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Auto Interlocutorio N° 614/2024

22 de julio de 2024

JUICIO: "R.H.P. DEL ABG. MIGUEL ANGEL LOVERA SALCEDO EN LOS AUTOS: TAYI INMOBILIARIA SA C/ MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL".

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CORTE SUPREMA oEJUSTICIA JUICIO: "R.H.P. DEL ABG. MIGUEL ANGEL LOVERA SALCEDO EN LOS AUTOS: TAYI INMOBILIARIA SA C/ MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA S/ INDEMNIZACIÓN DE DAOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL".--- Los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos rocuraduría General de la República, Abogado Carlos Raúl ópez Valdez, contra del A.I. Nº 52 con fecha 11 de Febrero e 2.022, dictado por el Tribunal de Apelación Civil y cmercial, Segunda Sala, de la Capital y;

C O NS ID ERANDO: OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN: CUESTIÓN PREVIA: Antes de entrar al estudio de los Recursos interpuestos contra el A.I. Nº 52 con fecha 11 de febrero de 2. 022, corresponde analizar la ley aplicable al De las constancias de autos surge que la parte demandada en el presente juicio es el Estado Paraguayo -quien fue condenado en costas conforme con lo resuelto en el Acuerdo y Sentencia Nº 95 con fecha 18 de octubre de 2021 (f.203 vlta.

de los autos principales), por cuanto correspondería la En este sentido, encontramos un problema derivado del deber de aplicar el art. 29 de dicha Ley, en cuanto guarda relación con la limitación honorarios profesionales; a la regulación de cuestionada Preliminarmente, se impone una consider distribución de competencias en esta judicial; en efecto, es sabido que, la declaración de inconstitucionalidad es competencia instancia Dr. Manue Dejesús Ramírez C ndia MINISTRO Abg. María Rita Monges Dos Santos Secretaria 609/95. En nuestro esquema normativo, las demás Salas no tienen competencia para tal declaración, conforme con los Precisamente para este tipo de situaciones, en que otra Sala cuestione la constitucionalidad de una norma que deba aplicar, está prevista la vía expresamente acogida por el art.

18 del Código Procesal Civil, a los efectos de un pronunciamiento relativo a la declaración de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley que El ejercicio de la referida facultad ordenatoria es conocido con el nombre de consulta de constitucionalidad. Sin embargo, el mismo es coloquial, puesto que no se encuentra contenido en la disposición legal, que directamente se refiere a "remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el Art. 200 de la Constitución, siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a normas constitucionales". Es decir, no hay aquí una consulta requerimiento, directamente, en sentido técnico, sino un pedido, un oficiosamente provocado, para que se juzgue, la constitucionalidad de la norma jurídica cuestionada. Dicha denominación no debe llevar a la confusión de entender que a través de ella se está solicitando una opinión consultiva o un dictamen no vinculante. En los términos del art. 18 del Código Procesal Civil, que se encuadra perfectamente en lo dispuesto por el art. 132 de la Constitución, la remisión del expediente a la Sala Constitucional se hace a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, es decir, para el dictado de una sentencia que declare, o no, la inconstitucionalidad de la ley cuestionada. Por tanto, constituye un procedimiento que se erige en una de las formas de control de constitucionalidad, CORTE DEJU de JUICIO: "R.H.P. DEL ABG. MIGUEL ANGEL LOVERA SALCEDO EN LOS AUTOS: TAYI INMOBILIARIA SA C/ MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA S/ INDEMNIZACIÓN DE DAílOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL".--- ff 1vigencia del Art. 137 de la Esto, p6 .lQ.dem-, coincide con la interpretación hecha por la doctrin "La 'consulta' constituye en realidad, en estos casos, u sometimiento ex oficio que hace el tribunal incompetente, al tribunal competente, para que quede establecido por éste si la ley invocada al caso es constitucional o inconstitucional, de manera que, si resulta lo segundo, el tribunal incompetente pueda exonerarse de su aplicación" (MENDONCA, Juan Carlos. 2000. La garantía de inconstitucionalidad. Primera Edición. Asunción: Delimitada, pues, la procedencia de la referida facultad ordenatoria, así como la finalidad de la misma; y deslindadas las cuestiones de competencia, corresponde proceder a su Como ya fuera mencionado, en la limitación relativa a la regulación de honorarios profesionales de los abogados que hayan desempeñado su labor en juicios en los cuales los organismos y entidades del Estado sean parte, prevista en el art. 29 de la Ley 2421/04, encontramos una fuerte sospecha de violación al principio de igualdad, consagrado en el art. 46 de la Constitución, ya que se imponen remuneraciones diferentes -es limitada al 50del mínimo sustancialmente idénticos a cualquier otr,, único elemento discriminante de la calidad organismos y entidades del Estado. Es más, se podri todo lo contrario, puesto que el litigar y entidades del Estado, normalmente, insume mayor profesional y complejidad en los planteamientos jurídicos.- No un criteri igualdad.

Dr Ma11ur:l llceSll"" ' - ' MNSiRO razonable para que la Abg. IVforía Rita Monges Dos S Secretaria encuentran en iguales situaciones, y, concornitanternente, implica el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias (BIDART CAMPOS, Germán. 1992. Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino. Buenos Aires: Editorial Ediar. p. 259). Y, aun cuando ello no excluye la posibilidad de que el legislador cierre los ojos ante la diversidad de circunstancias que puedan presentarse a su consideración, lo que la igualdad exige es la obligación de igualar a todas las personas afectadas por una medida, dentro de la categoría que les corresponda evitando distinciones arbitrarias u hostiles (BIDART CAMPOS, Germán. Ibidem. p.

La limitación en cuestión, por lo demás, incluso omite toda consideración de los parámetros establecidos en la ley arancelaria: sin importar la mayor o menor cornplej idad o calidad de los trabajos, impone un porcentaje único, tasado en la mitad de lo que correspondería, mínimamente, en cualquier juicio. Así pues, la sospecha de violación al principio de igualdad, motivada por el hecho de que la labor profesional justipreciada no es menor en extensión ni en complejidad por el solo hecho de litigar contra los organismos y entidades del Estado, aparece corno fundada y suficiente para promover el control de constitucionalidad oficioso respecto En el caso de autos, la norma resultaría aplicable por cuanto la labor profesional del Abogado Miguel Ángel Lovera Salcedo -Abogado regulante y representante convencional de la parte actora en los autos principales- se verificó bajo la vigencia de la Ley 2421/04, y es parte del juicio el Ministerio de Agricultura y Ganadería corno parte demandada. Por ende, se encuentra comprendido en el art. 3 de la Ley 1535/99 y, en JUICIO: "R.H.P. DEL ABG. MIGUEL ANGEL LOVERA SALCEDO EN LOS AUTOS: TAYI INMOBILIARIA SA C/ MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL".--- se ve afectado por la disposición del referido motivaciones expresadas, conforme con el art.

"a" del Código Procesal Civil, corresponde remitir, estos autos a la Sala Constitucional, a fin de que ella se pronuncie sobre la constitucionalidad o no del art. A SU TURNO, EL MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA dijo: Disiento con la opinión del Ministro Preopinante Eugenio Jiménez Rolón, respecto a la propuesta de remitir estos autos a la Sala Constitucional a fin de que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad o no del Art. 29 de la Ley Nro. 2421/04, pues considero que no corresponde por los siguientes motivos: La citada norma (Art. 29 de la Ley Nro. 2421/04) establece que los profesionales que deben percibir honorarios en concepto de costas percibirán una cuantía del 50, cuando el sujeto pasivo del pago de los honorarios sea una entidad En primer lugar, considero que esta norma legal no afecta el principio general de la igualdad que se establece.

en la normativa constitucional, pues dicho principio no supone igualación, en el sentido de que todos los sujetos o todas las situaciones jurídicas deben tener el mismo trato, porque lo que prohíbe el principio de arbitraria, con lo que se admite diferencia basada en criterio racional.

En el sentido señalado, es admisible en e jurídico diferencias racionales, tal como ocurre ámbito tributario en donde el principio de la igualdad se tra en la afirmación de "igual riqueza igual tributación", la discriminación discriminación o supone que se la diferenci ión de su entre los También, esta to Martinez Simon Ministro - 1 n jesús Ramírez can ia íl!. tAanue NSiRO Abg. María Rita Monges Dos Secretaría que se traduce en la afirmación de "a igual trabajo igual salario", lo que supone la existencia de diferencia salarial en razón de la actividad laboral desarrollada.

