CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1 : JUICIO: "CARLOS I ANTONIO PARO DI AKEMARK C/ RES. FHSTA DICTADA POR EL M.E.C. SI DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA" resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la Procuraduría General de la República contra el Acuerdo y Sentencia Nº 207 de fecha 18 de diciembre de 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. - Previo estudio de los antecedentes del caso, los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvieron plantear las siguientes: -
CUESTIONES
En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho? - Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, GUSTAVO SANTANDER DANS Y ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS DIJO: conforme al escrito obrante a fs. 424, el recurrente -Procuraduría General de la República- desistió expresamente del recurso de nulidad. Por. otro, lado, µo, se observan en la sentencia recurrida vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Por ello, corresponde tener por desistido de este SU TURNO, EL MINISTRO GUSTAVO SANTANDER DANS DIJO: al haberse de tido expresamente del mismo, corresponde que sea declarado en tal sentido. Es mi voto.- O, EL MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN DIJO: me to del Ministro Santander Dans. Es mi voto.- A LA SEGUN OLINA LLANES CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA MARÍA CAMPOS PROSIGUIÓ DICIENDO: Por el Acuerdo y a e Cuentas, to Martinez Simón Ministro Gustavo t. Santander Dans Ministro Primera Sala, resolvió: "1.-HACER LUGAR A LA PRESENTE ... DEMANDA CONTENCIOSO instaurada por el Abg. ROBERTO AMENDOLA GALEANO .en representación del Señor CARLOS ANTONIO PARODI AKEMARK, co1if?a: ¡ las RESOLUCION D. Nº 09/2016 de fecha 11 de enero y la Resolución FICTA, dictadp por el MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, y en consecuencia; 2- REV.pCÁR: -la RESOLUCION D. Nº 09/2016 de fecha 11 de enero y Resolución FICTA, dictado J!or el MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, de conformidad los fundamentos desarrollados en este acuerdo, 3- ORDENAR la restitución del Profesor Carlos Antonio Parodi Akemark, en su mismo cargo, similar o de igual jerarquía, con el pago de los salarios caídos, desde el momento en que dejo de percibir. 4- IMPONER las costas .ª la parte perdidosa, 5- ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Suprema de Justicia" El Abogado Juan Rafael Caballero, Procurador General dla eIDblica y .el Abogado Juan Carlos Villalba Fiare, .Procurador Delegado, se agraviaron en contra Ae la precitada Sentencia en los términos del escrito obrante a fs. 423-432 de autos y concluyeron solicitando la revocación con costas del Acuerdo y Sentencia Nº 20'J del 18 de diciembre de 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala La parte actora contesta los agravios conforme al escrito obrante a fs. 435-441 de autos.- Antes del estudio de la cuestión sometida a consideración de esta Corte, corresponde analizar previamente si la fundamentación del recurso fue realizda conforme a las exigencias del art. 419 del CPC.- Así, el mencionado art. 419 del Código Procesal Civil establece: "Forma de la fundamentación: El recurrente hará el análisis razonado de la resolción y expondrá los motivos que tiene para considerarla injusta o viciada. No llenándose estos requisitos, se declarará desierto el recurso". - Conforme al citado artículo, el apelante tiene la carga procesal de efectuar ante la alzada, el análisis razonado de la resolución recurrida con la finalidad de expresar puntualmente sus agravios y, por ende, evidenciar ante esta Sala Penal los supuestos errores o equivocaciones (vicios in iudicando) en que pudiera haber incurrido el Juzgador de la instancia inferior.- Observado el escrito de expresión de agravios presentado por el recurrente, se advierte que se limitó exponer su disconformidad absoluta con lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, a transcribir normas y fragmentos de la resolución recurrida, sin plasmar de manera 1 oncreta y de forma clara y concisa los agravios o daños que le causan la resolución recurrida.- Sobre el punto, el autor Ricardo A. Pane en su obra "Código Procesal Civil con Repertorio de Jurisprudencia, Ampliado y Actualizado" comenta: "Tal como seala la doctrina y la jurisprudencia, la expresión de agravios debe ser precisa, concreta, !clara y concisa. Copiar o sintetizar simplemente la demanda, el responde, los alegatos y la sJntencia es tarea fácil e innecesaria y no constituye una critica seria (. . .). Se debe exprefar con claridad y corrección de manera ordenada, el "porqué" la sentencia no es justa, los otivos A SU TURNO, EL MINISTRO GUSTAVO SANTANDER DANS DIJO: El agravio del recurrente gira en torno a defectos argumentativos del Tribunal de Cuentas al momento de hacer lugar la demanda contenciosa administrativa, también cuestiona que realizaron una errónea interpretación de la libertad sindical y omitieron la declaración de ilegalidad de la huelga- ' Pues bien, a los efectos de la resolución de la controversia, necesariamente debemos adentrarnos a la figura de la estabilidad sindical, que en líneas generales es una estabilidad que tienen algunos' trabajadores y mediante la vigencia de esta no pueden ser trasladados, suspendidos, modificar sus condiciones de trabajo, si no mediare justa causa.- Esta estabilidad en particular se encuentra en el art. 38 de la Ley 1725/01 del estatuto del educador, en dicho artículo dice lo siguiente: " ... Artículo 38.- En materia de licencia sindical para dirigentes de organizaciones gremiales nacionales o regionales inscriptas ante la autoridad, administratíva del Trabajo y acreditadas ante el Ministerio de Educación y Cultura, regirán las disposiciones del Código del Trabajo. En ningún casoesas licencias podrán otorgarse a educadores profesionales que no tengan por lo menos cinco años de antigüedad en la matrícula de educador profesional ... ".- La libertad sindical está reconocida por el estatuto del educador y se rige por las reglas del código laboral, ,al respecto, al remitirnos a dicho cuerpo legal, el art. 317 dice lo siguiente: "A iculo 317. - Se denomina estabilidad sindical la garantía de q'f',e gozan ciertos trab ores de no ser despedidos, trasladados, suspendidos, o alteradas sus condiciones de iusta causa previamente admitida por juez competente. ", lo cual a prima facie tienen una su te de inmunidad respecto a los demás trnbajadores, pero esta "inmunidad" tiene una limitac 'n establecida en el art. 321 que dice: "Artículo 321º.- Para' despedir a un por la Estabilidad Sindical, el empleador probará previamente la Gustavo E. Santander Dans Ministro En este punto, en resumidas cuentas, la actora (Sr. Carlos Parodi Akemark) fue desvinculado del Ministerio de Educación, por incumplimiento de los deberes previstos en el art. 41 incs. a), b ), c ), d), e) y h) del estatuto del educador, lo cual incurre en la causal prevista en el art. 52 inc. c) del estatuto del educador, cuya sanción fue la destitución conforme el art.
