EXPEDIENTE: “EULALIA ORUÉ S/ POSESIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES”. EXPTE. N° 1484. AÑO 2019”.- A C U E R D O Y S E N T E N C I AEn la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “EULALIA ORUÉ S/ POSESIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES”, a fin de resolver el Recurso Extraordinario de Casación planteado en contra del Acuerdo y Sentencia Número 26 de fecha 03 de marzo del 2022, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, de la Circunscripción Judicial de Central.- Previo al estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes;- C U E S T I O N E S:¿Es admisible para su estudio el Recurso Extraordinario de Casación interpuesto?- En su caso, ¿resulta procedente?- Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RAMÍREZ CANDIA, LLANES OCAMPOS Y BENÍTEZ RIERA.- En consecuencia, EL MINISTRO MANUEL RAMÍREZ CANDIA SOSTUVO:- 1. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, de la Circunscripción Judicial de Central, dictó el Acuerdo y Sentencia Número 26 de fecha 03 de marzo del 2022, que confirmó la Sentencia Definitiva Número 412 de fecha 30 de junio del 2021, que condenó a Eulalia Orué a cinco años y seis meses de pena privativa de libertad.- 2. La abogada Defensora Pública de la acusada interpone recurso extraordinario de casación contra la referida resolución del Tribunal de Apelaciones.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
3. Considero que corresponde declarar ADMISIBLE el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de la acusada, respecto al primer y segundo agravio en razón a los fundamentos que paso a exponer:- 4. En cuanto a la forma, el recurso de extraordinario casación ha sido presentado por escrito ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, según lo establecido en el art. 480 primera parte- del C.P.P1.- 5. De las constancias de autos, se concluye que el escrito recursivo ha sido planteado en el plazo de diez días y ante la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que se adecua a las exigencias procesales previstas en los arts. 480 y 468 del C.P.P2.- 6. La resolución objeto de la presente casación fue notificada a la acusada Eulalia Orué en fecha 09 de mayo del 2022, y el recurso fue interpuesto en fecha 23 de mayo del mismo año, a los diez días, por lo que la presentación recursiva se encuentra dentro del plazo legal.- 7. Con referencia al derecho a recurrir se tiene que la Defensora Pública Abg. Lucina Corvalán, ejerce la defensa técnica de la acusada Eulalia Orué. Por lo que se halla cumplida la exigencia prevista en el art. 449 del C.P.P3.- 8. Respecto al objeto del recurso de casación se observa que el recurrente utiliza este medio de impugnación contra una sentencia definitiva del Tribunal de Apelaciones. En este contexto, el objeto de casación se adecua a los presupuestos del art. 477 C.P.P4.- 9. En el siguiente presupuesto de admisibilidad de la casación, corresponde analizar si la presentación recursiva planteada cumple con los requisitos de fundamentación del recurso, según lo establecen los arts. 449, 450, 468 párrafo primero y 478 C.P.P.- 1 Art. 480. Trámite y resolución. El recurso extraordinario de casación se interpondrá ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para el trámite y la resolución de este recurso serán aplicables, analógicamente, las disposiciones relativas al recurso de apelación de la sentencia, salvo en lo relativo al plazo para resolver que se extenderá hasta un mes como máximo, en todos los casos. 2 Art. 468. Interposición. El recurso de apelación se interpondrá ante el juez o tribunal que dictó la sentencia, en el término de diez días luego de notificada, y por escrito fundado. 3 Art. 449. Reglas generales. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado. 4 Art. 477. Objeto. Sólo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencias definitivas del tribunal de apelaciones o contra aquellas decisiones de ese tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. 10. El recurrente invocó como principal motivo de agravio el art. 478 C.P.P. numeral 3). En este sentido, el art. 449 primer párrafo C.P.P., establece que las resoluciones judiciales son recurribles siempre que causen agravio al recurrente. También el art. 450 C.P.P. exige que los recursos se interpongan con indicación específica de los puntos de la resolución impugnada, y además, se requiere la expresión concreta y separada de cada motivo del recurso y la solución que se pretende art. 468, párrafo primero C.P.P.- 11. En ese sentido, la recurrente expone como primer agravio que el Tribunal de Apelaciones no ha dado respuesta al agravio planteado en el recurso de apelación especial referente al error en el que incurrió el Tribunal de Sentencia al momento de determinar la pena porque valoró en contra y de forma incorrecta, la forma de realización del hecho, pues determinó que lo hizo de forma clandestina, la defensa manifiesta que lo expresado por el Tribunal de Sentencia no corresponde a lo previsto en el art. 65 inciso 2° numeral 2) del Código Penal y que no puede ser valorado porque forma parte del tipo legal por el cual fue condenada la señora Eulalia Orué, con lo que alega existiría doble valoración. De esta forma, se observa que la recurrente indica la norma penal que considera ha sido vulnerada, y explica la forma en que, a su entender, el Tribunal de Sentencia la aplicó de forma incorrecta, por lo tanto, este cuestionamiento cumple con los requisitos de fundamentación previstos en los arts. 449 y 468 del Código Procesal Penal, en consecuencia, corresponde sea declarado admisible.