ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR PETRÓLEOS DEL SUR S.A C/ ART. 10º DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 7/2011 DICTADA POR LA INTENDENCIA MUNICIPALIDAD". Nº 709. -ts'c,'r>-JE,- Y SENTENCIA NÚMERO: Ml c.,.el')f<O cvQrQV) a I Cvci ro. 'l, ºrfla , ad de Ast¿nció. Capital de la República del Paraquay, a los ve¡"" ¡-5 ' 0-<a-tro , estando en a Sala cóerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excrnos. Señores Ministros de la , ystitucional, Doctores GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RIOS OJEDA y C s- -R DIESEL JUNGHANNS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR PETRÓLEOS DEL SUR S.A C/ ART. 10º DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 7/2011 DICTADA POR LA INTENDENCIA MUNICIPALIDAD", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado Emmanuel Trulls Sirvent, bajo patrocinio de Abogado Alberto Poletti Adorno, en nombre y representación de PETRÓLEOS DEL SUR Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: RÍOS OJEDA, DIESEL JUNGHANNS y SANTANDER DANS, A la cuestión planteada, el Doctor VÍCTOR RÍOS OJEDA, dijo:
1.- La persona jurídica denominada: "Petróleos del Sur" Sociedad Anónima (PETROSUR S,A); se presenta, por medio de apoderado, a los efectos de promover la presente acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Municipal Nro. 07/11, dictada por la Intendencia Municipal de la Ciudad de Asunción, El punto cuestionado, específicamente, es el Art. 1 O inciso a) de la citada Ordenanza, que en lo pertinente establece una regulación referente a la distancia mínima respecto de la ubicación de las nuevas Estaciones de Servicios y esente caso se plantea el estudio sobre la constitucionalidad material de un acto norma ivo e anado de autoridad pública. Conforme se observa, dicho acto tiende a limitar el ejercí io de u a actividad estrictamente comercial, cuál es, la explotación del expendio de c m ustibles afines. Es que cuando la norma dispone que las nuevas Estaciones de Se w cio y/o salineras no podrán ubicarse dentro de un radio determinado respecto de está i poniendo una prohibición normativa que afecta -necesariamente- a la clase o ciorlante opera dentro de la actividad mercantil que se encu tra r stringida r la rmativa atacada, entonces, no caben dudas de que los mirmos s hallan pre didos bajo la clase o categoría de personas afectadas por la norm tiva imp gnada.
demuestra la existencia de ico dado que la C.esar M. Diesel Jng :Pnns Ministro CSJ. rv ;niro .Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro afectación en su derecho repercute, como se verá, en una imposibilidad para el ejercicio 4.- Para dar crédito de lo manifestado -de que el accionante se dedica a la actividad restringida- basta observar la copia autenticada de la Constitución de la Sociedad Anónima que en su artículo cuarto expresa el objeto de la misma. Además las copias autenticadas de las siguientes documentales: i) Resolución Nº 268 del 06 de agosto de 1998, por medio de la cual, el Ministerio de Industria y Comercio resolvió autorizar a la firma demandante, Petróleos del Sur Sociedad Anónima (PETROSUR S.A.), a operar como Empresa Distribuidora de Productos Derivados del Petróleo y Alcohol Carburante, con el emblema de PETROSUR S.A. y logotipos o emblemas registrados en este Ministerio. ii) Resolución Nº 381 del 1 O de setiembre de 1999, por medio de la cual, el Ministerio de Industria y Comercio resolvió autorizar a la firma demandante, Petróleos del Sur Sociedad Anónima (PETROSUR S.A.), a distribuir y comercializar combustibles en las Estaciones de Servicios habilitadas por el Ministerio de Industria y Comercio para operar con su Emblema, de conformidad a las normas legales que rigen la comercialización de productos derivados del petróleo y alcohol carburante. iii) Resolución Nº 680 del 08 de noviembre de 2001, por medio de la cual, el Ministerio de Industria y Comercio resolvió conceder a la firma demandante, Petróleos del Sur Sociedad Anónima, la habilitación definitiva para operar como Empresa Distribuidora de Productos Derivados del petróleo y Alcohol Carburante, con el emblema y/o logotipo registrados en este Ministerio. Así, todas estas documentales demuestran que la firma demandante se dedica a la distribución de productos derivados del petróleo y alcohol carburante, con las cuales queda demostrada la legitimación activa para promover esta 5.- Respecto de la exigencia de la demostración del inicio de la construcción de las estaciones de servicio para la acreditación de la legitimación, traída a colación por las Fiscalía General de la República, es menester referir cuanto sigue: Estimo que este es un requisito de cumplimiento material inasequible para el interesado salvo que, el accionante incurra en un acto antijurídico anterior que lo habilite a venir en acción. Es que no podemos perder de vista que el inicio de la construcción -que se pretende requerir como presupuesto de admisión de la pretensión-se encuentra supeditado a la correspondiente autorización del ente municipal, cuyo estudio aprobación de la construcción se rige, naturalmente, por la normativa cuya impugnación es aquí impetrada. En otras palabras, la normativa impide el otorgamiento de la autorización municipal, en cuyo caso, resulta claro que no se podrá iniciar construcción alguna. Desde luego que este requisito, además de constituirse en un notorio contrasentido conforme a las circunstancias expuestas, no se adecua, en absoluto, a las modernas concepciones del acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva.
6.- Como existen sendos actos administrativos que demuestran que el accionante opera dentro del rubro y siendo, por ende, afectado por la normativa atacada, resulta visto que existe suficiente legitimación para la promoción de esta acción, por lo que nos encontramos plenamente autorizados a expedimos sobre el fondo del asunto.
7 .- Llegado a este punto, corresponde principiar con el estudio del contenido de la norma atacada -en primer término- a la luz de los Art. 107 y 108 de la Constitución Nacional. En tal sentido, la normativa en cuestión -individualizada en el punto 1- prohíbe la participación de ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR PETRÓLEOS DEL SUR S.A C/ ART. 10º DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 7/2011 DICTADA POR LA INTENDENCIA MUNICIPALIDAD". Nº 709.
' 'R. tulta indudable CJ..le la disposición inhibe el proceso de competencia y libre concurrencia puesto que produce, normativamente y no por las reglas propias del mercado, una ventaja para aquellos operadores que se encuentren ya establecidos en determinadas áreas, en cuyo caso, se los poteqe frenando -normativamente- toda posible participación de otros operadores, esto, en cetrimento no sólo de los nuevos factores comerciales, sino que de los consumidores en general atendiendo a que se encuentra vedada la posibilidad de existencia de una amplia oferta que permita al ciudadano decidir según aspectos tales como: precio, 9.- En suma, no quedan dudas de que se ha producido una interferencia a una garantía constitucionalmente establecida, por lo que, a continuación, deberemos de determinar si dicha afectación supe-a o no el test de razonabilidad que se exige para dotar de validez al 10.- El primer elemeno a considerar es la razonabilidad normativa que, a decir de Sagüés, impone que las normativas legales, o como en este caso, de inferior jerarquía "mantengan una coherencia con .es constitucionales, de suerte que no resulte contradictoria con lo establecido en la Ccastitucion nacionaf' (Sagüés, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional 11.- Considerando lo .,anifestado en el punto 8, tenemos que la normativa atacada limita la libertad de concurrencia restringiendo una actividad económica licita para ciertos actores, favoreciendo con ello a otros actores otorgándoles una notoria ventaja mercantil, en cuyo caso, existe un claro rompimiento del principio de libertad de concurrencia e igualdad. Es decir, la regulación irrpuqnada se encuentra claramente en contradicción con lo dispuesto por el Art. 107 en concordancia con el Art. 46 de la Constitución Nacional.
12.- Cabe destacar e no existen elementos de juicio que nos lleven a concluir que la . decisión de limitar la actividad comercial encuentra algún respaldo en otras normas, garantí o rincipios de rango constitucional que nos impongan un ulterior estudio de este tbo de casos suelen invocarse cuestiones de seguridad y de protección ambie tal, s destaca que estas se encuentran tuteladas expresamente en el capítulo 111 y siguie es e la ordenanza respectiva. Es decir, la propia normativa establece ya egulación s avosa que busca proteger aquellos bienes jurídicos -seguridad y medioamblent -, por lo , n todo caso, deben primar éstas normativas menos gravosas del canfor "dad al r" cipio .. J........ cesc. Sobre este principio se tiene dicho que " .. .El principio de ne esidad '"... ':'e: .. n i, ¡!.entre medios igualmente idóneos en tér, inos generales para prom ver un 's tc+c:JIO ) .Sé:nté'í .er. L Qer M, Diesel Junhnns . . , O'edm Ministro derecho a protección, debe escogerse el que interfiera menos.... . .. " (Alexy, R. (2009), 14.- De los argumentos pergeñados se sigue, sin mayor complicación, que la disposición impugnada no supera el requisito de razonabilidad normativa porque quedaron afectados derechos constitucionales sin mayores fundamentos que la sostenga. A su vez, quedó de manifiesto que de conformidad al principio de necesidad, en todo caso, la tutela del bien jurídico protegido queda tutelado por las demás normas que, especialmente fueron 15. Por lo tanto, con base a esta breve exposición considero que debe hacerse lugar a esta acción debiendo declararse la inconstitucional id ad del inciso a) del Art. 1 O de la Se presenta ante esta Sala el Abogado Emmanuel Trulls Sirvent, bajo patrocinio del Abogado Alberto Poletti Adorno, en representación de PETRÓLEOS DEL SUR SA., a promover acción de inconstitucionalidad en contra del Art. 10 de la Ordenanza Municipal Nº 7/2011 "Que sustituye las Ordenanzas Nos. 50/92, 117/99, 06/2022 y 71/03 sobre la provisión, manipuleo, almacenamiento de combustibles, líquidos y gaseosos, así como el funcionamiento de los locales destinados a su comercialización y actividades afines", y contra la Resolución Nº 292/2021 que resuelve vetar el Art. 1de la Resolución JM/Nº 12.403/21 de fecha 18 de La norma impugnada dispone en la parte pertinente: "La Intendencia Municipal autorizará la ubicación de las Estaciones de Servicios, Gasolineras y/o puestos de consumo propio conforme al Plan Regulador y o planes particularizados.
4) LOS NUEVOS LOCALES: de Estaciones de Servicios y/o Gasolineras que deseen instalarse a partir de la promulgación de la presente Ordenanza no podrán ubicarse dentro de un radio menor de 1. 000 mts. Respecto de otro local existente. A los efectos de la aplicación, se considerará como distancia mínima la longitud de la recta que una los centros No se admitirá la habilitación de nuevos locales de expendio de combustibles a una distancia menor de 100 mts. de lugares de almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o fuentes productores de alto calor, y, arsenales, así como también de cursos de agua superficiales, con excepción de aquellos destinados al provisionamiento de embarcaciones. Tampoco se permitirá a menos de 25 mts. de sitios de aglomeración de personas: Centros de Enseñanza en general, Edificios Públicos, Iglesias o Templos, Centres Asistenciales de Salud, Centros Recreativos (clubes, cines, teatros, etc.), Centros Comerciales, Supermercados u otro programa que congregue a más de 100 personas simultáneamente, así como también a estaciones transformadoras de energía, salvo que exista entre estos programas y las Estaciones de expendio de combustibles, una vía pública La firma accionante se agravia de que la Ordenanza establece una notoria discriminación entre las grandes empresas distribuidoras que en su mayoría son de capital extranjero, con las distribuidoras más pequeñas que buscan su lugar en el mercado mediante la inversión de capital privado nacional; alega que produce un oligopolio en favor de los ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR PETRÓLEOS DEL SUR S.A C/ ART. 10º DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 7/2011 DICTADA POR LA INTENDENCIA MUNICIPALIDAD". Nº 709.
1,.1 .. mbernas" q C0 ya poseen estaciones de servicio dentro de Asunción; que atenta contra la we6peten . contra, los consumidores, que no tiene la oportunidad de optar por otras fert :1:f r de las que ya se encuentran establecidas. Sostiene que tiene legitimación para Po la acción puesto que su mandante tiene la habilitación del MIC, por medio de la Resolución Nº 454 de fecha 17 de mayo de 2018, para operar como empresa distribuidora de combustibles, y porque la Ordenanza impugnada le impide a su mandante la apertura de estaciones de servicio en la Capitál. Alega la violación de lo establecido en los Arts. 8, 9, 46, 107 y 137 C.N. Arguye que la separación establecida en la norma no tiene ningún asidero legal ni mucho menos rigor científico, pues el manipuleo de los productos derivados del petróleo se halla previsto, regulado y fiscalizado en forma permanente bajo supervisión de estándares internacionales, siendo los baremos de seguridad uno de los elementos de mayor Dada la correspondiente vista al Fiscal General del Estado, ella fue atendida por el Dictamen Nº 944 de fecha 24 de mayo de 2022, que se pronuncia aconsejando el rechazo de la acción, sin hacer consideraciones sobre los argumentos y agravios esgrimidos, pues afirma su Dictamen en que la firma no tendría legitimación por no hallarse en proceso de En resumen, ante el planteo de la acción, el Dictamen Fiscal (que como mencionamos aconseja su rechazo aduciendo la falta de legitimación y sosteniendo que el pronunciamiento seria en abstracto) nos encontramos con que la discusión se centra en dilucidar si la Municipalidad (en el caso la de Asunción) puede -sin violentar la Constitución Nacional disponer como requisito para la instalación y funcionamiento de una estación de servicios, que (la que se-vaya a instalar) esté alejada como 1000 metros de alguna pre existente, sin que este requisito de distanciamiento se aplique a las que ya se hallan instaladas.
Previamente, ante la cuestión de la legitimación puesta en debate por la Fiscalía General del Estado, hemos de referirnos a la falta de ella que se acusa en la actora por no haber demostrado documentalmente el haber iniciado un proceso de " ... construcción de una rotación de servicio gasolinera, afectada por la distancia mínima de 1000 metros de de los locales ya existentes ... " (sic dictamen fiscal, fs. 77). Cabe aclarar, en o, que para iniciar la construcción de obras edilicias reguladas (entre ellas se e define como estación de servicios, y también las gasolineras) se requiere el p r iso prevo con la resolución de aprobación de los planos del proyecto. Exigir, como co d cionant para el ejercicio de una acción constitucional, que el justiciable infrinja la nor para 'legitimarse", comenzando a construir sin los permisos correspondí es, resulta -a u str parecer- un razonamiento que ya no queda en la paradoja sino que es bierta e amente contradictorio. Además, exigir el previo pedido de un permiso o ap bación requisito que se considera inconstitucional y que no se posee, en est caso, gar-0 ondicionar a la parte actora la acción que le es conferida por el Art.
Proces Civil (CPC). Cabe re e la autoridad administrativ debe Cesar M. Diesel Jr:1jbanns Ministro CSJ. . 5 . Ojea.a v. R.tOS j)J. Ministro aplicar la norma sin que se le permita juzgar sobre su inconstitucionalidad, atribución ésta reservada en modo exclusivo y excluyente a esta Sala, ya sea en conformación original, o ampliada, lo que se suma la inexistencia en el procedimiento administrativo de la vía de la excepción (para la impugnación de inconstitucionalidad). Por otra parte, demostrada sumariamente -con la documentación presentada- la intervención o el carácter de concurrentes de las accionantes en el mercado de los productos y servicios ofrecidos por las estaciones de servicios y gasolineras, en mi opinión no existe la alegada falta de Dilucidado el punto preliminarmente impuesto al estudio, debemos retomar el análisis de la cuestión de fondo. Con esa tarea, tratándose la norma en crisis de una emanada del Gobierno Municipal (en los términos del Art. 167° de la CN), al ser una ORDENANZA emitida por la JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, hemos de remontarnos a la fuente de las atribuciones del Municipio de Asunción que está constituido por el Art. 157° de nuestra CN que dice (de este municipio) que sus límites serán fijados por ley, pero sin hacer referencia alguna en cuanto a sus atribuciones, por lo que no cabe sino recurrir el Art. 168º ("DE LAS ATRIBUCIONES", de los municipios) que las establece haciendo la salvedad que se ejercen " ... con arreglo a la ley ... ", lo que a su vez nos deriva a la Ley Orqánica Municipal - Nº 3966/201 O- que dice: " .. .De los Deberes y Atribuciones de la Junta Municipal Articulo 36.- La Junta Municipal tended las siguientes atribuciones: a)sancionar ordenanzas, resoluciones, reglamentos en materias de competencia municipal ... ".
Las materias de competencia municipal están dadas en el antes aludido Art. 168º (CN) y son " .. .particularmente en las de urbanismo, ambiente, abasto, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia sanitaria y social, instituciones de crédito, cuerpos de inspección y de policía ... " a la que debe sumarse las atinentes al tránsito, circulación de vehículos y Así, a priori, la norma ha sido dictada por quien tendría atribuciones para hacerlo.
Sin embargo, el estudio de la norma - en el análisis constitucional- no se agota en un control de género meramente normativo formal, sobre todo cuando quienes impulsan el procedimiento que pone en crisis la norma esgrimen principios y derechos que les asisten por ser otorgados por la CN, y aducen fundamentadamente su violación.
Es indiscutible la vigencia deontológica de los principios, derechos, garantías y normas que el Constituyente plasmó en el instrumento constitucional que rige en esta República. No cabe duda de que los moradores de este territorio son titulares y beneficiarios de lo que establecen tales preceptos. Coincidimos en que no existe derecho de ejercicio absoluto e irrestricto, la convivencia social, con la multiplicad de sujetos y la cada vez más compleja interacción, no pocas veces da lugar a situaciones en las que los derechos, de cada sujeto respectivamente, entran en tensión o pugna con los mismos u otros derechos de otros. Así, los derechos constitucionales pueden ser delimitados, pero no es admisible que esa Sobre el punto deviene oportuno recordar los principios que se asientan a partir de lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al decir: " ... Los derechos de cada persona están de/imitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática ... " (Art. 32.2). " ...
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR PETRÓLEOS DEL SUR S.A C/ ART. 10º DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 7/2011 DICTADA POR LA INTENDENCIA MUNICIPAL". Nº 709. AÑO Resulta innegatle que a la actora de esta causa le asiste el derecho a dedicarse a la actividad licita de su e ección dentro de un régimen de igualdad de oportunidades, entonces -ya en el caso concreto- le asiste el derecho de competir, en toda la República y por ende en el territorio de Asunción, con aquellas que se dedican actualmente al mismo rubro, siempre bajo un régimen de icualdad de oportunidades. También en el campo del caso concreto, resulta también inneqaole que ese derecho resulta restringido por la limitación que impone la norma específicamente impugnada la que -como vimos- ha sido formalmente dictada en uso Pero, del análisis sistemático de toda la norma (Ordenanza 7 /11) en la que se halla el precepto impugnado, -e concluye (ya desde su titulo descriptivo general) que la regulación urbanística no es su cbjeto, a pesar de lo cual contiene un Capitulo que alude tal materia rezando " ... CAPÍTULO 11. COMPONENTE URBANÍSTICO", dentro del cual se halla la norma en crisis. Indudable es la competencia del legislativo municipal en cuanto a la materia urbanística, pero el so o hecho de poner el título de "urbanístico" a un precepto, no implica No podemos acotar el análisis a una consideración meramente idiomática de la norma, meramente textual, cuando se nos evidencia una discordancia como lo arriba indicado. El análisis constitucional debe estar siempre regido por principios como el de la razonabilidad, y tratándose de limitac ón de derechos y garantías, debemos incluir los principios de proporcionalidad e igL-aldad. La vigencia de una limitación a tales derechos y garantías exigen que ellas sean razonadas y razonables, debiendo surgir explicitas de la norma. Si la restricción proviene de la necesidad de proteger otros derechos, ello debe ser evidente y por tanto verificable. La proporcionalidad impone el requisito de que la limitación sea adecuada vale decir apropiadas para la consecución del fin que se enuncia como tenido en mira por la r lo que el a iálisis de igualdad solo será aprobado si la afectación a ella se halla álisis de la ,arma específica impugnada, en el contexto del cuerpo normativo que tien (ordenanzas bajo tales parámetros de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad, gativo en el caso que nos ocupa. En el texto de la norma impugnada no se ra ningún comoonente "urbanístico" como anuncia vanamente el título del capítulo dando idenciado su efecto real (una limitación a la competencia espífic ente a nes de sen .. icios y gasolineras) por el notorio hecho de que los demás locales c ic 0 en la a enanza en su artículo 2º (puestos de consumo propio de combu tibies, avad r s de vehícul . locales de cambios de aceitelubricantes, talleres de me -.Qfll .