49 inc: cjde la misma ley.- El origen de las causales se remonta a una huelga realizada en el año 2013, la cual fue declarada ilegal, es decir, la demandante en su carácter de sindicalista realizó una huelga que tuvo el acompañamiento de: los demás trabajadores, esta huelga fue judicializada y consecuentemente declarada ilgal, ante la ei'sión de este fallo se inicia el proceso sumarial y culmina con la desvinculación del Sr. Parodi Akemark por ausencias injustificadas a su recinto de trabajo como también no acatar órdenes emanadas del superior emrorqs.- . , Aquí ' tambiéIJ es importante resaltar que el Sr. faro di Akemark11.0 1 a negado su participación en la huelga declarada ilegal, como tampoco se pone en duda 'la falsedad o veracidad de su estabilidad, sino, lo que se discute son los límites que tiene la estabilidad sindical.- Ahora bien, al analizarla, resolución emanada en mayoría por el 'I1ribunal de Cuentas, notamos que 1 para hacer lugar a la acción, alegaron la omisón de la estfbiidad sindical que gozaba el mismo y por ello no se puede encontrar dentro de las faltas que le acusa la administración:; . 1 En este punto, el criterio asumido por la mayoría del Tribunal de Cuentas se encuentra totalmente desatinado, debido a que el trabajador que goza de estabilidad sindical si puede ser desvinculado, solamente que debe mediar causales justificadas para ello, es decir que, el trabajador eón estabilidad sindical no puede ser despedido sin justa causa,, a diferencia de los trabajadores que no se encuentren edicho régimen.- Que, la Procuraduría General de la República solicitó la declaración de ilegalidad de la huelga, esta solicitud tuvo curso favorable en las instancias judiciales correspondientes, por ende, al ser calificado de ilegal la huelga, no existía justificación de inasistencia a las aulas del Sr. Parodi Akemark.- Que, es importante poner de resalto, que no se desconoce la estabilidad sindical que goza el mismo, pero la. estabilidad sindical no es absoluta, pudiendo . el trabajador ser desafectado de su empleo mediando causa justificada, en este caso las causales son el incumplimiento. de los deberes establecidos en el art. 41 del estatuto docente que son inasistencia al lugar del trabajo, acatamiento de órdenes superiores entre otros.- 1 En lo que respecta a, las uelgas en la función pública la Ley 1626/00 establece lo siguiente: "Artículo 127.- Los, trabajadores del sector público organizados: en sindicatos, por decisión de sus respectivas asambleas, tienen el 'derecho de recurrir a , la huelga como medida extrema en caso de conflicto de intereses, conforme con las limitaJiones establecidas en la Constitución Nacional y en esta ley." Es decir; que la huelga en el ámbito público se remite directamente a las leyesque hablen de la material en este caso, se encuentra inserta en la ilegalidad de la huelga dice lo siguiente: "Artículo 377º.- La participación en una huelga 'I JUICIO: ', :1"CRLOS IANTONIO ¡ , PRODI WMA AKEA1 ITA .. IQTADPnrEL TlnIA M:E 7C W i I DEMANDA, : 1llONJEN¡CIOSO '-, l;>E .; 1ADMINISTRATVA" 1 c. gal, .. 0,sí e:) vla!1negbtiva de prestar s'ervic1 ios en 'las abtividdd,es eseqiales 'de riid,s en el C9 3 ' odrl'n ser sancionadacoj» el despido del rdbájaqor.' ... ") 1 ¡ ¡' 1 .n---"'"'"""''"""""'nces,,el rnismo goza de st1bilidadl, sindical '(rec01;qerpo 1s que este benpfi9i,o no es u,..,---filfd.), .al partí , ipar de , una huel za declarada 1 ilegal, , no 1 existe justificácién u ara las ausencias en aulas¡' y1 1 atendiendo est:abl'ilidadi,serealizó el' dumar1 1orr:espo .. ndiente cuando se tuvo, 11 a deheza. udicial sobre fa déclaración l de iIegalidad 'de: la h I elg1 shmario, orresporliente, l 1dio . todaJas b1 pontuni;qa!des,'1 . Rr:b!¡ odN .io.bgado, prbmovr1 exceJ?ClI}S 1e lllfi ynes¡ ,¡1ue uer¡q , res iazacos, p ateo¡ SU rep Que, a criterio de este Ministro, el acto administrativo se ericuenira ajustado a derecho, ya que se realizó, el sumario correspondiente y una vez resuelto .el sunh¡io se procedió a su destitución, previa comprobación de las causales que ameriten dicha decisión, su separación del cargo nofue realizado por simple antojo de1a autoridad administrativa, sino que fue resultado de un' sumario donde la actora ejerció todos los derechos que consideró pertinente, siendo atendidos.por el ente administrativo, por ende, se respetó el debido proceso y la acreditación de la justa causa para su destitución En consecuencia y; atendiendo a lo expuesto precedentemente, 'corresponde la revocación del fallo emanado por el Tribunal de Cuentas y confirmar el acto administrativo en todos sus punto.- Finalmente, en cuanto a las costas procesales, corresponde imponerlas en el orden causado, atendiendo a como fue resuelta la controversia y tomando en cuenta que ninguno de los agentes intervinientes actuó con temeridad o mala fe en el ejercicio de sus derechos. ES MI VOTO.- A SU TURNO, EL MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN DIJO: Me adhiero al sentido del, voto del Ministro Santander Dans, agregando cuanto sigue: Por la resolución recurrida, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala resolvió, por voto en mayoría, hacer lugar a la demanda contencioso-administrativa, revocando la Resolución D.
Nº 09/2016 del 1 I' de enero de 2016 y su resolución ficta, ambas dictadas por el entonces Ministerio de Eduoación y Cultura, en consecuencia, ordenando la restitución del accionante en su mismo cargo,, así como el pago de los salarios caídos, con costas. entonces Procurador General de la República, Abg. Juan Rafael Caballero ,G., y el Procur dor legado Abg. Juan Carlos Villalba Fiore, expresaron agravios en los términos del ese ito obran' a fs. 423/432. Alegan que, sobre la base de argumentos poco verosímiles y obviando aquellos e uestos en la contestación de la demanda, el Tribunal resolvió estimar favorablemente la dem nda. Señalan que el Tribunal omitió valorar la participación del Profesor Carlos Antonio Parodi Akemak en la huelga realizada por la Federación de Educ dords del Paraguay du ante 30 días, contados a partir del 23 de julio de 2013, que fue decla a ileal por los órgano judiciales competentes. Además, manifie tarr7 1 hecho de que e cionañte sea sindicalist o implica que este te a una dispen a por s uelga declJr , 'en un agraa ue;el mismo er ' su Ministro Ministra la huelga: Indican que el accionante no cumplió el art. 41 de la Ley Nº 1725/0-1 y la Resolución M.E.C. Nº 10.2,71 del 28 de noviembre de 2013. Mencionan queel acoionante fue objeto: de sumario administrativo, donde se constató su participación en la huelga ilegal y que, pello, infringió el art. 4,1 incs. a), b), c), d), e) y h) de la Ley Nº 1725/01, lo que fue apreciado de manera correcta por la jueza del sumario. No obstante, de manera incongruente, el Tribunal omitió estudiar el alcance real de la ley, sin siquiera tener en cuenta los argumentos de la P.G.R. Por otro lado, de manera subsidiaria, los representantes del Estado Paraguayo expusieron precedentes jurisprudenciales sobre la fijación de los salarios caídos, señalando que no podrían exceder los doce meses, conforme lo entiende la jurisprudencia, Culminan su escrito peticionando la revocación de la recurrida, el rechazo pe la demanda y la confirmación de los actos administrativos, con costas. , ' 1 El .Abg. Roberto Améndola contestó los agravios en los. términos del escrito obrante a fs. 435/4;1. Aduce. que los argumentos de la Procuraduría General de la República (en adelante la P .G.R.) no son eficaces para conmover la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas, puesto qe la, declaración de ilegalidad de la huelga -en la que reconoce que su mandante participó- no se encontraba firme al momento en que se dictó el acto administrativo individual impugnado, al existir una acción de inconstitucionalidad pendiente de trámite en dicho momento. Con relación a la omisión de consideración de los argumentos tle la P.G.R., arguye que, como esta no solicitó al Tribunal que aclare las razones, para no haber considerado sus argumentos, no pueden ante esta instancia agraviarse de dicha circunstancia.
Realiza una crítica' al voto en disidencia del Miembro Edward Vittone, mencionando los motivos por los que considera que su voto sería errado. Luego, efectúa uva crítica de los fallos citados por la P.G.R en su argumento subsidiario, indicando los motivos por los que considera que dicho criterio es equivocado y presenta aquellos precedentes judiciales que son faorables a sus intereses. Finalmente, solicita la confirm1 ación de la recurrida, con costas. Se trata de determinar la procedencia de la acción contencioso-administrativa promovida por el Sr. Carlos Antonio Parodi Akemark, a efectos de obtener la revocación de la Resolución D.Nº 09/16 del 11 de enero de 2016,;y de su denegatoria ficta, ambas dictadas por el entonces Ministerio de Educación y Cultura, a través de las cuales, en el marco del sumario administrativo Nº 232.444, se dispuso la destitución del accionante como funcionario de la citada cartera estatal, por la comisión de faltas en el ejercicio de sus funciones.
Antes que nada, es importante mencionar que, en' este tipo de acciones, la pretensión que debe resolverse es la declaración de nulidad, -revocación- del acto administrativo individal cuyo destintario quiere que sean revisado por la Justicia. Para que ella pueda ser procedente, el órgano juzgador, conforme lo peticionado por la parte adora, debe analizar si el acto cumple conlas condiciones de regularidad del acto administrativo. La doctrina nacionaf en la materia tiene listadas las condiciones de regularidad de los actos administrativos -que han sido recogidas de manera similar por la Ley Nº 6715/21 "De Procedimientos Administrativos"- y son las siguientes: presupuesto de hecho, condición de fondo, competencia del órgano, procedimiento, forma, pronunciamiento y causa.1 En caso de Villagra Maffiodo, Salvador. Principios de Derecho Administrativo, 2a. edición, Servilibro, Asunción, Paraguay, La decisión recurrida se basó en que el procedimiento en el cual recayó el acto administrativo impugnado contendría vicios de procedimiento, que consistieron, básicamente, en la violación del principio de legalidad objetiva, al no haber tomado en, cuenta la Dirección de Asesoría Jurídica del M.E.C. que el sumariado contaba con estabilidad sindical y laboral, lo que autorizaba, a criterio del Tribunal, la revocación del acto administrativo. Es decir, el Tribunal concluyó que existió una irregularidad de procedimiento, aunque de los argumentos esbozados por la preopinante se infiere que el Tribunal advirtió también irregularidades en cuanto a la condición de fondo y al presupuesto de hecho, puesto que señaló que el M.E.C. se había apartado de sus facultades legales por no tomar en cuenta la estabilidad laboral del Sr.
Carlos Antonio Parodi Akemark. Con relación a la condición de fondo, la P.G.R., al tiempo de expresar agravios, defendió la sanción dictada, habida cuenta que se llevó a cabo el sumario correspondiente y que, el hecho de contar con estabilidad sindical el accionan te no le 'eximía. del cumplimiento de sus obligaciones como educador ni de la posibilidad de ser sancionado por el incumplimiento de ellas, con lo que sostuvo que el órgano se encontraba autorizado a tomar la me . establecida en perjuicio del accionante. n cuan .. al presupuesto de hecho, la P.G.R. señaló fl.Ue, en el sumario se comprobó fehacien emente qu el 'accionente participó de una huelga declarada ilegal ¡ por el órgano diccional competen y que, al participar de dicha huelga ilegal, el accio.hante infringió disposiciones del Es tuto del Educador, con lo que la sanción se encontraba ajustada a rirneramnte, debe anali arse la condición de fondo, a autori'zada a dictar la edida dictada. En el presente caso, la aut Ministro . e c-:intander Dans Gustavo L, Ju Niinistro accionante tenía fueros sindicales, no podía ser sancionado por el M.E.C. El accionante también cuestionó la autorización del órgano para obrar, pero en lb que refiere. i: la posibilidad temporal de hacerlo, pues la accionante alegó que la posibilidad de sancionar la falta se encontraba pres cripta, por haber transcurrido ya el plazo máximo para ello, con 16 que no podrían ya' imponerse sanciones respecto de los hechos investigados. l ¡', .
Para determinar si el órgano administrativo contaba con la autorización para obrar, es necesario analizar las normativas legales vigentes al tiempo de los hechos que autoricen la imposición de sanciones para los profesionales del sector de la educación. La ley que rige el ejercicio de la actividad docente en instituciones de educación inicial, escolar básica y media es la Ley Nº 1725/01 "Que establece el Estatuto del Educador". 2 Scdsidern 'parte de la carrera de educador profesional las personas que ejerzan, además de la docencia, funcio6es técnico-administrativas; como cargos directivos o de supervisión.' Esta sfría la situación del accionante quien, además de 'desempeñarse como docente del M.E.C., era Director de establecimientos educativos al tiempo de la huelga.
Por su parte, la ley expresamente autoriza la imposición de medidas disciplinarias para los funcionarios públicos de-la educación. En particular, el art. 47 dela citada le/reza: "En el sector público de la educacion, las medidas disciplinarias sJrán de primero, segundo y tercer orden,lasde primer orden serán aplicadas por el jefe inmediato superior; las de segundo orden por el Juez Administrativo; y las de tercer orden por el Ministerio de Educación y Cultura. Las' de segundo y tercer orden serán aplicadas previa investigación administrativa".
En este sentido, se establece expresamente que el juez administrativo será el encargado de aplicar medidas disciplinarias de segundo orden, entre las que se encuentra la destitución del cargo. Se observa que la ley ha otorgado 'una autorización expresa para1 aplicar snciones' a'.l órgano de aplicación de esta ley, que era, al tiempo de dictarse el acto administrativo, el Ministerio de Educación y Cultura -hoy Ministerio de Educación y Ciencias-. Además, la ley expresamente determina que el juez administrativo es quien resolverá sanciones de segundo grado, tal y como sucede en la Resolución D.N09/16 del 11 de enero de 2016, dictada por la Abg. Francis Elizabeth Mendoza Chaparro, juez administrativa de la Dirección General de Asesoría Jurídica del M.E.C.
Ahora bien., con relación a la situación de los funcionarios protegidos por la estabilidad sindical, como bien lo mencionó en su voto el Ministro Santander, el art. 38 de la ley estipula que: "En materia de licencia sindical para dirigentes :¡de organizaciones gremiales nacionales o regionales inscriptas ante la autoridad administrativa del Trabajo y Art. l,º de la Ley Nº l 7?5/01.- La present 7 ley regula el ejercicio de la profesión de edf cador en los niveles de educación.inicial, escolar básica y media del Sistema Educativo Nacional, que se ejerza en e stablecimientos, centros o instituciones educativas públicas o privadas. , Art. 11 de la Ley Nº L 725/01.- A todos los efectos de la aplicación de esta ley se considera.,áque continúa la carrera el educador profesional que ejerza, ya sea simultáneamente -con las funciones definidas enIJs Artículos 9y 10o independientemente de ellas, funciones técnico-administrativas, entendiendo por tales los 'cargos directivos o de supervisión relacionados con la planificación, organización, administración y evaluación dlos diversos niveles y modalidades del sistema educativo, .. 1 Art. 49 de la Ley Nº 1725/01.- Son medidasdisciplinarias de segundo orden:... c) destitución.
Asimismo, analizando las leyes que rigen para los casos no previstos n la Ley Nº que son la Ley General de Educación (Ley Nº 1264/98) y la Ley Nº 1626/00, concluimos lo mismo. La primera no contiene disposición alguna acerca de una limitación a la facultad legal otorgada al M.E.C. en el Estatuto del Educadori para' la imposición de sanciones a los profesionales de la educación que cuenten con estabilidad sindical. En cuanto a la Ley Nº 1626/00, la misma tampoco menciona expresamente una limitación a la facultad legal de sancionar las faltas que puedan' cometer los funcionarios con estabilidad sindical, remitiéndose supletoriamente también a la legislación laboral que ya fuera revisada.
En suma, el ordenamiento jurídico otorga una autorización expresa al órgano de aplicación (en este caso, juez administrativo del M.E.C.) para imponer sanciones a los educadores que incurran en alguna de las faltas estipuladas en la Ley Nº 1725/01; entre las sanciones de segundo orden que pueden imponerse se encuentra le), destitución. Todo ello, por supuesto, previa investigación administrativa. Ni la Ley Nº 1725/01 ni aquellas aplicables supletoriamente al caso establecen limitaciones a la facultad legal otorgada para la imposición de sanciones.
Como consecuencia, se constata que, en principio, el órgano administrativo que dictó el acto se encontraba legalmente autorizado para hacerlo, vale decir, contaba con la autorización' de la ley para obrar de la manera en que lo hizo, por lo que mal pudo haber el Tribunal de Cuentas concluido que los funcionarios actuantes obraron fuera de sus facultades legales. En este punto, halla razón la P.G.R. en cuanto que la consideración del Tribunal de que, por existir estabilidad sindical el accionante no podía ser 'objeto de investigación ni sumario, no se encuentra ajustada a derecho.
ora bien, existe una segunda situación que considero debe ser analizada desde la óptica de 1 condición de fondo, que es la prescripción de la responsabilidad administrativa alegada pon el, ccionante. Recuérdese que la prescrip'ción de fas ,faltas administrativas en el Art. 317 del Código de rabajo. Se denomina estabilidad sindical la garantía de que gozan ciertos trabajadores de no ser despedidos, traslada s, suspendidos, o alteradas sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente admitida por juez competente, Art. 321 del Código del Trabajo.- Para despedir a un trabajador protegido por la estabilidad sindical, el emplead probará previamente la existencia de justacausa imputada al mismo, o que la condi ión invocada de dirigente, ge oro candidato es.falsa ... .
Art O de la 'Ley: Nº 1725/0 l. Las elaciones de trabajo entre empleadores y educad es sea stos de gestión públi o de gestión privada se regirán or esta ley. En los casos no ;revistos se ten án en c na las normas y princi s consagrados en I Educación, la Le uncionario Públic y Có g, aboral, egún Afüe:rto.M Mi Ministro ' 'l' áiLlanes u. Dra. Ma, Caro. 11 Ministra derecho administrativo sancionador importa la extinción de la facultad de la Administración de perseguir. ilícitos administrativos por el transcurso del plazo legal establecido para-ello y la inactividad delas partes, .en el supuesto específico.
La prescripción se erige así como una forma de extinción de la responsabilidad administrativa en la que pudo haber incurrido el administrado, por el transcurso del tiempo y en virtud de la inacción de las partes. Entonces, se trata de una limitación a la autorización para obrar conrelación a determinado hecho por el transcurso del tiempo y la inactividad de las autoridades, por lo que decirnos que se encuentra dentrode- 'la condición de fondo, requerida para la regularidad del acto administrativo. En ese sentido, García Gómez de Mercado, refiere que". la potestad sancionadora de la Administración pue:de perderse y no ser ya efectiva por el transcurso del tiempo, dando lugar a la prescripcion (extintiva), de las infracciones o de las sanciones, según la Administración pierda el. derecho a .soncíonar una infracción o a ejecutar, una sanción y9 impuesta". 7 Según Celso Bandeira de Mello la prescripción de fas I faltas administrativas constituye:". una. limitación al ejercicio tardío del derecho en beneficio de -la.seguridad jurídica". 8 En el mismo sentido, Carvalho. Filho, complementa diciendo que:.". .j se acoge en aquellos supuestos en los que la Administración, por inactividad deja transcurrir el plazo máximo legal para , ejercitar su derecho a exigir o corregir las . conductas ilícitas administrativas ".9 or su parte, Nieto alega que: ". atiende a la necesidad de que no se prolonguen indefinidamente situaciones expectantes de posible sanción y, de permanencia en el Derecho administrativo sancionador".1 En ese menester, la prescripción en el derecho administrativo sancionador presupone,: a) la predeterminación del plazo en la ley aplicable, b) la renuncia o pérdida.del ejercicio del ius puniendi estatal por el transcurso del plazo establecido para ello y la inactividad ya señalada previamente y, c) la prerrogativa del administrado a no ser sometido a un proceso, por faltas administrativas ya prescriptas, a efectos de evitar la virtual amenaza de una posible sanción por parte de la Administración.
Se debe señalar que la prescripción de la responsabilidad administrativa se produce ministerio legis, esto es, por el transcurso del tiempo conminado en la ley, motivo por el cual debe ser analizado en esta instancia, más aún considerando que fue opuesta por el accionante en su descargo y luego, fue mencionada en el escrito de demanda. Por ello, es importante revisar si el procedimiento para sancionar la falta se encontraba ya prescripto, o bien, si el mismo se llevó adelaáte dentro del plazo que había para hacerlo.
Acerca' del plizo de prescripción aplicable al presente caso, nada. dice al respecto 1J Ley Nº .1725/0 l. No ¡,obstante, tratándose el acconante de un educador ?el sector público y atendiendo que la ley seremite para casos noprevistos a la Ley de la Función Pública! García Gómeie Mercdo, rancisco. Sanciones Administrativas, Ed. Comares, 3Edición, Granada, España, Bandeira de Melo, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo, 22Ed., Malheiros Editores, Sao Paulo, Brasil, CárvaÍho Filh, José Ds Santos. Manual De Direito Administrativo, 19Ed., Ed. Lumen Juris, Río De Janeiro, 1 e ' Jcro/ :"CARk I lf;Qru ',' ;L p AR(?»1 --IM.ORTE AKEMARK 1 c1 REsl FICTA 01cTA]l)A POR!1 "''O'"r,fy TSTICIA M¡E.C. : " DE )A CNTENCH?Sº c"l,.c ero ¡q el plazo deprescripción es aquel esfhabl1 eidol : en :lal J.1,y Nº 1 c. Wuncil>J?¡ Pú ca". El plazo de ,prescripción; confor e 11 1r1; ,311 es¡ de 1 aífol' el pla o s ,1nl rs umpe a- artir,deli 1sumano admmistramp. 1 ' 'I :1, ¡ 1 l 1 . Áhúí, debo concordar' con 'la1 ueza suinariante en, cuatq que :nq operó la presqiílción.
tiempo 'que la ley misma otorga para rea iza a mvestigacio y para imponer consec en e sanción, previo.sumario. '1 ' 1 rar:a, concluir esto, ;bata con realizar ;el cóntco Ar ls¡ lazos. El micro Gielqcoll}-pUtq ¡se encuentra marca o por¡ e unomento en que que ,o irme e,,,,. cuerno y Sentencia queec aro ilegal la huelga que, conforme obra en el informe agregado a'fs. 202/204 (según foliatura del margen inferior derecho) de los antecedentesadministrativos, se produjo el 3 de n6viembre de 2014. Este es el plazo que debe ser considerado como inicio del cómputo pues se trata del momento en que la Administración tuvo conocimiento del hecho que motivó la sanción (la ilegalidad de la huelga). 1, Desde este día, el M.E.C. tenía el plazo de 1 año para iniciar el procedimiento sumarial. Ello ocurrió dentro de dicho plazo pues, como se observa, el inicio del sumario fue ordenado por Resolución Nº 29.420 del 13 de octubre de 2015, dictado por la entonces Ministra del M.E.C., y se tuvo por iniciado el procedimiento sumarial por A.I. Nº 195/15 del 16 de octubre de 2015, dictado por lajueza sumariante. Por lo demás, fue notificado el día 21 de octubre de 2015, conforme la cédula de notificación cursada al domicilio legal del accionante, agregada a fs. 72/73 (según foliatura del margen inferior derecho) de los antecedentes administrativos, todo esto, dentro del plazo de 1 ' año desde el inicio del cómputo. Incluso si se considerase que la prescripción quedó interrumpida recién con el escrito del accionante en el cual mencionó no haber recibido la notificación (presentado el 27 de octubre de 2015, según alegaciones del accionante a f. 81 (según foliatura del margen inferior derecho de los antecedentes administrativos), también se concluye que el sumario fue iniciado y notificado antes de transcurrido el plazo de prescripción. Por consiguiente, las constancias del expediente administrativo demostraban que la prescripción alegada no operó, on lo que la Administración se encontraba plenamente facultada a realizar el procedimiento de investigación y a imponer las sanciones correspondientes al haberse interrumpido oportunamente el plazo prescripcional.
virtud de lo señalado, se concluye que la Administración actuó dentro de sus leg es en cuanto a la autorización para sancionar la conducta investigada y que lo hizo dent o del tie o que la ley le otorga para hacerlo. Por ende, la decisión del Tribunal, en Administración actuó fuera de sus facultades legales, se encuentra obstante, debemos analizar también las demáscondiciones de irregularidad cuyo incumplí iento fue advertido por el. Tribunal, así como el de aquella cuyo incumplimiento fuera expuest or el accionante en su demanda.
nes previstas Pasando al análisis del presupuesto de hecho, el Tribunal de Cuentas concluyó en la. recurrida que, al estar alcanzado por la estabilidad sindical el accionante, el M.E.C. no podía ' hallarse -dentno de las faltas que se comprobaron cometió, vale decir, el Tribunal- concluyó que existió una irregularidad en el hecho generador de la sanción; a saber, la falta que fue comprobada y atribuida al Sr. Carlos Antonio Parodi Akemark en el marco delsumario administrativo. Entonces, a criterio del Tribunal, la conducta del accionante no podría ser un hecho generador de unsanción, por contar este con estabilidad sindical.
El presupuesto de hetho constituye el antecedente materialde toda sanción, y debe comprobarse en el correspondiente 'procedimiento administrativo, para motivar la decisión que a su respecto sea .adoptada por la autoridad! En el marco de los procedimientos administrativos, la Administración debe arrimar laspruebas que demuestren: 'el 'presúpuesto de hecho que justifica la sanción a ser aplicada. Entonces, debemos an1 alizar si en el sumario se demostró el presupuesto dehecho sobre el cual se fundamentan los actos administrativos hoy impugnados.
En el caso, el presupuesto de hecho que justificó la' apertura del, suman o administrativo fue la participación del educador, hoy actor -sindicalista de laFedebcilsn de Educdores del Paraguay- en la huelga general, llevada a cabo desde el 23 de julio de 2013, por aproximadamente 30 días. Dicha huelga fue declarada ilegal por la justicia ordinaria, por lo cual, la participación del accionante en dicha huelga se subsumió en la falta estipulada en el art. 52 inc. c) de la Ley Nº 1725/01 que consiste en el incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad.12 La jueza administrativa encontró acreditado suficientemente, el presupuesto de1 hecho que motivó la resolución administrativa. De hecho, slee en la ,iesolu'ción administrativa impugnada que la jueza: administrativa concluyó, luego de 'valorar las pruebas agregadas al sumario, que la huelga fue realizada desde el 23 de julio de 2013, que la misma fue declarada ilegal y que el Sr. Carlos Antonio Parodi Akemark participó de ella, siendo presidente, de la Federación de Educadores del Paraguay -gremio promotor de la huelga-. Sustentósus afirmaciones en las instrumentales obrantes a fs. 21/24; f. 114; 03/11; 1189/198 (foliatura original) del expediente administrativo.
Concluyó también que la resolución que declaraba ilegal la huelga se encontraba firme y ejecutoriada, pues las. pruebas del expediente así lo justificaban, de acuerdo al informe agregado a f. 202/204 (fol'iatura original) del expediente administrativo donde consta además un informe del Actuario Judicial del Tribunal de Apelación donde remite el expediente al Juzgado de origen por hallarse firme el Acuerdo y Sentencia. ! 1 Este hecho fue cuestionado por el accionante, quien señaló en su demanda que la resolución no se encontraba firme. Sin embargo, a lo largo del sumario, el hoyaccionante recohoció que el Acuerd¿ y Sentencia del Tribunal de Apelación se encontraba firme (Escrito de Descargo a f. 79, según foliatura 1 del margen inferior derecho) de los antecedentes administrativos y Escrito de Alegatos a fs. 226/231 (según foliatura del margen inferior Art. 52 inc. c) de la Ley Nº 1725/01.- Serán pasibles de medidas disciplinarias de segundo orden los educadores hallados culpables por la comisión de una o varias de las siguientes faltas: ... c) incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad... .
JUS':r'ICUA 1 M.E.C., S/1 , ¡,DErANDA I CONJfENcroo l '¡ ADMINISTRAIVA' ; l - 11 utr ?ªfª fl ' tif) r Alberto Mar Ministro que se otorgó al accionante la oportunidad de defensa, siguiendo los lineamientos de la reglamentación vigente para el procedimiento sumarial. n efecto, para los sumarios administrativos llevados por el M.E.C .. contra .Ios profesi9nales, de la educación; se encontraba vigente en la época del sumario, el "Reglamento de procedimientos de sumarios disciplinarios a funcionarios docentes - del Ministerio de Educación y Cultura", aprobado por la Resolución Nº 19 .644 del 1 de noviembre de 201 O, dictada por el-Ministro del M.E.C. (fs. 258/269). Se dio ,cumplimiento a cada unade las etapas procedimentales establecidas en dicho Reglamento, y se. otorgaron al funcionario sumariado todas las oportunidades procesales previstas en dicha norma a efectos de hacer valer sus derechos .en el sumario. Finalmente, .en el sumario administrativo se dictó la decisión: hoy impugnada dentro de los 60, días hábiles deduración máxima establecida en los arts. 36 y 48 ¡ del Reglamento, en consecuencia, no se observa que haya existido una irregularidad : 'de procedimiento alguna que haga: pasible I de I revocación los actos admi'nistrativos impugnados. 1 1 . Cabe recordar, qlfe el procedimiento sumarial llevado. a cabo. 1por la Administración constituye un tipo de istancia donde se busca investigar la existencia de hechos para que la Administración, en ejecución no cualificada de la ley, -lo que distingue la actividad administrativa de la actividad jurisdiccional-, aplique la ley correspondiente a. la conducta comprobada, disponiendo las 'consecuencias jurídicas establecidas: par.a la la misma'. No puede: afirmarse que el procedimiento sumarial requiera .de un "escrito de demanda" para 'su inicio puesto que el sumario administrativo constituye I un medio de , investigación y comprobación de determinadas conductas que hace la Administración a través de determinados funcionarios. No existe, en consecuencia, es un debate bilateral en igualdad de condiciones donde una personabusca la satisfacción de una pretensión, carácter elemental de la acción, instancia bilateral. por excelencia. En estas condiciones, las alegaciones del accionante sobre la irregularidad de procedimiento basadas en la inexistencia deún "escrito de demanda" se apartan de la naturaleza misma del procedimiento sumario'.
En el procedimiento que precedió al acto impugnado, sin dudas, el auto de instrucción y el de inicio han señalado suficientemente las conductas a ser investigadas, así como se han acompañado los documentos que sirvieron de antecedente, conforme puede apreciarse de la cédula de notificación de fs. 72/73 (según foliatura del margen inferior derecho) de los antecedentes administrativos, así como el Informe Preliminar presentado por el Asesor Jurídico del M.E.C., loque fue reconocido por el accionante en su escrito de demanda (f.
119). Con ello, tal y como ha señalado el Ministro Santander, puede concluirse que, en el sumario correspondiente, el hoy accionante ejerció todos los derechos que consideró pertinentes, y de la lectura de la resolución impugnada se constata que estos fueron atendidos por . el ente .adminisirativo, con _lo que se respetó el debido proceso, no constatándose irregularidad de procedimiento alguna, como lo' sostuvo el Tribunal de Cuentas. , Por último, el accionante también refirió .una irregularidad de pronunciamiento, en cuanto señaló que la jueza administrativa había resuelto el "rechazo de la excepción de prescripción", cuando debió resolver .la excepción de nulidad por vicios procedimentales.
Estalegación cae por' su propio' peso, habida cuenta que, de la simple lectura del acto administrativo impugnado puede verse con claridad que se desarrollaron cada .uno de los CORTE REMA STICIA . solución,s5/ve subsanado, por lo que no cambia el sentido de lo resuelto, Por lo demás, en ilJ firo , fj):esolutiva de la Resolución D. Nº 09/16 del 11 de nerode 20:16, syl resolvió expresamente el rechazo de la excepción de nulidad del proceso por vicios procedimentales, ' ' JUICIO: "CARLOS !ANTONIO PARO DI AKEMARK C/ RES. FICT A DICTDA POR EL M.E.C. SI DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA" , así como el rechazo de .la excepción de prescripción, por lo que el pronunciamiento se encuentra adecuado a las pretensiones y a las formalidades requeridas por el art' 49 del Reglamento. ' -1 Atendiendo todo lo señalado, concluyo que el acto administrativo impugnado ha sido dictado conforme con las condiciones de regularidad, por lo que su validez es indiscutible, La Resolución D. Nº 09/16 del 11 de enero de 2016 ha sido dictada dentro del uso de facultades legales expresamente establecidas, precedida de un procedimiento regular, a raíz del cual se han constatado las faltas sancionadas y observando los derechos del debido proceso. Por tanto, la decisión del Tribunal de Cuentas que resolvió su revocación, así como de su denegatoria ficta, no se encuentra ajustada a derecho, tal y como lo ha resuelto el Ministro Santander, a cuyo voto adhiero, por lo que se impone el rechazo de la presente demanda.
En cuanto a las costas, también adhiero al juzgamiento del Ministro Santander Dans, atendiendo que la situación jurídica del accionante como funcionario sindical ha podido generar una razón probable para que el accionante considere que tenía derecho de litigar, por lo que corresponde imponer las costas del juicio en el orden causado, conforme lo autorizan los a 193 y 205 del C.P.C. motivaciones señaladas y en igual sentido a lo resuelto ya por el Ministro Santand r Dans, orresponde revocar el Acuerdo y Sentencia Nº 207 del 18 de diciembre de 2020, die ,ado por e Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debiendo en consecuencia rechazarse la presente demanda ntencioso-administrativa, quedando confirmada la Resolución D, Nº 09/16 del 11 de enero 2016 y su resolución denegatoria ficta, ambas del M.E.C., con costas en el orden causado, ambas instancias. ES MI VOTO .
on 1tlese io por t minado el acto firmado SS.EE,, tod Ministro .,;uanes o. Ministra Ante mí: Asunción, ()(o de o j 9 e;.O de 2024. y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentisima.c-v-v=-c-v-r CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL,
RESUELVE:
1-TENER POR DESISTIDO del recurso de nulidad.- 2-HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por los representantes de la ía General de la República. - OCAR el Acuerdo y Sentencia Nº 207 de fecha 18 de diciembre de 2020, dictado or el T unal de Cuentas, Primera Sala y en consecuencia; 4- echazar a demanda planteada por el señor Carlos Antonio Parodi Akemark, confirmando la resolu ión Nº D.Nº 09/16 del 11 de enero de 2016 y su resolución denegatorii ficta, dictada por el Ministerio de Educación y Cultura, conforme a los fundamentoexpuestos en la p sente resolución.- IMONER las costas en orden causado.- 5 NOTA, registrar 1ficar.- Ante mí: Gustavo E. Santander Dans Ministro