CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: "R.H.P DE SEGUNDA INSTANCIA DE LOS ABGS. PEDRO NORBERTO SANTACRUZ ACOSTA Y UBALDINO CRISTALDO ACOSTA EN LOS AUTOS: GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN S.A SI CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA PENAL Y COBRO DE GUARANIES" :: . ' ..,,v- ACUERDO y SENTENCIA NÚMERO: o:.,i e- t-eco . . ") e,Titn la; iudyd de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los vQ,1'1t,c:.u to días e Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, 1 sr,,>h......-au.oes GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RIOS OJEDA y CESAR DIESEL
'-'l:tru GHANNS, quien integra esta Sala para este caso en concreto, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado CONSULTA CONSTITUCIONAL EN SANTACRUZ ACOSTA Y UBALDINO CRISTALDO ACOSTA EN LOS AUTOS: GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN S.A SI CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA PENAL Y COBRO DE GUARANIES", a fin de resolver la Consulta Constitucional elevada por el Tribunal Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: VICTOR RÍOS OJEDA, GUSTAVO SANTANDER DANS y CÉSAR DIESEL 1. Por Al. Nº 557 de fecha 19 de agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala, de la Capital, se ordenó la remisión de los autos "R.H.P DE SEGUNDA INSTANCIA DE LOS ABGS. PIEDRO NORBERTO SANTACRUZ ACOSTA Y UBALDINO CRISTALDO ACOSTA EN LOS AUTOS: GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN S.A SI CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA PENAL. Y COBRO DE GUARANIES", a la Corte Abg, Julio c. p vón Martí z s.crttarlo Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales,..".
4. En primer lugar, la norma de remisión contenida en el artículo 18 inciso a) del Código Procesal Civil, que faculta la elevación de los autos a la Corte a los efectos previstos en el Artículo 200 de la Constitución, se refiere, en realidad, a la Constitución dictada en el año 1967 que a la fecha se encuentra total y absolutamente derogada. Cabe aclarar que el propio artículo 200 de la Constitución de 1967 tampoco hacía referencia a la vía de la consulta constitucional, contemplando únicamente la acción y excepción de inconstitucionalidad. Es decir, "el artículo 18 inciso a) hace una remisión a una Constitución derogada que en su propio contenido desconoce la existencia de la vía que motiva la remisión en primer 5. En definitiva, las normas citadas en el punto anterior, aprobadas en plena dictadura, quedaron automáticamente sin el más mínimo sustento en nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho, a partir de la Constitución de 1992. Cabe apuntar que las leyes aprobadas en democracia tienen mayor legitimidad, o como bien señalaba Carlos Santiago 6. El Artículo 137 de la Constitución Nacional vigente, es claro en cuanto a la prelación de las normas jurídicas, y contundente al determinar que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuesto.s a lo establecido en ella.
7. En cuanto a la administración de justicia, el Artículo 247 de nuestra carta magna, al tiempo de señalar que el poder judicial en todas sus instancias es el custodio de la misma, le atribuye la función de interpretar, cumplir y hacerla cumplir. Es importante también agregar que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha precisado que los Estados no solo deben realizar el control de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad, "evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes ... " 3 , estableciendo, finalmente, que el control de convencionalidad recae en "cualquier autoridad pública y no solamente el Poder Judiciaf'4 8. Respecto al caso sometido a estudio - consulta constitucional, las leyes dictadas con posterioridad a la Constitución del año 1992, carecen de regulación sobre el tema. Establecida nuestra tesis de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control de constitucionalidad -rnal denominada consulta constitucional5 - cabe ahora preguntarse ¿qué camino debe seguir un juzgador ante la situación de tener que resolver un litigio al que resulta aplicable una norma que considera inconstitucional? La respuesta se encuentra establecida En la Carta Magna del año 1.967, encontramos por primera vez regulado de forma expresa el control constitucional, concretamente en su artículo 200.
El mismo rezaba cuanto sigue: "La Corte Suprema de Justicia tendrá facultad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución, en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso. El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Corte Suprema de Justicia, y por excepción en cualquier instancia, y se elevarán sus antecedentes a dicha Corte. El incidente no suspenderá el juicio, que proseguirá hasta el estado de sentencia". - Ortiz Rodríguez. J. F. (2017). Control Constitucional - la consulta constitucional. Revista Jurídica De La Universidad Americana, 5(1). Recuperado a partir de https:// revistacient ifica. ua me rica na .ed u. py /ind ex. ph p/ revista ju rid ica u a/a rticle/view /171.
Nino, Cs.- Etica y Derechos Humanos. Bs As., Astrea.1989. Corte IDH. Sentencia del 24 de noviembre de 2006. Caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y Costas. Corte IDH. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Fondo y Reparaciones y Costas. Caso Gelman vs. Uruguay. "No es una consulta que el Juez o Tribunal formula a la Corte Suprema de Justicia. Es un sometimiento oficioso de una cuestión constitucional; es decir, un sometimiento de oficio a la Corte Suprema de Justicia en una cuestión en que la norma aplicable a la solución del conflicto puede ser inconstitucional" Mendonca, J.C. (2007). Cuestiones constitucionales (p.86). Asunción: Litocolor S.R.L.
CONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: "R.H.P DE SEGUNDA INSTANCIA DE LOS ABGS. PEDRO NORBERTO SANTACRUZ ACOSTA Y UBALDINO CRISTALDO ACOSTA EN LOS AUTOS: GOBERNACIÓN DE BOClUERÓN S.A SI CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA PENAL Y COBRO DE GUARANIES" e;:,;;,,t::J @Pa norma fundamental y es coherente con todo nuestro diseño constitucional. La -- 'b,..,interpret ción de normas constitucionales y convencionales es una labor que compete a todos 'tlos Óf nos del Poder Judicial, y a todas las autoridades con competencia para aplicar normas .P¡ s, :i;¿i;:as, no es competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, que sí tiene t...,facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones 9. Néstor Pedro Sagüés, enseña que la interpretación por parte de todos los miembros del Poder Judicial, se corresponde con la dimensión "constructiva" del Control de Constitucionalidad. En ese sentido, expresa que" ... en rigor de verdad, en este trabajo, todos los jueces son jueces constitucionales ... ningún juez podría darse el lujo de hacer funcionar una norma subconstitucional, prescindiendo del enfoque constitucionalista de esa misma norma. Es decir, que le toca, inevitablemente, interpretarla, adaptarla, conformar/a, armonizarla, rescatar/a, reciclarla y aplicarla, seqún la Constltucion":
1 O. Juan Carlos Mendonca, concretamente afirmó: "Hoy día, bajo la vigencia de la Constitución de 1992, la cuestión quedó resuelta en el sentido apuntado: a favor de la competencia de todos los órganos jurisdiccionales para hacer la interpretación de la Constitución, como integrantes del Poder Judicial. O sea que la facultad de control es compartida en este caso por la Corte Suprema de Justicia con los demás órganos 11. Puntualmente, respecto de esta norma, también, Juan Carlos Mendonca, advertía que: " ... la norma consagra dos principios: 'el de la lex superior', al declarar que la Constitución es la ley suprema de la República; y el principio de Jerarquía', al establecer el orden de prelación de los instrumentos normativos, que lleva la consecuencia de que la norma más débil cede ante la norma más fuerte. En lo cual consiste finalmente, el principio de /ex superior''8 12. El principio de supremacía constitucional "postula que todo el complejo normativo jurídico se organiza en base a un orden de prelación de normas que necesariamente ser respetado a fin de evitar contradicciones internas que hagan colapsar el sistema Segú el modelo adoptado (o si se prefiere, adaptado) por la República del Paraguay, res la Co e Suprema de Justicia la encargada final de velar por el respeto y el mantenimie to de die o orden".9 , ovs« . Víctor Rws J MinlS 1 implicando reconocer a la Constitución como norma fundamental del Estado, ubicada en la cima de la pirámide jurídica, todo el ejido legal estructurado alrededor del imperio de la Constitución, nada por sobre ella, todo dentro de ella. Trasluce erigir a la Constitución en fuente y fundamento del orden legal, cuya misión fundamental consiste en regular la vida huma na en sociedad' 10 14. Finalmente, el Dr. Manuel Ramírez Candia, sin duda, ya expresó con anterioridad la tesis que hoy sostenemos, al referir que: " ... para dejar de aplicar una norma que se considera inconstitucional no se requiere que previamente sea declarada su inconstitucionalidad, pues el magistrado tiene la obligación de fundar su fallo, en primer lugar, en la Constitución, por lo que de encontrar una antinomia entre la Constitución y la ley, debe proceder a la aplicación de la Constitución, en aplicación al criterio de jerarquía. Esto implica que el magistrado podrá dejar de aplicar la ley que reputa inconstitucional, por el criterio de jerarquía como mecanismo de resolución de antinomia, sin necesidad de requerir la declaración de inconstitucionalidad por vía de la Consu Ita ''11 15. En definitiva, en todo proceso, el juzgador, cualquiera fuera su instancia, al advertir la incompatibilidad de un acto normativo cualquiera aplicable al caso, con principios, derechos y garantías constitucionales; deberá -por el principio de jerarquía- aplicar directamente la Constitución o los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados y ratificados por el Paraguay, es decir, todos los jueces y todas las juezas de la República deben ejercer los controles de constitucionalidad y convencionalidad de las leyes. Con ello se satisface igualmente el mandato del artículo 256 de la norma fundamental, que, con claridad y, en primer término, expresa: "Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución ... ". - 16. En consecuencia, ante la falta de normas que estipulen la vía de consulta como mecanismo de control de constitucionalidad y en atención a las facultades interpretativas y de aplicación con que cuentan todos los jueces de la República, la pretensión esbozada por la Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Ouinta Sala, de la Capital, debe ser rechazada A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: Me adhiero al voto del Dr. Víctor Ríos Sostenemos la improcedencia de la pretendida consulta en razón de los siguientes fundamentos. En primer lugar, surge la discusión relacionada a la vigencia del art. 18 numeral a) del Código Procesal Civil. Respecto a la normativa aludida es preciso realizar algunas puntualizaciones, y empezamos con lo que la misma preceptúa: Facultades ordenatorias e instructorias. Los Jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... " (Sic): Ahora bien, convengamos que la remisión aludida se refiere a un artículo contenido en la Constitución de 1967 que ha sido derogado por la Ley Fundamental de 1992 vigente actualmente, entonces, evidentemente la normativa del ritual procesal que estriba en un artículo constitucional abolido ha quedado sin soporte. Sin embargo, somos del criterio que la práctica anterior del rodaje procesal fue ocasionando el error de su remisión a una norma que evidentemente no contenía Villalba Bernié, Pablo, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, La Ley Paraguaya, Asunción, Control de Constitucionalidad. Manuel Ramírez Candia. Arandurá. 2019. Pág. 75 CORTE SUPREMA o¡ DEJUSTICIA ;' CONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: "R.H.P DE SEGUNDA INSTANCIA DE LOS ABGS. PEDRO NORBERTO SANTACRUZ ACOSTA Y UBALDINO CRISTALDO ACOSTA EN LOS AUTOS: GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN S.A 5/ CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA PENAL Y COBRO DE GUARANIES" -Rwplexofacultativo evacuar la mentada consulta, incluso en el vigente tampoco avizoramos / Pí' i,""-"'--" .. '-" ordando las disposiciones relacionadas a las potestades de la máxima instancia, el 9i t, . 59 de la Constitución Nacional donde establece los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, no se incluye la facultad de evacuar consultas constitucionales. También se descarta tal posibilidad en el art. 260 dE3 la Carta Magna, referida a los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional. En efecto, el artículo 259 de la Ley Fundamental, en disposición única referida a las cuestiones constitucionales, dispone en su numeral 5 el deber y la atribución- de "conocer y resolver sobre inconstitucionalidad". A su vez, en el art. 260 la Carta Magna, con respecto a los deberes y atribuciones concretos y exclusivos de la Sala Constitucional menciona: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucional id ad de las leves y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso; 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución ", agregando que el procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los La máxima instancia judicial en reiterados pronunciamientos ha dejado sentado de que solo pueden iniciar la acción de inconstitucionalidad quienes se ven directamente afectados por la norma o resolución judicial que reputan de inconstitucional, conforme al art. 550 del Código Procesal Civil que dispone: 'Toda persona lesionada en su legítimo derecho por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipeles, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, principios o normas de la Constitución, tendrá facultades de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por disposiciones de este Capítulo ". Así también el art. 552 del mismo cuerpo legal establece: " Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionara claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad, impugnado, o en su caso, la disposición inconstitucional. Citará además, la norma, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la petición" Sic). Sobre el punto, es importante señalar que la promoción de una acción de inconstitucionalidad implica acreditar la titularidad de un interés particular y directo, en contrapartida, se han dado andamiaje a consultas constitucionales remitida por jueces y Tribunales, quienes no se encuentran legitimados para hacerlo.
Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro esta Sala y no encontrándose comprendida entre ellas la de evacuar consultas, dicha figura Los Jueces de cualquier rango, fuero y jurisdicción están obligados a fundar sus resoluciones en las disposiciones constitucionales y legales (Art. 256 CN y 15 inc. b CPC), y deberán hacerlo, conscientes de que sus fallos estarán sujetos a revisión por los superiores en cumplimiento del doble conforme, con advertencia de nulidad en caso de incumplimiento, en estricto mandamiento del art. 137 de la Carga Magna. Además, sería un contrasentido que los magistrados apliquen una norma reputada inconstitucional a sabiendas, siendo dicho control fundamental y obligatorio de la función jurisdiccional interpretar y aplicar el derecho positivo nacional vigente, inclusive el control de convencionalidad en cada proceso. Son las partes litigantes las que, eventualmente, han ele objetar la constitucionalidad de las normas aplicadas en la decisión del caso que les ocupa e importa, para lo cual tienen los resortes Coincidente con nuestra línea de pensamiento un autorizado en la materia como Germán José Bidart Campos afirma: " ... en control de constitucionalidad hace parte esencial e ineludible de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso, y por eso debe efectuarse por el juez aunque no se le pida la parte, porque configura un aspecto del iura novit curia. El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene prioridad constitucional.
Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esa mala aplicación - derivada de no preferir la norma que por su rango preva/ente ha de regir el caso - no se purga por el hecho de que nadie haya cuestionado la incon.stitucionalidad. Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la constitucionalidad dentro de lo más estricto de su función. Negar aplicación a una norma inconstitucional sin petición de parte es solo y exclusivamente cumplir con la obligación judicial de decidir un "conflicto de derecho" entre normas antagónicas y rehusar la utilización de la que ha quebrado la congruencia del orden jurídico. De aquí arranca el siguiente enunciado: cada vez que un juez al dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad, debe declararla por sí mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del "iure novit curia" y de la obligación de aplicar bien el derecho que rige la causa ... " (Bidart Campos, Germán. La interpretación y el control constitucional en la jurisdicción constitucional. Bs As, Ediar, 1 º Ed. 1987, pág. 154).
Ratificamos que la Sala Constitucional carece de atribuciones para evacuar consultas, inclusive desde un punto de vista práctico, seguir haciéndolo desemboca en un prejuzgamiento evidente, y una disipación redundante de la actividad jurisdiccional.
En atención a las consideraciones que anteceden, la pretendida consulta debe ser A su turno, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: Mediante Al Nº 557 de fecha 19 de agosto de 2022 (f. 41/42), el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Quinta Sala, resuelve remitir estos autos a la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de que la misma declare si el Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y de El Tribunal requirente considera que el referido Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 podría quebrantar la garantía constitucional de la igualdad, y, considerando que la declaración de inconstitucionalidad puede producirse solamente en el seno de la Sala Constitucional o por decisión del pleno de la Corte, remite estos autos para que esta Sala se expida respecto de la CORTE SUPREMA nEJUSTICIA CONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: "R.H.P DE SEGUNDA INSTANCIA DE LOS ABGS. PEDRO NORBERTO SANTACRUZ ACOSTA Y UBALDINO CRISTALDO ACOSTA EN LOS AUTOS: GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN S.A S/ CUMPLIMIENTO DE , . CLAUSULA PENAL Y COBRO DE GUARANIES" : ; .,,'r '- - a norma consultada establece que, en el caso en que las costas se impongan al Estado --,/ sust,tes citados en el Art. 3º de la Ley Nº 1535/99, su responsabilidad económica y patrimoni por los servicios profesionales de todos los abogados intervinientes no podrá v -, excede el 50del arancel mínimo legal dispuesto por la Ley Nº1376/88 de honorarios de 'i, A,t>o dos y Procuradores, hasta cuyo importe deben atenerse los jueces al regular los S in embargo, en el caso de autos surge que el Tribunal interviniente ha impuesto las costas en ambas instancias a la parte perdidosa, esto es a la firma Consorcio Boquerón S.A En virtud de que en este caso las costas no mcaen sobre el Estado, el Art. 29 de la Ley Nº 2421/2004, sobre cuya constitucionalidad versa la consulta elevada, no es aplicable a los efectos del justiprecio de los honorarios de los Abqs. Pedro Norberto Santacruz y Ubaldino Cristaldo Acosta por los trabajos realizados en alzada en el juicio "GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN C/ CONSORCIÓ BOQUERÓN S.A S/ CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULA PENAL Por lo tanto, en consideración de que esta Sala no puede pronunciarse "en á str eta", es decir, fuera-e el caso concreto en que la norma cuestionada deba aplicarse, no corresp de ce inado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de q e GuJa ,0 E. S2n--:-1 cr Dans , Oieda Dr, Víctor Rros J Ministro , oeda D Víctor Rios J Ministro