Igualmente, en la propia normativa legal que establece la regulación de los honorarios profesionales se establecen diferencias en la cuantías de los honorarios en razón de los En el caso de la ley cuestionada, se establece diferencia en la cuantía de los honorarios en función del sujeto obligado al pago, que es el Estado, dicha diferencia establecida en la norma legal no es arbitraria, pues la entidad estatal es administradora de los bienes públicos -inclusos del profesional que requiere su honorario- y se halla destinado a solventar el bienestar colectivo y no para solventar el Por consiguiente, el criterio de discriminación que establece la norma legal impugnada no resulta arbitrario sino de carácter racional porque se justifica en el destino de los bienes que será afectado por la regulación de los honorarios.- Por otra parte, considero que la consulta constitucional no es necesaria, debido a que para dejar de aplicar una norma que se considera inconstitucional no se requiere que se previamente declarada su inconstitucional, pues es obligación de los magistrados fundar su fallo, en primer lugar, en la Constitución, por lo que en caso de encontrar una antinomia entre la Constitución y la Ley, se debe proceder a la aplicación de la Constitución, de acuerdo con el criterio de jerarquía, sin necesidad de requerir la declaración de inconstitucionalidad por vía de la consulta.

Cabe aclarar que con esta posición no se niega o desconoce que en el diseño Constitucional paraguayo rige el sistema de control de constitucional concentrado, por el cual se establece que solo la Corte Suprema de Justicia, Sala CORTE SUPREMA oEJus Constirucio1z:ay. '-f>Ieno, a el órgano competente para declarar la incsti ql..i,!ct',; las normas jurídicas conforme surge de los Arts. 59 núm. ,t/ly 260 de la Constitución. Tampoco se pretende qb-e- l_9g_...4strados declaren -por si mismos- la JUICIO: "R.H.P. DEL ABG. MIGUEL ANGEL LOVERA SALCEDO EN LOS AUTOS: TAYI INMOBILIARIA SA C/ MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL".--- contrariedad e las normas jurídicas a la Constitución, por no ser compete .tes para hacerlo. Aquí se defiende la posición de que los magistrados, por el principio de supremacía constitucional establecido en los Artículo 137 de la Constitución y el 256, que exige fundar los fallos en la Constitución, apliquen la norma de superior jerarquía, sin necesidad de requerir una declaración de inconstitucionalidad previa; cosa distinta, vale repetir, a la declaración de inconstitucionalidad que solo es competencia de la Corte Por las breves consideraciones expuestas, considero que no corresponde remitir estos autos a la Sala Constitucional.

En segundo lugar, corresponde estudiar los Recursos de Nulidad y Apelación, interpuestos por los Representantes de la Procuraduría General de la República (parte demandada), contra el A.I.Nro. 52 del 11 de febrero del 2022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Que, por el citado Auto Interlocutorio, el Tribunal de Apelación, resolvió Regular los honor Abg. MIGUEL ANGEL LOVERA SALCEDO, profesionales al patrocinante y procurador, por los trabajos realizados en en la suma de Gs. 14.705.385, más el 10en conce La resolución se fundamentó en que el juicio prin 'pal tiene monto la suma de Gs. 326.786.353, por lo que otorga 1 al abogado como ,.

' r. P'or último termina I "anuel De esús Ramírez Candi INISiRO Abg. Maria Rita Monges Dos Santos Se1.:rct:ria RECURSO DE NULIDAD: Los Abgs. RODOLFO ANDRES BARRIOS y CARLOS RAÚL LÓPEZ VALDEZ, representantes de la Procuraduría General de la Republica (parte demandada), desistieron del recurso de nulidad (fs. 25). Por otra parte, no se observan violación de forma del proceso o la resolución judicial para declarar esta ineficacia procesal, en los términos autorizados por el Art.113 y 404 del CPC. En consecuencia, corresponde tener por RECURSO DE APELACIÓN Los Representantes de la parte demandada se agravian contra el monto (Gs. 14.705.385) justipreciado por el Tribunal Apelación, en los términos del escrito glosado a fs. 25/29, alegando principalmente que: El inferior reguló erróneamente los honorarios profesionales, asimismo, corresponde aplicar los Arts. 21 y 32 de la Ley Nro. 1376/88, teniendo en cuenta el monto del juicio, otorgando el 5, reduciendo el 50, El Abg. MIGUEL ANGEL LOVERA SALCEDO, representante de la parte actora, contesta los agravios en los términos del escrito obrante a Analizado los agravios de los apelantes, se observa que los puntos radican en dos cuestiones: 1) Si el juicio posee un monto, teniendo en cuenta las pautas orientadoras contemplado en los Arts. 21 inc. a y b, 32 de la Ley Nro.