- 12. Con relación al segundo agravio, la defensa invoca la violación del art. 65 inciso 3° del Código Penal, pues alega que el Tribunal de Apelaciones tampoco dio respuesta fundada al agravio planteado en el recurso de apelación especial respecto a la doble valoración en la que incurrió el Tribunal de Sentencia al considerar en contra de la acusada el ítem referente a la relevancia del daño, señalando que la droga es una sustancia que atenta contra la salud, circunstancia que considera pertenece a la descripción del tipo legal. En este sentido, se denota que la recurrente describe la forma en la que considera que el Tribunal de Sentencia aplicó de forma errónea el precepto legal, esbozando su argumentación al respecto, por consiguiente, este agravio invocado también cumple con los requisitos de fundamentación exigidos por las normas procesales mencionadas con anterioridad, razón por la cual debe ser declarado admisible.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
13. Por último, en cuanto al tercer agravio, la defensa menciona que la pena impuesta por el Tribunal de Sentencia es excesiva, y que en el caso concreto debería aplicarse la pena mínima atendiendo a su edad, y en virtud de lo que disponen las 100 reglas de Brasilia. Sobre este cuestionamiento, la defensa se limita a citar y transcribir la normativa invocada señalando que se le tiene que aplicar la pena mínima, pero en ninguna parte de su exposición recursiva explica cuál fue el error en el que incurrió el Tribuna de Mérito al establecer la pena, se limita a quejarse de la sanción impuesta sin describir el vicio en la fundamentación y el error en la valoración de las circunstancias a ser consideradas para la medición de la pena, en consecuencia, este agravio carece de la fundamentación que exigen las normas procesales citadas precedentemente, por ende, debe ser declarado inadmisible. Es mi voto.- A su turno, la Ministra LLANES OCAMPOS manifestó expresamente cuanto sigue: considero que corresponde declarar la admisibilidad inc. 3, 478, CPP del recurso formulado por la defensa técnica de la condenada Eulalia Orué porque cumple claramente las disposiciones de forma, atendiendo que la resolución recurrida es objetivamente impugnable pone fin al procedimiento5 aparte de haber sido interpuesto por quien se encuentra habilitado para ello, ante la secretaría de la sala penal dentro del plazo legal de diez días y por el medio habilitado, expresado de manera correcta, los motivos que amparan el análisis del pronunciamiento jurisdiccional, en qué consistió el daño inferido (Error en la aplicación de los parámetros de la determinación de la pena. Art. 65 C.P.) así como cuál fue la norma penal transgredida como la solución pretendida.- De esta manera, el examen de viabilidad de los motivos aducidos por las partes no resulta un arbitrio basado en el libre albedrío de la sala penal, sin sujeción a las pautas procesales que animan el caso, sino que se encuentra condicionado a los requisitos impuestos por el código de formas, en atención al carácter extraordinario y eminentemente técnico de la casación cuya función nomofiláctica se orienta a reencauzar el debido proceso cuando éste se ha desviado de su curso legal, anulando de oficio o a pedido de parte, las actuaciones defectuosas de los tribunales inferiores que dieron como resultado un fallo viciado en la forma o fondo; en virtud a lo cual se combate la arbitrariedad, reivindicando la correcta aplicación de la ley y la preservación de la justicia.- 5 El Art. 477, CPP. “Objeto. Sólo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las Sentencias Definitivas del Tribunal de Apelaciones o contra aquellas decisiones de ese tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”. En este sentido, el cuantificador lógico solo denota la imposibilidad de interposición del recurso de casación contra las resoluciones que no pongan fin al procedimiento, teniendo en cuenta, el principio de taxatividad objetiva que selecciona algunas decisiones jurisdiccionales, dejando fuera del elenco legal a las demás.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. A su turno, el Ministro BENÍTEZ RIERA manifestó expresamente cuanto sigue: Me adhiero al voto de la Ministra MARIA CAROLINA LLANES por los mismos fundamentos. ES MI VOTO.- 14. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, MANIFIESTA CUANTO SIGUE: Considero que corresponde HACER LUGAR al recurso extraordinario de casación interpuesto por la Defensora Pública Abg. Lucina Corvalán, por la defensa de la acusada Eulalia Orué, por los fundamentos que seguidamente paso a exponer:- 15. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, de la Circunscripción Judicial de Central, expresamente manifestó cuanto sigue: “Luego de la lectura íntegra de la sentencia recurrida como el Acta de Juicio Oral, se observa que los jueces realizaron un análisis de las pruebas ingresadas a la Audiencia Oral y Pública de conformidad a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, así mismo se procedió a la valoración conjunta y armónica de las declaraciones testimoniales, las pruebas documentales y las evidencias que ingresaron al juicio. los miembros del Tribunal de Sentencia han seguido el camino de la lógica y la experiencia común que guía el razonamiento de los magistrados que entendieron la causa quienes han aplicado en forma adecuada los principios establecidos en el art. 175 del C.P.P. Los jueces de Sentencia han logrado a través de las pruebas ingresadas a la audiencia construir los hechos que originaran a la presente causa. Con las pruebas obtenidas los magistrados han logrado su convicción acerca de la identidad del autor realizan una adecuada calificación de los hechos establecida en el art. 27 de la Ley 1340/88 y su modificatoria Ley 1881/02 en concordancia con el 29 inc. 1° todos del C.P. Al respecto asumo que el Tribunal de Sentencia realizó una correcta adecuación de la conducta pues recordemos que la condenada Eulalia Orué ha realizado todos los Actos descriptos en el hecho punible conforme el relato de los hechos de la sentencia y el Acta de juicio”.- 16. De lo expuesto por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, se observa que no ha dado respuesta concreta a los agravios que fueron expresados en el recurso de apelación especial que fueron detallados en los párrafos que preceden, se limitó a contestarlo de manera muy general y escueta, utilizando frases de rutina como que el Tribunal de Sentencia procedió a la valoración conjunta y armónica de las testimoniales, pruebas documentales y evidencias, indicando que siguieron el camino de la lógica y de la experiencia, pero en ninguna momento realizó un análisis a los efectos de determinar si la medición de la pena se realizó conforme a lo previsto en el art. 65 del Código Penal, y si se produjo la doble valoración denunciada por el recurrente.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
17. Si el Tribunal de Apelaciones, que se erige como contralor de la legalidad de la sentencia, no fundamenta la misma utilizando el silogismo para verificar si el Tribunal de Sentencia aplicó de manera correcta el derecho formal y material al caso concreto, denunciado por el recurrente en su recurso, habrá un vicio de la sentencia cuya consecuencia jurídica, acarrea la nulidad de la misma por adolecer de esos defectos en la fundamentación que son insalvables.- 18. Esta falta de contestación en que incurrió el Tribunal de Apelaciones, constituye un vicio insanable de la sentencia, que se halla expresamente previsto en el art. 403 numeral 4) del C.P.P., por carecer de manera absoluta de argumentación respecto al objeto del recurso, que precisamente es el agravio invocado, el cual fue correctamente planteado y no fue atendido en ningún punto de la sentencia.- 19. Los agravios constituyen el objeto y límite del estudio de los recursos, es decir, es sobre la queja concreta y puntual señalada por el recurrente que el órgano jurisdiccional debe expedirse dando una respuesta al reclamo, la omisión de esta, constituye una falta de fundamentación manifiesta, vulnerando lo preceptuado en el art. 256 de la Constitución y el art. 125 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, al hallarse expresamente prevista esta circunstancia como vicio de la sentencia que habilita la apelación y la casación, corresponde la nulidad la decisión dictada por el Tribunal de Apelaciones.- 20. Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en el art. 474 del Código Procesal Penal, por decisión directa, corresponde pasar a analizar la sentencia de mérito.- 21. Para la correcta medición de la pena a ser impuesta y que deberán ser sopesadas, siguiendo con el estudio, me remito a lo que dispone el inc. 3° del art. 65 del Código Penal, el mismo establece de manera clara que en la medición de la pena no podrán ser sopesadas las circunstancias que pertenecen al tipo legal.- 22. Al respecto, “todas aquellas reflexiones que ya han sido tomadas en cuenta por el legislador al establecer el tipo penal, o dicho de otro modo, todas aquellas circunstancias que fundamentan el ilícito, no pueden ser consideradas nuevamente al momento de fijar la pena para un hecho concreto. Esto es lo que en doctrina se conoce como prohibición de doble valoración”6.- 6 ZIFFER S. Patricia. Lineamientos de la determinación de la pena. AD.HOC segunda reimpresión. Buenos Aires 2013. Pág. 107.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. 23. La calificación de la conducta de la acusada Eulalia Orué, fue incursada por el Tribunal de Sentencia dentro de lo previsto en el art. 27 de la Ley N° 1340/88, en concordancia con el art. 29 inc. 1° del Código Penal.- 24. Con relación al primer agravio, que refiere la doble valoración del elemento clandestinidad que pertenece al tipo legal, específicamente el ítem que refiere “la forma de la realización del hecho y los medios empleados”, el Tribunal de Sentencia expuso cuanto sigue: “Debemos recordar que el accionar lo realizaba en forma clandestina, circunstancia que va en contra de la acusada”.- 25. En el caso concreto, el Tribunal de Mérito valoró en contra de la acusada que realizó el hecho de forma clandestina, es decir, de manera ilegal, sin que la conducta esté permitida por la norma, precisamente, es esto lo que castiga el tipo legal previsto en el art. 27 de la Ley N° 1340/88, que sanciona al que tiene en su poder sustancias estupefacientes sin autorización, por lo tanto, claramente incurrió en doble valoración, vulnerando así la prohibición expresa del art. 65 inciso 3° del Código Penal7.- 26. En cuanto al agravio dos, referente a la doble valoración en el ítem “la relevancia del daño, del peligro ocasionado y las consecuencias reprochables del hecho”, el Tribunal de Sentencia expresamente manifestó cuanto sigue: “Es incuestionable, pues, se trata de sustancias prohibidas por la ley para precautelar la salud de la población, sobre todo para la propia acusada, por los daños que ocasionan el consumo de tales sustancias, por lo que se alza contra la de la acusada”.- 27. Sobre este punto, se observa que el Tribunal nuevamente incurrió en doble valoración al considerar una circunstancia que pertenece al tipo legal previsto en el art. 27 de la Ley N° 1340/88, pues valoró en contra los daños que ocasiona el consumo de drogas y el perjuicio que esto genera a la salud pública, siendo que precisamente, el bien jurídico protegido por la norma penal es la salud pública, la cual no puede ser objeto de valoración en la medición de la pena porque su afectación forma parte de la descripción del tipo legal, con lo que se vulnera nuevamente el art. 65 inciso 3° del Código Penal.- 28. Cabe resaltar, que solo el Tribunal de Sentencia tiene la facultad de analizar las 1. circunstancias fácticas y pruebas que hacen a los indicadores dispuesto en el art. 65 del Código Penal, en atención a que es el único órgano jurisdiccional que posee la inmediación o la concentración en el marco del juicio oral y público, y es por ello que, en este caso corresponde el reenvío a 7 Art. 65. Bases de la medición. 3° En la medición de la pena, no podrán ser consideradas circunstancias que pertenecen al tipo legal.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. otro Tribunal de Sentencia para la realización de un nuevo juicio oral y público respecto a la pena a ser impuesta a la acusada.- 29. Además, debe señalarse que la inmediación y la oralidad son principios íntimamente ligados dentro del proceso penal, al punto que la oralidad es el mecanismo mediante el cual puede hacerse efectiva en toda su dimensión la exigencia de inmediación entre el juez y los medios pruebas. Lo que la inmediación persigue es que la información aportada por las pruebas al juzgador se haga sin intermediarios, según lo dispone al art. 379 del Código Procesal Penal8.-30. Conforme a todos los argumentos vertidos, se advierte que el Tribunal de Sentencia no efectuó la fundamentación correcta para establecer el quantum de la pena impuesta al procesado al inobservar las reglas previstas en el art. 65 del Código Penal, debido a que, en este caso no hubo determinación de las circunstancias fácticas por parte del Tribunal de sentencia para establecer y subsumir la conducta del procesado dentro de los parámetros del art. 65 del Código Penal, situación que no puede ser subsanada en esta instancia judicial, porque justamente es el Tribunal de Sentencia quien posee la inmediación y la concentración en el juicio oral y público para establecer los hechos y analizar las pruebas vinculadas a la conducta del procesado (testimonial, informes, etc.) para la posterior determinación de la pena, conforme lo dispuesto en el art. 379 del Código Procesal Penal. En consecuencia, corresponde que la sentencia definitiva deba ser anulada parcialmente, debiendo ordenarse el reenvío de la presente causa penal, a otro Tribunal de Sentencia para que realice un nuevo juicio oral y público con relación a la medición de la pena respecto a la señora Eulalia Orué.- 31. En virtud de las argumentaciones expuestas precedentemente, corresponde ANULAR la Sentencia Definitiva Número 412 de fecha 30 de junio del 2021, dictada por el Tribunal de Sentencia, en consecuencia, disponer el REENVÍO de la causa para la realización de un nuevo juicio oral y público al solo efecto de la medición de la pena, de conformidad a lo previsto en el art. 473 del Código Procesal Penal9. Es mi voto.- 8 Art. 379. Juicio sobre la pena. El juicio sobre la pena comenzará con la recepción de la prueba que se haya ofrecido para individualizarla, prosiguiendo, de allí en adelante, según las normas comunes. Al finalizar el debate, el tribunal de dictará la resolución sobre la pena y conformará la sentencia completa según las reglas previstas para dicha resolución. El plazo para recurrir la sentencia comenzará a partir de este último momento. 9 Art. 473. Reenvío. Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, el tribunal de apelaciones anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juico por otro juez o tribunal.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. A su turno, la Ministra LLANES OCAMPOS manifestó expresamente cuanto sigue: Considero que el Acuerdo y Sentencia Nº 26 de fecha 3 de marzo de 2022 dictado por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Central debe ser anulado y la Sentencia Definitiva Nº 412 del 30 de junio del 2021 rectificada teniendo en cuenta que el A quo sopesó erróneamente los numerales 2º, 5º y 6º del Art. 65 del C.P. de conformidad al Art. 474 CPP decisión directa del C.P.P.- Primeramente, corresponde determinar si el fallo del Tribunal de Apelaciones es manifiestamente infundado -distinguiendo si contiene una fundamentación ausente, defectuosa, aparente o insuficiente- pese al deber ineludible de formular una exposición lógicamente razonada de los argumentos en que apoya su conclusión.- El Art. 403 inc. 4 del C.P.P. prescribe cuales serán considerados vicios de la sentencia, norma procesal que resguarda que las partes puedan conocer las razones de lo resuelto a fin de formular las impugnaciones en su caso y permitir el control social de la labor judicial. La fundamentación de una resolución judicial -sentencia o auto interlocutorio- implica señalar los motivos jurídicos que reflejan el nexo entre las cuestiones de hecho y de derecho. Basta que el juzgador omita la oportuna y adecuada ponderación de los argumentos expuestos capaces de gravitar en la decisión final, para considerarlo como un fallo carente de fundamentación, o con fundamentación insuficiente o aparente.- En este punto, adelantó que el fallo cuestionado debe ser anulado porque el Tribunal de Apelaciones no ha dado respuesta efectiva al agravio relacionado con la determinación de la pena, más bien ha expuesto conclusiones genéricas e inconducentes. Ahora bien, ante la necesidad de preservar el principio de economía procesal y la garantía del plazo razonable, corresponde que la Sala Penal ejercite la facultad de decisión directa, contemplada en el Art. 474 del CPP y en este contexto se pasará a estudiar la apelación especial planteada.- En relación a este tema, es importante destacar que esta Judicatura ha mantenido constantemente la posición de que los tribunales de segunda instancia tienen la competencia para revisar la pena impuesta por el órgano de primera instancia, basándose en los hechos establecidos y comprobados por dicho tribunal. Esto se debe a que la determinación de la pena no se relaciona con cuestiones de hecho, sino que forma parte de la aplicación del derecho. Esta interpretación surge de una lectura sistemática del Art. 474 (decisión directa) junto con el Art. 475 del CPP (rectificación), que otorga a la Cámara la facultad de dictar una nueva sentencia de primera instancia en la que se corrijan errores de derecho, errores u omisiones formales, así como Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
aquellos relacionados con la designación o cálculo de las penas. Incluso, esta última disposición permite agregar una fundamentación complementaria sin modificar el dispositivo de la sentencia.- La recurrente ha manifestado en su escrito de fundamentación, cuanto sigue: “…el Tribunal de Apelación no se ha referido a los agravios expuestos por esta defensa en lo referente a la circunstancia tenida en cuenta en contra de mi defendida EULALIA ORUE, prevista en el Art. 65 del Código Penal, expresó en el inc. 2º, numeral 2 referente a: “La forma de realización del hecho y los medios empleados: Debemos recordar que su accionar lo realizaba en forma clandestina, circunstancia que va en contra de la acusada…” este argumento no reviste de importancia, pues no responde al alcance del presente ítem, más bien se hizo un razonamiento aparente y con respecto al ítem 5 señaló el Tribunal que: “…La relevancia del daño del peligro ocasionado y las consecuencias reprochables del hecho”: Es incuestionable, pues, se trata de sustancias prohibidas por la ley para precautelar la salud de la población, sobre todo para la propia acusada, por los daños que ocasionan el consumo de tales sustancias …Estos argumentos no pueden ser utilizados, pues forman parte del hecho punible…”. Se observa que la casacionista menciona que el Tribunal al valorar el ítem 2 (forma de realización del hecho y medios empleados) del Art. 65 incurre en duplicidad sancionatoria, además que realiza una valoración errada en los numerales 5º y 6º (relevancia del daño y del peligro ocasionado; consecuencias reprochables del hecho).- Esta posición también encuentra apoyo en la doctrina, así por ejemplo, sobre las facultades del tribunal de casación de estudiar las cuestiones de la declaración de culpabilidad y de la pena, Roxin explica que: “...es procedente en determinados casos una rectificación de la declaración de culpabilidad por medio del tribunal de casación en el caso de la revocación de la condena por un tribunal inferior sin eliminar las comprobaciones fácticas. Si, por ejemplo “A” es condenado por hurto, el tribunal de casación ve en el hecho determinado por el tribunal inferior, sin embargo, una estafa, entonces, el tribunal de casación puede modificar la declaración de culpabilidad, y condenar a “a” por estafa En el caso de un error de subsunción, un reenvío… solo traería una sobreabundante pérdida de tiempo(…) Una reducción de declaración de culpabilidad o un agravamiento es entonces admisible, cuando el tribunal inferior ha llegado a una condena…”10.- 10 Claus Roxin, Derecho Penal, Parte General, tomo I, Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, CIVITAS, p. 816.- [3]LEY 1340/88 QUE MODIFICA Y ACTUALIZA LA LEY No. 357/72. QUE REPRIME EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y DROGAS PELIGROSAS Y OTROS DELITOS AFINES Y ESTABLECE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE FARMACODEPENDIENTES Art. 27. El que tuviere en su poder, sin autorización, sustancias estupefacientes, drogas peligrosas o productos que las contengan, será castigado con cinco a quince años de penitenciaría, comiso de la mercadería y multa del cuádruplo de su valor.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. De lo transcripto de la sentencia recurrida, se tiene que el tribunal, al momento de sopesar los numerales del Art. 65 individualizando la participación la procesada expresó: 1. los móviles y los fines del autor; Esta cuestión no fue debatida en todo el transcurso del juicio, por tanto es favorable a la autora 2. la forma de la realización del hecho y los medios empleados; Debemos recordar que su accionar lo realizaba en forma clandestina, circunstancia que va en contra de la acusada, 5. La relevancia del daño y del peligro ocasionado; …6. las consecuencias reprochables del hecho; Es incuestionable, pues, se trata de sustancias prohibidas por la ley para precautelar la salud de la población, sobre todo para la propia acusada, por los daños que ocasionan al consumo de tales sustancias, por lo que se alza contra la acusada 7. las condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor; Por las referencias de la propia acusada, es una persona humilde de escaza formación… a favor de la misma 8. la vida anterior del autor; favorable al no existir constancias de antecedentes penales 9. La conducta posterior al hecho y en especial, los esfuerzos para reparar los daños y reconciliarse con los familiares de la víctima: Es una circunstancia favorable a la autora, pues, no se tiene noticias que la misma haya infringido el cumplimiento de la medida cautelar que le fuera impuesta. Por otro lado, según las constancias de las documentales y testificales no opuso ningún tipo de resistencia en ocasión del procedimiento y su aprehensión… 10. la actitud del autor frente a las exigencias del derecho y, en especial, la reacción respecto a condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que impliquen la admisión de los hechos, neutro, no tiene condenas anteriores… Este tribunal concluye que la sanción que debe ser aplicada a la misma, es de la pena privativa de libertad de cinco años y seis meses.- Ahora bien, en el análisis de los presupuestos de punibilidad, se observa que el Tribunal de Sentencia califica correctamente la conducta de la procesada dentro de las previsiones establecidas en el Art. 27 de la Ley 1340/88[3] en concordancia con el Art. 29, inc. 1º del C.P. La conducta acreditada respecto a la inculpada consistió en que….Eulalia Orué se encontraba en el lugar del procedimiento donde se incautó la sustancia estupefaciente (cocaína)…y que la misma voluntariamente hizo entrega de la droga incautada posteriormente”.- Tras la verificación de la calificación jurídica atribuida a la conducta de la procesada Eulalia Orué tenencia de drogas que prevé una pena privativa de libertad de 5 hasta 15 años corresponde realizar el estudio del marco punitivo aplicable. En tal sentido, para una adecuada determinación de la pena, debe recurrirse en primer lugar a los fines políticos-criminales delineados e impuestos como fines de la pena y a los principios y garantías consagradas en nuestra Constitución paraguaya.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Conforme a la primera parte del Art. 65, inc. 1° del CP, se debe tener en cuenta que al determinar la pena, no se debe exceder el grado de reproche aplicable al autor. Aquí corresponde hacer un paréntesis a fin de aclarar que el inciso 2°, prevé circunstancias particulares que guardan relación directa con el hecho y el grado de reproche y éstas son las enumeradas del 1 al 6, las valoraciones de estas circunstancias elevan o mantienen el quantum de la pena.- Además, deben ser considerados los efectos de la pena en la vida futura del autor lo cual implica valorar circunstancias que se relacionan con el principio de prevención especial, éstas circunstancias particulares son las previstas en los numerales 7 al 10, del inciso 2º, se tratan de aspectos subjetivos relacionados con la persona del autor. Por lo tanto, se debe aclarar que aquellas circunstancias que hayan sido valoradas a favor permitirán atenuar la pena, mientras que las halladas en contra sólo pueden ser utilizadas para mantener el monto de la pena, nunca para agravar o elevar el quantum, pues conllevan una prognosis negativa de reinserción.- Seguidamente corresponde decir que, conforme al Art. 65, inc. 2° del CP, la dirección de valoración de los distintos factores a tomar en cuenta al graduar la pena es neutra. Esto significa que las circunstancias generales y las particulares en especial, han sido enumeradas sin que el legislador haya indicado de antemano, si cada una de ellas juegan a favor o en contra del autor, es decir, sin especificar en cada caso, si se tratan de agravantes o atenuantes que hacen oscilar la pena hacia el máximo o hacia el mínimo del marco penal aplicable al caso. Esta decisión, por lo tanto, dependerá en primer término de la información que haya sido corroborada en juicio, debiendo excluirse de la valoración (sea a favor o sea en contra) aquella circunstancia que no haya sido acreditada.- Precisamente, porque la dirección de valoración es neutra, resulta imprescindible que el juzgador haga mención expresa si realiza la valoración a favor o en contra y luego, justifique por qué. No está demás aclarar que serán válidos aquellos argumentos que se encuentren apoyados en valoraciones normativas, antes que en aspectos morales.- A lo anterior, se debe precisar que -de acuerdo al Art. 65, inc. 3º, del CP- la prohibición de doble valoración significa en su forma más simple que los elementos del tipo legal, al igual que los criterios que se refieren a cada clase de delito, no pueden valorarse como agravatorios o atenuadores en la individualización de la pena, puesto que ya fueron tomados en cuenta por el legislador para trazar el marco punitivo.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
En el presente caso, independientemente de lo reclamado por la apelante, se advierte que el órgano juzgador al analizar las circunstancias particulares previstas en el Art. 65 del C.P., se apartó de lo dispuesto en el Art. 65 inciso 3° del CP, parcialmente en el numeral 2º y asimismo, se observa el mismo vicio en los numerales 5º y 6º por lo tanto, corresponde rectificar los fundamentos de la decisión del tribunal de mérito a los efectos de determinar una pena adecuada a los principios de reprochabilidad, proporcionalidad y prevención especial.- De la atenta lectura del fallo de primera instancia pasamos a verificar los numerales previstos en el Art. 65, inc. 2 del CP: 1- Los móviles y fines del autor: no hay un medio de prueba que nos lleve a asegurar que la procesada el hecho movido por el dinero u otro fin, por lo tanto no se puede establecer el móvil y los fines. 2- La forma de la realización del hecho y los medios empleados: en este aspecto se debe considerar el grado de violencia empleada por las autoras para la obtención del resultado, lo cual no fue probado en la sentencia. 3- La intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho: en este punto se debe considerar la cantidad de obstáculos que tuvo que pasar el autor para la perpetración del ilícito cuando mayor sean los obstáculos mayor será su energía criminal y por ende la intensidad, podemos entender como el grado de voluntad, despliegue físico o intelectual, por ello, cuanto más haya perseguido su meta, mayor será su culpabilidad. En el presente caso no se demostró en el juicio. 4-La importancia de los deberes infringidos: esto es aplicable exclusivamente a hechos punibles de omisión o a hechos punibles de acción pero con elemento objetivo de autoría o tratándose de autores que no lleguen a ser garantes tengan respecto al bien jurídico protegido algún deber especial. No se puede valorar en el caso de marras. 5- La relevancia del daño y del peligro ocasionado: para establecer esta circunstancia se debe tener en cuenta la teoría de la “extensión del daño”, las consecuencias mediatas del hecho y la medida en que éstas también debieron haber resultado previsibles para el autor. (Ej. con la muerte de la víctima se deja a una familia sin el sustento que ésta otorgaba a la misma) por lo que no puede ser valorado. 6-Las consecuencias reprochables del hecho: esto se superpone con lo establecido respecto al apartado 5., por lo que no puede ser valorado. 7- Las condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor: en este punto se debe considerar la situación familiar, profesión, origen social e ingresos entre otros para determinar la capacidad del autor/a para reconocer la antijuricidad del hecho y comportarse conforme a ese conocimiento, en el caso de marras se valora a favor teniendo en cuenta lo probado en el juicio. 8- La vida anterior del autor: de lo probado por el tribunal existe desconocimiento en relación a este numeral, no puede ser valorado. 9- La conducta posterior a la realización y en especial, los esfuerzos para reparar los daños y reconciliarse con la víctima: No se ha constatado que haya obstruido el proceso en la presente causa, ni que haya intentado Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
fugarse, por lo que este punto debe ser tenido a su favor. 10- La actitud del autor frente a la exigencia del derecho y, en especial, la reacción respecto a condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que impliquen la admisión de los hechos: este punto no puede ser valorado en vista de que se desconoce si poseen antecedentes.- Resumiendo, en este caso, primeramente encontramos que se deben excluir de la valoración los numerales 2º, 5º y 6º por las razones ya apuntadas. En estas condiciones, en virtud a las rectificaciones realizadas el monto de la pena se determina en 5 años. Por lo tanto, previa rectificación de sus fundamentos, corresponde CONFIRMAR la Sentencia Definitiva Nº 412 del 30 de junio del 2021.- Finalmente, corresponde imponer las costas en el orden causado al no hallarse los requisitos exigidos para imponerlas a una de las partes, pues de conformidad al criterio de equidad, el cual implica no imponer las costas a quien sin temeridad ni mala fe ha instaurado la acción penal, situación que se ha dado en la presente causa, conforme a las constancias de autos; todo ello de conformidad a lo dispuesto en el Art. 261 del Código Procesal Penal y en observancia a lo prescrito en el Art. 269 del mismo cuerpo legal. Es mi voto.- A su turno, el Ministro BENÍTEZ RIERA manifestó expresamente cuanto sigue: Me adhiero a lo señalado por la Dra. MARÍA CAROLINA LLANES, en cuanto al sentido en que será resuelto el presente recurso, por los siguientes fundamentos: La Defensora Pública, Abogada LUCINA CORVALÁN, en representación de EULALIA ORUÉ, presenta recurso extraordinario de casación contra el Acuerdo y Sentencia N° 26 de fecha 03 de marzo de 2022, ahora bien, respecto a la reseña de los agravios me remito a lo ya señalado por la colega preopinante para evitar repeticiones innecesarias. Así, tenemos que según los agravios admitidos la recurrente señala que el Tribunal de Apelación no ha estudiado los agravios expuestos en el recurso de apelación especial interpuesto por la Defensa contra la S.D. N° 412 del 30 de junio de 2021; que su defendida fue condenada con la pena mínima prevista en el artículo 27 de la Ley 1340/88, de CINCO AÑOS Y SEIS MESES (5 años y 6 meses), cuando que el citado artículo prevé una pena mínima de CINCO (5) AÑOS, cual es solicitado por la Defensa en consideración a la edad de la acusada, cual es de 66 años de edad; el Tribunal de Apelación no se ha referido a los agravios expuestos por esta defensa en lo referente a la circunstancia tenida en cuenta contra su defendida EULALIA ORUÉ, prevista en el Art. 65 del Código Penal; en tal sentido los agravios hacen referencia a: “La forma de realización del hecho y los medios empleados: Debemos recordar que su accionar lo realizaba en forma clandestina, circunstancia que va en contra de la acusada”, según la Defensa, este argumento no reviste de importancia, pues no responde al alcance del presente ítem, más bien…///… Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Para conocer la validez del documento, verifique aquí. Ahora bien, respecto al análisis del artículo 65 del Código Penal referente a la medición de la pena corresponde hacer una salvedad respecto a mi criterio, ya que el inciso 2° establece Al determinar la pena, el tribunal sopesará todas las circunstancias generales en favor y en contra del autor y particularmente…” es decir, la norma es clara en señalar que los parámetros establecidos en la norma para la medición de la pena no son taxativos, es decir, dependiendo del caso pueden estudiarse otros parámetros, además, a mi criterio la norma no realiza distinción entre ninguno de los numerales del inciso 2°, si bien es cierto que los numerales 1 al 6 se refieren al hecho, y los numerales 7 al 10 se refieren al autor en sí, a mi criterio, los numerales 7 al 10 pueden ser considerados a favor o en contra del acusado.- Hecha esta salvedad, corresponde realizar un nuevo análisis de la medición de la pena en este caso, atendiendo a la exclusión del concurso, así tenemos que dada la calificación otorgada por el Tribunal de mérito en las disposiciones del art. 27 de la Ley N° 1340/88, en concordancia con el artículo 29 inc. 1° del Código Penal tenemos que el marco penal en la presente causa es de cinco a quince años de penitenciaría, comiso de mercadería y multa del cuádruplo de su valor.- Entrando ya al análisis de la pena en sí, respecto a “1. los móviles y fines del autor” me adhiero al voto de la Ministra María Carolina Llanes, y considero que esta circunstancia debe ser excluida de valoración.- En segundo lugar, respecto a “2. La forma de realización del hecho y los medios empleados”, coincido con el voto de la colega, la Ministra María Carolina Llanes, por lo que esta circunstancia debe ser excluida de valoración.- En lo que respecta al punto 3 “intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho”, coincido con el voto de la colega, la Ministra María Carolina Llanes, por lo que esta circunstancia debe ser excluida de valoración.- En cuanto al punto 4 “la importancia de los deberes infringidos”, coincido con la Dra. Llanes, por los mismos fundamentos, por lo que esta circunstancia debe ser excluida de valoración.- Ahora bien, en cuanto al punto 5 “La relevancia del daño y del peligro ocasionado”, coincido con la Dra. Llanes, por los mismos fundamentos, por lo que esta circunstancia debe ser excluida de valoración.- Respecto al punto 6 “Las consecuencias reprochables del hecho”, coincido con la Dra. Llanes, por los mismos fundamentos, por lo que esta circunstancia debe ser excluida de valoración.- Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
En lo que hace al punto 7 “Las condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor”, coincido con la Dra. Llanes, por los mismos fundamentos, por lo que esta circunstancia debe ser valorada a favor de la acusada.- Acerca del numeral 8 “la vida anterior del autor”, coincido con la Dra. Llanes, por los mismos fundamentos, por lo que esta circunstancia debe ser excluida de valoración.- Referente al punto 9 “La conducta posterior a la realización del hecho y en especial los esfuerzos para reparar el daño y reconciliarse con la víctima”, coincido con la Dra. Llanes, por los mismos fundamentos, por lo que esta circunstancia debe ser valorada a favor de la acusada.- Por último, respecto al numeral 10 “La actitud del autor frente a las exigencias del derecho y, en especial, la reacción respecto a condenas anteriores o salidas alternativas al proceso que implique la admisión de los hechos”, coincido con la Dra. Llanes, por los mismos fundamentos, por lo que esta circunstancia debe ser excluida de valoración.- En resumen, tenemos que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 del inciso 2° del art. 65 deben ser excluidos de su valoración, mientras que los puntos 7 y 9 deben considerarse a favor de la autora, por todo lo cual, a mi criterio corresponde imponer a la procesada la pena privativa de libertad de cinco (5) años.- Por todos estos fundamentos, coincido en la solución arribada por la colega, la Ministra María Carolina Llanes, en el sentido de que, previa a rectificación de sus fundamentos, corresponde confirmar la S.D. N° 412 del 30 de junio de 2021, dictada por el Tribunal de Sentencia. En cuanto a las costas, deben ser impuestas en el orden causado, por los mismos argumentos debidamente explicados por la Ministra María Carolina Llanes. ES MI VOTO.-Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí que lo certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:- Ante mí: Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
A C U E R D O Y S E N T E N C I AVISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la Excelentísima;- C O R T E S U P R E M A D E J U S T I C I AS A L A P E N A LR E S U E L V E:1.- DECLARAR ADMISIBLE el recurso extraordinario de casación, interpuesto por la Defensora Pública Abg. Lucina Corvalán, por la defensa de la acusada Eulalia Orué, contra el Acuerdo y Sentencia Número 26 de fecha 03 de marzo del 2022, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, de la Circunscripción Judicial de Central, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.- 2.- HACER LUGAR el recurso extraordinario de casación interpuesto por la Defensora Pública Abg. Lucina Corvalán, por la defensa de la acusada Eulalia Orué, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.- 3.- ANULAR el Acuerdo y Sentencia Número 26 de fecha 03 de marzo del 2022, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, de la Circunscripción Judicial de Central, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.- 4.- RECTIFICAR la Sentencia Definitiva Número 412 de fecha 30 de junio del 2021, dictada por el Tribunal de Sentencia, en consecuencia, imponer la pena privativa de libertad de 5 años a la señora Eulalia Orue, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.- 5.- IMPONER las costas en el orden causado.- 6.- ANOTAR, registrar y notificar.- Ante mí: Para conocer la validez del documento, verifique aquí.