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Acuerdo y SentenciaSala CivilCivil y Comercial

Acuerdo y Sentencia N° 69/2024

30 de diciembre de 2024

JUICIO: "JUAN OZUNA RODRIGUEZ C/ VICENTA IRENE ALVARENGA S/ RETENCIÓN DE INMUEBLE POR COBRO DE MEJORAS INTRODUCIDAS".--

Antecedente Nº 43 · 29/04/2021 · Sala Sexta · Capital · Civil y Comercial

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JUICIO: "JUAN OZONA RODRIGUEZ C/ VICENTA IRENE ALVARENGA S/ RETENCIÓN DE INMUEBLE POR COBRO DE MEJORAS ;;;'I ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO ?.:?.:?... vQ. En la Ciudad Asunción, Capital de la República del días, del mes c.>-""' ., deL afio dos mil veinte y cuatro, estando reunidos en Sala de , Acuerdos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia los sefiores Ministros ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN, CÉSAR ANTONIO GARAY y EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por Ante mí la Secretaria autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente intitulado: "JUAN OZONA RODRIGUEZ C/ VICENTA IRENE ALVARENGA S/ RETENCIÓN DE INMUEBLE POR COBRO DE MEJORAS INTRODUCIDAS" a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por la Abogada Norma Beatriz Frutos, en representación de Juan Ozuna Rodríguez, contra el Acuerdo y Sentencia Número 43, con fecha 29 de Abril del 2.021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resolvió plantear las siguientes, En caso contrario, se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley, para determinar el orden de ción, dio el siguiente resultado: JIMÉNEZ ROLÓN, MARTÍNEZ A LA PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO la Abogada Norma Beatriz Frutos, expresó agravios fs. 534/538. Alegó que la contravención de las que el Juzgado Derecho Ministro aplicable ni las pruebas presentadas en el expediente.

Solicitó la declaración de nulidad del Acuerdo y Sentencia Corrido el traslado, el Abogado Claudia Cañete Mendoza, en representación de Carlos Casimiro Gómez Hansen, heredero de Vicenta Irene Alvarenga, tomó intervención y contestó los agravios a tenor de su escrito de fs. 571/575. Coincidió con la parte recurrente en la pertinencia de la nulidad de la resolución impugnada, aunque con fundamentos distintos. Señaló que los agravios de la parte recurrente pueden ser discutidos en apelación. Explicó que la nulidad se justifica por la arbitrariedad y la falta de fundamentación adecuada de la resolución recurrida. Añadió que el Tribunal de Apelación ha incurrido en contradicción, al analizar las mismas pruebas que el Juzgado de Primera Instancia pero revocar su decisión, sin justificación clara. Solicitó la desestimación del recurso de nulidad interpuesto, y la declaración de nulidad del Acuerdo y Sentencia recurrido por los fundamentos expuestos.

En autos, se ha postulado la nulidad del Acuerdo y Sentencia impugnado, con base en un supuesto vicio de falta Recuérdese que el recurso de nulidad procede contra las resoluciones dictadas con violación de las formas prescriptas por las leyes, en los términos del art. 404 del Código Procesal Civil. Así, la sanción de nulidad está reservada para vicios in cogitando -de logicidad- o in procedendo -de procedimiento que impidan dictar válidamente resolución, a tenor del art.

113 del mismo Código. Por el contrario, los vicios in iudicando -de j uzgamiento- constituyen materia propia del recurso de Sobre el agravio de la parte recurrente, tanto el art. 256 de la Constitución como el art. 15 literal "b" del Código Procesal Civil disponen que los jueces deben fundamentar sus CORTE SUPREMA oEJUSTICIA JUICIO: "JUAN OZUNA RODRIGUEZ C/ VICENTA IRENE ALVARENGA S/ RETENCIÓN DE INMUEBLE POR COBRO DE MEJORAS ' esoluciones en el ordeLamiento positivo vigente y aplicable, jo pena de nulidad. Tal deber importa que los jueces mediante razonamientos lógicos, los motivos para determinada manera, y no de otra; es decir, supone la aplicación razonada -en respeto de los principios lógicos de identidad, de no coLtradicción, de tercero excluido y de razón suficiente- del Derecho vigente.

Pues bien, revisaéo en detalle el Acuerdo y Sentencia impugnado, se advierte que Tribunal de Apelación fundamentó su decisión en un análisis jurídico razonado y adecuado. Por tanto, no se observa ninguna inaplicación de la ley ni deficiencia en la fundamentación que pueda justificar la Respecto del agravio relacionado con la rectitud o corrección en la apreciación de las pruebas, se debe decir que, este asunto, constituye materia del recurso de apelación y no de nulidad. Luego, el supuesto desconocimiento del Tribunal de Apelación de ciertas pruebas constituiría, si reparable en la sede apropiada.- tampoco se observan vicios que ameriten un de nulidad, en los términos del art. ,, ., del Código Procesal Civil; estimar este recurso, por improcedente.

A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN IJO: Me adhiero al se tido del voto del Ministro preopinante, Eugenio Jiménez resaltado, tal como sostuve por tanto, corresponde dejando resaltado que, si bien su voto, debo dejar ocasiones anteriores, que los pie a la nulidad del fallo, vicios, correspondiendo resolver la cuestión en el sentido indicado por el Ministro preopinante, Dr. Jiménez Rolón. Es mi voto.

A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY DIJO: Suscribo j uzgamiento al del señor Ministro Eugenio Jiménez Rolón por motivaciones allí pergeñadas. Es mi voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN PROSIGUIÓ DICIENDO: por Sentencia Definitiva Nº 256 de fecha 24 de junio de 2019, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Octavo Turno, de la Capital, resolvió: "1. RECHAZAR el incidente de falta de idoneidad de testigos planteado por la parte actora.- 2. HACER LUGAR, a la demanda que promueve JUAN OZUNA RODRIGUEZ en contra de la señora VICENTA IRENE ALVARENGA GODOY por retención del inmueble individualizado como Finca Nº 11.119 del Distrito de Lambaré con Cta. Cte. Catastral Nº 13-1494-10 por cobro del valor de las mejoras que se fija en la suma de GUARANIES NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL (Gs.

95.550.000) más intereses, que la accionada deberá abonar en el plazo de 10 días de quedar firme y ejecutoriada esta resolución.- 3. IMPONER las costas en la siguiente proporción dado el vencimiento mutuo: 85 a la parte demandada y 15 a Recurrida la mencionada resolución y tramitados los recursos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sexta Sala, de la Capital, por Acuerdo y Sentencia Nº 43 de fecha 29 de abril de 2021, resolvió: "1. RECHAZAR el recurso de nulidad interpuesto por la señora Vicenta Irene Alvarenga Godoy. 2. HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la señora Vicenta Irene Alvarenga Godoy, por derecho propio y bajo patrocinio del abogado'Ricardo Ruíz Díaz Aguilera y, en consecuencia: MODIFICAR el punto 2) de la S.D.

256 del 24 de junio de 2019, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 8 º Turno, en cuanto al CORTE SUPREMA DE JUSTICIA monto y, en consecuencia, JUICIO: "JUAN OZONA RODRIGUEZ C/ VICENTA IRENE ALVARENGA S/ RETENCIÓN DE INMUEBLE POR COBRO DE MEJORAS fijar prudencialmente en la suma de Gs. 60.000.000 (Guaraníes Sesenta millones) que deberá pagar la parte demandada a la parte actora, dentro del plazo de diez días de haber quedado firme y ejecutoriada la presente resolución. 3. IMPONER las costas de esta instancia en el orden causado. 4. ANOTAR... " (sic, f. 402) La Abogada Norma Beatriz Frutos, en representación de Juan Ozuna Rodríguez, expresó agravios en los términos de su memorial de fs. 534/538. Expuso que en el juicio no han sido cuestionados ni la posesión del inmueble del actor y su familia, ni la titularidad de la demandada, ni la existencia de las mejoras introducidas. Manifestó que el Tribunal de Apelación decidió revertir la decisión del Juzgado de Primera Instancia sin considerar adecuadamente las pruebas del expediente. Señaló que la demandada se ha negado a abonar lo justo por las mejoras introducidas y la plusvalía generada en el inmueble a raíz de dichas mejoras. Afirmó que ninguno de los tres peri tos ha determinado que las mejoras observadas fueran posteriores a la notificación de la demanda, es decir, teriores al año 2011. Agregó que dos de los peritos han idido en la antigüedad de las mejoras. Indicó que el en el análisis de las pruebas del Tribunal de Apelación ha evidenciado en la valoración del recibo de fecha de julio de 1996, firmado por Tomás Espínola, al el monto de G. 100.000.000 como exorbitante para el de albañilería, a la suma de G.

(sic.). Adujo que, el documento en realidad pudiendo leerse "sei actor ha cuestionado los sido comprobadas por el la suma de G. Acuerdo Jiménez Corrido el traslado, el Abogado Claudio Cañete Mendoza, en representación de Carlos Casimiro Gómez Hansen, heredero de Vicenta Irene Alvarenga, contestó los agravios a tenor del escrito de fs. 571/575. Sostuvo que las pruebas periciales diligenciadas carecen del rigor científico necesario, ya que los tres dictámenes presentan discrepancias en cuanto a la superficie del inmueble y están únicamente sustentados en el testimonio de los vecinos para determinar la antigüedad de las construcciones. Señaló que el actor no ha demostrado de manera adecuada las mejoras introducidas. Manifestó que la mala fe del actor no debería generar derechos en su favor, dado que éste ocupaba el inmueble de manera ilegítima. Por último, solicitó el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

El sub iudice trata de una demanda de cobro de mejoras, con invocación del derecho de retención.

Al respecto, el art. 1826 del Código Civil dispone: "El obligado a restituir una cosa podrá retenerla cuando le correspondiese un crédito exigible en virtud de los gastos efectuados en ella, o con motivo de daños causados por dicha cosa." De manera que, el derecho de retención tiene carácter accesorio al crédito generado por gastos realizados en la cosa retenida; ergo, su procedencia está supeditada a la efectiva comprobación del crédito por mejoras.

El art. 1984 del Código Civil establece: "Cuando de buena fe se ha sembrado, edificado o plantado en terreno ajeno, y sin derecho para ello, el dueño está obligado a abonar el.

mayor val.or que por 1.o trabajos o 1.a construcción hubiese adquirido el. bien, en el momento de la restitución. Puede impedir la demolición o deterioro de los trabajos. No está obligado a pagar las mejoras voluptuarias. El autor podrá levantarlas, si no causare perjuicio al bien. Si procedió de mala fe, estará obligado a la demolición o reposición de las cosas a su estado primitivo, a su costa. Si el dueño quisiere CORTE SUPREMA oEJUSTICIA JUICIO: "JUAN OZUNA RODRIGUEZ C/ VICENTA IRENE ALVARENGA S/ RETENCIÓN DE INMUEBLE POR COBRO DE MEJORAS nservar lo hecho, no podrán ser destruidas las mejoras, y berá abonar el mayor valor que por los trabajos hubiere quirido el bien.n En el caso, ya en el escrito inicial (vide: fs. 52/53) se observa un obstáculo de fuste para la procedencia de la demanda, porque el actor reclamó el cobro del costo de las mejoras, pero no el mayor valor adquirido por el inmueble a En efecto, como tiene explicado esta Magistratura en fallos anteriores dictados en este tipo de demandas (vide: Acuerdo y Sentencia Nº 13 de fecha 16 de abril de 2021; Acuerdo y Sentencia Nº 13 de fecha 11 de marzo de 2022; y, Acuerdo y Sentencia Nº 82 de fecha 29 de diciembre de 2023), la pretensión de cobro debe centrarse en el mayor valor del inmueble derivado de las mejoras. Esto requiere pruebas que demuestren la relación causal entre las mejoras y el aumento de valor, así como una clara distinción entre las mejoras y otras posibles causas del incremento de valor, como el aumento general de precios en el mercado inmobiliario. En otras palabras, no es suficiente acreditar solo el costo de las inversiones realizadas en el inmueble, ni comparar su valor anterior con el valor posterior a las mejoras, ya que podrían existir múltiples causas independientes que expliquen el mayor Luego, además de la impertinencia de la reclamación en --;107 términos señalados, el indicó, y menos el mayor actor erta Jiménezpor el bien, como consecuencia de las mejoras sup estamente introducidas. Ello, porque: i) la prueba pericial no v mentado mayor ii) la prueba reconocimiento para demostrar el susodicho mayor valor, que, obviamente, requiere de conocimientos técnicos; y, iii) la prueba documental, consistente en facturas de compra de materiales, pago de servicios, entre otros (vide: fs. 13/51), que no refieren al aludido mayor valor, tampoco resulta idónea para su comprobación. En suma, las pruebas que versan sobre el valor de las mejoras carecen de idoneidad, y, por el contrario, sí resultan adecuadas aquellas orientadas a demostrar la valoración del inmueble como consecuencia de las mejoras; empero, éstas últimas, como se mencionó, están completamente Así pues, tales deficiencias ameritaban, a no dudar, la desestimación de la demanda. Empero, este juzgamiento no puede obviar que la procedencia sustancial del cobro del crédito por mejoras ha adquirido, a la fecha, autoridad de cosa juzgada, derivada de su estimación por los órganos jurisdiccionales inferiores; es decir, por virtud del doble conforme.

Entonces, de acuerdo con el art. 403 del Código Procesal Civil, en esta instancia, solo puede ser objeto de revisión la modificación de la condena decidida por el Tribunal de Apelación. Nótese que el Juzgado de Primera Instancia admitió parcialmente la demanda en la suma de G. 95.550.000 (vide: f.

370 vlta.); recurrida la mencionada resolución, el Tribunal de Apelación también estimó parcialmente la demanda, pero en Así las cosas, esta máxima instancia solamente puede confirmar, o bien, modificar la condena a favor del actor y apelante, porque cualquier otra modificación importaría una violación a los principios de congruencia y de reformatio in En esta tesitura, atendiendo lo expuesto supra en relación con la improcedencia, en buen Derecho, de la demanda, no cabe más que confirmar la reducción de la condena efectuada CORTE SUPREMA oEJUSTICIA JUICIO: "JUAN OZUNA RODRIGUEZ C/ VICENTA IRENE ALVARENGA S/ RETENCIÓN DE INMUEBLE POR COBRO DE MEJORAS en segunda instancia; toda vez que, reiterase, en autos no existen elementos probatorios idóneos y suficientes para incrementar la suma otorgada por el Tribunal de Apelación hasta el límite del monto concedido por el Juzgado de Primera En conclusión, corresponde confirmar el apartado segundo Las costas se imponen, en esta instancia, al actor y perdidoso, cuyos recursos fueron íntegramente desestimados, de acuerdo con el principio del resultado objetivo que rige la materia, ex arts. 192 y 205 del Código Procesal Civil.--- A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN PROSIGUIÓ DICIENDO: Me preopinante, Dr. Eugenio adhiero Jiménez al voto Rolón, del por Ministro compartir idénticos fundamentos, en cuanto a los motivos por los que cabe la confirmación de la recurrida, con costas en esta instancia a la apelante perdidosa en esta instancia.

Cabe acotar, que el derecho de retención consiste en la facultad con que cuenta quien se encuentra obligado a devolver una cosa, para retenerla en su poder hasta tanto no sea pagado por el crédito generado por gastos realizados en por daños causados por ella. 1 Es una de las típicas s conservatorias del crédito, a saber, el conjunto de desarrolladas con el objetivo de defender el mantener incólume el patrimonio a la existentes.--- Jiménez Se trata, así, de una prerrogativa que puede ser ejercida por ciertos acreedores para mantener la detentación de una cosa ajena que, en principio, debe ser devuelta. La norma indica con claridad que esta facultad puede ser ejercida únicamente por quien tenga un crédito exigible y que provenga de dos hechos en particular: la realización de gastos en la cosa o los daños que la cosa le haya causado.