1376/88 " ... serán regulados entre el cinco y el veinte por ciento del valor del juicio, tomándose como criterio la aplicación de menor porcentaje cuanto mayor sea tal valor del juicio". 2) Si el porcentaje del 15otorgados por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, se ajusta a la porcentualidad de la mencionada Ley y si corresponde retasar los honorarios del Abg. MIGUEL ANGEL LOVERA SALCEDO.- CORTE SUPREMA DEJUSTICIA JUICIO: "R.H.P. DEL ABG. MIGUEL ANGEL LOVERA SALCEDO EN LOS AUTOS: INMOBILIARIA SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA Y GANADERÍA TAYI INDEMNIZACIÓN DE DAOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL".--- primera cuestión, sobre el monto del autos principales, se observa que existe de la tasa judicial cor(/ monto o sin monto, (fs. 1) que pudiera parámetro para determinar si el presente juicio es por lo que, en virtud a lo dispuesto en los incisos a y b del Art. 21 de la Ley Nro. 1376/88 "Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores", corresponde tomar como monto del juicio la condena pecuniaria fijado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno en su sentencia (fs. 159/163, la cual se encuentra firme. En cuanto al inciso "b" de la mencionada Ley, establece que toda regulación de honorarios, debe asentarse sobre una valoración justa de los trabajos profesionales y una aprobación real de la calidad, eficacia y extensión de los mismos, de la aplicación del principio de celeridad profesional y de la trascendencia jurídica, moral y económica que la causa tiene para la parte vencida.

Es ese sentido, a fs. 159/163 de los autos principales, obra la S.D Nro. 97 del 02/04/2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno, donde consta el monto del juicio es de Gs. 326.786.353, que el demandado debe abonar al actor, por lo que este monto debe ser utilizado como base para calcular los honorarios Por consiguiente, en relación al concluye que el juicio tiene un valor pertinente que: los en procesos esta ley, 1 apreciación económica, por lo que, el Tribunal aplicó el Art. 32 de la Ley Nro. 1376/88 y el veinte por 1 objetado, se que no estuvie hono)arios 1 l}eí ús Ramrez C:mdi 0 MI STR o Martinez Simon ' Ministro Abg. Maria Rita Monges Dos Santos Secretaria porcentaje cuanto mayor sea tal valorn, por cuyo motivo el agravio-en este punto resulta atendible.

En lo que respecta a la segunda cuestión, si el porcentaje del 15otorgados resulta exorbitante, corresponde el estudio y revisión del justiprecio de los honorarios profesionales regulados por el Tribunal Apelación.

Cabe señalar que, el Tribunal Apelación ha otorgado al Abg. MIGUEL ANGEL LOVERA SALCEDO, por los trabajos realizados en el juicio, el 15de Gs. 326.786.353 como patrocinante y procurador de la parte actora, conforme al Art. 32 de la Ley Nro. 1376/88 para el profesional que actuaren en todos en Por lo ante expuesto, surge de manera manifiesta que lo regulado en autos supera ampliamente el mínimo del 5, lo que demuestra una falta de aplicación de las pautas del Art. 32 de la Ley Nro. 1376/88 " ... serán regulados entre el cinco y el veinte por ciento del valor del juicio, tomándose como criterio la aplicación de menor porcentaje cuanto mayor sea tal valorn, no habiendo aplicado la resta del 50conforme al Art. 29 de Ley Nro. 2421/04. En ese sentido, se comprueba que, el Tribunal de Apelación ha valorado en forma errónea el Por tanto corresponde retasar los honorarios y realizar el correcto justiprecio conforme al trabajo que ha realizado Examinado el expediente principal que se halla glosado a esta regulación por cuerda separada, se observa que, el Abg.

