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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 740/2024

22 de julio de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CELSO GIMÉNEZ CRISTALDO C/ ART. 1º DE LA LEY Nº4252 DE FECHA 29/12/2010. AÑO 2020. N° 239.--

Antecedente ART. 1º DE LA LEY Nº4252 DE FECHA 29/12/2010

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'ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CELSO GIMENEZ CRISTALDO C/ ART. ºDELA LEY Nº4252 DE ACUERDO Y SENT ,. CIA En la Ciudad de f,sGiQ!!, Cap_i!§de la Rpúbicpdel Paraguay, a los 'J,.e,4días del mes de. J cJ 1 O del ano dos mil ,J"t<ULIMc;>estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Jus icia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CÉSAR DIESE JUNGHANNS, VICTOR RÍOS bJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante í, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDADPROMOVIDA POR CELSO GIMÉNEZ CRISTALDO C/ ART. 1º DE LA LEY Nº4252 DE FECHA 29/12/2010", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por Celso Giménez Cristaldo por derecho propio y P revio estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada, el Doctor DIE.,EL JUNGHANNS dijo: Se presenta el señor Celso Giménez Cristaldo, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 º de la Ley Nº 4252/201 O Que modifica los Arts. 3, 9 y En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la Ley Nº 4252/201 O, los agravios de la accionante sé ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003, concretamente, en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Revisadas las constancias de autos, se observa que a fs. 3 obra copia autenticada de la cédula de identidad del accionante, en la que consta su fecha de nacimiento -21 de noviembre de 1953-, con lo que se comprueba que a la fecha cuenta con 68 años cumplidos, por lo que se encuentra sujeto a la jubilación obligatoria prevista por la norma hoy impugnada.

Corrida vista al Ministerio Público, conforme lo establece el Art. 554 del C.P.C, la Fiscal Adjunta, Nancy Salomón, recomendó hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad, según Cesar M. Diesel'Ilung Ministro CSJ.

coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley". Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional.

En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.

Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art, 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art.

238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitíva) con imperio decisorio y obligatorio.

En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la IHy regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al tuncionetio público en actividad" (el subrayado es mío).- En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.- Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno dé ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra SUPREM41-', ,,' ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE JUSTl¡lA J' ' PROMOVIDA POR CELSO GIMÉNEZ 51¡.., 1CRISTALDO C/ ART. ºDELA LEY Nº4252 DE ' olJ fórmula normativa, qe ese- a I control d,esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa regJamentaria,, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constituciona, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la Es por ello que el benefic rio de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar , permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " .. a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " .. dentro del sistema nacional de seguridad social" , , . "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C, N.)

y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".

La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.

Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistemajubilatorio, a más ele constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a. criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrurrr nto por I c I el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el cceso la fun ión púb ica (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servid -r-e est ales, mi ntra que, po el otro, el servidor público que pasa a una situación de retir , disf t en dela te d. su derec o al descanso .. :on el dis , te del ber jubila ario, y especial prot Gustavo E. S;:intmder Dans W,li1istro Cesar M:OieserJún hanns Ministro e . , ojeda Víctor l{ios t»- inistro persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional.- Debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de constitucionalidad.

Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada, Asimismo, corresponde el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dictada en esta causa a través del A.I. Nº 1804 de fecha 03 de diciembre de 2021. Es mi voto.

1.Se presenta ante esta Sala, el Sr. CELSO RAMÓN GIMÉNEZ CRISTALDO por derecho propio y bajo patrocinio de profesional abogado, a promover Acción de 21/4/152 lnconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", en su calidad de funcionario de la administración pública, conforme se desprende de las instrumentales que obran en autos y del escrito inicial de presentación de la acción.