Solo en caso de existir un crédito exigible causado por dichos motivos, la ley acuerda al poseedor la prerrogativa de mantener la detentación física de la cosa hasta tanto obtenga Entonces, el demandante debe demostrar, necesariamente, que cuenta con un crédito exigible y que este proviene de uno de los dos hechos generadores señalados -gastos o daños-.

Además, que aún cuenta con la posesión de la cosa que pretende retener en conservación del mentado crédito. De todo ello se extrae que dicha facultad sea una cuestión accesoria al crédito principal, y que no pueda acordarse sin que se Ahora, en cuanto al crédito exigible, como se dijo, solamente puede provenir, por un lado, de gastos efectuados en la cosa, y por el otro, de daños que la cosa haya ocasionado a su detentador. Esto es, la demanda que comúnmente se caratula como de "retención" constituye, en realidad, una acción personal donde lo que se reclama es el cobro de una suma de dinero y, al mismo tiempo, se peticiona al juez que reconozca el derecho de retener la cosa afectada al crédito que se reclama y hasta el momento que sea pagado el crédito, a través de la realización de la cosa. Por ello, lo que se debe demostrar es la existencia del crédito.

Tal como sucede en el presente caso -así como en la mayoría de las demandas caratuladas cobro de mejoras-, lo. que aquí se como de retención por reclama es un crédito CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: "JUAN OZUNA RODRIGUEZ C/ VICENTA IRENE ALVARENGA S/ RETENCIÓN DE INMUEBLE POR COBRO DE MEJORAS proveniente de gastos -mejoras- efectuados en una cosa, en La existencia del crédito por mejoras introducidas en los /nmuebles, vinculados I I, así estrechamente plantaciones establecido en el Libro IV, Título III, Capítulo Sección III, como su cuantificación, al régimen de se encuentran edificaciones y Parágrafo V "De la edificación y la plantación" del Código Civil ( arts. 198 2 al 198 8 del C. C.) .

Esto, atendiendo la fuente legal del crédito a favor del retenedor del inmueble. Distinto sería si el hecho se trataba de daños causados por la cosa, en cuyo caso se aplicarían las reglas de la responsabilidad civil, para acordarle al acreedor n el caso en concreto, resulta de aplicación el art. el C. C., que dice: "Cuando de buena fe se ha sembrado, cado o plantado en terreno ajeno, y sin derecho para está obligado a abonar el mayor valor que por la construcción hubiese adquirido el bien, en restitución. Puede impedir la demolición o deterioro de los trabajos. No está obligado a pagar las mejoras El autor podrá levantarlas, si no causare Si procedió de mala fé, estará obligado a a su estado primitivo, u costa. Si el dueño quisiere conservar lo hecho, no podrán ser destruidas las mejoras, y deberá abonar el mayor valor que los trabajos hubiere adquirido el bien".

la disposición cuestiones: i) la realización ajeno obliga al dueño a pagar bien al momento de su salvo surgen las siguientes de buena fe en terreno valor que adquiera el la realización de de las quiera el mayor valor que haya adquirido el bien, y iii) las mejoras Tal y como lo ha señalado el Ministro preopinante en su voto, surge categórico que el monto del crédito que vaya a existir a favor de quien efectuó las mejoras no es el costo de ellas. Antes bien, se trate de mejoras introducidas de buena o de mala fe, lo que debe abonarse es el mayor valor que por dichos trabajos haya adquirido el bien.

Es por ello que, para que este tipo de pretensiones sean procedentes, el monto del reclamo debe ser ese mayor valor que adquirió la cosa como consecuencia de los gastos efectuados en ella y no los gastos propiamente efectuados; es decir, el crédito constituye la diferencia de valor de la cosa.

En este orden, la prueba en estos juicios debe versar, primeramente, sobre la autoría de las mejoras y el carácter en que ellas han sido realizadas, a saber, de buena fe o de Esta cuestión de establecer la buena o mala fe con que fueron introducidas las mejoras es determinante porque, de acreditarse que las mejoras fueron realizadas de buena fe, el propietario del inmueble quedará necesariamente obligado a abonar por el mayor valor del inmueble.

En cambio, si se trata de un constructor de mala fe, el propietario puede pedir la destrucción de lo hecho, a costa del poseedor, no debiendo el mayor valor del inmueble, salvo que prefiera quedarse con las mejoras.

Una vez determinada la autoría de las mejoras y el carácter en que estas fueron realizadas, debe probarse el valor del crédito, vale decir, debe demostrarse, en principio, el aumento de valor que ha sufrido la cosa; el caudal probatorio debe permitir comparar el valor del inmueble antes de las construcciones y su valor posterior a ellas.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: "JUAN OZUNA RODRIGUEZ C/ VICENTA IRENE ALVARENGA S/ RETENCIÓN DE INMUEBLE POR COBRO DE MEJORAS , Al mismo tiempo, debe acreditarse que esa diferencia pbsi ti va de valor sea consecuencia directa de las mejoras - efectuadas y que no responda a situaciones extrañas a las edificaciones o construcciones efectuadas por el reclamante o a transgresiones de prohibiciones impuestas a quien las realizó, como se da en el caso de los inquilinos a quienes se le prohíbe introducir mejoras en el inmueble locado, en cuyo caso no podría reclamar el pago de las mismas en caso de haberlas introducidos, contra el pacto establecido en el Ahora bien, tal y como lo entendió el Ministro que me antecede en el orden de votación, en autos se ha juzgado en doble instancia acerca de la procedencia de la pretensión incoada. Es decir, dos órganos jurisdiccionales han decidido a favor de la estimación de la demanda, con fundamentos suficientes para considerar válidas las resoluciones -estén o no ellas adecuadas al criterio que expongo ahora-, lo que se analizó en sede de nulidad, donde quedó desestimado el De este modo, no puede ya ser objeto de juzgamiento la de la presente demanda so pena de soslayar el la prohibición de reforma en perjuicio, además xpresa prohibición establecida en el art. 403 del C.P.C.

por ende, se encuentra constreñida a fallar dentro límites, a pesar de no estar de acuerdo con el iterio adoptado en las, tras instancias, el que no obstante siendo formalmente habiendo El agravio sobre la rección del criterio aplica o por los órganos anteriores de tono atendiendo la extensa duración de este pleito, entre la condena fijada por el Juez de Primera Instancia o la modificación a la baja realizada por el Tribunal de Apelación correspondiendo, por tanto, la confirmación de la recurrida, por tratarse del monto menor otorgado en autos, pues la demanda, como anticipé, a mi criterio, debió ser desestimada por improcedente, extremo que, en esta instancia, nos está En cuanto a las costas de esta instancia, también me adhiero al sentido y a los fundamentos del voto del Ministro Por todo lo expuesto, tal y como lo ha señalado el preopinante, a cuyo voto adhiero, cabe la confirmación del Acuerdo y Sentencia Nº 43 del 29 de abril de 2021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Sexta Sala, con la expresa constancia en la parte resolutiva de que la confirmación se funda en la prohibición de la reforma en perjuicio, debiendo imponer e las costas en esta instancia al actor, como perdidoso.- Es A SU TURNO, EL SEÑOR PROSIGUIÓ DICIENDO: Coincido y motivaciones del señor Ministro CÉSAR ANTONIO GARAY j uzgamiento por las Rolón. Así Con lo que po Ante terminado el acto CORTE SUPREMA oEJUSTICIA JUICIO: "JUAN OZUNA RODRIGUEZ C/ VICENTA IRENE ALVARENGA S/ RETENCIÓN DE INMUEBLE POR COBRO DE MEJORAS y VISTOS: los méritos del Acuerdo que antecede, la elentísima; DESESTIMAR el CONFIRMAR el CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CIVIL Y COMERCIAL

RESUELVE:

de Nulidad interpuesto.

segundo del Acuerdo y Sentencia Número 43, con fecha 29 de ril del 2.021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civi y Comercial, Sexta Sala, de ostas eQ esta stancia al act r r y notificar.

y