MIGUEL SAID BOBADILLA, intervino como patrocinante y procurador de la parte actora en la instancia inferior, en ese carácter ha presentado la contestación de los agravios que obra a fs. 186/192. Así, se observa que por Acuerdo y Sentencia Nro. 95 del 18/10/2021, el Tribunal de Apelación, confirmó la CORTE SUPREMA oEJUSTICIA JUICIO: "R.H.P. DEL ABG. MIGUEL ANGEL LOVERA SALCEDO EN LOS AUTOS: TAYI INMOBILIARIA SA C/ MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL".--- atento al Art. 32 de la mencionada Ley citada más regula la actuación profesional, cabe hacer una re,ulación sobre la base del 7,5como promedio justo, ya que en el doble carácter. Ahora bien, aplicando esta normativa regulatoria de honorarios (7,5), lasumatoria Como la entidad estatal fue condenado en costas, por imperio de lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley Nro. 2421/04, el monto señalado en el párrafo anterior debe ser reducido a la mitad (50), da como resultado Gs. 12.254.480, cálculo hipotético de primera instancia. Por tratarse de actuaciones en esta instancia recursiva, debe aplicarse el Art. 33 de la Ley Nro. 1376/88. Haciendo el cálculo correspondiente, conforme a la norma, es equitativo otorgar el 25de la suma del cálculo hipotético, dando un resultado Gs. 3. 063. 622, Por lo tanto, en base a las norma ti vas mencionados corresponde HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por Abgs. RODOLFO ANDRES BARRIOS y CARLOS RAÚL LÓPEZ VALDEZ, representantes de la Procuraduría General de la República (parte demandada); REVOCAR el A.I.Nro. 52 del 11 de febrero del 2022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala y en RETASAR los instancia Con relación abonar el honorarios profesionales al Abg. MIGUEL por los trabajos realizados, como de la parte actora, en el juicio de inferior en la suma de Gs. 3.063.622.

y procurador Impuesto al Valor Agregado atendienctoj a la bae asa impositiva 10, , "m'ire' (;o dia IJ1. Ma11uel D íeSúS aa ' INISTRO Abg. María Rita Monges Dos Sa Secretaria En cuanto a las costas considero que no corresponde su imposición en esta instancia recursiva por los siguientes fundamentos: En primer lugar, se tiene que esta instancia recursiva fue habilitada a los efectos de la revisión de la regulación de honorarios profesionales, determinado por el Tribunal inferior. En ese sentido, cabe aclarar que los trámites realizados para la revisión recursiva de la regulación de honorarios independiente a la forma en que sean resueltos no genera costas, pues de imponer costas se daría la posibilidad de regular honorarios sobre los honorarios, por lo tanto, en este caso no procede la imposición de costas.

Al respecto, según el Art. 1 de la Ley Nro. 1376/88, que regula el "Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores", los abogados tienen derecho a percibir sus honorarios 11 los trabajos profesionales realizados en juicios, gestiones administrativas y actuaciones extrajudiciales ... ", en este caso, la actividad profesional producida por la solicitud de la regulación de honorarios o por la discusión de los mismos en instancias superiores, no son idóneas para generar derecho al justiprecio por tales trabajos, no se trata de trabajos realizados en el juicio principal ni que tuvieran incidencia en él. En este contexto, en la tramitación de la regulación no está prevista la condena en costas, el pedido de regulación por lo general no requiere sustanciación, como ocurrió en autos, pues el órgano judicial incluso debe regular de oficio los honorarios profesionales, conforme al Art. 9 de la Ley Nro. 1376/88, contando las partes con la posibilidad de solicitar la retasación si consideran que el justiprecio de los trabajos es incorrecto.

En este mismo sentido, me he expresado en casos similares como son: 1) A.I.Nro. 232/2022 dictado en los autos caratulados: "R.H.P DE LA ABOG. ALMA GUERRERO en los autos CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUICIO: "R.H.P. DEL ABG. MIGUEL ANGEL LOVERA SALCEDO EN LOS AUTOS: TAYI INMOBILIARIA SA C/ MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA S/ INDEMNIZACIÓN DE DAílOS Y PERJUICIOS 't"a.rlados: "MUNICIPALIDAD DE PILAR C/ DANIELA RAMONA LOPEZ ,...1.rie,Coutos, caratulados: "INCIDENTE DE REG. DE HON. PROF. DEL ABOG.

JOSE EDUARDO FLEITAS EN EL EXPTE CARATULADO: "ELWEN ZACHARIAS KNHOFEN C/ RES. NRO. 8 DE FECHA 04/02/2016 DICT. POR EL POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL".--- En definitiva, al haberse habilitado esta instancia recursiva al solo efecto de la revisión de una regulación, independiente a la forma en que ha quedado resuelta, no corresponde imponer costas. ES MI VOTO.

OPINIÓN DEL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN: manifestó que se adhiere a la opinión del señor Ministro En consecuencia, por las motivaciones mencionadas, la Excelentísima; SALA CIVIL Y COMERCIAL

RESUELVE:

REMITIR, de oficio, estos autos a la Sala Constit' cional de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, a fin de gue ésta se pronuncie sobre la constitucion lidad o no del Art. en el onforme con los gumentos expuestos a presente Resoluc Abg. María Rita Monges Dos Santos Secretaria