09J :;¿r esel J unghánns . Ministro CSJ. ,- "' Gustavo E. S2"'t2n.er ÜJ:1S , Oieáa D . V{ctor Rios J 'Ministro automotriz que en su funcionamiento generen efluentes o residuos peligrosos, terminales de colectivos, taxis o flotas de transporte) no se hallan afectados por la restricción de 1000 metros de distancia. Este aspecto, da fe -además- de que la materia ambiental tampoco es la causa final de la restricción, pues los locales excluidos tienen clara y evidente incidencia sobre tal aspecto. En contraposición, y a modo de corroboración comparativa, se observa el artículo 11 º de la ordenanza, el que traemos a colación al solo dicho efecto y no por estar en entredicho. Dice este precepto: "Art. 11 º. Los locales mencionados en el Art. 2º deberán construirse de forma tal que su operación no se contraponga al sentido de circulación del tránsito vehicular previamente establecido tanto en lo referente al ingreso como al egreso de los vehículos. Todas las maniobras de los rodados de carga y descarga deberán ser internas, quedando expresamente prohibidas las maniobras en reversa sobre la red pública o las salidas que posibiliten maniobras expresamente prohibidas en el Reglamento General de Tránsito. En caso de que par a su operación el local requiera de la modificación de las condiciones de circulación o de cualquier elemento de la vía pública, deberá presentar el Se nota en contraposición, que este artículo 11 º - aplicable a todos los locales clasificados por la ordenanza en su artículo 2º - regula efectivamente materias de competencia municipal, como la de urbanismo y tránsito vehicular.
Queda en evidencia que la norma impugnada viene efectivamente a establecer una limitación al derecho a la libre concurrencia de la actora, limitación antijurídica por ser establecida en una norma de inferior jerarquía emanada de un organismo (Municipio) que carece de atribución para ello al no ser la regulación de la competencia una atribución municipal, fuera de que la limitación carece de razonabilidad y proporcionalidad, violando así también el derecho a la igualdad ante la ley que asiste a la actora.
Oportuno es recordar lo afirmado por Robert Alexy, al decir: « ... Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual ... » (ALEXY, Robert; Teoría de los Derechos Fundamentales, Publicado por En conclusión y con base al análisis precedente, el literal "a)" del artículo 10de la Ordenanza 7/11 de la Municipalidad de Asunción, deviene contrario a la Constitución pues conculca el derecho consagrado en el Art. 107 de CN y contradice el Orden de Jerarquía normativa establecido por el Art. 137° de aquella y resulta lesivo al derecho a la igualdad Por último, en lo que respecta a la impugnación de la Resolución Nº 292/2021 dictada por la Municipalidad de Asunción, que resuelve vetar el Art. 1de la Resolución JM/Nº 12.403121 de fecha 18 de marzo de 2021, se desprende que si bien la parte accionante amplia la acción respecto a ella, no expone los supuestos agravios concretos generados a partir de la norma impugnada. Así, esta falta de desarrollo de agravios impide a esta Sala estudiar la impugnación incoada al no cumplir las disposiciones procesales previstas en el Por tanto, la norma impugnada, literal "a)" del artículo 10de la Ordenanza Municipal ACCIÓN DEINCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR PETRÓLEOS DEL SUR S.A C/ 'ART. 10º DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 7/2011 DICTADA POR LA INTENDENCIA MUNICIPAL". Nº 709. AÑO La acción es presentada por el Abg. Emmanuel Trulls Sirvent, en representación de la firma PETRÓLEOS DEL SUR S.A., a promover acción de inconstitucionalidad contra el Artículo 10º de la Orcenanza Municipal Nº 7/2011 "QUE SUSTITUYE LAS ORDENANZAS ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, LÍQUIDOS Y GASEOSOS, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LOCALES DESTINADOS A SU COMERCIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES AFINES", dictada por la Municipalidad de la ciudad de Asunción. Asimismo, amplía su acción con:ra la Resolución Nº 292/2021 de la misma Intendencia Municipal que en su art. 1 dispuso: VETAR el Art. 1 º de la Resolución JM/Nº 12.403/21, de fecha 18 de marzo de 2021, emanada de la Junta Municipal. Por esta resolución se había encomendado a la Intendencia Munjcipal la suspensión de la aprobación de planos de construcción de nuevas estaciones de servicios hasta tanto la Junta Municipal estudie y considere los parámetros mencionados en la Ordenanza 7/11 y la medida cautelar dictada por la Corte El argumento del accionante se sostiene en que la ordenanza municipal quebranta varios artículos de la Constitución, a saber: 8, 9, 46, 107 y 137. En esencia, resume sus fundamentos en tres s rpuestos: 1) imposibilidad de competir en igualdad de condiciones con otras empresas del rubro, 2) perjuicio económico al evitar el crecimiento de la empresa, y 3) trato desigual de sujetos en condiciones similares, Sostiene además que: 1) el Estado Social de Derecho para que cumpla sus fines constitucionales debe asegurarse sus actuaciones estén regladas y sean previsibles, 2) la Ordenanza 7/11 no se ajusta al principio de legalidad, 3) la Municipalidad de Asunción no tiene atribuciones para regular el mercado, 4) la norma impugnada encarna ura injusta discriminación, 5) el equilibrio ecológico no resulta vulnerado o modificado por una nenor o mayor distancia en la instalación de una estación de servicios, y que este factor no pertenece al catálogo de normas de interés general; 6) se genera un oliqopoho y atenta cerera la competencia y también de los intereses de los consumidores, 7) '1a norma tendría que ser adoptada por ley de la nación y no por Ordenanza unicipal de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8 de Constitución.
La Fiscalía Gereral del Esta o, quie contestó vista mediante Diótarnen Nº 944 de fecha 24 de mayo de 2022, r e dando I rechazo de la acción protovida aten iendo a ente qu se encuentre lesionando algún der cho del Cesar M. Diel Jungha,ns Ministro e Gustavo E. S;itf DJflS- Dr. y La Ordenanza Nº 07/2011 "QUE SUSTITUYE LAS ORDENANZAS Nº 50/92, 117/99, 06/2002 y 71/03 SOBRE LA PRIVISIÓN, MANIPULEO, ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, LÍQUIDOS Y GASEOSOS, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LOCALES DESTINADOS A SU COMERCIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES AFINES", y cuya consideración genera agravios al accionante es el artículo 1 O en cuanto a lo siguiente: "La Intendencia Municipal autorizará la ubicación de las Estaciones de Servicios, Gasolineras y/o puestos de consumo propio conforme al Plan Regulador y/o planes particularizados. a) LOS NUEVOS LOCALES: de Estaciones de Servicio y/o Gasolineras que deseen instalarse a partir de la promulgación de la presente Ordenanza no podrán ubicarse dentro de un radio menor de 1000 mts. respecto de otro local existente. A los efectos de la aplicación, se considera como distancia mínima la longitud de la recta que una los centros geométricos de los predios. b) No se admitirá la habilitación de nuevos locales de expendio de combustibles a una distancia menor de 100 mts. de lugares de almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o fuentes de productores de alto calor, y, arsenales, así como también de cursos de agua superficiales, con excepción de aquellos destinados al aprovisionamiento de embarcaciones. Tampoco se permitirá a menos de 25 mts. de sitios de aglomeración de personas: Centros de Enseñanza en general, Edificios Públicos, Iglesias o Templos, Centros Asistenciales de Salud, Centros Recreativos (clubes, cines, teatros, etc.), Centros Comerciales, Supermercados, u otro programa que congregue a más de 100 personas simultáneamente, así como también a estaciones transformadoras de energía, salvo que exista entre estos programas y las Estaciones de expendio de combustibles, una vía pública con un ancho no menor de 16 mts. entre líneas municipales". En tanto, la Resolución Nº 292/2021 de la Intendencia Municipal, dispuso: Art. 1 º VETAR,, el art. 1 º de la Resolución JM/Nº 12.403/21 de fecha 18 de marzo de 2021 de la Junta Municipal.
Antes de entregar al análisis casuístico, es importante hacer algunas precisiones conceptuales sobre nuestro diseño constitucional. Esto dará paso para tomar una decisión En el diseño constitucional, la República del Paraguay es un Estado Social de Derecho que lo sitúa dentro del Constitucionalismo Social cuyos orígenes se remontan a la Constitución de Weimar de 1919 (contexto europeo) y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 más conocida como la Constitución de Querétaro (América Latina). Dentro de esta corriente filosófica política los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales cobran protagonismo, colocándose en el pilar de la construcción de los Estados constitucionales que ponen fin a los Estados decimonónicos. El ser humano es el centro de atención de las normas, ya no como objeto de cotrol social sino como sujeto de derecho que se encuentra en un espacio geográfico y en donde la igualdad de todos ante la ley es la premisa. Este Estado Social de Derecho, además, implica el compromiso de las autoridades en responder a las demandas de sus habitantes de manera integral y que garantice el acceso a todos los derechos. En este tren de ideas no se limita al aseguramiento de que las actuaciones de los Estados se encuentren regladas tal como expresara el accionante, sino que es mucho más que eso; pues, si así fuere, con dicho concepto restringido estaríamos ante un Estado contralor que regula relaciones entre súbditos y autoridad en la propuesta inicial de Hobbes (1651) en el Leviatán.
Afortunadamente el desarrollo de los pueblos fue acompañado por el desarrollo del derecho ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR PETRÓLEOS DEL SUR S.A C/ ART. 10º DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 7/2011 DICTADA POR LA INTENDENCIA MUNICIPAL". Nº 709. AÑO t rDmi prí'hdp'ró q s constituciones de los Estados se han apropiado y les han dado rango 1t--¼-i'.R. La Constitución paraguaya coloca en sus declaraciones fundamentales, es 'cit ijPreárnbu-o, el principio de igualdad en el mismo nivel que los principios de libertad y de justicia. La relevancia otorgada por los Constituyentes se convierte en regla jurídica en el art. 46 <le la ley fundamental. Esta disposición normativa constitucional no admite discrirninaciores de ningún tipo, fundada, por tanto, en el principio de no discriminación. El derecho a la igualdad es absoluto cuando se lo tiene como fundamento del Estado Social de Derecho. Sin embargo, esta igualdad no significa solamente tratar de iguales a los iguales, sino también implica el reconocimiento de las diferencias. Esta es la esencia del principio de igualdad y que está garantizado en el segundo párrafo del art. 46 pues la existencia de orotecciones jurídicas que se establecen sobre desigualdades que se consideren injustas de ningún modo deben entenderse como factores de discriminación, sino a la inversa, como igualitarios, es decir, se aplica una discriminación inversa. En ese entendimiento cualquier enunciado normativo que reconozca esas diferencias no viola en ningún caso el principio de igualdad, al contrario, lo afianza.
modo, en un Estado Social de Derecho la igualdad ante la ley es un En el caso exa-nen, se vislumbra que la ordenanza municipal impugnada tiene por objeto establecer normas para la provisión, manipuleo, almacenamiento de combustibles, líquidos y gaseosos. así como el funcionamiento de los locales, destinados a su comercialización y actividades afines en la ciudad de Asunción. En particular, establece restricciones respecto de la distancia para la instalación de estaciones de servicios de expendio de combustible y afines entre uno y otro (radio de 1000 mts.). Es esta norma la que agravia al accionante- Con respecto al primer argumento de discriminación que genera (según sostiene) entre- las empresas distribuidoras y las más pequeñas, que sería el caso de la empresa accionante -PETRÓLEOS DEL SUR S.A.-en realidad, se trata de una medida de discriminación inversa o también llamada discriminación positiva que se constituye en un medio para promover la igualdad, pues es una política pública de un gobierno local cuya finalidad es la proteccón de los habitantes del municipio. No se trata de poner en colusión a la igualdad entre emp esas distribuidoras de combustible tal como lo señala el accionante, sino que el planteamiento que habrá de hacerse es entre las empresas en su totalidad y los ciudadanos habitantes del Municipio. Es una medida en favor del Municipio. Estas razones asumen la constitucioralidad de la ordenanza, en primer término, por no quebrantar el art. 46 Sobre la atribuaón de regulación del mercado argumentado por el accionante que se estaría realizando en la ordenanza cuesti de constitucionalidad, es neces 1 rio e aminar el art. 168 de la Constiución respecto d las atr buciones de los Municipios deútro del mbito u inc. 1 establece la libertad de gestión respec o del s no pu de haber duda de que cualquier rma a atrib ción del Municipio, por lo tanto, la regu b;;:unaiin;ter;:ención del mercad Cesar M. Diesel J: Ministro CSJ. f Dr. Victor R os Ojeda Ministro11 de cuestiones urbanísticas para ordenar la distribución de locales comerciales dentro del Municipio y ambientales para evitar el deterioro del medio ambiente. Por consiguiente, En cuanto al argumento de la competencia, el art. 107 de la Constitución garantiza, 1 entre otros aspectos, que todos los habitantes del país tienen el derecho a desarrollar la actividad económica de su preferencia siempre que cumplan con los requisitos de licitud y que se desarrolle en igualdad de condiciones con sus eventuales competidores.
Sin embargo, la lectura interpretativa que habrá de hacerse de este precepto constitucional es aquella que observe todo el tejido constitucional, por ende, la norma necesariamente deberá estar conjugada con otros derechos fundamentales protegidos en un mismo nivel por la Constitución, como lo son aquellas que se refieren al derecho a la vida y el ambiente, disposiciones que encontramos en el Capítulo 1, Sección I y 11, de la Constitución y que, además, están en concordancia con los arts. 4 y 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", y distintas decisiones de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con respecto del derecho a la vida digna sobre el cual nos ocuparemos en breve. Es por ello que, la cuestión analizada no puede ser estudiada sólo a la luz de los artículos constitucionales supuestamente conculcados por la aludida resolución administrativa, sino que las normas, principios y garantías constitucionales El tal sentido, la Constitución paraguaya establece su art. 6 que: "La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad. El Estado también fomentará la investigación sobre los factores de población y sus vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de los habitantes". La calidad de vida es un componente esencial para garantizar la existencia de una vida digna de todas las personas que habitan la República, pues impone una obligación al Estado no sólo de crear las condiciones adecuadas y apropiadas para la vida del ser humano, sino que además adoptar medidas positivas para Este derecho a las condiciones de una vida digna se justifica plenamente en los arts. 4 y 6 de la Constitución, y en el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH).2 La violación de este derecho no se limita únicamente a quitar la vida sino que también se viola cuando no se diseñan las condiciones necesarias que posibiliten una vida digna y en ese marco se vincula con la obligación del desarrollo progresivo establecido en la CADH. La Corte IDH comenzó a desarrollar el contenido del derecho a una vida digna como el derecho a que se generen las condiciones materiales necesarias que permitan desarrollar una existencia digna, en el Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia de 19 de noviembre 1999, párr. 144, señalando cuanto sigue: "( .. .) En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que Art. 107. De la libertad de concurrencia. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la Ley Penal.