2. Alega el accionante que el Art. 1 º de la Ley Nº 4252/201 O impugnada de inconstitucionalidad por vía de la acción, vulnera los 14, 16,40, 47, 86, 88, 102 y 103 todos de la Constitución Nacional, fundando su presentación, manifestando entre otras cosas " ... me encuentro en perfectas condiciones de salud y cuento con una experiencia en todas las actividades que me compete cumplir, donde me desempeño con fidelidad y honestidad sin tener ningún tipo de antecedentes ni siquiera administrativos, por lo que estoy capacitado física e intelectualmente para ejercer las actividades que me 3. Se constata a fojas cinco (5) de autos, que por Resolución Nº 15 de fecha 5 de enero de 2.007, se nombra al Sr. César Ramón Giménez Cristaldo, como funcionario del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, por lo que se verifica su calidad de funcionario público. Y a través de la Cédula de identidad, glosada a fojas (3) surge que 4. Examinadas las documentaciones adjuntadas al escrito de promoción y considerando que el accionante, a la fecha de emitir este voto, cuenta con 69 años de edad, es decir, es pasible de una inminente aplicación de la Ley Nº 4252/2010 que establece "LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCESION DE JUBILACIONES Y HABERES DE RETIRO OTORGADOS POR LA CAJA FISCAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES", razón por la cual procederé al estudio de esta acción en los siguientes términos:

CORTE -i DE JUSTIC <v- . R-17,?u,',fA)!OMOVIDA POR O CELSO IMENEZ 11.CISTALDO C/ ART. DE LA LY N 4252 DE 5.. Nuestra Constitu fü-0 N e nal contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los ité-recho fundamentales de la persona. En su preámbulo reza:"EI pueblo paraguayo, por me - o de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invoc clo- a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .) ". Para garantizar a la persona su digni ad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de segurid d social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se en uentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 6. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro pais, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.

7. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley N. º 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.

9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva ra conocer anzar fofaf;fnedna:i-i;':i.1 posibilitando su legítimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la función pública.

11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad par? el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Asi, norma impugnada garantiza tanto el 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos 13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad intentada por Celso Ramón Giménez Cristaldo; consecuentemente corresponde el levantamiento de la medida de suspensión decretada en A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 27 /06/23, y procedo a emitir mi voto en E I Sr. CELSO GIMENEZ CRISTALDO, promueve Acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4.252/10 "Que modifica los Arts. 3º, 9y 10 de la Ley 2.345/03 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal - Sistema de Jubilaciones y Pensiones del La accionante sostiene que los artículos impugnados infringen las disposiciones De las constancias de autos surge que la recurrente acredita su calidad de funcionario de la Administración Publica del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. No obstante, teniendo a la vista las copias de los documentos de identidades de la recurrente se evidencia que a la fecha en que se emite el presente voto 131 Sr. CELSO GIMENEZ CRISTÁLDO cuentan con 69 años de edad, razón por la cual podría ser pasible de aplicación de la disposición recurrida, tornándose inevitable el estudio de la acción planteada.

EI Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo pertinente dispone: "Art. 9º.- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento).

CORTE . , ºº 01 OE JUSTlClA ',, ,or; Cumplidos los 65-(sesenta "súfiñode edad, la jubilación será obligatoria, sea ella Todos /os funcionario- -quetiieron afectados por el Artículo 9de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBIL AD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema pr. visto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo /egál vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley. Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a /os derechos que le otorga la Ley 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SÍSTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA de la Ley 1626/00 'DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco PROMOVIDA POR CELSO GIMÉNEZ CRISTALDO C/ ART. 1º DE LA LEY Nº4252 DE Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de /os funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a /os aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos /os que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de /os haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en EI artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendoel acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional alguna.

En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la Sr. CELSO GIMENEZ CRISTALDO. En consecuencia, ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el A. l. Nº 1804 de fecha 3 de .. Con lo que se dio por terminadoel act,, firmndo SS.EE - o por 7 nte í, de que Cesar M. Diesel'.:lung Ministro CSJ, Gustavo E. 5?!/:-inder Dans Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: 1--L{O , Ojeda Víctor Rws tir- Ministro Asunción, í l de de 2ovVISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional RES U I= LV E: NO HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor Celso Gimenez Cristaldo, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.

ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de efectos, disp ta por el Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda MlnhtrO