misma. En lo concerniente a la S.D.Nº 40 de fecha 01 de agosto de 2019, dictada por el Juzgado Penal de Garantías Nº 09-, conforme a la opinión vertida referente a la suerte de la resolución de alzada y la implicancia de su consiguiente, no corresponde aún el estudio referente a su constitucionalidad. En este estado, de conformidad al art. 560 del CPC, los autos en estudio deberán ser pasados el Tribunal de Apelación que siquen en En cuanto a las costas, éstas deben ser impuestas en el orden causado de conformidad con el Art. 193 del Cód. Proc. Civ, en razón que la parte vencida pudo considerar que le asistía el derecho a oponerse a la proce ncia de la acción, teniendo e cu ta la Ante mí: Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro Asunción, de 3 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR PARCIALMENTE a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la señora Maricarmen Sequera Buzarquis , y, declarar la nulidad del Acuerdo y Sentencia Nº70 de fecha 28 de agosto de 2019, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala , de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.-- ORDENAR el reenvío al siguiente Tribunal que le sigue en el orden de tumo p ra su nuevo juzgamiento, de conformidad a lo establecido en el Art. 560 del C.P.C.--
IMPONER las costas en el orden causado, de conformidad a lo estab ecido en el Art.
ANOT Cesar M. ¡-,:c,-;nl Junghan s 1eda Víctor ros Mnns