Artículo 26. Desarrollo Progresivo. Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
CORTE PREMA STICLACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR PETRÓLEOS DEL SUR S.A C/ ART. 10º DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 7/2011 DICTADA POR LA INTENDENCIA MUNICIPAL". Nº 709. AÑO el acceso a /as condiciones que le garanticen una existencia digna (. . .)"Este derecr o a la vida no se circunscribe entonces a la sola limitación de la 5 m!9-r--1 de pr!ar arbitrariamnte de la ida a un "" umano, sino que sextiende a !ªs rqaciones positivas de prevenir y garantizar las condiciones aptas y apropiadas de la vida de toda persona. Asimismo, la Corte IDH estableció los alcances del concepto de vida diga, expresando que el a ttculo 4 de la CADH extiende el derecho a la vida a una obligación positiva, de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de dicho derecho, y ha reconocido el derecho a la vida digna, o a la existencia digna, como la obligación de qarantizar condiciones mínimas de vida a favor de las personas (Caso Yakye Axa Vs. Paraguay. Fcndo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C Nº 125, y, Caso Comuridad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y En el mismo sentido, identificamos otro componente del derecho a una existencia digna, cuales el derecho a un medio ambiente saludable, tutelado en los arts. 73 Constitución, vinculados expresamente con el objetivo del desarrollo humano integral, y reconocido en el Pro'ocoto de San Salvador de 1988(Ley Nº 1040/1997) que incorpora el derecho a un medio ambiente sano a la categoría de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESC). Tiene su fundamento además en el Estado Social de Derecho asumido po- la República del Paraguay que se sostiene el principio de dignidad humana,5 el valor básico de los derechos humanos insertos en la ley fundamental, sean civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales. En efecto, la protección del medio ambiente se encuertra intrínsecamente relacionada a la protección de los derechos humanos, el derecho ambiental como derecho humano debe ser examinado a través de una visión integradora que, aplicado al caso en concreto, es obligación constitucional como convencional del Estado dictar límites técnicos a ciertas actividades comerciales que podrían La determinaciSn de la distancia mínima entre nuevas estaciones expendio de combustbles y afines dispuesta en la Ordenanza Municipal decisión técnica que se encuentra amparada en la protección am ental, d constitucional y convenciona dado que el derecho a vivir en u ambient equili raee-es un at ibuto f nda ental de la persona reconocida a nivel cons y constituye per se una nor ativa ad ción de su i licabilidad. Por el del Municipio como órgano de gobierno local organizar la instalación de estaciones de servicio de expendio de combustibles a fin de precautelar los derechos de las personas asentadas en su comunidad, preservando así el medio ambiente y evitando el deterioro de la En la misma tesitura considero pertinente subrayar la importancia de la salvaguarda de la seguridad de las personas residentes en barrios rodeados de estaciones de servicios de expendio de combustibles, quienes se hallan constantemente expuestas a los peligros inherentes a la existencia y funcionamiento de este tipo de locales comerciales, los cuales se han propagado indiscriminadamente a lo largo de los años y que ocasionan. una alta peligrosidad tanto por la posible contaminación de los cauces hídricos y del suelo, y de la posibilidad de explosión que pudiere ocurrir; de ahí que es razonable entender que la teleología o razón de ser de la referida ordenanza es la protección de las personas en su vida y en su salud, pues haciendo un mínimo razonamiento podemos colegir la siguiente ecuación lógica: a mayor cantidad de estaciones de servicio, mayor riesgo para la seguridad de los residentes contiguos a los comercios de expendio de combustibles líquidos y gaseosos. En efecto, Paraguay, tiene un cuerpo jurídico robusto en materia ambiental que no pueden ser desatendidos, tales como: el Acuerdo Marco de Medio Ambiente del MERCOSUR (Ley Nº 2068/2003), la Ley Nº 294/1993 "De evaluación de impacto ambiental"; la Ley Nº 253/1993 "Que aprueba el convenio sobre diversidad biológica, adoptado durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo -la cumbre para la tierra-, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil"; y la Ley Nº 3239/2007, "De los La Ordenanza Municipal impugnada no crea desigualdad en el derecho de las empresas, tampoco una discriminación y mucho menos se viola la libertad de concurrencia, por cuanto que la regulación respecto de la construcción y operación de estaciones de servicios o gasolineras es imperativa en cuanto del cumplimiento de las normativas ambientales tanto del gobierno central como del gobierno local. Las empresas pueden competir entre sí siempre que cumplan las regulaciones relacionadas con la protección ambiental. El derecho a la libertad de concurrencia está limitado por otros derechos fundamentales del ser humano y que son de primer orden (el derecho a la calidad de vida, y, el de habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado). Ningún derecho es absoluto sobre todo cuando en un conflicto entre derechos de un mismo nivel de jerarquía se encuentran la vida y la existencia digna, derechos éstos que deben primar necesariamente ante otros. La Firma Petróleos del Sur S.A. no tiene ningún obstáculo para ubicar su local comercial en otro espacio geográfico siempre que cumpla con la regulación y no vulnere los derechos humanos de la comunidad en donde pretende afincarse.
Por lo precedentemente expuesto corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la firma PETRÓLEOS DEL SUR S.A. en contra del Artículo 1 Oº de la Ordenanza Municipal Nº 7/2011 "QUE SUSTITUYE LAS ORDENANZAS Nº 50/92, 117/99, 06/2002 y 71/03 SOBRE LA PROVISIÓN, MANIPULEO, ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, LÍQUIDOS Y GASEOSOS, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LOCALES DESTINADOS A SU COMERCIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES AFINES", y contra la Resolución Nº 29212021 de la misma Intendencia Municipal en atención a que no se observa transgresión ni violación alguna por parte del acto administrativo a ninguna ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR PETRÓLEOS DEL SUR S.A C/ ART. 10º DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 7/2011 DICTADA POR LA INTENDENCIA MUNICIPAL". Nº 709. AÑO Ante mí: SENTENCIA NJMERQlb , tj-lt{,;. :,-.,n Mat nez secrc,ou VISTOS: Los rréritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Abogado Emmanuel Trulls Sir/ent, bajo patrocinio de Abogado Alberto Poletti Adorno, en nombre y representación de PETRÓLEOS DEL SUR S.A. y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad e.el Art. 1 O inciso "a" de la Ordenanza Municipalidad Nro. 7/11, ello de ORDENAR el leantamiento de I dida de suspensión de efectos di puesta or A.I. Ante mí: Gustcwo E. Stt2n:er Dan1>,. rvi:nL.;ro